Unidos Podemos pide que las compañías eléctricas financien íntegramente el bono social y que sólo se conceda según la renta

Europa Press.– Unidos Podemos ha reclamado que el bono social se otorgue en función de la renta del hogar y que sean las empresas del sector eléctrico las que se encarguen de financiar íntegramente el coste de esta medida. Así, Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición no de ley para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en la que exponen sus propuestas de cara al paquete de medidas anunciado por el Gobierno para combatir la pobreza energética.

En su propuesta, exponen que deben ser las compañías eléctricas las que se hagan cargo del coste «íntegro» de esta medida, incluyendo todos los segmentos del sector, y de forma proporcional al volumen de facturación. Asimismo, piden que, a diferencia del actual bono social, que denuncian que es «una tomadura de pelo», la renta sea «el único criterio de adjudicación. Concretamente, unos ingresos de hasta 1,75 veces el IPREM para una persona que resida sola (941,22 euros), un 50% más por cada menor de 14 años, y un 25% más por cada mayor de esa misma edad, y un 100% más por cada consumidor electrodependiente.

Por otro lado, piden que la solicitud y concesión del bono social sea «automática», ya sea de forma presencial o automática, y que las personas consumidoras en el mercado libre puedan acogerse al bono social eléctrico. Otra de las cuestiones que Unidos Podemos quiere que el Gobierno incorpore en su plan de choque contra la pobreza energética es el principio de precaución a la hora de cortar el suministro a un consumidor acogido al bono social, con el fin de que, antes de cualquier interrupción, sea necesario contar con la autorización de los servicios sociales.

En este sentido, piden también que estos servicios sociales puedan realizar peticiones de renovación e inscripción en nombre de las personas que tengan derecho a acogerse y que los mismos cuenten con un fondo suficiente con el fin de desarrollar sus competencias en materia energética. Por último, reclama la reducción del IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables, pues creen que esta medida garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual.

Desbloqueado el cierre de nucleares

Por otro lado, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Josep Vendrell, ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional que anula los acuerdos de la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de la ley del grupo confederal para cerrar las centrales nucleares. «Queda claro que el PP hacía un uso arbitrario y abusivo», ha señalado, en referencia a los vetos del anterior Ejecutivo. Para Vendrell, este documento del Tribunal Constitucional es «un paso importante» en la preservación de «los derechos de los parlamentarios», que, según ha apuntado, también son «los derechos de toda la ciudadanía frente a gobiernos autoritarios».

El Gobierno de Mariano Rajoy vetó en abril la propuesta de Unidos Podemos para un cierre progresivo de las nucleares alegando que la aplicación de esta norma tendría importantes efectos presupuestarios pues mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales. En concreto, Unidos Podemos propone en el texto el cierre de las plantas a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no, y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

El consumo eléctrico de las grandes empresas cae un 3,3% en agosto

Europa Press.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas ha descendido un 3,3% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, según el Índice Red Eléctrica (IRE). Desglosado por sectores, el consumo industrial cayó un 4,5%, y el de los servicios un 1,5%. En el cálculo de estos datos se han tenido en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas.

Comparado con agosto del año pasado y centrado en las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia descendió un 3,9%, la industria química cayó un 14,9%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos un 0,9%, la industria de la alimentación un 1,7% y la industria del papel un 3,6%. Las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas fueron el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con un aumento del 10,6%, la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (2,7%), otras industrias extractivas (6,7%), las actividades de construcción especializada (21,1%) y la fabricación de otro material de transporte (9,8%).

Respecto a los últimos doce meses, el consumo eléctrico de estas empresas, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, creció un 0,5%, respecto al mismo periodo del 2017. Por sectores, el consumo de la industria descendió un 0,2% y el de los servicios aumentó un 0,9%. El IRE es un indicador cuyo objetivo es facilitar información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes y medianas empresas, con una potencia contratada superior a 450 kilovatios. El consumo que representa el IRE supone en torno al 47% de la demanda eléctrica total, correspondiendo el resto de la demanda a consumidores residenciales y otros tipos de consumo.

El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la luz y reducir la parte fija de la factura

Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomienda al Gobierno establecer un tipo de IVA reducido a la luz y reducir la parte fija de la factura como medidas para combatir la espiral alcista de la electricidad. En el caso del IVA reducido, considera que se debe aplicar ya que la electricidad es un bien de «primera necesidad que no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos».

En lo que respecta a la parte fija de la factura, señala que cargar costes fijos en la factura eléctrica dificulta el ahorro, «supone un lastre a la competitividad de las empresas españolas y, además, es poco equitativo, pues no se tiene en cuenta la capacidad de pago del consumidor en un bien de primera necesidad». En este sentido, el Defensor del Pueblo reitera la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que está registrando el precio de la electricidad, «uno de los más elevados de Europa».

Asimismo, muestra su preocupación por este elevado precio de la electricidad, que «es un bien de primera necesidad para todos y esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación o la salud». De esta manera, pide una regulación del sector eléctrico que se marque el objetivo de lograr una energía «más asequible y que, por tanto, resulte más beneficiosa para los consumidores».

Además, el Defensor del Pueblo recomienda a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pida a OMEL y a Red Eléctrica de España que clarifique el mecanismo de formación de precios de la energía eléctrica con «una adecuada difusión y con una versión comprensible para el público». En su opinión, la modificación del actual algoritmo que determina las ofertas redundaría «en una bajada del precio del megavatio en este mercado». Finalmente, el Defensor del Pueblo asegura que está haciendo un seguimiento para comprobar el cumplimiento del bono social de la luz.

Mallorca se apunta a la eficiencia con responsables de gestión energética en 33 ayuntamientos de la isla

EFE.- La figura del gestor energético municipal, encargado de supervisar las tareas relacionadas con los equipos que consumen energía y también contribuir a la lucha contra el cambio climático, estará presente en 33 ayuntamientos de Mallorca. El primer objetivo es lograr un buen control del consumo y el gasto energético mediante la implantación de un sistema de gestión y contabilidad energética municipal. Otro propósito consiste en la redacción del Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima.

El gestor es la persona encargada de las tareas relacionadas con el suministro y el consumo energético de una organización y especialmente de realizar acciones para fomentar el uso eficiente y el ahorro de energía para ajustar el consumo y también de intentar cubrirlo con energías renovables. Los municipios que tendrán gestor energético son: Alcúdia, Andratx, Algaida, Banyalbufar, Binissalem, Bunyola, Campanet, Campos, Capdepera, Costitx, Esporles, Felanitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, y Llucmajor. También Mancor de la Vall, Manacor, Marratxí, María de la Salud, Montuïri, Muro, Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Servera, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Ses Salines, Selva, Sineu, Son Servera y Valldemossa.

El recibo de la luz ha subido casi un 86% en los últimos 15 años, encareciéndose 37 euros, según Facua

Europa Press / EFE.- El recibo de la luz ha subido un 85,7% en solo 15 años, encareciéndose más de 37 euros, según datos de Facua-Consumidores en Acción. En concreto, con las tarifas vigentes en agosto de este año, la factura mensual representa 80,73 euros, frente a los 43,47 euros que suponía en 2003.

Facua señala que un análisis realizado por esta organización sobre decenas de miles de facturas de viviendas ocupadas indica que en España el usuario medio consume 366 kilovatios hora (kWh) mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW. Así, tomando como referencia las tarifas reguladas vigentes en los meses de agosto, la factura pasó de los 43,47 euros de 2003 a 55,31 euros en 2008, 74,81 euros en 2013 y 80,73 euros en 2018.

Además, el análisis de Facua destaca que la parte fija de la factura se incrementó en estos últimos 15 años más de un 150%, pasando el precio de cada kW de potencia contratada de los 1,73 euros/kW/mes de precio final en 2003 a 4,36 euros en agosto de 2018. En cuanto a la parte variable del recibo, el precio del kWh de energía consumida se ha encarecido en un 71,5% desde agosto de 2003, pasando de los 9,80 céntimos de precio final en 2003 a los 16,81 céntimos en 2018.

Facua ha trasladado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica en las que reclama que baje el IVA de la electricidad al 4%, ya que ahorraría al usuario medio casi 130 euros al año. Asimismo, propone la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo.

EDP regalará a sus nuevos clientes domésticos en el mercado libre de electricidad el primer mes de consumo de luz

Europa Press.- EDP ha lanzado una promoción por la que regalará a sus nuevos clientes domésticos en el mercado libre el primer mes de consumo de luz con su producto Máximo Ahorro 24 horas.

La compañía energética indicó que además está promoción, que estará activa hasta finales de año, también mejora las condiciones de sus actuales clientes con descuentos que llegan hasta el 7% en el consumo de luz.

Los clientes domésticos de EDP en el mercado libre consumen energía eléctrica 100% renovable, un factor que se gestiona a través del Sistema de Garantías de Origen de la Electricidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según el informe de la CNMC sobre la evolución del mercado minorista de 2017, EDP fue la comercializadora que más creció, con 65.169 nuevos clientes, que se traduce en un aumento de la cartera comercial del 6%. La cuota de la compañía en el mercado libre se sitúa en el 5%.

La energética también creció en gas, con 32.000 nuevos clientes, un crecimiento de la cartera gasista del 4% respecto a 2016, que la sitúa con una cuota en el mercado libre del 13%.

CC.OO. urge al Gobierno a reformar «en profundidad» el bono social de la electricidad

Europa Press / EFE.- CC.OO. ha instado al Gobierno a que revise «con urgencia y profundidad» el bono social eléctrico, porque el actual es «inoperante» ante la escalada de precios que experimenta la electricidad, según afirmó el sindicato. Para la organización que lidera Unai Sordo es necesario que se implanten medidas «más amplias y estructurales», empezando por la aprobación de la ley integral sobre pobreza energética y estableciendo un bono social energético que incorpore «coordinadamente» a las distintas medidas de lucha contra la pobreza energética.

En concreto, el sindicato considera que esta normativa debería complementarse con la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad, que «ahora solo beneficia a las compañías eléctricas y que es la principal causa del aumento de los precios», e impulsando la rehabilitación energética, estableciendo desde la acción pública medidas concretas y amplias para el aislamiento térmico de viviendas de consumidores vulnerables. Ante la proximidad del vencimiento de plazo para solicitar un nuevo bono social, CC.OO. ve preciso prorrogar el plazo para que «nadie con derecho a él esté excluido por cuestiones burocráticas» ya que sus efectos no han llegado a todos sus potenciales beneficiarios, lo que, en su opinión, pone de manifiesto las carencias de la normativa.

Hasta el 8 de octubre

La nueva normativa fijó un plazo para adaptar el nuevo bono social que finaliza el 8 de octubre y hasta ahora solo la cuarta parte de los actuales beneficiarios se han acogido al nuevo bono, que establece descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 40% según sean consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión. Así, ve necesario que todos los consumidores estén plenamente informados de las condiciones que les dan derecho a la prestación del bono social y que haya un asesoramiento acerca de medidas de eficiencia energética, «especialmente relevante para los consumidores vulnerables».

No obstante, CC.OO. considera que el bono social no resuelve los principales problemas de la pobreza energética y apuesta por medidas «más amplias y estructurales». En este contexto, reclama considerar la extensión de la protección al conjunto de suministros energéticos de los hogares (butano o gas) y que tenga en cuenta criterios similares para la concesión de la protección. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 2015 el gasto en electricidad supuso un 62% del gasto energético de los hogares.

Facua pide al Gobierno bajar al 4% el IVA de la luz para que cada consumidor ahorre 130 euros anuales

Europa Press / EFE.- Facua ha propuesto al Gobierno que baje al 4% el IVA de la luz, una medida que ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, al considerar que mantener este tributo al 21% está «injustificado» para un suministro esencial. Así se lo trasladó el vicepresidente y portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

Sánchez le entregó un informe con las propuestas de la organización sobre el suministro eléctrico, donde se recogen sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas y garantizar el acceso a los consumidores domésticos y luchar contra la pobreza energética,. Por ello Facua reclama al Ejecutivo socialista que establezca una tarifa regulada para todos los consumidores domésticos que no superen los 10 kW de potencia contratada y con un tope razonable de kWh de consumo al año.

El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los «desproporcionados» precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Sánchez ha reconocido que el informe plantea «un giro radical» con la regulación de la factura eléctrica que considera “necesario” ya que el mercado libre es «una farsa» y las eléctricas «no tienen ninguna intención de competir, son oligopolios» y «no hay competencia«. Asimismo, Sánchez expresó su deseo de que «todos los grupos de la oposición y, por supuesto, el grupo que sustenta fundamentalmente al Gobierno» valoren todas las reivindicaciones. El portavoz de Facua ha defendido que hay que evitar el corte de suministro eléctrico «a ciertos perfiles de consumidores», como familias «con niños pequeños, con ancianos o con enfermos».

La asociación advierte de que el bono social del Gobierno de Rajoy ha sido «un fracaso aún mayor» que el que se aprobó durante la etapa socialista de Rodríguez Zapatero, “que ya era malo”. Por un lado, porque supone descuentos poco significativos e impone niveles de renta excesivamente bajos para acceder a él, salvo a todas las familias numerosas. Por otro, porque el desconocimiento de su existencia para muchas familias y el hecho de que deba ser solicitado expresamente a las eléctricas, con la aportación de documentación acreditativa de los niveles de renta y la situación familiar, han provocado que un ínfimo porcentaje de sus beneficiarios potenciales acceda a él.

Además de repercutirse el IVA más elevado, éste ha aumentado en los últimos años. Pasó del 16% al 18% en julio de 2010 y subió al 21% en septiembre de 2012. Asimismo, desde enero de 1998 al recibo se le aplica, además del IVA, el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,11%. A partir de ese año, al término fijo y al variable de la factura se le repercutieron impuestos indirectos que sumaban el 21,93%, porcentaje que se elevó al 24,03% con la subida del IVA de 2010 y al 27,19% con la de 2012.

Desde este 27,19%, el porcentaje bajaría al 9,32% si se aplicase el IVA superreducido, una de las reivindicaciones que Facua ha trasladado al Gobierno para reducir la desproporcionada e factura que pagan los usuarios en España. La organización ha realizado su comparativa teniendo en cuenta las tarifas aplicadas durante el último año a las familias con la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC) y contadores sin telegestión.

La subida del precio de la electricidad elevó un 2,4% los ingresos de las compañías en 2017, hasta 32.170 millones

Europa Press.- El volumen de negocio generado por las empresas comercializadoras de electricidad ascendió en 2017 a 32.170 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,4% en relación a los ingresos registrados un año antes, debido al alza de los precios de los productos energéticos.

Según el análisis de Informa, compañía filial de Cesce, este repunte de los precios para los hogares españoles también implicó que las compañías de gas aumentasen sus ingresos un 13,1% respecto al año 2016, hasta alcanzar unos ingresos totales de 11.410 millones de euros.

No obstante, cabe recordar que tanto las comercializadoras de electricidad como las compañías de gas que operan en el país sufrieron fuertes descensos de su volumen de negocio en el año 2016, también debido a la bajada generalizada de los precios energéticos. En concreto, las de electricidad ingresaron un 6,5% menos y las de gas, un 8,8% menos.

En cuanto al grado de liberalización del mercado de la electricidad, en 2017 aumentó más de un punto porcentual, hasta suponer el 90,1% de toda la electricidad suministrada, es decir, a contratos asignados a precio libre. Por su parte, en el mercado de gas, el mercado libre suponía un 97,9% del total.

Respecto a la concentración de mercado, las comercializadoras no dependientes de las cinco mayores compañías eléctricas reunieron el 25,6% de la energía suministrada en el mercado liberalizado, cerca de dos puntos porcentuales menos que lo registrado en 2015.

En el mercado de gas, la penetración de las comercializadoras no vinculadas a grupos de generación se situó en el 31,9% en el último año, advirtiéndose en este caso un incremento de su cuota de negocio, al compararlo con el 19,3% obtenido en 2015.

Patronales catalanas solicitan al Gobierno de España que sea la CNMC quién fije las tarifas de distribución de la electricidad

EFE. – Diez agrupaciones empresariales catalanas han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez el restablecimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad competente para fijar las tarifas de distribución de la electricidad.

Así, patronales como Cecot, la Federación Empresarial del Metal y la Unión Empresarial Metalúrgica, entre otras, presentaron el pasado noviembre una denuncia ante las instancias europeas por la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas desde 2014.

En este sentido, el desencadenante de la denuncia fue la reforma de la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas acordada entre el Partido Popular, entonces en el Gobierno, y el Partido Nacionalista Vasco, para la aprobación de los presupuestos de Estado de 2017.

De esta manera, este grupo de entidades empresariales, entre las cuales también figura Retail.cat, la Confederación Catalana de la Madera o el Instituto Industrial de Terrassa, han asegurado en un comunicado conjunto que «desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas deben soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica».

Éstas representan a 50.000 empresas catalanas y consideran, a su vez, que la situación se «ha agravado con esta reforma, que comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas situadas en determinadas regiones de España». De la misma manera creen que se trata de una medida cuyos efectos son «selectivos territorialmente y pueden constituir una Ayuda Estatal en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario».

Por otro lado, la CNMC ha interpuesto, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017, que traspasa algunas de sus funciones al Ministerio, entre otras, la de aprobar tarifas, precios, peajes y cánones.

Para las patronales, esta competencia debería estar en manos de la CNMC para garantizar que no haya discriminaciones entre territorios en esta materia.