La petrolera lusa Galp anunció unos beneficios netos de 277 millones de euros -excluidos el efecto «stock» y activos no recurrentes- hasta septiembre, un 57% más que en el mismo período de 2011.

En términos totales, la cifra de negocio de Galp creció un 15%, hasta los 14.274 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) mejoró un 33,5% y alcanzó los 786 millones de euros.

La empresa destacó el crecimiento en un 36% de sus exportaciones fuera de la Península Ibérica, ya que tanto en España como en Portugal -dos de sus principales mercados- se registraron fuertes descensos en los mercados del petróleo y el gas debido a la contracción económica.

De media, la compañía procesó 24.800 barriles de crudo al día entre enero y septiembre, un 20% más que en el mismo período del año anterior.

Las ventas de gas natural, por su parte, aumentaron un 19% durante los nueve primeros meses del año, hasta alcanzar los 4.696 millones de metros cúbicos.

Especialmente positivo fue el margen de refinación de la firma, conocido como la diferencia entre el valor del crudo y los ingresos generados por su venta en forma de productos petrolíferos (gasóleo, gasolina, etcétera), que se triplicó hasta situarse en 2,60 dólares por barril (unos 2 euros aproximadamente).

La deuda líquida de Galp se situó en los 1.369 millones de euros, lo que supone una subida del 12% sólo en el tercer trimestre del ejercicio.

Además, su inversión durante los últimos nueve meses fue de 613 millones de euros, un 24% menos que entre enero y septiembre de 2011.

La petrolera, una de las mayores compañías de Portugal y pieza clave en las exportaciones lusas, cuenta con una plantilla de 7.489 trabajadores, según los datos facilitados por la propia firma.

El presidente de la CNC destaca la falta de competencia en este mercado, reflejada en un reciente informe de este organismo, y dice que «no sólo perjudica a los consumidores en el día a día: tiene consecuencias negativas que se extienden literalmente a todos los sectores económicos, perjudicando la competitividad de las empresas».

Joaquín García señala que la falta de competencia en este mercado también puede verse en otros del sector energético como la electricidad y el gas.

Para el presidente de la CNC, la completa apertura de la competencia de sectores protegidos permite reasignar recursos a los sectores más innovadores y con mayor crecimiento potencial.

La mayor competencia se logra, dice, persiguiendo las conductas anticompetitivas y también realizando cambios regulatorios que la fomenten.

El sindicato aseguró que, mientras las grandes empresas aumentan sus márgenes de beneficios en un 20%, los trabajadores del sector no ven cómo esta circunstancia repercute en sus salarios y condiciones laborales, sino que, al contrario, les mantiene «en una situación de desregulación» y en una situación «pésima».

Según señaló, el Ministerio de Industria está estudiando ahora seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNC) para mejorar la competencia en el sector y facilitar la entrada de nuevos competidores.

UGT consideró que estas medidas pueden «perjudicar directamente a los trabajadores», ya que «la patronal, cuando vea que sus beneficios se limitan, empezará a buscar soluciones para aumentar su margen de beneficio a costa de los salarios y las condiciones laborales del trabajador».

Las medidas provocarán más destrucción de empleo y también pueden perjudicar al consumidor, que tendrá que servirse él mismo el combustible sin el conocimiento y las medidas de seguridad adecuadas, afirmó el sindicato.

Los trabajadores de las empresas de estaciones de servicio, señaló, están intentando negociar su convenio, bloqueado por la patronal desde 2009, mientras reciben mensajes acerca de la mejora de los márgenes del sector.

«El Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio venció en 2009, y los sindicatos llevamos más de dos años negociando el nuevo convenio de forma infructuosa, ya que la patronal, representada por Aevecar y CEEES, lo tiene bloqueado, esperando dejar las condiciones laborales de los trabajadores en mínimos o desregularizar el sector, lo que sería nefasto para los trabajadores», afirmó.

El salario de un trabajador de estación de servicio ronda los 900 euros brutos al mes, al tiempo que tiene polivalencia funcional, de modo que debe expender combustible, vender productos y limpiar. Además, hay una gran flexibilidad de horarios e irregularidad en la distribución de los mismos.

Por tanto, desde la Federación, exigieron que no se destruyan «más puestos de trabajo y se garanticen unas condiciones dignas para los trabajadores de estaciones de servicios, porque de lo contrario perjudicaría notablemente a un sector que ya vive una gran precariedad».

Estas mismas fuentes han señalado que se trata de uno de los tres bloques a los que optaba en esta ronda licitatoria, el denominado «Guajira», que según los datos disponibles hasta ahora podría tener una buena cantidad de reservas.

Esta adjudicación, lograda junto a la petrolera colombiana Ecopetrol, es preliminar y tendrá que ser confirmada en el plazo de quince días.

Repsol cuenta en la actualidad con 11 bloques en Colombia, 6 en exploración (con una superficie neta de 8.020 kilómetros cuadrados) y 5 en explotación (con 216 kilómetros cuadrados).