«El Gobierno recurrirá. No es una cuestión frívola. El Gobierno y el Parlamento de Canarias, todas las instituciones de Lanzarote y Fuerteventura y, lo que es más aplastante, alrededor del 75% los ciudadanos de estas islas están en contra de que se hagan prospecciones en el entorno de sus costas», dijo en declaraciones a los medios.
Rivero hizo especial hincapié en que para poder entender la posición de las dos islas más orientales del archipiélago hay que pensar en qué se opinaría de que en otros lugares de Canarias se dijera que a 9,5 kilómetros se van a llevar a cabo las prospecciones.
«¿Qué pensaríamos? -insistió- sobre todo cuando vivimos del turismo», agregando que en Lanzarote y Fuerteventura el 54% de los empleos viven directamente del sector y que el principal recurso para mantener la economía es el turismo.
El máximo dirigente regional comentó que no se trata de dos intereses generales confrontados. «Estamos hablando de un interés particular, de ponerse al servicio, que es lo que está haciendo el Gobierno de España, de una actividad privada, de unos señores que quieren hacer un negocio arriesgando el futuro de Canarias, y eso se pone en contraposición con el interés general de los canarios«, apuntó.
Por lo tanto, agregó que el Gobierno regional mantendrá una postura «firme» y que utilizará todas las herramientas a su alcance desde el punto de vista político, jurídico y social «para que no hipotequen el futuro de Lanzarote y Fuerteventura».
Cuestionado sobre si el recurso del Ejecutivo canario será propio o si se unirá al que presentarán los cabildos de las dos islas, Rivero expuso que ya se verán las estrategias jurídicas que seguirá el Gobierno.
«Esta fase procesal es muy complicada. Hay que recordar que hay dos quejas presentadas ante la CE, están los recursos ante el TS…; es una fase todavía muy incipiente. Estamos hablando de estudios marinos, no de procesos de perforación en el mar. Por lo tanto, vamos a seguir con la estrategia que tienen diseñada los servicios jurídicos del Gobierno para conseguir que no se especule en el entorno de Canarias», aclaró.
El TC admite que Canarias podrá asumir competencias en las aguas si se reforma el Estatuto de Autonomía
El Tribunal Constitucional (TC) ha reiterado que Canarias podría asumir las competencias en sus aguas si así lo contemplara el Estatuto de Autonomía, lo que, a juicio del comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, «constituye una invitación a retomar los trabajos para la reforma del documento estatutario».
El Gobierno de Canarias informa en una nota de que se trata de la segunda sentencia en pocos meses -la anterior es de enero pasado y se refería a la Ley estatal de Hidrocarburos- en la que el Alto Tribunal establece que en la redacción vigente del Estatuto no se reconoce que las aguas sean parte del territorio de la Comunidad.
Según Ríos, se infiere que «reformándolo, Canarias sí podría ejercer en sus espacios marítimos las mismas competencias que el propio Estatuto le atribuye en tierra, un asunto que afectaría a cuestiones tan importantes como las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, a las que se opone el Gobierno de Canarias».
La sentencia resuelve un recurso presentado por el Gobierno de Canarias en 2008 sobre determinados preceptos de la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, que fijaba las competencias de las comunidades autónomas en la gestión de espacios naturales protegidos en el ámbito territorial y en las aguas marinas, siempre que existiera continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección.
La posición del Gobierno de Canarias sostenía que la redacción de la Ley en cuanto a la exigencia de «continuidad ecológica» imponía una limitación a la competencia los espacios marinos, sobre todo si se asumía el concepto de territorio del Archipiélago comprensivo de las aguas canarias.
No se invocó la Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas Canarias, por «evidentes» razones temporales ya que se aprobó tres años después. Ahora, el TC, al resolver, impone que se modifique el Estatuto de Autonomía a fin de recoger de forma expresa que las aguas canarias forman parte de su territorio.
En cuanto al fondo del asunto, la sentencia reconoce que el precepto estatal que se impugnó, en relación con la «continuidad ecológica» no se refiere a una continuidad física en relación con la zona terrestre.
De modo que no restringe la competencia de la Comunidad Autónoma a los supuestos en que la zona marina y la zona terrestre están conectados o unidos materialmente, sino que establece una regla más abierta -la de la «continuidad ecológica»- que permite incluir otros supuestos en los que, sin existir conexión física entre el espacio marino y el terrestre, las características y circunstancias singulares del espacio demandan una gestión unitaria por la Comunidad Autónoma.
Ríos recuerda también que a finales de 2006 y principios de 2007, hubo prácticamente consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias sobre la reforma del Estatuto.
Así, CC y PSOE aprobaron en 2006 una reforma muy ambiciosa del Estatuto y la remitieron, para su aprobación, al Congreso de los Diputados, que admitió tramitarlo y abrió plazo para presentar enmiendas.
Durante el período de presentación de enmiendas, CC y PP llegan a un acuerdo sobre las enmiendas que incluyen la cuestión de las aguas, pero la reforma no prospera por los pactos producidos tras las elecciones de mayo de 2007, «lo que motivó que se retira el proyecto por el Parlamento de Canarias», recuerda.
La delegada de Gobierno en Canarias dice que es buena noticia la autorización de los primeros estudios sobre las prospecciones
La delegada del Gobierno de España en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha afirmado que es una «buena noticia» que el Ministerio de Industria haya autorizado llevar a cabo las operaciones físicas de investigación en seis de las nueve áreas de prospecciones aprobadas por el Gobierno central en marzo de 2012.
En declaraciones a los medios de comunicación, comentó que las garantías medioambientales para que se lleven a cabo las prospecciones de investigación para saber si existen o no hidrocarburos a 60 kilómetros de Canarias deben existir y que, en este contexto, tiene lugar la autorización ministerial.
«Se han autorizado estudios de fondos marinos, que son los primeros avances para un posterior estudio más completo y que será la que nos dé las garantías medioambientales para realizar esas dos prospecciones como máximo que se van a hacer para saber qué es lo que hay», manifestó.
Finalmente, apuntó que la última consecuencia de esta actuación es poder tener la declaración de impacto medioambiental, «que será la garantía de que esas prospecciones se lleven a cabo con la mayor seguridad posible».
