Así lo señaló Soria en una entrevista en RNE, en la que explicó que cada vez que una unidad de explotación de este tipo «va a un puerto», como en Guinea o en la costa este africana, «puede dejar entre 25 y 30 millones de euros en un mes o dos meses que están allí», gracias a la «actividad económica» que genera con los suministros a la plataforma, o la reparación en astilleros, entre otros.
Soria explicó que la probabilidad que maneja el operador, Repsol, es «muy alta» y se sitúa en torno al 18%, y las previsiones apuntan que de los yacimientos se podrían llegar a extraer a lo largo de 20 años unos 140.000 barriles al día, el 10% del consumo total nacional, de 1,4 millones de barriles diarios.
No obstante, Soria matizó que las compañías que operan en prospecciones trabajan en base a un «cálculo de probabilidades», por lo que hasta que no se realicen los sondeos incurren en «riesgo comercial»
El ministro defendió los sondeos petrolíferos al ser una «fortaleza» en términos geopolíticos, y ante la dependencia española en más de un 99% en la importación de hidrocarburos, gas y petróleo, lo que supone una factura anual de 40.000 millones de euros en balanza comercial. «No hay ningún país del mundo que renuncia a conocer cuál es la cantidad de recursos naturales que dispone», apostilló Soria, quien apuntó que dentro de la estrategia de seguridad nacional, hay un capítulo de seguridad energética que insta a impulsar los sondeos.
Además, resaltó que las prospecciones autorizadas se realizarían en el borde de la línea imaginaria que separa el Reino de España y el Reino de Marruecos donde «desde hace muchos años lleva haciendo prospecciones».
Si Marruecos «pinchara y descubriese recursos y nosotros no», apostilló Soria, sería el «más absurdo» y «más grande» ridículo que se podría realizar «como economía, nación y sociedad».
Asimismo, Soria destacó que los requisitos y condicionantes medioambientales son «superiores» a los que se venían realizando tras la modificación de la ley de impacto ambiental de 2013.
De igual forma, sostuvo que el Gobierno «no ha autorizado ninguna prospección en Canarias», sino que se ha concedido el permiso para realizarlas a una distancia de entre 50 y 70 kilómetros de Fuerteventura, y entre 70 y 110 kilómetros de Lanzarote, por lo que «no son aguas canarias, es España, aguas territoriales de España».
En esta línea, abogó por acatar el pronunciamiento «muy claro» y «contundente» del Tribunal Supremo, que desestimó los siete recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012 que autorizaba las prospecciones.
Sobre el referéndum sobre los sondeos anunciada por el gobierno canario, Soria mostró su rechazo a esta consulta popular puesto que «no compete a los ciudadano que somos canarios, compete a todos». «No tiene nada que ver con Canarias, salvo los beneficios que puede obtener por ser la comunidad más cercana», añadió.
A nivel político, el titular de Industria afirmó que si no hubiese sido un ministro canario «no hubiese habido la mínima oposición» por parte del PSOE y de Coalición Canaria (CC), partidos que, según recordó, llevaban en sus programas electorales de 2011 las prospecciones.
De hecho, añadió Soria, el gobierno socialista autorizó en 2010 a una distancia de entre 9 y 30 kilómetros los sondeos en las costas de Baleares y «cuatro años después ese mismo presidente en Baleares le plantea a este Gobierno que revoque la autorización que dio su propio gobierno», algo que a su juicio genera una «confusión enorme» entre la ciudadanía.
Rivero acusa al Gobierno de «abusar» de Canarias
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, acusó al Ejecutivo central de estar «abusando en estos momentos» del archipiélago, al que reiteró que trata «como una colonia», en relación a las decisiones adoptadas respecto a las prospecciones petrolíferas que se pretenden llevar a cabo en aguas cercanas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
«El Gobierno de España trata a Canarias como a una colonia. Está abusando en estos momentos de Canarias«, subrayó en una entrevista a la cadena Cope. Paulino Rivero quiso reflejar la diferencia de trato que, a su juicio, ofrece el Gobierno a Canarias respecto al archipiélago balear ya que, según señaló, desde el Gobierno «están trabajando intensamente» con Baleares, donde también se quieren llevar a cabo prospecciones petrolíferas, para que se produzca una declaración de impacto ambiental «negativa». Agregó que, de ser así, el Gobierno central «puede tener un problema de Estado con Canarias» ya que considera que Baleares tiene menor riqueza ambiental que Canarias.
Cuestionado por un cambio en su postura sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias, aseguró que su posición ha sido «siempre clara y rotunda, las prospecciones no dan nada» y, en el supuesto de que haya algo, «dan, pero a la cuenta de resultados» de la empresa que lo explota. Por ello, reiteró que en Canarias la oposición «es clara y rotunda; se ha visto en la calle», lo que apuntó «debe hacer reflexionar al Gobierno«. De todos modos, dijo que quienes están en contra de las prospecciones en Canarias es «por puro sentido común». «Canarias vive del turismo y en Lanzarote y Fuerteventura hay vida porque hay agua: el 100% es agua desalada del mar», de tal forma que «el sentido común tiene que decir que no a las prospecciones«.
Respecto al referéndum que el Gobierno autonómico canario quiere llevar a cabo para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a las prospecciones, Rivero justificó esta decisión en que se trata de un asunto de «trascendencia social, económica«. En este sentido, el presidente canario volvió a insistir en que el Gobierno no ha dado respuesta alguna sobre esta propuesta aunque reiteró que el Ejecutivo canario va a desarrollar el artículo 10 de la Ley de Participación de la comunidad para poder realizar la consulta, cuyo desarrollo se prevé que esté aprobado para el último trimestre. Finalmente, Paulino Rivero auguró que el Gobierno central «no lo va a tener fácil» para «hipotecar» el futuro del archipiélago, reconociendo que va a ser una batalla «dura, difícil, compleja«.
