La suspensión de la consulta se produjo tras haber admitido a trámite dos recursos de impugnación presentados por el Gobierno central contra los dos decretos del Ejecutivo canario: en concreto, el decreto 95/2014, por el que se aprueba el reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la comunidad autónoma de Canarias, y contra el decreto 107/2014 del presidente canario, por el que se convocaba consulta ciudadana para el 23 de noviembre mediante pregunta directa: «¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?».
El pleno acordó en consecuencia la suspensión automática de la norma recurrida al haber invocado el Gobierno la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que permite que se produzca la suspensión automática de los preceptos que se recurren una vez que ha sido admitido por el Tribunal Constitucional, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria y de cualquier actuación vinculada a la consulta. El Tribunal Constitucional trasladó estas demandas al Gobierno autonómico, que dispone ahora de 20 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
El Gobierno entiende que las calificadas como consultas ciudadanas mediante pregunta directa «constituyen materialmente un auténtico referéndum» e insiste en que la potestad de regulación y autorización de referendos corresponde «exclusivamente al Estado, de acuerdo con la Constitución». En cuanto a la pregunta realizada, el Ejecutivo central sostiene que la competencia en materia energética corresponde al Estado en virtud de la Constitución, «sin que la competencia canaria sobre régimen energético alcance el mar territorial». Recalca asimismo que, como indicó el Tribunal Constitucional, «en ningún caso podría una comunidad autónoma convocar una consulta sobre materias que no son de su competencia«.
Rivero: «Esparadrapo en la boca»
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, acusó al Gobierno del PP de haber puesto «freno» a la consulta sobre las prospecciones y de querer poner «un esparadrapo en la boca» a los canarios para que no se expresen. «No vamos a bajar los brazos a pesar de los constantes intentos del Gobierno de frenar la consulta ciudadana, de silenciar a los canarios, de mandarnos callar porque no quieren que nos pronunciemos sobre nuestro presente y futuro», advirtió Rivero.
Rivero hizo hincapié en que la consulta se frena a raíz de una «decisión política» del Gobierno del PP, que «llena el camino de obstáculos» para impedir esta convocatoria, pero aún confía en que en unos meses el propio Tribunal Constitucional avale su celebración. Según el presidente, «al PP se le llena la boca hablando de regeneración, transparencia y participación pero hace lo contrario». «Así les va y así están perdiendo masiva e imparablemente la confianza de la ciudadanía», recalcó.
Rivero considera que la convocatoria de la consulta y la autorización para realizar prospecciones en aguas canarias no debieron entrar «nunca» en el ámbito judicial porque en ambos casos «se trata de asuntos que se dirimen en el ámbito político». En su opinión, «el Gobierno del PP quiere escudarse ahora en los tribunales para justificar su oposición a un procedimiento estrictamente democrático y para entregar las aguas canarias a Repsol», lo que considera una «agresión en toda regla» por parte del Gobierno central, una actuación que, dijo, «remite a actitudes caciquiles y a abusos que los canarios nunca hemos tolerado».
Canarias defiende la consulta ciudadana
El Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno de Canarias, Fernando Ríos, aseguró que el Gobierno canario mantiene su decisión de realizar una consulta popular sobre las prospecciones porque, con la admisión a trámite de los recursos ante el Constitucional, el proceso se suspende durante unos cinco meses, pero desde el archipiélago insisten en que los decretos de Canarias son «legales y democráticos», por lo que, en su opinión, la suspensión se levantará. En este sentido, garantizó que el Gobierno autonómico «está tocando todos los palos» contra las prospecciones, y recordó que está en marcha un recurso contra su autorización por parte del Ministerio de Industria.
«Hemos pedido la cautelar inmediata hasta que se entre en el fondo del asunto, no es posible que se pronuncien una vez se hayan hecho las prospecciones, o lo que es peor, que no se pronuncien y mientras pueda haber algún vertido porque los vertidos son peligrosos, como han denunciado distintos expertos», explicó. Ríos aclaró que el próximo 23 de noviembre no va a haber una consulta organizada por el Gobierno de Canarias, aunque no descartó que pueda haber otras iniciativas de la sociedad civil.
«Como Gobierno no podemos celebrarla, pero la haremos cuando el Tribunal levante la suspensión. La decisión no ha variado, y hay muchas probabilidades de que los tribunales suspendan las prospecciones. Estaríamos a tiempo de que los canarios se pronuncien», señaló. Según Ríos, la suspensión cautelar de la autorización de las prospecciones es «inminente», en un plazo máximo de tres semanas, ya que Canarias ha advertido a los tribunales de que puede haber «perjuicios de difícil reparación» si se acometen antes de que algún tribunal resuelva. «En medio ambiente, los tribunales suelen ser muy cautelosos y suelen suspender para evitar esas afecciones al medio ambiente», indicó.
«No podemos renunciar a investigar»
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, consideró «una auténtica barbaridad» que un país renuncie a conocer si tiene hidrocarburos «si quiere ser competitivo y mantener la industria en los niveles adecuados«, y añadió que «el peor favor» que se le puede hacer a las Islas Canarias es «hablar del riesgo petrolífero», ya que, a su juicio, «es un problema que no existe». En este sentido, Brufau consideró igualmente «una barbaridad» que un país quiera renunciar a saber «si puede reducir la factura comercial exterior en 3.500 millones de dólares al año» así como que «si un país pone en cuestión el turismo con el desarrollo de hidrocarburos, como si uno u otro no fuesen complementarios«.
Según el presidente de Repsol, las prospecciones en Canarias se han convertido en «un debate político que intoxica a la sociedad» porque, a su parecer, «el peor favor que se le puede hacer a Canarias es hablar del riesgo petrolífero, porque pone de manifiesto un problema que no existe». No obstante, Brufau anunció que «próximamente» el barco de las prospecciones llegará a Canarias para comenzar el proceso de exploración e insistió en que se trata de un proceso para comprobar si hay o no hidrocarburos, por lo que la compañía asume «un nivel de riesgo importante». «Ojalá haya, porque a España le irá muy bien y a Canarias también», aseguró.
En este sentido, Brufau afirmó que «gracias al petróleo y al carbón el mundo ha progresado» hasta hoy día. Según el presidente de Repsol, es una energía y un combustible «enormemente noble» porque «ha conseguido cotas de bienestar que jamás se hubiesen imaginado». Por ello, propuso «remodelar y reenfocar» el consumo energético a menos consumo». «Es verdad que la eficiencia energética se convierte en la clave para hacer un mundo más sostenible, porque si no somos capaces de reducir el carbono en la atmósfera, el mundo va a entrar en una fase más compleja de calentamiento global», aseguró Brufau y agregó que «entre todos toca cambiar los modelos de negocio y ser mucho más eficientes«.
