Pemex señaló que la compra se realizó en cumplimiento de lo previsto en el acuerdo de accionistas celebrado con Sacyr Vallehermoso el pasado 29 de agosto.
La adquisición se efectuó mediante compras en el mercado y a través de operaciones con diversas entidades, entre las que se encuentran HSBC, Credit Agricole CIB, Natixis y Grupo Financiero Inbursa, añadió la empresa.
El grupo Inbursa está controlado por el multimillonario mexicano Carlos Slim, quien a su vez es consejero de la española Caixabank, otro de los accionistas de referencia de Repsol.
El asesor financiero de la transacción fue la entidad francesa Credit Agricole.
El 29 de agosto Sacyr y Pemex alcanzaron un acuerdo para sindicar los derechos de voto de sus respectivas participaciones del 20% y del 4,81% en Repsol, a la vez que el grupo mexicano se comprometió a adquirir un 5% más antes de un mes de la petrolera española y alcanzar así un 29,8% conjunto.
Según el pacto parasocial al que llegaron Sacyr y Pemex, las dos empresas se comprometieron a no superar este porcentaje y sortear así la obligación legal de presentar una opa por la petrolera, que debería hacerse de alcanzar el 30%.
En virtud de este pacto, Sacyr y Pemex ven conveniente separar las funciones del presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la petrolera, cargos que ahora recaen en Antonio Brufau, cuya gestión ha sido cuestionada públicamente por Del Rivero.
El acuerdo, con una duración inicial de diez años prorrogables automáticamente en plazos de cinco, busca desarrollar la visión común que tienen sobre Repsol y aportar «sus conocimientos y experiencia para participar, colaborar e influir en la mejor gestión (de la compañía)».
El director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, adelantó que la compañía estatal financiará el 70% de la operación con deuda y el 30% con recursos propios.
Tanto el presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, como el director general de Pemex, Juan José Suárez, garantizaron esta semana al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que mantendrán la españolidad de la petrolera Repsol.
Argentina advierte tener poder de veto en YPF tras avance de Pemex en Repsol
Por su parte, el Gobierno de Argentina advirtió que el Estado tiene poder de veto en YPF en caso de eventuales cambios en la petrolera argentina tras el avance de la mexicana Pemex en la española Repsol, principal accionista de la mayor productora de hidrocarburos del país suramericano.
«Esperamos que no se produzca ningún cambio institucional en la empresa y, si lo hubiera, tenemos el poder de veto», dijo el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, en declaraciones a periodistas, tras participar de un seminario.
El ministerio de Planificación argentino solicitó una reunión extraordinaria del directorio de YPF, en la que Repsol tiene una participación del 57,433%.
De Vido señaló que la maniobra de Pemex y Sacyr «podría llevar a que tengan ventajas estratégicas en el directorio de Repsol».
En este sentido, recordó que «en YPF, el Estado argentino mantiene la ‘acción de oro’ de la compañía y, por eso, se le debe informar (al Estado) de cambios en los procesos accionariales».
El ministro dijo que espera que las partes involucradas en esta operación informen al Gobierno argentino en los próximos días de los alcances que estos cambios accionariales tendrán en YPF.
Asimismo, aseguró que al Gobierno argentino «no le molesta» que la petrolera argentina esté en manos privadas, un tipo de administración que, según señaló, «incluso puede ser positivo según cómo se la maneje».
La reunión de directorio de YPF fue solicitada por el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que es quien representa al Estado argentino en el directorio de la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.
En la petición, el Gobierno argentino reclamó que las autoridades de Repsol, de Sacyr Vallehermoso y de Pemex «informen y precisen a la brevedad si dicha modificación accionarial generaría algún tipo de impacto o variación en los planes de inversión y/o producción o algún otro tipo de cambio en YPF».
La petrolera argentina está participada además por el grupo Petersen (25,462%), propiedad de la familia Ezkenazi, que mantiene una buena relación con el Gobierno de Cristina Fernández.
El Estado argentino, a través del Ministerio de Economía, es titular de mil de las 393,3 millones de acciones de YPF, pero tiene derecho a participar de las decisiones del directorio y poder de veto desde la privatización de la compañía, en 1999.
YPF registró en el primer semestre del año una ganancia neta de 2.754 millones de pesos (657,2 millones de dólares), un 13,6% menos que en igual período de 2010.
