Los hogares españoles gastan unos 1.100 euros en energía al año

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Europa Press / EFE.- Las familias españolas gastaron en 2015 en energía 1.100 euros de media, en electricidad, gas y otros combustibles para uso doméstico, en 2015, según los datos de los indicadores Habits Big Data que elabora AIS Group. Esta cifra representa el 4% del gasto total medio de las familias españolas, cifrado en 27.400 euros al año, según el estudio elaborado por la firma sobre el gasto energético en los hogares.

Los datos corresponden a 2015 ya que es el último año del que existen datos relativos al gasto, por lo que para hacer una aproximación a 2016 se ha realizado un cálculo teniendo en cuenta la variación del IPC en cada provincia. El director de desarrollo de negocio de AIS Group, Agustí Amorós, destacó que en 2016 de media cada familia española habría destinado entre 15 y 20 euros más a energía, incrementándose el gasto medio hasta los 1.130 euros».

Según el estudio, los hogares con mayor gasto en energía fueron los de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y Aragón. Así, las familias toledanas encabezan el ranking, con más de 1.520 euros en 2015 y, teniendo en cuenta el incremento del IPC en esta partida, habrían llegado a superar los 1.565 euros en 2016. Tras Toledo, el gasto más elevado sería el de Guadalajara, donde de media se habrían alcanzado los 1.450 euros en 2015 y casi 1.480 en 2016. Ciudad Real (1.416 euros), Soria (1.407 euros) y Cuenca (1.407 euros) completan la lista de las cinco provincias con el gasto medio familiar en energía más elevado de España.

El menor gasto en Canarias

Por su parte, las provincias canarias son donde los hogares destinaron menos a estos suministros energéticos en 2015, con algo menos de 660 euros. También se encuentran entre los más bajos el gasto en las provincias andaluzas, desde los 870 euros de Cádiz (880 euros en 2016) y Almería (890 euros en 2016), a los 920 euros de Sevilla y Granada (940 euros en 2016).

En lo que respecta a electricidad, el gasto medio familiar ascendió a 720 euros, el 2,6% del gasto total de las familias. Actualizando la cifra al IPC de 2016 para esta partida, el gasto habría ascendido hasta los 732 euros. Las familias baleares son con diferencia las que más dinero invierten en luz, 935 euros en 2015 y 950 en 2016 950, mientras que las que menos dinero gastaron fueron los habitantes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con menos de 625 euros en 2015 y entre 630 y 640 euros en 2016.

En lo que se refiere al gas, se registró un gasto medio por hogar de 275 euros en 2015, mientras que en el resto de combustibles la media se situó en 130 euros. Madrid fue la provincia donde el gasto medio de gas fue mayor, cada hogar en 2015 destinó 512 euros de media y 516 en 2016, y las Canarias volvieron a ser las provincias que presentaron un menor gasto, unos 35 euros tanto en 2015 como en 2016. En el caso de Baleares, a pesar de ser la provincia con mayor gasto en electricidad, presenta uno de los gastos más bajos en cuanto al gas, 122 euros en 2015 y 124 en 2016.

Gas Natural Fenosa destina 4,5 millones de euros a un nuevo plan de vulnerabilidad energética

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EFE / Servimedia.- Gas Natural Fenosa dedicará 4,5 millones de euros a aplicar un nuevo plan de vulnerabilidad energética que le permitirá hacer un seguimiento integral en toda España de los posibles clientes vulnerables y que prevé medidas para flexibilizar el pago de los recibos pendientes. El plan, aprobado por el consejo de administración, busca «intensificar» las actuaciones que ya venía realizando la compañía suministradora, además de fortalecer la colaboración con administraciones públicas y entidades del Tercer Sector, según ha informado la compañía.

El seguimiento de los clientes que puedan estar en una situación de vulnerabilidad se realizará a través de una Unidad de Atención a la Vulnerabilidad, que Gas Natural acaba de crear y en la que trabajan unas 60 personas. Además la compañía desarrollará un Grupo de Gestión de Colectivos Especiales y activó una línea telefónica gratuita para atender clientes en situación de vulnerabilidad (900 724 900). En el marco de este paquete de medidas, también ofrecerá flexibilizar el pago de los recibos a los clientes vulnerables, ampliando, entre otros aspectos, el periodo de devolución de la deuda hasta dos años y eliminando la cuota inicial.

A través de su fundación, la compañía lanzará además una línea de ayudas para entidades sociales que trabajen con personas vulnerables y colaborará con ellas para buscar alternativas para ayudar a las personas afectadas por la pobreza energética. Otra de las iniciativas es la creación de la Escuela de Eficiencia Energética, que apoyará a entidades del tercer sector y que formará al personal de los Servicios Sociales en vulnerabilidad energética. La fundación impulsará, coordinará y financiará también un programa de voluntariado corporativo solidario y desarrolla un programa piloto orientado a la rehabilitación y conservación energética de edificios de colectivos vulnerables.

Gas Natural asegura que, en estos momentos, cuenta con más de 400 acuerdos bilaterales con administraciones de toda España, que han permitido proteger al 93% de los clientes en el país. La compañía ha detallado también que paralizó el corte de suministro a 18.000 clientes vulnerables, de 1.175 poblaciones en todo el país, cuya situación ha sido trasladada por las administraciones. El debate sobre la pobreza energética se puso en primer plano a raíz de un suceso ocurrido en Reus (Tarragona) el pasado noviembre, cuando una anciana que tenía la luz cortada murió en un incendio causado por una vela.

Organizaciones sociales piden al Congreso ir más allá del decreto de PP y PSOE contra los cortes de luz

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Europa Press / EFE.- La Plataforma por un nuevo Modelo energético y la Alianza contra la Pobreza Energética trasladaron a los grupos parlamentarios sus propuestas para «mejorar» y conseguir un decreto de bono social y protección contra los cortes de suministro «más garantista», que incluya una definición de consumidor vulnerable y la obligación de las compañías eléctricas de solicitar información sobre los consumidores antes de efectuar un corte de luz.

Las organizaciones sociales se han reunido ya con Ciudadanos, Podemos y partidos del Grupo Mixto, que se han mostrado «muy receptivos» a sus propuestas ante la «inquietud» compartida por el problema de la pobreza energética, que afecta al 11% de la población española. Así lo ha asegurado el portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Rodrigo Irurzun, que considera que el decreto ley pactado entre el PP y el PSOE es «totalmente insuficiente» por «muchísimos motivos», como el hecho de que solo protege contra los cortes de luz y no afecta a los suministros de gas o agua.

Ante la convalidación del decreto, Irurzun ha pedido «voluntad política» para su tramitación y ha denunciado que no hay una definición correcta del consumidor vulnerable, ya que hay «muchos consumidores que necesitan bono social y no están atendidos y otros que están con bono social y no tienen una necesidad económica». De esta forma, precisó que sus peticiones pasan por que la definición del consumidor vulnerable sea «lo más garantista posible», de forma que se valore el número de personas que convivan en la vivienda, sus situaciones agravantes como pueden ser la convivencia de alguna persona en situación de gran dependencia, mayores de 80 años, discapacidad del 75% o superior, o motivos de salud que requieran un elevado consumo energético.

Las organizaciones entienden por hogares en situación de vulnerabilidad aquellos que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), si se trata de personas que viven solas, cifra que se incrementará en 0,25 veces el IPREM por cada persona adicional. Para una persona, la propuesta de las organizaciones sociales contempla unos ingresos de 1.331,28 euros, para dos 1.464,4 euros y para tres 1.597,53 euros. En el caso de hogares vulnerables severos contemplarían ingresos menores: para una persona, 1.065,02 euros, para dos 1.198,15 euros y para tres 1.331,28 euros.

Antes del corte de suministro

La propuesta de las organizaciones sociales establece el principio de precaución para evitar los cortes de suministro a aquellos consumidores que no pueden pagar los recibos por falta de medios económicos. La portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, María Campuzano, ha subrayado la importancia de que se aplique el principio de precaución para evitar que se vuelvan a repetir casos como el de la mujer fallecida en Reus por un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse como consecuencia de un corte de suministro por impago.

De esta forma, las organizaciones piden que las empresas suministradoras tengan la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales antes de efectuar un corte de suministro por impago, para asegurar que el hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad severa. En cuanto al bono social, las entidades consideran que el mecanismo de financiación planteado el mes de diciembre penaliza a las comercializadoras con mayor número de clientes de consumo reducido, aquellas que cuentan con más contratos en el sector doméstico y a las pymes. Por ello, exigen una forma de financiación que no sea «discriminatoria, desproporcionada e injusta». Asimismo, solicitan que el reglamento proteja más allá de quienes están en el PVPC y seguidos por servicios sociales.

Más allá de estas propuestas, las organizaciones sociales ven necesario una ley estatal de mitigación y reducción de la pobreza energética que contemple la totalidad de los suministros básicos (agua, luz, gas y otros combustibles) y que garantice un derecho universal a su acceso, en un contexto de 7.000 muertes al año por causas vinculadas a la pobreza energética. Irurzun califica de «indecente» que en España haya personas que no puedan calentar sus hogares a unos niveles «mínimos» de habitabilidad y se produzcan situaciones en las que las familias tienen que «iluminarse con velas, haya niños bañándose con agua fría y no se calienten alimentos».

Por último, Irurzun ha dicho que «no se puede entender» que las compañías eléctricas obtengan beneficios millonarios que «reparten entre accionistas» y que se esté cortando la electricidad a familias por su situación económica. Igualmente, Campuzano reprocha a las eléctricas que «las que no se benefician son las familias que hacen equilibrios para poder pagar sus facturas», y advierte que estas dificultades las sufren muchas familias que aún pagando sus recibos no encienden la calefacción para no encarecer su factura.

El PP se marca como objetivo político la congelación de los peajes de luz y gas

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Europa Press.– El PP fijará entre sus objetivos políticos la congelación de la parte de la factura de electricidad y de gas que depende del Gobierno, esto es, la dedicada a sufragar los costes regulados, al tiempo que mantiene el compromiso de evitar que se generen déficits de tarifa en estas actividades. Esta pretensión aparece recogida en la ponencia sobre economía y administración territorial que será presentada en el decimoctavo congreso del PP, que se celebrará en febrero. La ponencia ha sido coordinada por Javier Arenas.

«En el ámbito de la energía, deberemos esforzarnos por evitar generar nuevos déficits», afirma el documento, en el que se indica que el partido «defenderá la congelación de la parte de la factura que depende del Gobierno y contribuirá a que la mejora de la eficiencia y la competencia contribuyan en un mejor y más accesible servicio al consumidor«. La ponencia también apela a la necesidad de un mix energético «sostenible y respetuoso con los compromisos en la lucha contra el cambio climático», en el que se fomenten la eficiencia energética y las energías renovables.

Impulsará Ley de Transición Energética

Para acometer este reto, el PP se muestra partidario de aplicar los métodos más «efectivos y eficientes en coste», conforme al modelo propuesto a nivel europeo en el paquete de invierno de la Comisión Europea. Para ello, impulsará una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El partido también se compromete a impulsar un pacto por la Energía que «garantice la seguridad jurídica, fomente la competencia y que sirva de apoyo a la estrategia española de conexiones internacionales«. De hecho, las interconexiones deben ser una «prioridad estratégica para Europa», aseveran.

«Será necesario también reforzar nuestro compromiso a favor de las medidas de eficiencia energética impulsándolas tanto en hogares, particularmente en los de rentas más bajas, como en empresas y administraciones públicas», indica la ponencia. El documento califica además de «fundamental» la protección al consumidor, así como el refuerzo en la información que se ofrece a los clientes en la contratación y gestión de los contratos de suministro energético a hogares.

También indica que, tras el reciente fallo del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social de luz, el PP ha actuado «para que el mismo no lo termine pagando el contribuyente ni el consumidor energético». «Además, hemos logrado un buen pacto para regular la problemática de los cortes de suministro a los hogares cuyo grado de vulnerabilidad es más severo, con la participación de las compañías y los servicios sociales de las autoridades competentes a nivel local», añade, en alusión al acuerdo con el PSOE y Ciudadanos.

2017 arranca con alzas en los precios energéticos como consecuencia de la subida del petróleo

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EFE.- En lo que respecta a los suministros energéticos, la subida del petróleo en las últimas semanas ha hecho arrancar el año con incrementos en los carburantes y en la tarifa regulada del gas, así como en el mercado mayorista eléctrico, lo que presionará al alza el recibo de la luz. A pesar de que el Gobierno ha congelado los peajes, que suponen la mitad de los recibos de luz y gas, la otra parte, el componente energético encarecerá las facturas.

En el caso del gas, la tarifa de último recurso (TUR) subió una media del 3,5% desde principios de mes. En la electricidad, el incremento del recibo regulado PVPC dependerá de cómo evolucione el mercado mayorista, al alza desde hace semanas, por lo que también se esperan precios más altos. Por su parte, la bombona de butano se mantendrá en 12,28 euros hasta que se revise el tercer martes de enero. Sobre los carburantes, terminaron el año en máximos anuales, a 1,215 euros la gasolina y 1,105 euros el gasóleo, tras unas semanas de fuertes repuntes que, previsiblemente, se prolongarán en este arranque de 2017.

Portugal combate la pobreza energética con tarifas sociales que se aplican de forma automática

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EFE.- Portugal combate la pobreza energética con una tarifa social que se aplica de forma automática a las familias con rentas más bajas, para aliviar la carga que supone pagar las facturas de luz y gas en el país con los precios de la electricidad más altos de toda Europa. El Ejecutivo portugués alteró sus tarifas sociales para la luz y el gas en junio, cuando estableció que esos descuentos se aplicarían de forma automática a los beneficiarios, sin necesidad de solicitarlos.

Con esta medida, que entró en vigor ya en julio, el Gobierno del socialista António Costa buscaba ampliar el número de beneficiarios de estas tarifas, aplicadas desde 2010 para la electricidad y desde 2011 para el gas, pero que alcanzaban a un número de consumidores muy inferior al esperado. El anterior Gobierno, de signo conservador, ya alteró los criterios iniciales para ampliar el acceso, pero los números seguían siendo bajos porque era necesario solicitar el descuento a la compañía, lo que corrigió ahora el Ejecutivo.

«Hay más de 690.000 familias que ya se benefician de la tarifa social de la electricidad. Antes no llegaban a 100.000″, explicó Natalia Nunes, responsable de Deco, la principal asociación de consumidores de Portugal. La cifra actual supone más del 10% de los clientes domésticos de Portugal. En el caso del gas se pasó de unos 15.000 beneficiarios a 31.000, números mucho más bajos que en el mercado de la electricidad porque en Portugal el acceso al gas natural es muy reducido. «Sólo en las grandes ciudades como Lisboa, Oporto y poco más existe acceso al gas natural», señaló Nunes.

Descuentos en torno al 30%

Las tarifas suponen un descuento del 33,8% respecto a los precios de referencia del mercado regulado en el caso de la luz y del 31,2% en el del gas. Ambas se aplican a los clientes «económicamente vulnerables«, con unos ingresos anuales inferiores a los 5.808 euros para un agregado familiar de un individuo, es decir, alguien que recibe menos del salario mínimo, que en Portugal está en 530 euros mensuales.

El límite se incrementa en tramos del 50% por cada miembro adicional que no percibe ningún ingreso, ya que si dos personas de la familia tienen ingresos, aunque sean inferiores al tope establecido, no pueden beneficiarse de la medida, un detalle que a ojos de Deco debe ser mejorado. «Estas son las restricciones de la ley. La aplicación automática es muy positiva, pero la ley necesita algunos cambios para que se aplique de forma efectiva a todas las personas en situación de dificultad», consideró Nunes.

La tarifa social también se aplica a los consumidores que reciben ciertas prestaciones sociales, como el complemento solidario para ancianos, el ingreso social de inserción o el subsidio social de desempleo, aunque en estos casos la factura debe estar a nombre del beneficiario de la prestación. Portugal, que todavía siente los efectos de una crisis que le mantuvo tres años bajo el rescate financiero de la troika, es el país europeo con el precio más alto de la electricidad y del gas en función del poder de compra, según Eurostat. Para algunas familias, estos precios suponen dedicar más del 10% de sus ingresos mensuales a la factura eléctrica, según Deco.

PNV y PSOE apuestan por explorar una normativa contra la pobreza energética en el País Vasco

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EFE.– PNV y PSOE presentaron en el Parlamento vasco una enmienda a la totalidad a una proposición de Podemos en la que instan al Gobierno de Vitoria a promover una normativa propia que haga frente a la pobreza energética. En su enmienda, los dos grupos que apoyan al Gobierno vasco apuestan por esta iniciativa, recogida ya en su acuerdo de gobernabilidad, como desarrollo de las propias competencias de las posibilidades que ofrece la modificación de la Ley del Sector Eléctrico.

Esta propuesta conjunta es un texto alternativo a una proposición no de ley de Podemos en la que este grupo proponía al Parlamento instar al Gobierno de España a poner en marcha la tarifa social en los suministros de electricidad, gas y agua para todas las personas que lo necesiten y a establecer un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad domésticos.

PNV y PSOE circunscriben su enmienda al ámbito autonómico y proponen al Gobierno Vasco que establezca indicadores sobre la pobreza energética y las familias que se ven afectadas, y que evalúe las medidas desarrolladas hasta ahora para atender a los colectivos que la sufren. Apuestan por una normativa propia, desde «la convicción de que la pobreza energética merece atención específica desde los poderes públicos para tratar de revertirla o evitar su agravamiento». Esta propuesta se adapta al anuncio de que en pocos meses existirá un impedimento de interrupción del suministro a familias vulnerables, tras el acuerdo alcanzado a nivel nacional.

Además, piden al Gobierno que siga garantizando mediante las consiguientes partidas presupuestarias las ayudas a las familias que no pueden atender sus facturas por razones económicas sobrevenidas. Unas partidas que se incluyeron por primera vez en los Presupuestos de 2015 a instancias del PSOE, y que en 2016 se han duplicado, «también por impulso socialista, tras impedir que corte el suministro a unas 1.500 familias vascas», según reivindican los socialistas.

Por último, en coherencia con posicionamientos anteriores de la Cámara, se insta al Gobierno vasco a seguir favoreciendo la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética para reducir la factura. También le reclaman que presente una ley comprometida en el acuerdo de gobernabilidad para la Sostenibilidad Energética que incluya entre sus objetivos el ahorro y la eficiencia energética, y el desarrollo de la construcción y edificación de bajo consumo.

La energía cuesta en el País Vasco 1.037 euros por hogar al año, según el Ente Vasco de la Energía

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EFE.- El coste de la energía consumida en las viviendas del País Vasco es de 421 euros por ciudadano y 1.037 euros por hogar, lo que supone un aumento del 3,2% y 2,6% respecto al año 2015, según un estudio del Ente Vasco de la Energía (EVE). El EVE ha hecho público un informe sobre el consumo de energía en Euskadi, que aumentó el año pasado un 1% respecto a 2014, una subida que rompió la tendencia descendente registrada desde 2010.

El informe refleja que ascendió el consumo de energía en todos los sectores, no solamente en el sector transporte como en años precedentes. Así, el consumo energético en 2015 tuvo un ascenso del 5,1% en el sector doméstico, 4% en el sector servicios, 3,4% en el transporte y 1,4% en el primario. El único sector que bajó ha sido la industria con una reducción del 2,8% arrastrada por la siderurgia. En 2015, la demanda eléctrica fue un 0,8% inferior y se cubrió con producción autóctona en un 37,3%, porcentaje que ha disminuido debido al menor funcionamiento de los ciclos combinados.

Por fuentes de energía, el País Vasco sigue dependiendo del petróleo, que supone el 42,4% del consumo, seguido por el gas natural que representa el 25,6%. Este consumo de gas natural se redujo un 3%, consumido principalmente en la industria. La energía eléctrica supuso otro 25% del consumo total, mientras que las renovables aportan el 6,9% del total de la demanda energética de Euskadi, con un aumento del 4,9%, con una aportación mayoritaria de la biomasa, seguida de los biocarburantes, la energía hidroeléctrica, la eólica y finalmente la solar. Por último, el carbón no llega ya al 1% del consumo.

La factura de luz ha bajado un 11% en 2016 y la del gas, un 9%, según Energía

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Europa Press / Servimedia.- El consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en 2016 con respecto a 2015, mientras que en el caso del gas el descenso es del 9%, anunció el Ministerio de Energía, que confirmó que, una vez recibido el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aprobará la congelación de los peajes de electricidad y gas para 2017.

En los últimos años, señala el Ministerio, la parte regulada del recibo, es decir los peajes que dependen de lo fijado por el Gobierno, se ha mantenido constante para el gas natural e incluso ha descendido un 2,8% para la electricidad. «Es la primera vez que se acumulan tres años seguidos de congelación o bajada de peajes como consecuencia de la reforma de los sistemas energéticos, que ha logrado alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y costes y eliminar definitivamente el déficit de tarifa», presume.

Energía recuerda que la otra parte de la factura, correspondiente al coste de la energía y que no depende del Gobierno, varía en función del precio de las materias primas, especialmente del gas y del petróleo, así como de la meteorología. El Gobierno asegura ser «consciente» de que el precio de la energía es “clave” para la competitividad y la creación de empleo», por lo que «esta congelación contribuirá a amortiguar el impacto de las subidas de las materias primas».

El PSOE afea a Podemos sus críticas mientras los sindicatos exigen aplicar «inmediatamente» la prohibición de cortes de luz

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Redacción / Agencias.- CCOO y UGT pidieron un procedimiento urgente que permita la aplicación inmediata del acuerdo para evitar los cortes del suministro eléctrico a las personas vulnerables. Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha afeado a Podemos sus críticas sobre el «oscurantismo» del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los socialistas para prohibir los cortes de suministro de luz, y le reprochó en todo irónico que si lo hubiese suscrito la formación morada sería «extraordinario”.

«Si Podemos hubiera conseguido el acuerdo sería excelente, magnífico, pero como lo ha conseguido el PSOE, no cumple con los objetivos», ha lamentado Saura. En cualquier caso, ha afirmado que para el PSOE no son «importantes» las críticas de Podemos por el acuerdo alcanzado con el Gobierno para evitar los cortes de suministros de electricidad, sino ser la oposición «que resuelve problemas de la gente». «Lo importante no es lo que digan el resto de fuerzas, no es ni la estrategia ni la táctica, lo importante es ser la oposición que resuelve los problemas de la gente, que va cambiando progresivamente la política fiscal, presupuestaria y social del Gobierno», sentenció.

Vara apoya el pacto PP-PSOE

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su apoyo al pacto entre el PP y el PSOE para reformar de forma urgente la ley del sector eléctrico. Vara ha explicado que esta medida se aplicará en función de un criterio de vulnerabilidad que decidirán las comunidades autónomas. El presidente ha declarado que este será uno de los temas que se tratará en la próxima Conferencia de Presidentes, por lo que necesitará tiempo para su aplicación. A su juicio, se trata de una gran apuesta, y el asegurar que la gente que no pueda pagarse la calefacción no pase frío en invierno tiene que ser el objetivo de una sociedad justa.

Los sindicatos lo quieren ya

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que «el acuerdo para prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables es un primer paso en la buena dirección, aunque insuficiente, para reducir los altos niveles de pobreza en España» por lo que piden que se extienda al gas. En cuanto a su puesta en marcha, los sindicatos no consideran admisible que se retrase su aplicación al mes de marzo o abril, «condenando de esta forma a miles de personas a pasar frío este invierno debido a los plazos de tramitación de las normas. No nos cabe duda de que, con voluntad política, se pueden arbitrar mecanismos para adelantar esa protección«.