«Estamos en el momento de la exploración e investigación», indicó el ministro en Lanzarote, de momento «vamos a explorar si hay o no» petróleo en una zona situada a una distancia no inferior a 50 kilómetros de la costa canaria más próxima, «lo que supone que se trata de aguas territoriales españolas».
Soria destacó la necesidad de diferenciar entre aguas jurisdiccionales y aguas territoriales, y recordó que las primeras son las que van desde la costa mar adentro hasta las 12 millas, mientras que las aguas territoriales se extienden desde esas 12 millas en adelante hasta las 200.
Como en este caso no se pueden alcanzar las 200 millas debido a la cercanía de Canarias con Marruecos, se traza una mediana imaginaria con ese país, por lo que la zona en la que se autoriza la investigación de hidrocarburos está incluida en las aguas territoriales, afirmó el ministro.
Asimismo, señaló que en las aguas jurisdiccionales el Estado puede transferir parte de su competencia a la Comunidad Autónoma si ésta lo solicita, pero en las aguas territoriales, que van mas allá de las 12 millas, no hay posibilidad de transferencia, porque es una competencia exclusiva del Estado.
El ministro se refirió a la queja expresada por el Gobierno de Canarias que consideró que el Estado vulnera sus competencias e indicó que, si el Gobierno anterior le dio alguna esperanza de que en las aguas territoriales tendrían competencias, «tengo que decir que en base al derecho internacional privado eso no es posible».
Soria destacó la intención del Gobierno de respetar el medioambiente en los permisos de investigación de hidrocarburos, de forma que «no habrá autorización de prospecciones ni de explotaciones si no hay plenas y totales garantías medioambientales».
El ministro recordó que la investigación sobre una posible presencia de hidrocarburos en aguas de Canarias contaba con una autorización de 2001 para acometer las exploraciones que se suspendió por razones medioambientales y el Gobierno socialista retomó en 2004. Ahora el Gobierno impulsó ese proyecto, dio audiencia a los cabildos correspondientes, al Gobierno de Canarias y a la empresa que solicitó la autorización, indicó Soria.
Respecto a las quejas expresadas por el Gobierno de Canarias, el ministro indicó que a principios de enero mantuvo una conversación con el presidente canario, Paulino Rivero, quien no objetó nada a las exploraciones, pero pidió que, en caso de que finalmente las prospecciones se llevasen a cabo, «Canarias pudiera obtener recursos a través de un tributo para financiar al conjunto de las administraciones públicas canarias».
«Me pareció un planteamiento sensato que además planteé al ministro de Hacienda para que, eventualmente, cuando se reforme el Régimen Económico y Fiscal de Canarias podamos disponer de un tributo de naturaleza que grave ese tipo de actividades», manifestó el ministro.
Soria hizo estas declaraciones en Lanzarote, donde fue recibido por cerca de un centenar de manifestantes que se congregaron frente a la sede del PP para protestar por la posible autorización de prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias.
Canarias recurrirá el «atropello» a sus competencias por las prospecciones
Por su parte, el Gobierno canario anunció que agotará todas las acciones jurídicas a su alcance para frenar «el atropello y el desprecio a los intereses de Canarias» que, a su juicio, comete el Estado al autorizar prospecciones petrolíferas frente a Fuerteventura y Lanzarote.
El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, aseguró que las autorizaciones que tramita el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en aguas situadas al nordeste del archipiélago vulneran las competencias que conceden a la comunidad autónoma la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes de Aguas de Canarias y del sector de los hidrocarburos.
De acuerdo a estas normas, las competencias para otorgar las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación de hidrocarburos están atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias, «tanto en tierra como en las aguas adyacentes al archipiélago en los términos que en este caso corresponderían al Estado», según el Ejecutivo canario.
Por ello, el Gobierno de Canarias «no desmayará en el cumplimiento de la obligación de defender su marco institucional y, en particular, la integridad de las competencias estatutarias y, en tal sentido, se propuso recurrir a todas las medidas que sean legalmente procedentes».
Martín Marrero expresó además la preocupación que esas prospecciones suscitaron en la comunidad autónoma debido sus posibles repercusiones sobre el medio ambiente, por lo que demandó que se haga un estudio detallado al respecto.
El Gobierno canario recordó que la ausencia de un adecuado control medioambiental llevó a que el Tribunal Supremo anulase en 2004 el real decreto por el que tres años antes se concedieron a Repsol permisos de investigación de hidrocarburos en esa misma zona.
Para Marrero, recuperar ahora aquellos permisos de 2001 «está fuera de cualquier sentido común» y supone «una falta de respeto al Derecho» que «no parece revestida de buena fe».
El Gobierno canario consideró que el Ministerio no subsanó como debe las deficiencias; ni lo hizo en el año 2005, cuando intentó por primera vez rehabilitar los permisos de investigación, ni lo ha hecho ahora, porque «las medidas medioambientales no son meros documentos formales de planes o programas que incorporar a los expedientes administrativos para que éstos estén completos».
Esas medidas son directivas de funcionamiento que deben estar contrastadas con las actuaciones pretendidas para que éstas no perjudiquen gravemente el medio en que se van a aplicar, indicó el Gobierno canario.
Desde que el Tribunal Supremo anuló en el año 2004 el real decreto de 2001, y desde que por primera vez se intentó la convalidación del real decreto, en el año 2005, «el proyecto de los permisos de investigación no ha cambiado ni se ha movido en absoluto, pero sí lo ha hecho todo lo demás, desde las circunstancias de hecho hasta el marco normativo», añadió el Ejecutivo canario.
Por ello, pretender que en el año 2012 todo siga igual que en el 2001 y en el 2005 «no respeta principios elementales de seguridad jurídica y hasta de equidad y de derechos de los particulares y de interés general».
En ese periodo de tiempo el Gobierno de Canarias reivindicó sus competencias en el mar impugnando entre otras precisamente la Ley del sector de hidrocarburos, entró en vigor la Ley de aguas canarias y la protección del medio ambiente canario se reforzó con la declaración de Zona Especialmente Sensible por la Organización Marítima Internacional.
