La respuesta se realizó en relación con el Real Decreto de 29 de octubre de 2012, por el que se modificó otro Real Decreto de 20 de julio de 2007, sobre el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de generación eléctrica en el mar territorial para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los departamentos ministeriales.
El Estado rechazó el requerimento de Canarias porque la norma aludida tiene una finalidad meramente organizativa y no introduce ninguna modificación de carácter sustantivo en el Real Decreto de 20 de julio de 2007, ni reproduce ninguno de sus preceptos.
El Real Decreto de 2007 fue impugnado por el Gobierno de Canarias ante el Tribunal Constitucional que, en su momento, se podrá pronunciar respecto a la controversia competencial planteada.
El Gobierno de Canarias argumentó en la demanda frente al Real Decreto que la mención al «Archipiélago canario» implica que el territorio de la Comunidad Autónoma incluye no sólo las islas sino también el mar territorial.
El Gobierno estatal recordó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2013 por la que fue desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el artículo único apartado uno de la Ley de 2 de julio de 2007, por la que se modificó la Ley del sector de hidrocarburos, de 1998.
Lo esencial de la argumentación de la recurrente era que, de acuerdo con el artículo 2 del Estatuto de Autonomía y su mención al «Archipiélago canario», el territorio de la Comunidad Autónoma incluye las aguas marítimas en torno a las islas, argumento que fue desestimado por el Tribunal Constitucional.
Soria ve un lento cambio de postura de Canarias en favor de las prospecciones
El presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, se ha felicitado por el «lento cambio de postura» que dice observar en el Gobierno canario en favor de las prospecciones petrolíferas autorizadas a 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.
En una comparecencia al término de una reunión de la junta directiva regional del PP en Canarias, el también ministro de Industria, Energía y Turismo ha precisado que ese cambio de postura favorable a los sondeos de hidrocarburos que percibe en el Ejecutivo regional se enmarca en la posibilidad que representa la reforma del Régimen Económico y Fiscal de las islas para consensuar la creación de un tributo que pueda gravar la extracción de gas o petróleo.
El líder de los populares canarios ha manifestado que parte de la recaudación que se obtuviera a partir de la aplicación de ese nuevo tributo podría servir para financiar a las entidades locales canarias.
Soria se ha ratificado en sus percepciones, a pesar de que el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, afirmara, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que la oposición de esta comunidad autónoma a las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas próximas a las islas es «clara, rotunda y permanente en el tiempo».
Marrero descartó la posibilidad de negociar compensaciones, al considerar que «con el presente y el futuro de Canarias no se negocia».
Sobre este asunto, el ministro se ha referido también al reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha dictaminado que la competencia para autorizar prospecciones o explotaciones petrolíferas submarinas en las aguas bajo jurisdicción española corresponde en exclusiva al Estado y no a las autonomías, cuyo territorio no incluye, de ningún modo, el subsuelo marino, según el Tribunal Constitucional.
El TC ha establecido este criterio al desestimar el recurso interpuesto hace cinco años por el Gobierno canario contra un artículo la Ley del Sector de los Hidrocarburos de 2007, que reservaba al Estado la competencia de autorizar actividades de investigación o explotación petrolífera en el subsuelo marino.
Al respecto, Soria ha afirmado que el TC ha dictaminado en la misma línea que lo hizo en su día el Tribunal Supremo.
El petroleo puede favorecer al sector turístico en Canarias
Por su parte, el presidente de la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, dijo que si la eventual extracción de petróleo en aguas próximas al archipiélago va a ser un beneficio para la sociedad canaria y española también lo puede ser para el sector turístico.
Marichal afirmó que la extracción de petróleo «no es un asunto baladí» y admitió que puede ser un riesgo, «pero si se controlan los riesgos» puede ser una actividad buena para el turismo con las eventuales compensaciones que se negocien.
Como ejemplo, indicó que se puede establecer una compensación a la extracción de petróleo que se destine a la promoción turística de las islas en el exterior, a rebajar las tasas aéreas e incluso a abaratar el precio de los combustibles en los aeropuertos.
Un eventual abaratamiento de los combustibles en los aeropuertos canarios que se determinara como compensación por la actividad petrolera beneficiaría la conectividad de las islas e incluso podría traducirse en que compañías aéreas europeas establecieran sus bases en las islas, apuntó.
«Si la decisión que se tome es un bien para todos, que lo sea también para el turismo», dijo el presidente de Ashotel, que participó en una rueda de prensa en la que la CEOE tinerfeña presentó su informe de coyuntura económica del primer trimestre del año.
El presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, coincidió con el análisis de Marichal en que no es «un asunto como para despreciarlo», aunque subrayó que lo primero es saber con certeza si hay o no hay petróleo para no hacer «debates de salón».
Matizó que los eventuales efectos sobre la economía y el empleo de las islas serían a largo plazo, no antes de diez años.
En caso de que se decida la explotación de petróleo, hay que hacerlo con mucha precaución y el mínimo riesgo y deben negociarse «las tasas que pueden ser para Canarias», dijo.
