De esta forma, el máximo organo de dirección de la petrolera española se pronunciará sobre los términos y condiciones de dicho preacuerdo sobre YPF, que incluye una posible compensación de 3.700 millones de euros y la posibilidad de que esa cantidad sea pagada en bonos argentinos.
«El consejo de administración de Repsol analizará y acordará lo que estime conveniente en exclusivo interés de la compañía y de sus accionistas en su reunión del 27 de noviembre», señaló la compañía este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El preacuerdo fue alcanzado en una reunión celebrada en Buenos Aires a instancias de los gobiernos de España, Argentina y México, en la que participaron altos directivos de Repsol, YPF, Pemex y La Caixa.
El principio de acuerdo se encuentra sujeto a ratificación por parte del consejo de administración de Repsol e «implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos», según señaló el Ministerio argentino de Economía.
Además, como parte del arreglo, las partes desistirán de las distintas acciones legales emprendidas, lo que incluye en el caso de Repsol renunciar al arbitraje internacional abierto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Junto a este litigio, la situación llevó a Repsol a emprender acciones legales tanto en Argentina, Estados Unidos (4) y España (3). En el país sudamericano, la compañía que preside Antonio Brufau demandó a Argentina por considerar «inconstitucionalidad» la expropiación. En Estados Unidos se demandó tanto al estado de Argentina como a Chevron y al Bank of New York Mellon (BNYM). En el caso español, la multinacional petrolera presentó denuncias por «competencia desleal» a Chevron, Bridas e YPF.
Según indicaron desde la compañía española, las nueve acciones judiciales iniciadas por este caso sólo desaparecerán en caso de que finalmente se produzca el acuerdo. La opción jurídica a la que renunciría Repsol, habría derivado probablemente en fallos positivos para la compañía española, pero generaría incertidumbre por lo prolongado del proceso y los posibles retrasos en los pagos.
A la reunión acudieron el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el director general de Pemex, Emilio Lozoya; el ministro argentino de Economía y Finanzas, Axel Kicillof, y el secretario general y técnico de la Presidencia argentina, Carlos Zannini.
También estuvieron presentes el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y el director general de negocios de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta, quien lideró la delegación de tres altos directivos de la petrolera desplazada a Buenos Aires.
Por parte de Repsol no acudió su presidente, Antonio Brufau. Fernández Cuesta estuvo acompañado en el viaje por el director general de exploración y producción, Luis Cabra, y por el vicesecretario general de la compañía, Miguel Klingenber.
Entre los presentes en la reunión figuraban además el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, a quien se le atribuye interés por acercar posiciones con el Gobierno argentino, y el embajador argentino en España, Carlos Bettini.
Las partes, según indicó el Ministerio argentino de Economía, coinciden en que el principio de acuerdo alcanzado contribuye a «normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y sus empresas».
Ni el Gobierno argentino ni Repsol ofrecieron detalles acerca de la compensación a la compañía española, si bien se especula con la posibilidad de que el acuerdo incluya un pago en bonos argentinos y algún tipo de reordenación del negocio de exploración en Vaca Muerta, donde se podría dar entrada a Pemex.
A mediados de este año, el consejo de administración de Repsol rechazó una propuesta trasladada por Pemex acerca de la compensación, en la que se daba a la compañía española una participación minoritaria dentro de una sociedad encargada de explotar el megayacimiento de Vaca Muerta. Aquella propuesta tenía un valor total de 3.500 millones de euros, cerca de la mitad de los 7.000 millones de euros en los que Repsol cifra los activos expropiados, e incluía además parte de la compensación en activos.
El Consejo de Repsol es proclive a aprobar el acuerdo
El Consejo de Administración de Repsol se mostró proclive a aprobar el principio de acuerdo alcanzado entre los gobiernos español y argentino sobre una compensación por la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, el pasado 16 de abril de 2012.
Según indicaron fuentes conocedoras del proceso, el acuerdo alcanzado cumple con los mínimos planteados por el presidente de Repsol, cuyos planteamientos fueron defendidos en el encuentro por tres de sus altos directivos.
De acuerdo a estas fuentes, las «líneas rojas» marcadas por Brufau serían, en primer lugar, que la compensación fuera en activos líquidos o convertibles en efectivo; en segundo lugar, que el importe fuera aceptable, y en tercero, que cuente con la garantía de cobro. Precisamente este último punto, la garantía de convertir el pago en dinero, es el que determinará la aceptación del acuerdo por parte del Consejo de Administración de la petrolera.
El acuerdo alcanzado, no sólo incluye una compensación en bonos soberanos argentinos, sino también en metálico, lo que supone un aspecto especialmente positivo. El valor de los bonos estatales ofrece garantías suficientes, y prueba de lo adecuado de la compensación es la reacción de los mercados, donde se premió con fuertes subidas a Repsol y a sus accionistas Sacyr y La Caixa.
Las fuentes consultadas interpretan esta propuesta de compensación como el resultado de la política llevada a cabo por Repsol de defender por todos los medios un pago en efectivo o los tribunales.
El Gobierno disipa el temor a que Repsol caiga en manos extranjeras
Según indicaron en fuentes cercanas al preacuerdo suscrito en Buenos Aires, el Gobierno se encontraba preocupado ante la posibilidad de que Repsol pudiese correr la misma suerte que Endesa y acabar en manos de un inversor extranjero, por lo que negoció un acuerdo con los gobiernos argentino y mexicano sobre YPF que contribuirá a dar estabilizar al accionariado de la empresa.
Las fuentes señalaron que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró partidario de que el capital de Repsol cuente con estabilidad suficiente, y de ahí la conveniencia de acercar posturas al Ejecutivo argentino para desencallar la cuestión de YPF.
De esta forma, se aleja el peligro de una OPA sobre Repsol en un momento en el que España está en el punto de mira de inversores internacionales y, al mismo tiempo, se pone fin a una situación que no sólo había enfrentado a Pemex con la dirección de la petrolera, sino que también amenazaba con desbordar el ámbito empresarial y afectar a las relaciones internacionales de España.
Argentina quiere una compensación «justa y razonable» a Repsol
Por su parte, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, aseguró que el Gobierno de su país desea dar una compensación «justa y razonable» a la española Repsol por la expropiación de las acciones de la petrolera argentina YPF que eran de su propiedad y destacó el preacuerdo alcanzado para compensar a Repsol, aunque se excusó de ofrecer detalles de lo acordado.
«El Gobierno argentino ha pactado una confidencialidad a la espera de las aprobaciones correspondientes donde podamos todos, en común acuerdo, dar a conocer la cifra y los instrumentos», dijo Kicillof.
«Uno no puede decir el valor de un acuerdo porque afecta la propiedad de las tenedores de las acciones y puede generar cimbronazos bursátiles», agregó.
El jefe de la cartera económica sostuvo que el deseo de Argentina es «compensar de manera justa y razonable a aquellos que perdieron el control de la compañía» y que para llegar a un acuerdo sólo «falta la aprobación del directorio» de Repsol.
Kicillof sostuvo que lo que está haciendo el Gobierno argentino es «respetar la ley (de expropiación) que dictó el Congreso, que lo que dice es que debe darse una compensación a aquel que era propietario del 51% del paquete accionario, en este caso, la empresa Repsol».
«La empresa (mexicana) Pemex, uno de los más grandes accionistas de Repsol, estaba muy interesada en que este acuerdo se hiciera», aseguró el funcionario.
El ministro de Economía señaló que el Estado argentino ha llevado el asunto con «mucha prudencia y sobriedad», pero que los directivos de Repsol actuaron «un poco precipitadamente poniendo números que consideraron ellos».
Incluso presentaron acciones en distintos fueros, en particular ante el CIADI, y «han presentado una demanda que ronda los 10.000 o 15.000 millones de dólares», sostuvo Kicillof. «Esos son los números que se manejaban en la prensa porque ellos (Repsol) tuvieron una política bastante activa de marcar esos valores que eran, aparentemente, los que pretendían», añadió.
Asimismo, el nuevo jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, señaló que el principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y la petrolera española abre la puerta a nuevas inversiones en materia energética.
«Para nosotros constituye un sendero que nos va a permitir seguir generando mecanismos de inversión en exploración y explotación hidrocarburífera en la Argentina, que tiene un programa muy ambicioso para los próximos años», dijo Capitanich en la Casa de Gobierno.
Bruselas celebra el principio de acuerdo sobre la expropiación
La Comisión Europea celebró el principio de acuerdo alcanzado entre de España y Argentina, con la mediación de México, sobre la expropiación de las acciones de la petrolera española Repsol en la argentina YPF.
«Damos la bienvenida a que los gobiernos de España, México y Argentina hayan alcanzado un principio de acuerdo sobre la cuestión pendiente de la compensación por la expropiación del 51 % de las participaciones de Repsol en YPF el año pasado», dijo el portavoz comunitario John Clancy.
«Ahora le toca a Repsol decidir si la compensación acordada es suficiente», recalcó el portavoz del comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht.
El PP espera que el acuerdo ponga fin al litigio sobre Repsol YPF
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, se mostró satisfecho por el acuerdo alcanzado sobre Repsol YPF y confió en que el pacto «pueda ir poniendo fin a un littigio muy perjudicial para todos».
Alonso insistió en que antes de pronunciarse más concretamente «debemos conocer más en profundidad los términos concretos del acuerdo», pero en cualquier caso, dijo, «siempre es bueno que haya un acuerdo».
Asimismo, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó que «todo lo que suponga cerrar incertidumbres abiertas es bueno para todos».
De Guindos señaló que los órganos de gobierno de Repsol deben ratificar ese principio de acuerdo, que destacó fue bien recibido en bolsa «con subidas».
Respecto a quién ha de estar al frente de la petrolera y una posible salida de Antonio Brufau, el ministro apuntó que el Gobierno en ese sentido «no tiene absolutamente nada que decir».
También, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que «cualquier solución dialogada, siempre que sea aceptada por la empresa, es mejor que un pleito», aunque recordó que «se trata de un preacuerdo».
Hizo hincapié en que «desde el minuto uno» el Gobierno español «ha estado detrás de las empresas españolas» y en que «cualquier solución dialogada, siempre que sea aceptada por la empresa, es mejor que un pleito».
Además, el vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, consideró que «facilitar el acuerdo» con Argentina acerca de YPF, como ha hecho el Gobierno, es «la mejor tarea» que se puede hacer en este conflicto por el bien de España y de Repsol.
«En los acuerdos ganan las dos partes y siempre que se produzcan en igualidad de condiciones puede ganar todo el mundo», afirmó Floriano. «Es un viejo principio de teoría económica», continuó.
«Creo que facilitar los acuerdos, que es lo que en este momento está haciendo el ministro de Industria y el Gobierno de España es la mejor tarea que podemos hacer para intentar que gane todo el mundo y, sobre todo, para defender los intereses de nuestro país y de una gran compañía de nuestro país», afirmó.
Floriano destacó además la importancia de que las inversiones españolas «sean seguras» y que, al mismo tiempo, puedan «ganar» con ella los países receptoras del capital. «Ese es el objetivo que debemos propiciar para salvaguardar nuestros intereseses en este caso y en los casos en los que se invierte en el extranjero», señaló.
El PNV pone en valor el acuerdo sobre Repsol YPF
Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, aseguró que «siempre es bueno que se pueda llegar a un acuerdo» en relación al pacto alcanzado por España, Argentina y México sobre Repsol YPF.
«Lo que no estoy en condiciones de valorar es si la cantidad que se acordó es suficiente para compensar la perdida de control de la empresa, aseguró el portavoz del PNV.
CCOO ve «barato» el acuerdo sobre Repsol-YPF
Comisiones Obreras consideró que el principio de acuerdo alcanzado por la expropiación a Repsol del 51% de YPF es «barato» debido a las «diferencias» que hay respecto a las pretensiones iniciales de la petrolera española.
El responsable de CCOO en Repsol, Alfredo Orella, declaró que si la compañía estima que es un «buen acuerdo» ellos «no van a ir en contra», pese a que insistió en que les parece «barato».
Lo importante, dijo Orella, es que se «acabó un problema» que se suma a que el efecto de YPF en la compañía española ya está «prácticamente amortizado» por lo que la cantidad de la compensación por la expropiación le parece menos relevante.
Respecto a la mediación de los Gobiernos de España y México, el sindicalista señaló que seguro que «habrá mucho más de por medio», refiriéndose entre otros asuntos a la fabricación de buques para Pemex en los astilleros gallegos.
Iberdrola y REE siguen sin compensación por sus expropiaciones en Bolivia
Iberdrola y Red Eléctrica mantienen distintos contactos con las autoridades bolivianas para lograr un acuerdo ante las expropiaciones que sufrieron en 2012 por parte del Gobierno que preside Evo Morales.
En el caso de la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, fuentes de Iberdrola apuntaron a Servimedia que no hay avances y que se sigue a la espera de una compensación por la nacionalización de cuatro de sus filiales en Bolivia.
Se trata de la decisión que adoptó Morales en diciembre del año pasado cuando anunció que dos distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones, todas ellas filiales de Iberdrola, iban a ser nacionalizadas.
Meses antes, el 1 de mayo, el Gobierno de Morales también decidió la expropiación de Transportadora de Electricidad (TDE), la filial de Red Eléctrica (REE) en Bolivia.
Desde REE indicaron a Servimedia que año y medio después se sigue negociando y produciéndose reuniones entre ambas partes para llegar a un consenso.
La compañía que encabeza José Folgado ya ha amagado varias veces con recurrir al arbitraje internacional si Bolivia no ofrece una compensación que consideren justa por esta expropiación.
El presidente del gestor de la red en España, que no ha ofrecido públicamente la cifra compensatoria con la que se sentirían satisfechos, siempre ha reiterado que se realizó un importante desembolso en TDE, la cual compró por 69,2 millones de euros y que las cifras que ofrecen desde Bolivia están alejadas.
