En su intervención, la diputada popular acusó al presidente canario de hacer el «ridículo» con sus «batallitas».

Según Paulino Rivero «ganan por goleada» quienes piensan que el desarrollo sostenible tiene que ver con la puesta en alza de los medios naturales y que prima el interés general, y opinó que quienes hacen el ridículo son quienes defienden los intereses de una empresa privada por encima de los generales.

Canarias tiene un modelo sostenible en el que los valores naturales deben preservarse porque son la herramienta para desarrollar el turismo, del que dependen el 54 por ciento de los empleos de Fuerteventura y Lanzarote, y que representa el 51 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma, dijo el presidente.

María Australia Navarro dijo que el Tribunal Supremo ha dicho en dos autos que las prospecciones de hidrocarburos por parte de Repsol en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura no representan un daño objetivo para el medio ambiente, y que hay razones objetivas para pensar que si hay una nueva fuente de riqueza puede y debe ser un factor que se aproveche para la economía española.

La diputada del PP afirmó que en una semana el presidente canario ha sido «escaldado» en dos ocasiones por el Tribunal Supremo y acusó a Paulino Rivero de querer internacionalizar un conflicto que «cada vez interesa a menos gente».

A juicio de la diputada, el presidente canario ha hecho el «ridículo más absoluto» al llevar las prospecciones de hidrocarburos a Marruecos y a Bruselas, y opinó que Paulino Rivero es el «único peligro objetivo» porque gasta el dinero en «batallitas que dice que le apasionan».

María Australia Navarro pidió a Paulino Rivero que mire a la cara a los más de 372.000 parados que hay en las islas y les diga cuánto ha gastado en esas «batallitas».

En respuesta al diputado del grupo Mixto Fabián Atamán Martín, del PIL, sobre la misma cuestión, Paulino Rivero dijo que en los próximos días el Gobierno canario presentará una queja formal ante la UE por vulneración de la directiva Hábitat, y además espera la revisión del expediente por parte del Tribunal Supremo.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ya había anunciado durante la junta general de accionistas la intención de la compañía de presentar este recurso, en el marco de la ofensiva judicial que desplegará tanto en los tribunales naciones e internacionales con el propósito de conseguir los más de 8.000 millones de euros que reclama como compensación por lo que considera una «confiscación».

Brufau ha advertido de que Repsol no renunciará a ninguno de los frentes jurídicos. «No sé cuánto ni cuándo vamos a cobrar», pero «vamos a dedicar todos los esfuerzos a conseguir el mayor valor» y a recurrir a «todos los recursos jurídicos» a su disposición, dijo.

Paralelamente, Brufau ha expresado la disposición de su empresa, que mantiene derechos políticos sobre el 12% de YPF, a «negociar» con el Gobierno argentino, y consideró que «llegar a un acuerdo es bueno para todos». «No es bueno para Argentina tener un pleito de esta magnitud durante años, así que lo mejor es sentarnos a negociar«, afirmó.

Rivero explicó al término del encuentro que el Gobierno autónomo considera que las autorizaciones del Estado vulneran el derecho comunitario, en concreto el artículo 6.3 de la Directiva Hábitat, que obliga a la elaboración de informes de impacto en los casos de actuaciones con posibles afecciones medioambientales.

El jefe del Ejecutivo se mostró convencido tras la reunión de que «es posible paralizar las autorizaciones» dado el compromiso expresado por el comisario en la defensa del interés general y del cumplimiento de la normativa comunitaria.

En este sentido, Rivero subrayó que «el comisario nos ha trasladado que analizará el expediente desde la máxima honestidad y con el máximo interés» para que prevalezca el sentido común y la coherencia.

«Si la Comisión Europea ha actuado con firmeza para defender el medio ambiente en otros casos relacionados con las infraestructuras, ahora debería también actuar en el mismo sentido, dado que las prospecciones vulneran directivas europeas«, dijo el presidente.

Rivero insistió en que el proceso ahora mismo se encuentra en una fase informativa y que el Ejecutivo autónomo aportará toda la documentación precisa a la Comisión para que esta pueda valorar con perfecto conocimiento de causa el expediente.

«En todo caso», continuó, «esta reunión con el comisario se ha de entender sólo como una de las vertientes de la ofensiva de las instituciones canarias contra la autorización a Repsol» que se sustancian también en iniciativas en el ámbito judicial, social y político.

En opinión del presidente canario, «la batalla acaba de comenzar y será muy larga y apasionante, porque estamos hablando de un asunto que afecta al futuro de las islas y éste no se puede poner en juego por el apoyo del Estado a una empresa privada para que desarrolle una actividad coyuntural que no creará riqueza en las islas«.

A este respecto, explicó que la actividad petrolera es incompatible con el turismo y alertó de los riesgos que esta supondría para el empleo y la economía de Canarias, especialmente de Lanzarote y Fuerteventura. «No debemos olvidar», señaló, «que el 51 por ciento del PIB de estas dos islas y el 54 por ciento del empleo dependen del sector turístico».

El Ejecutivo autónomo también trasladará al comisario europeo un dossier con una veintena de informes científicos y cartas de colectivos ciudadanos y ecologistas en contra de las prospecciones. Entre ellos se encuentran los elaborados por WWAdena, Océana o la Secac, sociedad especializada en el estudio de los cetáceos.

Soria afirma que la CE ha dicho que no actúa de árbitro entre autoridades nacionales

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este sábado que la Comisión Europea «ha expresado muy claramente al Gobierno de Canarias que no tiene ningún papel de árbitro entre distintas autoridades nacionales».

Por lo tanto, nada tiene que decir sobre autorizaciones en territorio de un estado miembro, como las concedidas a Repsol para que desarrolle prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, ha dicho el ministro.

Soria se refería así a la reunión mantenida en Bruselas entre el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, en la que ambos abordaron la cuestión de las prospecciones.

Según Soria, la UE ha tenido «una posición clara y meridiana» sobre el asunto y ha rechazado ofrecer ningún tipo de garantías al Gobierno de Canarias que vayan en contra de decisiones de un gobierno, al tiempo que le ha recordado el contenido del auto del Tribunal Supremo conocido esta semana que avala la autorización de las prospecciones.

Ese auto «ha dejado más que claro» que se cumplen las garantías medioambientales, ha dicho el ministro a los periodistas en una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Regional de su partido.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudicó a Gas Natural Fenosa la construcción y explotación de la central, que supondrá una inversión de unos 100 millones de euros y cuya entrada en servicio de la instalación está prevista para 2014.

De esta forma, Gas Natural Fenosa tendrá su segunda central hidroeléctrica en Costa Rica, ya que también opera la central La Joya, de 50 MW de potencia instalada.

Con la entrada en operación de esta segunda central, la multinacional energética sumará 100 MW instalados en el país centroamericano, lo que convertirá a la compañía en el mayor productor de electricidad privado del país, en donde el año pasado tuvo una producción de 262 gigavatios hora (GWh).

La energética cuenta en América Latina con un parque de generación eléctrica de 2.466 MW repartido en México, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, en los que cuenta con una potencia instalada de la que 2.194 MW corresponden a ciclos combinados de gas, 72 MW a plantas hidroeléctricas y 200 MW a centrales de fuel gas.

La cifra forma parte del plan estratégico de la compañía, presentado en un acto encabezado por la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien asistió como representante del 51% de las acciones de la petrolera en manos del Estado tras su expropiación, el pasado mes de abril, al grupo español Repsol tras acusar a la compañía de no haber invertido lo suficiente para aumentar la producción.

Fernández de Kirchner defendió la decisión de expropiar las acciones de la compañía española y aseguró que su Gobierno no actúa «dogmáticamente o con un manual».

Explicó que decidió mantener un «modelo mixto», con representación estatal y de mercado en YPF, con una dirección «absolutamente profesionalizada» y con objetivos que se ajustan a los intereses del Estado.

«El desacople entre los intereses de las empresas y los intereses de los países concluye en situaciones políticas, sociales y economías absolutamente desaconsejables para cualquier modelo de país», agregó la presidenta argentina, que subrayó que el hombre fuerte de la nueva YPF es su presidente, Miguel Galuccio, aunque en el directorio figura también el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

La presidenta argentina, que no suele escatimar alusiones a su condición de mujer y de viuda del expresidente Néstor Kirchner en sus intervenciones públicas, restó importancia a la ausencia de mujeres en el nuevo directorio de YPF y lo justificó por la dureza de la actividad petrolera.

«El petróleo es más de hombres. Hay que conocer un campo petrolero, estar en un campo petrolero, con esas temperaturas, hoy había temperaturas de 15 grados bajo cero», comentó Fernández de Kirchner. «Es una tarea muy fuerte, difícil, por eso son tan duros… en general son duros todos en tareas extractivas, como los mineros, por el frío, por el viento», añadió.

Durante la presentación, Miguel Galuccio precisó que las inversiones de la compañía ascenderán este año a 3.500 millones de dólares, en el marco de un plan de inversión «agresivo pero realista», que permitirá crecer un 6% anual en la producción de hidrocarburos, frente una caída actual del 6% al año.

Galucio dijo que para financiar estas inversiones YPF utilizará su flujo operativo propio y saldrá a buscar socios entre otras empresas locales y extranjeras y en los mercados financieros locales e internacionales.

El «nuevo paradigma» de la petrolera se basará en el rejuvenecimiento de los pozos maduros, el desarrollo intensivo de hidrocarburos no convencionales y la expansión de las actividades de refino y comercialización de combustibles.

Galuccio señaló que el objetivo para el período 2013-2017 es multiplicar por diez las inversiones en crudo no convencional y por veinte las de gas no convencional, e incrementar en un 20% la capacidad de refino con el objetivo final de aumentar el abastecimiento de combustibles. Este plan estratégico, añadió, requerirá la creación en cinco años de 10.000 nuevos puestos de trabajo.

A su juicio, Argentina tiene capacidad para pasar de ser un importador neto de combustibles a ser un exportador e YPF puede convertirse en la empresa líder en gas no convencional de Latinoamérica.

El titular de YPF aseguró que la compañía cuidará «el valor para los accionistas», con la reinversión de utilidades y una política de dividendos acorde al crecimiento y los compromisos y manteniendo la cotización en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

Galuccio precisó que este año YPF perforará 746 pozos de producción y «más de mil» en 2013 -un nivel de actividad que la compañía no registra desde 1996-, para alcanzar los 1.345 pozos para 2017.

Respecto al desarrollo intensivo de los hidrocarburos no convencionales, precisó que en 2013 la compañía invertirá en este segmento 1.200 millones de dólares en la perforación de 132 pozos de petróleo no convencional y 160 millones de dólares en 14 pozos de gas no convencional. Esas inversiones, indicó, permitirán producir 55 millones de barriles equivalentes (mboe) de petróleo no convencional y 13 millones de mboe de gas no convencional.

YPF registró en 2011 una ganancia neta de 1.179,5 millones de dólares, un 8,5% menos que en 2010.

Repsol, que mantiene un 12% de las acciones de YPF y logró incluir a un consejero en el nuevo directorio, pide en compensación unos 10.000 millones de dólares, pero el Gobierno argentino adelantó que no pagará esa cifra y que será el Tribunal de Tasación argentino el encargado de fijar el valor de las acciones expropiadas.

Repsol inició el 15 de mayo los trámites para llevar a un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la nacionalización de YPF con la remisión de una carta a Cristina Fernández de Kirchner, en la que declara la existencia de una controversia en la expropiación.

AEMEC denunciarán la junta de YPF y sus acuerdos

Por su parte, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) llevará ante la justicia Argentina la junta de accionistas de YPF celebrada esta semana, la primera tras la expropiación, y todos los acuerdos adoptados, entre ellos la constitución del nuevo directorio de la petrolera argentina.

Los minoritarios incluirán en la acción de amparo que presentaron ya ante la justicia argentina por la «confiscación» de las acciones de Repsol en YPF un escrito contra esta junta, según explicó el abogado argentino Rodolfo Barra, exministro de Justicia en el gobierno de Carlos Menem, y que ahora trabaja, junto a Cremades&Calvo-Sotelo, en la defensa jurídica de los accionistas minoritarios de la española.

Barra detalló que esta misma semana se presentará este escrito, en el que además de la anulación de una asamblea y unos acuerdos que consideran «ilegítimos», se pide que se designe un veedor o supervisor judicial para las decisiones que pueda tomar este nuevo consejo en contra de los intereses de YPF.

Junto a este proceso de amparo, Barra explicó que pidieron una audiencia con la presidenta argentina antes de iniciar una jurisdicción arbitral internacional, aunque no esperan que se pueda celebrar.

Barra, que mostró su confianza en que la justicia argentina termine dando la razón a Repsol, subrayó que la clave de la defensa jurídica de los accionistas está en que no se ha pagado nada por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, algo que es completamente ilegal.

«No se le puede quitar algo a alguien sin pagar. Si se hace en la calle es un robo. Y si lo hace un Gobierno es una confiscación», subrayó el jurista.