Industria admite que en «muchos supuestos» se producen pactos de precios entre todas las petroleras

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En declaraciones a la cadena COPE, tras ser preguntado por el hecho de que las estaciones de servicio de una misma ciudad suelen presentar los mismos precios, Soria afirmó que «eso es lo que le hace pensar al Gobierno y a los órganos reguladores (la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que las expedientó, y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que esta semana las inspeccionó) que, en muchos supuestos, hay ese tipo de acuerdos (pactos de precios)».

En este sentido, recordó que, «al fin y al cabo, el 85% del mercado de carburantes está dominado por cuatro grandes operadores y entonces se produce el «efecto lunes», que es el día que los precios se comunican a Bruselas, por lo que estos bajan y a los días siguientes suben». Esa «evidencia empírica» existe , aseguró.

El ministro afirmó que para evitar este efecto, el Gobierno introdujo cambios en la Ley General de Hidrocarburos (actualmente en trámite parlamentario), con la finalidad de generar más competencia en el sector de la venta de carburantes, para que haya más operadores y para que se dificulte así llegar a acuerdos de precios, «que son prácticas que están prohibidas».

Según Soria, la entrada de más operadores hará que éstos, en vez de poder llegar a supuestos acuerdos tendrán que competir más, de lo que se derivará «una minoración en los precios» y en un «mayor control» de los mismos.

Por otra parte, el ministro señaló que «en España, antes de la fiscalidad, el precio del combustible está por debajo de la media de la Unión Europea, pero una vez que se le añade la fiscalidad, está por encima, lo que quiere decir que la diferencia está en los márgenes empresariales de las petroleras«, subrayó el ministro.

Precisamente, la Comisión Nacional de Competencia anunció este miércoles que está llevando a cabo inspecciones en varias compañías petroleras y en una asociación sectorial ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas de coordinación en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustible de automoción en estaciones de servicio.

El Tribunal Supremo desestima suspender el decreto que autoriza las prospecciones en Canarias

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En un auto, el Tribunal Supremo desestimó las medidas cautelares que le había pedido el Cabildo de Lanzarote (CC-PSOE), que defiende que las prospecciones que va a realizar Repsol a 60 kilómetros de sus costas pueden poner en peligro los recursos naturales de las islas y su principal actividad, el turismo, puesto que «no ha lugar la adopción de la medida cautelar de suspensión del RD 547/2012, de 16 de marzo, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados ‘Canarias-1’, ‘Canarias-2’, ‘Canarias-3’, ‘Canarias-4’, ‘Canarias-5’, ‘Canarias-6’, ‘Canarias-7’, ‘Canarias-8’ y ‘Canarias-9′».

El Cabildo de Lanzarote solicitó adoptar la medida cautelar de la suspensión de dicho RD haciendo referencia a las exigencias de la Directiva 94/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 30 de mayo, en relación a las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, así como sobre la supuesta incompatibilidad de la Ley del Sector de Hidrocarburos con el derecho comunitario.

En este sentido, el Cabildo de Lanzarote instó al Tribunal Supremo a que elevase una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este dictaminase si España está aplicando bien en este caso las directivas comunitarias que regulan la protección del medio ambiente y la industria de extracción de hidrocarburos.

A esto último, el Alto Tribunal respondió al Cabildo que este no es el momento de decidir si procede o no elevar esa consulta a la Justicia europea, porque esa es «una cuestión a resolver en el asunto principal y en un momento posterior al presente».

En cuanto a las razones invocadas por el Cabildo de Lanzarote para solicitar una suspensión provisional, basadas en la concurrencia de apariencia de buen derecho, en la existencia de «periculum in mora» y en la ponderación de los intereses concurrentes, el Tribunal Supremo entendió que son las mismas que las que planteaba el Gobierno de Canarias en la petición de medidas cautelares que ya desestimó el año pasado. Y las rechazó remitiéndose de forma expresa a las razones por las que no aceptó entonces los planteamientos del Gobierno canario.

«No cabe sostener que, con carácter inmediato, se produzcan perjuicios irreparables o irreversibles al medioambiente, derivados de la realización de aquellos trabajos exploratorios de prospección que se ejecutarán en el tercer, cuarto, quinto, y sexto año, que se encuentran condicionados a la tramitación y obtención de las autorizaciones correspondientes, que deben cumplir las medidas de protección medioambiental», reiteró el Alto Tribunal.

El Supremo citó de nuevo el auto con el hace un año contestó al Gobierno canario para subrayar que «es incuestionable el valor ecológico» del archipiélago y «la relevancia del sector turístico pesquero y portuario para su desarrollo», pero que en este trámite de medidas cautelares hay que ponderar todos los intereses públicos y privados en disputa.

Desde ese reconocimiento al valor medioambiental de las Islas Canarias, la Sala añadió: «no cabe eludir que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país, que requiere promover la investigación de yacimientos de esta clase de recursos en áreas concretas, como advierte la exposición de motivos de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos».

El Tribunal Supremo desestima suspender el decreto que autoriza las prospecciones en Canarias

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En un auto, el Tribunal Supremo desestimó las medidas cautelares que le había pedido el Cabildo de Lanzarote (CC-PSOE), que defiende que las prospecciones que va a realizar Repsol a 60 kilómetros de sus costas pueden poner en peligro los recursos naturales de las islas y su principal actividad, el turismo, puesto que «no ha lugar la adopción de la medida cautelar de suspensión del RD 547/2012, de 16 de marzo, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados ‘Canarias-1’, ‘Canarias-2’, ‘Canarias-3’, ‘Canarias-4’, ‘Canarias-5’, ‘Canarias-6’, ‘Canarias-7’, ‘Canarias-8’ y ‘Canarias-9′».

El Cabildo de Lanzarote solicitó adoptar la medida cautelar de la suspensión de dicho RD haciendo referencia a las exigencias de la Directiva 94/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 30 de mayo, en relación a las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos, así como sobre la supuesta incompatibilidad de la Ley del Sector de Hidrocarburos con el derecho comunitario.

En este sentido, el Cabildo de Lanzarote instó al Tribunal Supremo a que elevase una consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este dictaminase si España está aplicando bien en este caso las directivas comunitarias que regulan la protección del medio ambiente y la industria de extracción de hidrocarburos.

A esto último, el Alto Tribunal respondió al Cabildo que este no es el momento de decidir si procede o no elevar esa consulta a la Justicia europea, porque esa es «una cuestión a resolver en el asunto principal y en un momento posterior al presente».

En cuanto a las razones invocadas por el Cabildo de Lanzarote para solicitar una suspensión provisional, basadas en la concurrencia de apariencia de buen derecho, en la existencia de «periculum in mora» y en la ponderación de los intereses concurrentes, el Tribunal Supremo entendió que son las mismas que las que planteaba el Gobierno de Canarias en la petición de medidas cautelares que ya desestimó el año pasado. Y las rechazó remitiéndose de forma expresa a las razones por las que no aceptó entonces los planteamientos del Gobierno canario.

«No cabe sostener que, con carácter inmediato, se produzcan perjuicios irreparables o irreversibles al medioambiente, derivados de la realización de aquellos trabajos exploratorios de prospección que se ejecutarán en el tercer, cuarto, quinto, y sexto año, que se encuentran condicionados a la tramitación y obtención de las autorizaciones correspondientes, que deben cumplir las medidas de protección medioambiental», reiteró el Alto Tribunal.

El Supremo citó de nuevo el auto con el hace un año contestó al Gobierno canario para subrayar que «es incuestionable el valor ecológico» del archipiélago y «la relevancia del sector turístico pesquero y portuario para su desarrollo», pero que en este trámite de medidas cautelares hay que ponderar todos los intereses públicos y privados en disputa.

Desde ese reconocimiento al valor medioambiental de las Islas Canarias, la Sala añadió: «no cabe eludir que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país, que requiere promover la investigación de yacimientos de esta clase de recursos en áreas concretas, como advierte la exposición de motivos de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos».

Cae el consumo de productos petrolíferos un 15,2% hasta marzo

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Según datos del último boletín mensual de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), la caída habría sido menor, del 12,3%, si se elimina este efecto estacional de la Semana Santa.

En todo caso, el descenso en dos dígitos responde a una caída del 9,6% en el producto petrolífero más consumido, que es el gasóleo, con más de la mitad del total, 7,04 millones de toneladas hasta marzo.

La demanda de fuelóleos se situó en 1,9 millones de toneladas, un 19,8% menos, mientras que la de gasolina descendió un 10,7% y se situó en 1,05 millones.

Los gases licuados del petróleo (GLP) registran un consumo de 523.000 toneladas, un 10,3% menos, mientras que el descenso entre los querosenos fue del 7,7%, hasta 1,03 millones de toneladas.

En abril bajó la demanda de gasolinas en un 10,3%, la de gasóleos en un 7,1% y la de los GLP en un 4,5%, mientras que el de querosenos repuntó un 5,6%.

Caso YPF (II): los errores de Cristina Fernández de Kirchner

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Mientras se hacía patente el interés de Repsol en otros países del continente, la progresiva caída de la producción de gas y de petróleo en Argentina provocó un aumento de las importaciones de dichas fuentes de energía. Para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el culpable de esta situación respondía a las siglas de YPF, a la que acusaba de falta de inversiones suficientes para descubrir y explotar nuevos yacimientos que permitieran aumentar la extracción de crudo y gas.

De hecho, a comienzos de 2012, Argentina exigió a YPF suspender el pago de dividendos y reinvertir esos fondos para frenar la caída de la producción. La negativa de YPF a estas exigencias elevó a conflicto la pugna entre Repsol y Kirchner. Además, la presidenta argentina había perdido con sus pretensiones a un aliado: Eskenazi necesitaba los disputados dividendos para continuar pagando la deuda adquirida al comprar el 25% de YPF.

Intervenir en las decisiones empresariales de YPF no fue el único intento de Kirchner. Para presionar a Repsol-YPF, el Gobierno argentino inició una investigación antimonopolio por abuso de posición dominante en el mercado de combustibles. Además, tres provincias petroleras le retiraron concesiones en ciertas áreas de explotación por no cumplir con las pautas establecidas de inversión. Pero la decisión crucial ya estaba tomada y el 16 de abril de 2012 Cristina Fernández de Kirchner presenta el proyecto de ley « De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina » para la expropiación de YPF: el 51% de la compañía pasaba a ser propiedad de Argentina.

Axel Kicillof: el dedo acusador de la presidenta

El encargado de defender este proyecto de ley ante el Senado argentino fue el joven y locuaz Axel Kicillof, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, un cargo secundario que no hace honor al protagonismo emergente del que en Argentina conocen como «viceministro de Economía». Máximo exponente de La Cámpora, facción del peronismo que se ha hecho con el timón de la política económica de Argentina, este Doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires fue subgerente general de Aerolíneas Argentinas, escena en la que se reveló como un férreo defensor de la nacionalización de la empresa y la permanencia del Estado en su dirección después de la salida de la española Marsans.

Desde la tribuna de oradores del Senado argentino, Kicillof defendió con vehemencia la expropiación argumentando que YPF, en lugar de una empresa privada, debía ser un instrumento más al servicio del desarrollo y las necesidades del Estado. Tampoco dudó en señalar a Repsol como algo diferente a una petrolera: «es un negocio financiero de ganancias fáciles para llevárselas al exterior» y la acusó de exprimir «hasta la última gota» los beneficios de la YPF, adquirida en 1999. Para concluir, Kicillof menospreció a los que advertían a Argentina de que se vería marginada en los mercados internacionales por su falta de seguridad jurídica acusándoles de «agitar fantasmas».

Así se expresaba el auténtico cerebro de la expropiación a YPF. Para sus detractores, un economista marxista que reniega del mercado y algo fanfarrón. Para sus defensores, un brillante defensor de lo público. Lo que a nadie se le escapa es que la confiscación de YPF se realizó a través de un trámite acelerado, que violó todos los pasos de la ley argentina de expropiaciones y que incumplió de forma flagrante el tratado bilateral de inversiones con el Estado español: un acto de manifiesta hostilidad en el ámbito de las finanzas internacionales.

YPF, año cero

Al frente de la YPF nacionalizada se colocó a Miguel Galuccio, un ingeniero que había abandonado la antigua YPF a los pocos meses de ser adquirida por Repsol. Un año después, las cifras ponen en duda su gestión, pero aún más en duda la propia expropiación: el beneficio neto de YPF ha caído a los 3.902 millones de pesos, 770 millones de dólares, un 12,2% menos que en 2011, cuando la compañía estaba gestionada por Repsol.

Entre tanto, la producción argentina de gas y de crudo sigue cayendo. En 2012, la producción de gas descendió otro 3,1%, y la de petróleo, un 4,3%. Resultados parecidos para la YPF nacionalizada: su producción de gas cayó un 2,6%. Y, aunque la de petróleo subió un 2,2% interanual, hay que señalar que a partir de agosto empezó a bajar, una tendencia negativa que se mantiene este año. Datos que alejan más a Kirchner y a Kicillof del ansiado autoabastecimiento energético: las importaciones de energía crecieron un 57% interanual durante el primer trimestre de 2013. Y ahora los mandatarios argentinos ya no pueden utilizar a Repsol como chivo expiatorio.

Mientras tanto las malas noticias se acumulan en la mesa de Miguel Galuccio. El pasado agosto presentó un plan quinquenal que requiere una inversión total de 37.200 millones de dólares: 7.440 millones por año. El plan consistía en que YPF aportaría anualmente 5.200 millones de sus propios beneficios; además, se endeudaría por otros 1.300 y los socios privados aportarían el resto. El fracaso está siendo mayúsculo: el beneficio (770 millones de dólares) se ha quedado a una distancia sideral de lo previsto. El principal comprador de bonos de deuda de YPF es la Anses, el equivalente al Instituto Nacional de la Seguridad Social en España, que ya ha comprado bonos por valor de más de 600 millones de dólares. Una institución del Estado argentino al rescate de Galuccio y de Kicillof.

YPF no encuentra socios internacionales. La realidad es que Argentina se ha quedado con la principal empresa del país sin pagar nada. La falta de acuerdo y de diálogo con Repsol ha llevado a la petrolera española a presentar una demanda ante el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Una complicación más para un Gobierno que ha despreciado al mercado y a la seguridad jurídica y que ahora se muestra incapaz de encontrar la inversión necesaria para sus planes. A la espera de la indemnización que se determine, Repsol ya ha advertido a otras petroleras de los derechos que tiene sobre yacimientos como el de Vaca Muerta, otra de las razones que empujaron a la expropiación de YPF y que protagonizará la entrega final de este Caso YPF, puesto que acaba de conocerse que el Gobierno argentino ha firmado con la estadounidense Chevron un acuerdo para explotar el yacimiento.

Las estaciones de servicio piden el mismo nivel fiscal en todo el país

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Así se ha pronunciado el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Javier Bru, en atención a los periodistas antes de inaugurar el II Foro Regional de Estaciones de Servicio, que se celebra en Toledo, junto con la máxima rectora de la Federación de Castilla-La Mancha (Fecamaess), Isabel Rodríguez.

Bru ha reflejado que el problema más grave es la «desarmonización fiscal, el diferente nivel impositivo según qué comunidad, que consideramos no tiene ningún sentido».

Ha confirmado que las propuestas planteadas a la Administración central pasan por «armonizar el tema fiscal» para evitar choques entre comunidades y Hacienda, como también el nivel de competencia que se contempla en el decreto ley que está en trámites y que regula la duración temporal de los contratos para la venta de combustible.

«Nos preocupa mucho cómo se termine», ha ampliado Bru, quien ha reconocido que «contiene cuestiones interesantes, pero no es menos importante que la regulación y como se redacta porque el efecto podría ser contraproducente».

Bru se ha quejado de que «la carga impositiva que estamos soportando ahora no es de recibo, con un IVA al 21%, unos impuestos especiales y el céntimo sanitario», gravamen este sobre el que ha dejado muy claro que el sector no tiene por qué asumir.

«Por más que sea honroso, honesto, entendemos que no tenemos que porqué estar pagándolo nosotros», ha razonado Bru, con el que ha coincidido Isabel Rodríguez, quien ha detallado que «las estaciones de nuestra región se han visto muy afectadas» con el céntimo sanitario, «y todavía más al no aplicarse en Madrid».

Venezuela y Rusia suscribirán un acuerdo para la creación de una compañía petrolera conjunta

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El ejecutivo ruso fue recibido en la cancillería venezolana por Jaua quien señaló que «el objetivo principal de la visita de Igor es firmar la constitución de una nueva empresa mixta entre Petróleos de Venezuela y la empresa Rosneft, para explotar otro de los Bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco«.

El convenio de creación de la empresa, que se llamará PetroVictoria, será suscrito en el Complejo de Jose, en el estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela.

El Gobierno venezolano decidió en el 2007 crear empresas mixtas en la Faja, que alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, entre PDVSA y las petroleras internacionales, siempre dejando a la estatal venezolana como socio mayoritario.

Jaua señaló que durante su encuentro con Sechin ambos pasaron revista a la cooperación técnico-militar y conversaron sobre el mantenimiento, equipamiento y logística del sistema de armamento adquirido por Venezuela a Rusia.

La cancillería informó que durante la reunión se abordaron también detalles técnicos de la asistencia del presidente, Nicolás Maduro, a la Cumbre de Países Exportadores de Gas que se realizará en Rusia en julio próximo.

Sechin dijo a los periodistas que durante su visita, ambos países continuarán «con las conversaciones» y profundizarán su relación «en el área de creación de empresas de servicios» para la industria petrolera.

Los transportistas por carretera denuncian que el coste de los carburantes les está causando «graves problemas financieros»

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Además, aseguraron que «las petroleras se están beneficiando de la caída de los precios del petróleo» y experimentando «un aumento sustancial de sus márgenes brutos», según se aprecia en el último informe de supervisión mensual de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La caída del precio del petróleo internacional, afirmaron los transportistas, no llega a los usuarios finales, ya que las empresas de distribución están aprovechando la coyuntura para aumentar sus márgenes de ingresos.

Además, ASTIC y CETM aludieron al «entramado de cargas impositivas estatales, especiales y autonómicas que hacen que el panorama en los surtidores sea sensiblemente distinto» al que recogen las cotizaciones internacionales.

«Para las empresas de transporte por carretera», afirmaron, «la partida de combustible representa un 40% de sus costes de funcionamiento, por lo que esta situación hace que muchas compañías se vean inmersas en graves problemas financieros ajenos a su gestión o incluso abocadas al cierre».

El informe de la CNE al que hicieron referencia las asociaciones indicó que, a pesar de la caída de la demanda de combustibles, los márgenes brutos de distribución de los operadores se incrementaron nuevamente en los primeros meses del año, hasta registrar subidas acumuladas del 31% y del 13% en gasolina y gasóleo, respectivamente.

ASTIC y CETM expresaron su malestar ante este «desequilibrio» entre los márgenes de unas empresas y las dificultades de otras, ya que «castiga, en favor de los distribuidores, al sector del transporte por carretera, que ha perdido en los últimos dos años unas 30.000 empresas».

El transporte por carretera, aseguraron, es un sector «clave para la economía española en general y para las exportaciones en particular, que actualmente sustentan la balanza comercial en España».

Pese a ello, «se sigue maltratado en comparación con otros sectores como el ferroviario, la pesca o la agricultura», a los que se les ofrecen regímenes de fiscalidad sobre combustibles «mucho más favorables», señalaron.

Las emisiones se reducen desde 2007 y se sitúan en niveles de 1999

Las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte por carretera fueron descendiendo de forma progresiva desde 2007 y se situaron en 2012 en niveles similares a los de los años 1999 y 2000, según se aprecia en un estudio sobre este ámbito realizado por la CNE.

Según el regulador, este descenso empezó a producirse por primera vez en 2007 y responde a la caída en el consumo de gasolina y gasóleo, a la incorporación del uso de biocarburantes y a la mayor eficiencia de los vehículos nuevos con menores emisiones.

La CNE también constató que las emisiones de gases precursores del ozono troposférico se redujeron drásticamente desde los años noventa gracias a la instalación de catalizadores en los vehículos y de sensores que miden la riqueza de la combustión.

Estos aparatos permitieron reducir notablemente las emisiones de CO (monóxido de carbono) y de NOx (óxidos de nitrógeno), al tiempo que la prohibición de la venta de gasolina con plomo en España desde 2001 favoreció la reducción de los COVNM (compuestos orgánicos volátiles no metánicos).

El regulador también indicó que los gases contaminantes acidificantes se redujeron igualmente, sobre todo el SO2 (dióxido de azufre), gracias a la mejora de la calidad de los carburantes y las limitaciones de contenidos en azufre en gasolinas y gasóleos desde 2009.

En 2012, prácticamente se erradicaron de las emisiones ligadas al transporte, después de que la evolución de las emisiones de SO2 cayeron a un ritmo «vertiginoso» anual del 25% a partir de mediados de los años noventa.

La eliminación de este agente se logró gracias a la mejora de la calidad de los carburantes, que limita su contenido en azufre, y que desaparece de gasolinas y gasóleos desde 2009.

La CNE también indicó en su informe que el transporte por carretera supone el 32% de la energía final total consumida en España y que, a pesar de la creciente penetración de biocarburantes en los últimos años, los productos petrolíferos continúan pesando más del 80% sobre la energía consumida en esta actividad.

El transporte por carretera es el responsable del 22,4% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en España, señaló el regulador en su informe.

Técnicas Reunidas construirá una refinería por 855 millones de euros en Turquía con otras dos empresas

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Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este nuevo contrato le garantiza un «importante» posicionamiento en el mercado turco de cara a nuevas y «significativas» inversiones en este país.

La empresa adjudicadora, Socar Turkey Enerji licitó así un contrato para la ingeniería, compras de bienes de equipo, construcción y puesta en marcha de la refinería Socar Turkey Aegean Refinery (STAR) que tendrá una capacidad de procesamiento de petróleo de 10 millones de toneladas de petróleo.

Este proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 49 meses, permitirá al sector de refino turco reducir de manera sustancial su déficit exterior mediante la producción local de nafta, diésel, queroseno y LPG.

Técnicas Reunidas ejecutó hasta la fecha ocho proyectos para empresas como Tüpras, Ipras y Botas así como proyectos adicionales relacionados con el ácido nítrico y los fertilizantes, todos ellos en Turquía, y considera a este país como uno de sus mercados prioritarios.

El BEI aporta 200 millones a Repsol para proyectos de I+D

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El BEI financiará investigaciones que desarrolla Repsol en diversos campos como el transporte de gas natural, la eficiencia energética, mejoras en el proceso de refino del petróleo o almacenamiento de CO2.

Asimismo se incluyen programas para el desarrollo de sistemas y productos en el ámbito de generación de energía renovable, bioenergía y soluciones de trasporte.

El plan estratégico de Repsol contempla 400 millones de euros de inversión en investigación y desarrollo.

Las inversiones responden a los objetivos de la Unión Europea y del BEI de apoyo a «la energía sostenible, competitiva y segura, así como al fomento de la eficiencia energética y la capacidad tecnológica de las empresas europeas».

Se trata de un importante refuerzo para el trabajo que la compañía realiza en I+D, factor clave para Repsol, que cuenta con un Plan Estratégico de Tecnología como parte de su estrategia empresarial.

La mayor parte de los proyectos se desarrollan en el Centro de Tecnología Repsol, situado en Móstoles (Madrid) con unos 56.000 m2 construidos. Más de 400 científicos e investigadores trabajan en sus instalaciones, que fueron inauguradas en el año 2002.

El centro está involucrado en numerosos proyectos de investigación, nacionales e internacionales, colabora con universidades y empresas especializadas en múltiples materias y cuenta con un completo equipamiento.

El acuerdo entre la institución económica europea y la compañía se concertó en el Campus de Repsol con la firma de la vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez y el presidente de Repsol, Antonio Brufau.