Así lo acordó la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una resolución en la que rechazó el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno de Canarias contra esa anterior decisión del 4 de junio, por considerar que no ha lugar «ni por forma ni planteamiento», según confirmaron fuentes del Alto Tribunal.
La resolución que el Gobierno canario pedía revisar es el auto por el que el pasado 4 de junio el Tribunal Supremo rechazó su petición y la del Cabildo de Lanzarote de que, por ejecución de la sentencia que dictó esa misma Sala de lo Contencioso en 2004 contra esos primeros permisos, se anularan también los concedidos este mismo año.
En la resolución recurrida y ahora ratificada, el Supremo argumentó que el motivo en que fundó su decisión de 2004 fue que «se habían omitido, respecto de unas determinadas labores de investigación previstas para un específico período temporal, las medidas de protección medioambiental obligadas en virtud de la Ley 34/1994, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos».
La Sala entendió, por contra, que el real decreto de este año incorpora las medidas de protección ambiental cuya omisión llevó a la sentencia de 2004, con el añadido de que en él se integran, además, las disposiciones de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 2008.
Por ello, razonó que «difícilmente puede admitirse» que, con este nuevo real decreto, el Consejo de Ministros haya «tratado de eludir la sentencia (de 2004) cuando, en realidad, tiene como objetivo y designio precisamente el de incorporar al proyecto de investigación y al programa de trabajos las medidas medioambientales cuya falta pusimos de relieve».
Frente a la falta de medidas de protección de 2001, los nuevos permisos, según el Supremo, contienen las propuestas por las propias empresas, las exigidas por la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, los estudios que se tendrán que realizar en cada uno de los trabajos y las que puedan exigirse por aplicación de las leyes de ordenación del territorio y protección de los recursos marinos.
El Consejo de Ministros decidió el pasado 16 de marzo mediante real decreto convalidar los permisos otorgados a Repsol hace once años por entender que se habían solventado los defectos de carácter ambiental que habían llevado al Supremo a ponerlos en cuestión.
En concreto, ese acuerdo del Gobierno central permite a Repsol y a sus socios en este proyecto -Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG- prospectar nueve zonas del Atlántico situadas entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la mediana imaginaria que divide las aguas españolas de las marroquíes.
Soria: «La resolución del TS ratifica que decisión del Gobierno es conforme a la ley»
Po su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que la última resolución del Tribunal Supremo sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias puso de manifiesto «una vez más» que la autorización a Repsol adoptada por el Ejecutivo estatal es «conforme al derecho vigente».
En este sentido, concretó que las perforaciones, que se localizarían a 61 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, se realizarían en «exactamente» el mismo lugar y entorno donde «hace ya años» Marruecos autorizó las suyas, según indicó a los medios de comunicación.
Asimismo, Soria aseguró que la actividad petrolífera en las islas se conformaría como un hecho «positivo» no sólo para la economía española, que reduciría su dependencia energética, sino para la actividad económica del archipiélago, traduciéndose en términos de empleo directo e indirecto y en actividades portuarias e industriales, «en particular aquellas relacionadas con la mecánica y la eléctrica», así como en suministros portuarios, hostelería, comercio o turismo.
El ministro también declaró que las prospecciones de crudo en las islas son una oportunidad que «ni hoy ni nunca» Canarias «puede permitirse el lujo de renunciar» ante cifras presentes como la situación de paro del 32% de la población canaria, «que está siendo compatible con el mejor año turístico que hemos tenido desde hace mucho tiempo».
Canarias matiza que el TS no se pronunció sobre la legalidad de prospecciones
Asimismo, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, matizó que el Tribunal Supremo dictó un recurso sobre las prospecciones petrolíferas en relación a una «posible contradicción» con su fallo en 2004, pero no se pronunció sobre su legalidad.
«El Tribunal Supremo no ha dicho sí a la legalidad de las prospecciones, se ha limitado a resolver un recurso sobre una posible contradicción con su fallo en el año 2004», apostilló Marrero.
Al respecto, indicó que el pleito principal, en el que se dirime la legalidad de las prospecciones, «no tiene aún pronunciamiento», ya que aún están «en plazo para formalizar la demanda correspondiente».
