El titular de Industria aseguró que él no tuvo contacto en las últimas horas con las autoridades argentinas y recalcó que España desea tener las mejores relaciones con todos los países.
Destacó la especial relación que España quiere mantener con los países de América Latina y señaló que este es un camino «de ida y vuelta».
«A lo largo de las últimas horas las cosas parece que se encauzan y esperemos que eso siga siendo así«, reiteró Soria.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, habló en las últimas horas con el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, quien expresó su confianza en que surtan efecto las gestiones que está efectuando el Ejecutivo español y la propia empresa y se produzca una pronta solución ante la polémica nacionalización por parte del Gobierno argentino de YPF, filial de la española Repsol.
El Gobierno español advirtió a Argentina de que actuará para defender los intereses de Repsol en su filial YPF, después de que este jueves la prensa difundiera un presunto proyecto oficial para que el Estado compre el 50% del capital accionarial de YPF y ante el «silencio oficial» del Gobierno de Fernández de Kirchner ante las advertencias de España y la Unión Europea.
Varios miembros del Gobierno español, con el apoyo de la Comisión Europea, lanzaron advertencias al Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner sobre las posibles consecuencias de una intervención que pudiera vulnerar los intereses de Repsol, mientras que el Gobierno argentino guarda silencio al respecto.
De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy desplegó una «estrategia internacional» para evitar que Argentina nacionalice YPF y, entre otras medidas, mantuvo «contactos» con países latinoamericanos y la Unión Europea para trasladarles «la gravedad de la situación», según informó la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sáenz de Santamaría advirtió que el gabinete que dirige Rajoy «no va a permanecer parado» ante este asunto y trasladó su preocupación «a todos los niveles» con la situación en el país y «la gravedad del momento actual».
Por este motivo, «reforzó los contactos con los países de la zona y otros organismos», como los Ejecutivos de Estados Unidos, México, que actualmente ejerce la presidencia del G-20, y Colombia, anfitrión de la VI Cumbre de las Américas, para tejer alianzas que frenen las pretensiones argentinas, y «constató la preocupación en muchos estados y empresas» por el paso con el que amagó Argentina, al querer nacionalizar la filial de Repsol en ese país.
Sáenz de Santamaría señaló que esta estrategia internacional pretende trasladar a los vecinos europeos y latinoamericanos que el inicio de un proceso de nacionalización «no sólo afecta a los intereses españoles».
Sáenz de Santamaría advirtió de que si la presidenta de Argentina persiste en el empeño de nacionalizar YPF desde España se adoptarán todos los «instrumentos que tiene a su alcance» para defender los intereses generales de España.
Aseguró que por ahora «no nos consta que se haya tomado una decisión en firme» de nacionalizar la filial española YPF, pero indicó que si se llega a adoptar sería una decisión «muy negativa para los intereses españoles».
La vicepresidenta evitó referirse a los instrumentos que tiene en mente el Ejecutivo, al considerar que «las decisiones no se anuncian, se adoptan» y confió en que «el Gobierno no tenga que adoptarlas, pero si tiene que adoptarlas, lo hará».
Con el fin de evitar la nacionalización argentina de YPF, explicó que el Gobierno «lleva trabajando intensamente y con discreción muchas veces sobre este asunto, en concreto desde el mes de enero» y recordó que el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, viajó a principios de año a Argentina para conocer las pretensiones del país.
Los contactos del Ejecutivo se están realizando a todos los niveles, con especial implicación del propio presidente, Mariano Rajoy, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Precisamente, García-Margallo, avisó que una hipotética ruptura con Argentina a resultas de la posible nacionalización del 50,01% de la petrolera YPF «no sería sólo económica» y así se lo hizo saber al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, con quien mantuvo un reunión que calificó de «muy respetuosa» y en la que interpretó que el diplomático había comprendido las motivaciones de España y las trasladaría a su Gobierno.
Él, por su parte, aseguró que comprendía la importancia que tiene para Argentina la producción energética, pero pidió a su Ejecutivo que entienda también la importancia que tiene para el español la defensa de sus empresas. «YPF es importante para Repsol y Repsol es importante para España», sintetizó.
En este escenario, apuntó que la trascendencia de la polémica trasciende la dimensión empresarial. «Estamos hablando de términos económicos, pero no sólo, ni sobre todo, de términos económicos» y dijo que la ruptura de la relación «fraternal» entre ambos países sería «el peor escenario que se puede imaginar», pero sin descartarlo.
García-Margallo advirtió de que cualquier «agresión» a la empresa española Repsol en tanto que propietaria mayoritaria de YPF, «violando el principio de seguridad jurídica, será considerada como una agresión por parte del Gobierno español», que tomará las medidas que considere oportunas y recabará los apoyos necesarios de sus socios europeos; cosa que, precisó, ya hizo.
García-Margallo dijo que, en este tiempo, las exigencias argentinas habían pasado de la distribución de dividendos, a la petición de mayores inversiones de Repsol en el país, a la fijación de precios para empresas como Aerolíneas Argentinas y había desembocado en la retirada de licencias a YPF en algunas provincias, imposibilitando el desarrollo normal del negocio y provocando una caída del 40% en el valor de sus acciones.
El ministro explicó que su departamento está haciendo dos cosas: Tratar de resolver la situación por medio del «diálogo» y el «sentido común» y estudiar las medidas que tomaría en caso de que no se solucionara, si bien rehusó por dos veces enumerar cuáles serían, pues ahora es el momento de buscar el entendimiento, dijo.
No obstante, García-Margallo se preocupó de recordar que España es el primer inversor extranjero en Argentina y de que, en 2001, durante la crisis del «corralito», el Gobierno de José María Aznar ayudó al país sudamericano con un préstamo de 1.000 millones de dólares, gesto que espera se vea ahora correspondido por el de Cristina Fernández de Kirchner.
El PSOE afirma que Repsol «se ha portado muy bien» con el país
Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, apeló a la «responsabilidad y sensibilidad» del Gobierno de Argentina para solucionar la situación de YPF, porque Repsol «se ha portado muy bien» con aquel país, y permaneció allí incluso en los peores momentos del corralito, cuando otras muchas empresas lo abandonaron. Repsol generó «muchísimo empleo», contribuye a su fisco «de manera muy importante» y ejerció su responsabildad allí «durante muchos años», agregó.
Valenciano reiteró el respaldo del PSOE a todas las gestiones del Gobierno para tratar de solucionar la situación de Repsol-YPF, y sin querer desvelar si los socialistas están dessarrollando alguna gestión, aseguró que alguna ayuda «podremos brindar».
Mientras tanto, el diputado de IU Gaspar Llamazares pidió al Gobierno que se deje de amenazas y aparque su actitud colonialista con el fin de facilitar el diálogo y defender los intereses de los españoles y de Repsol en Argentina.
«Lo que sobran son amenazas», señaló Llamazares y criticó el tono «amenazante» de las declaraciones efectuadas por José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo.
«No son las relaciones deseables del Gobierno, que pasa de la diplomacia a las amenazas y de ahí a un colonialismo duro», afirmó Llamazares, que advirtió de que esa posición «inaceptable» puede traer «muy malas consecuencias en las relaciones internacionales y para el futuro de la propia Repsol».
El parlamentario de IU también criticó a la petrolera española, a la que pidió que lo que tiene que hacer es convencer a los gobiernos español y argentino «que tiene compromisos de rentabilidad, pero también sociales». En su opinión, en el segundo de esos campos «deja bastante que desear» ya que tiene «empresas o intereses en paraísos fiscales y una responsabilidad social corporativa que a veces no parece digna de tal nombre.
Para Irene Lozano, portavoz de UPyD en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, el Gobierno español debe «mantener mucho la calma» ante el «arrebato nacionalista que le ha dado a la presidenta argentina», Cristina Fernández Kirchner y aseguró que «no llegará la sangre al río».
A su juicio, «lo fundamental es que todo el mundo mantenga la calma, que se intente encauzar las discrepancias que haya por la vía de la negociación». Recordó que «Argentina es un país amigo», razón de más para «intentar solucionar las cosas».
Para el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, esta situación «unilateral» del Gobierno argentino es un «precedente preocupante» y afirmó que la actuación del Gobierno de Kirchner «no es seria» y genera incertidumbre en las empresas que puedan tener inversiones en Argentina.
Según Erkoreka, la posibilidad de una nacionalización pone «en entredicho la seguridad jurídica» de todas aquellas empresas que tengan inversiones o se planteen invertir en ese país del cono sur.
El PNV consideró que la reacción del Gobierno español es «lógica» y en el futuro deberá seguir siendo «contundente» para tratar de solucionar esta situación por vías diplomáticas.
La CE apoya a España y exige a Argentina que respete sus compromisos con YPF
Por otro lado, la Comisión Europea declaró que respalda a España ante los planes de Argentina de tomar el control de la petrolera YPF, perteneciente a la española Repsol, e instó al Gobierno argentino a respetar sus compromisos con las inversiones extranjeras en su territorio. «Nos ponemos del lado de España en esta situación», declaró tajantemente el portavoz comunitario Olivier Bailly.
La Comisión Europea espera que las autoridades argentinas «garanticen el respeto de sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras en su territorio», señaló, y manifestó que el Ejecutivo comunitario permanece en contacto con el Gobierno español y sigue la situación «con mucha atención».
La Comisión Europea envió una nota diplomática a través de su delegación en Buenos Aires a la oficina de Cristina Fernández para expresar su malestar por sus planes de nacionalizar parte de la petrolera, según confirmó el portavoz, quien negó que por el momento haya habido un contacto directo entre el presidente del Ejecutivo europeo, José Manuel Durao Barroso, y la mandataria argentina.
En ese mensaje, la Comisión Europea insistió en la necesidad de que Argentina y España encuentren una «solución acordada conjuntamente», de manera que no se cause perjuicios a las buenas relaciones y al clima empresarial entre el país suramericano y la Unión Europea, declaró Bailly.
El portavoz también recalcó que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, la Comisión Europea pasa a tener competencia sobre las inversiones de los Estados miembros en países terceros. «Estamos aquí para defender las inversiones extranjeras hechas por los Estados miembros o por compañías con su sede en Europa», dejó claro Bailly. Así pues, la Comisión Europea «tiene interés en intervenir» en este caso, puntualizó una fuente comunitaria.
«La situación actual es, fundamentalmente, un problema bilateral desde un punto de vista jurídico entre Argentina y España, puesto que en el acuerdo existente con el Mercosur no hay disposiciones sobre las inversiones», indicó.
Desde la Unión Europea informaron que llevará su preocupación por los planes del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a una reunión bilateral que mantendrá en Buenos Aires la próxima semana con representantes de las autoridades argentinas en el marco de su cooperación comercial.
Se trata de una reunión técnica en el marco del acuerdo de cooperación comercial y económica que mantienen las partes desde 1991. Este marco abre la puerta a acciones conjuntas, pero no da «ninguna posibilidad» a la Unión Europea de emprender acciones contra Argentina en caso de conflicto comercial o relacionado con inversiones, advirtieron las mismas fuentes.
«En cualquier caso, en el comité conjunto de los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires sacaremos el tema y expresaremos nuestras preocupaciones por el posible impacto negativo que este caso puede tener en los intereses económicos y comerciales de la Unión Europea y en las relaciones bilaterales«, explicaron desde Bruselas.
La situación de los inversores españoles en suelo argentino está sujeta a un acuerdo de protección bilateral entre los dos países y por ello la Unión Europea no cuenta con «ningún instrumento jurídico» que le permita intervenir directamente en este caso.
Tampoco la Organización Mundial del Comercio (OMC) cubre la protección de las inversiones y no hay compromisos que Argentina haya asumido sobre este punto con el organismo internacional, por lo que fuentes comunitarias descartaron que la Unión Europea pudiera elevar la situación de la filial argentina de Repsol a este foro.
Así las cosas, Bruselas se ofrece a jugar un papel de «facilitador» para un acuerdo entre las partes o de mediador del conflicto e insistió en que no hay instrumentos jurídicos con los que la Unión Europea pueda responder.
Argentina insiste en que trabaja para el auto-abastecimiento de hidrocarburos
El ministro argentino de Economía, Hernán Lorenzino, insistió en que el Gobierno trabaja para «revertir el alza» de la importación de combustibles con la mira puesta en «lograr el auto-abastecimiento de petróleo».
«Analizamos cada una de las concesiones» con las provincias productoras de hidrocarburos, que exigen «el cumplimiento de los contratos acordados (con las petroleras) y cuando eso no ocurre se revierten» las áreas adjudicadas, «como ocurrió hasta ahora», dijo sin comentar el conflicto con YPF.
«La política del Gobierno es mantener la ecuación competitiva en el rubro de energía», manifestó el ministro al precisar que en 2003 Argentina gastó 4.300 millones de dólares en importaciones de combustibles, «y esa cuenta en 2011 ascendió a 9.300 millones de dólares».
«Los argentinos necesitamos que el petróleo que está debajo de la tierra sea extraído y utilizado en función de los costos argentinos, para sostener la competitividad de la economía», insistió.
En las últimas semanas, seis provincias petroleras quitaron sus concesiones a YPF con el argumento de falta de inversiones, con lo que la compañía perdió alrededor del 18% de su producción de crudo. Con el mismo razonamiento, también se le retiró una concesión a la brasileña Petrobras, aunque se trata de una zona marginal de la provincia de Neuquén, rica en gas natural.
Asimismo, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) advirtió de que la expropiación de YPF acarrearía para el país austral «probables indemnizaciones astronómicas» y «enormes costes judiciales» por las reclamaciones de pequeños inversores.
En un comunicado, la asociación indicó que «una expropiación o pérdida forzada de la mayoría -de Repsol- en YPF supondría una expropiación a cientos de miles de accionistas minoritarios por valor de miles de millones de euros».
AEMEC reclamó al gobierno argentino «que cumpla con la legalidad nacional e internacional y respete los derechos de los accionistas minoritarios», porque sus «decisiones arbitrarias» provocaron una depreciación «de la acción -de YPF- del 30%, con el consiguiente perjuicio a los accionistas minoritarios de Repsol».
Por ello, advirtió de que la asociación «acudirá a los tribunales de Buenos Aires, Madrid, Bruselas y Nueva York para trata de impedir» la nacionalización de YPF «y solicitar, en caso contrario, las correspondientes indemnizaciones millonarias».
AEMEC explicó que «la mayoría de los accionistas actuales de Repsol compraron sus títulos contando con su participación mayoritaria en YPF», que aporta la mitad de su producción de crudo, el 40% de sus reservas y la cuarta parte de su beneficio.
YPF está controlada por Repsol, que tiene el 57,43% de las acciones; el grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, posee el 25,46% y el Estado argentino, el 0,02%, mientras que el restante 17,09% se cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
En cuanto al accionariado de Repsol, Caixabank controla el 12,972%; Sacyr Vallehermoso, el 10,01% y Petróleos Mexicanos (PEMEX), el 9,492%. La compañía posee en autocartera el 10% del capital que adquirió a Sacyr a finales del año pasado.
