La energía cuesta en el País Vasco 1.037 euros por hogar al año, según el Ente Vasco de la Energía

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EFE.- El coste de la energía consumida en las viviendas del País Vasco es de 421 euros por ciudadano y 1.037 euros por hogar, lo que supone un aumento del 3,2% y 2,6% respecto al año 2015, según un estudio del Ente Vasco de la Energía (EVE). El EVE ha hecho público un informe sobre el consumo de energía en Euskadi, que aumentó el año pasado un 1% respecto a 2014, una subida que rompió la tendencia descendente registrada desde 2010.

El informe refleja que ascendió el consumo de energía en todos los sectores, no solamente en el sector transporte como en años precedentes. Así, el consumo energético en 2015 tuvo un ascenso del 5,1% en el sector doméstico, 4% en el sector servicios, 3,4% en el transporte y 1,4% en el primario. El único sector que bajó ha sido la industria con una reducción del 2,8% arrastrada por la siderurgia. En 2015, la demanda eléctrica fue un 0,8% inferior y se cubrió con producción autóctona en un 37,3%, porcentaje que ha disminuido debido al menor funcionamiento de los ciclos combinados.

Por fuentes de energía, el País Vasco sigue dependiendo del petróleo, que supone el 42,4% del consumo, seguido por el gas natural que representa el 25,6%. Este consumo de gas natural se redujo un 3%, consumido principalmente en la industria. La energía eléctrica supuso otro 25% del consumo total, mientras que las renovables aportan el 6,9% del total de la demanda energética de Euskadi, con un aumento del 4,9%, con una aportación mayoritaria de la biomasa, seguida de los biocarburantes, la energía hidroeléctrica, la eólica y finalmente la solar. Por último, el carbón no llega ya al 1% del consumo.

La factura de luz ha bajado un 11% en 2016 y la del gas, un 9%, según Energía

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Europa Press / Servimedia.- El consumidor medio de electricidad ha visto rebajada su factura un 11% en 2016 con respecto a 2015, mientras que en el caso del gas el descenso es del 9%, anunció el Ministerio de Energía, que confirmó que, una vez recibido el informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aprobará la congelación de los peajes de electricidad y gas para 2017.

En los últimos años, señala el Ministerio, la parte regulada del recibo, es decir los peajes que dependen de lo fijado por el Gobierno, se ha mantenido constante para el gas natural e incluso ha descendido un 2,8% para la electricidad. «Es la primera vez que se acumulan tres años seguidos de congelación o bajada de peajes como consecuencia de la reforma de los sistemas energéticos, que ha logrado alcanzar el equilibrio financiero entre ingresos y costes y eliminar definitivamente el déficit de tarifa», presume.

Energía recuerda que la otra parte de la factura, correspondiente al coste de la energía y que no depende del Gobierno, varía en función del precio de las materias primas, especialmente del gas y del petróleo, así como de la meteorología. El Gobierno asegura ser «consciente» de que el precio de la energía es “clave” para la competitividad y la creación de empleo», por lo que «esta congelación contribuirá a amortiguar el impacto de las subidas de las materias primas».

El PSOE afea a Podemos sus críticas mientras los sindicatos exigen aplicar «inmediatamente» la prohibición de cortes de luz

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Redacción / Agencias.- CCOO y UGT pidieron un procedimiento urgente que permita la aplicación inmediata del acuerdo para evitar los cortes del suministro eléctrico a las personas vulnerables. Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha afeado a Podemos sus críticas sobre el «oscurantismo» del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los socialistas para prohibir los cortes de suministro de luz, y le reprochó en todo irónico que si lo hubiese suscrito la formación morada sería «extraordinario”.

«Si Podemos hubiera conseguido el acuerdo sería excelente, magnífico, pero como lo ha conseguido el PSOE, no cumple con los objetivos», ha lamentado Saura. En cualquier caso, ha afirmado que para el PSOE no son «importantes» las críticas de Podemos por el acuerdo alcanzado con el Gobierno para evitar los cortes de suministros de electricidad, sino ser la oposición «que resuelve problemas de la gente». «Lo importante no es lo que digan el resto de fuerzas, no es ni la estrategia ni la táctica, lo importante es ser la oposición que resuelve los problemas de la gente, que va cambiando progresivamente la política fiscal, presupuestaria y social del Gobierno», sentenció.

Vara apoya el pacto PP-PSOE

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su apoyo al pacto entre el PP y el PSOE para reformar de forma urgente la ley del sector eléctrico. Vara ha explicado que esta medida se aplicará en función de un criterio de vulnerabilidad que decidirán las comunidades autónomas. El presidente ha declarado que este será uno de los temas que se tratará en la próxima Conferencia de Presidentes, por lo que necesitará tiempo para su aplicación. A su juicio, se trata de una gran apuesta, y el asegurar que la gente que no pueda pagarse la calefacción no pase frío en invierno tiene que ser el objetivo de una sociedad justa.

Los sindicatos lo quieren ya

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que «el acuerdo para prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables es un primer paso en la buena dirección, aunque insuficiente, para reducir los altos niveles de pobreza en España» por lo que piden que se extienda al gas. En cuanto a su puesta en marcha, los sindicatos no consideran admisible que se retrase su aplicación al mes de marzo o abril, «condenando de esta forma a miles de personas a pasar frío este invierno debido a los plazos de tramitación de las normas. No nos cabe duda de que, con voluntad política, se pueden arbitrar mecanismos para adelantar esa protección«.

Nomascortesdeluz.org llama a hacer un «apagón protesta» este miércoles y manifestarse contra la pobreza energética

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EFE / Servimedia.- Cerca de 30 organizaciones, impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org, convocaron para este miércoles un «apagón» y manifestaciones en ciudades contra las «tarifas abusivas» de las compañías eléctricas y los cortes de luz a las familias sin recursos. Se trata de unas 60 concentraciones que estarán secundadas además por sindicatos y varios partidos políticos, con el fin de que a través de una nueva legislación se prohíban todos los cortes de luz, se cree una «auténtica» tarifa social y se aplique el IVA superreducido a la electricidad.

Estas son algunas de las reclamaciones que los convocantes han recopilado en un manifiesto, en el que además de pedir el fin de los «abusos tarifarios», instan al reconocimiento y devolución por parte de las eléctricas de los 3.500 millones de euros que, a su juicio, cobraron «indebidamente» en conceptos de Costes de Transición a la Competencia. Asimismo, instan a ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos a que aprueben declaraciones institucionales de apoyo a las movilizaciones. Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, La Rioja, Jaén, Huelva, León, Guadalajara, Granada, Murcia, Navarra, Orense, Teruel, Sevilla, Salamanca, Toledo, Bilbao o Zaragoza son algunas de las ciudades que están convocadas mañana por estas organizaciones.

Apagón protesta de una hora

Aparte de las movilizaciones, los promotores de la iniciativa han convocado también un «apagón» de luz durante una hora, que comenzará a las 19.00 horas y hasta las 20.00 horas, que hacen extensible a las instituciones y consistorios para que muestren su compromiso contra la pobreza energética apagando la luz de edificios o monumentos y la iluminación navideña exterior. Los convocantes subrayan que la pobreza energética es uno de los principales problemas sociales y económicos desde que comenzó la crisis y destacan la «escandalosa subida» de tarifas de electricidad, lo que ha provocado un escenario de «evidente vulnerabilidad». Recuerdan que 7 millones de personas tienen dificultades para pagar la luz y más de 5 millones no tendrán calefacción este invierno.

Las organizaciones impulsoras de la iniciativa son Alianza contra la Pobreza Energética, la ONG ecologista Amigos de la Tierra, Anticapitalistas, Asgeco, Attac, CCOO, CGT, Confederación Intersindical, Convocatoria Cívica, Democracia Real YA! y Ecologistas en Acción. También participan Facua, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma Garanticemos las Pensiones, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red de Solidaridad Popular, Somos Izquierda, Somos Sindicalistas, UGT, Unccue, USO y WWF.

Madrid contra la pobreza energética

La Plataforma Nomascortesdeluz.org protestará este miércoles en Madrid contra la pobreza energética, en una marcha que transcurrirá entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol. La protesta, convocada a las 18.30, exigirá una tarifa social asumida por las compañíasy la auditoría del sistema eléctrico. La plataforma denuncia la vulnerabilidad producida a causa de la «cronificación del desempleo», la «drástica reducción de salarios» y la «escandalosa» subida de tarifas y consideran el acceso a la electricidad como un derecho fundamental de las personas. Los convocantes critican además el actual bono social de la tarifa eléctrica, que consideran una «medida paliativa y estética» que, dicen, excluye a dos terceras partes de las personas necesitadas.

Apagarán las luces en Sevilla

Los edificios públicos de Sevilla apagarán su iluminación entre las 19:00 y 20:00 horas de este miércoles para respaldar la campaña nacional Nomascortesdeluz contra la pobreza energética. Según indicó el Ayuntamiento sevillano, «la finalidad principal es que el Gobierno central adopte las medidas necesarias para evitar la paralización del suministro por parte de las compañías eléctricas a las familias con problemas económicos”. Los grupos políticos municipales (IU, Participa, Ciudadanos, PP y PSOE) han rubricado una declaración institucional en la que proponen tal apagón eléctrico durante una hora, al considerar importante que el Ayuntamiento hispalense se sume a esta iniciativa social.

«La propuesta pretende que se ponga fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigen al Gobierno central que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta«, según indicó el Ayuntamiento, que reseña que, «desde el estallido de la crisis económica», la pobreza energética se convirtió «en uno de los principales problemas sociales y económicos de España». «Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis económica», agrega la declaración institucional.

Podemos presenta en Castilla-La Mancha una PnL para prohibir los cortes de luz a los consumidores vulnerables

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EFE.- Podemos ha presentado una Proposición no de Ley (PnL) en las Cortes de Castilla-La Mancha en la que exige al Gobierno central la puesta en marcha de diferentes medidas para garantizar el acceso al suministro eléctrico, entre ellas, prohibir los cortes de luz “a las familias más necesitadas”.

La formación morada pide que sean las compañías eléctricas las que se dirijan a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías. La PnL, calificada por la Mesa de las Cortes y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes, tiene como objetivo «garantizar el acceso al suministro eléctrico, entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, y como condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana».

Entre otras medidas, solicita que se ponga fin a «los abusos tarifarios» y que se apruebe una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. Del mismo modo, el grupo parlamentario de Podemos propone crear una «auténtica tarifa social» y sustituir el actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

Además exigen la devolución de los CTC y proponen realizar un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas y aplicar el tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado, según afirman, «un servicio esencial para la ciudadanía».

Nadal advierte que no se pueden volver a tomar decisiones políticas que encarezcan el recibo de luz

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, advirtió que no se pueden volver a tomar decisiones políticas «que acaben repercutiendo en el recibo de la luz», como ocurrió en el pasado, y subrayó que ninguna decisión del Gobierno volverá a «influir en encarecer la energía para los ciudadanos».

En su comparecencia en Comisión en el Congreso de los Diputados, Nadal aseguró que «no se puede añadir un coste más a los ciudadanos por decisiones políticas, ya que España se ha situado en un nivel muy alto de precios».

«Si alguno me llama economicista, me puede llamar como quiera, hablo de los ciudadanos que ya pagan demasiado. El sistema eléctrico ahora mismo tiene 10.000 millones en cargos que pagan la solidaridad interterritorial, una deuda que se generó y que hay que amortizar y financiar y el apoyo al cambio climático, que en sus días se hizo a unos costes altos», dijo al respecto.

Así, alabó las decisiones tomadas en la pasada legislatura en materia energética, ya que si no se hubiera hecho nada la factura de la luz se habría incrementado un 42%. Esta circunstancia «nos habría sacado fuera de toda posibilidad de competir, ya que los errores que se cometieron fueron especialmente de bulto», recalcó.

Asimismo, defendió la necesidad de un Pacto de Estado energético con todas las fuerzas políticas para «dar estabilidad». «Los frutos de ese pacto y de las negociaciones en Bruselas serán importantes para ir rellenando las partes de la ley del cambio climático», dijo.

El sindicato CCOO pide que la luz y el gas sean gratis para los consumidores vulnerables

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Servimedia / Europa Press.- CCOO pidió al Gobierno que la nueva regulación del bono social contemple que el suministro eléctrico y de gas sea gratuito para las familias vulnerables y que sea financiado por las compañías comercializadoras. Así se expresa el sindicato, que demanda al Ejecutivo que garantice el acceso a la energía a la población así como que ejecute medidas «paliativas»  que «no se limiten a unos retoques del actual bono social».

A este respecto, advierte de que la actual medida deja fuera a una gran parte de los consumidores vulnerables, mientras que resultan beneficiados colectivos como las familias numerosas con independencia de su renta o instalaciones con menos de 3 kilovatios (kW), que pueden corresponder a segundas residencias o despachos profesionales. También denuncia que no ampara a los consumidores de gas natural, cuando una gran parte de las familias utilizan este combustible para conseguir agua caliente, calentar su casa o cocinar.

El sindicato sostiene que la pobreza energética es un drama que afecta en sus diferentes grados a cinco millones de personas y que se caracteriza por su «invisibilidad». Además de ello, CCOO estima que el debate social y político generado por algunos sucesos como el fallecimiento de una anciana en un incendio provocado por unas velas debería concluir con una regulación que proteja eficazmente a los consumidores «vulnerables». Frente a esta situación, la plataforma de organizaciones sociales y sindicales en las que participa puso en marcha una campaña denominada #NoMasCortesDeLuz.

Por ello, el sindicato CCOO cree que el bono social debería incluir a todos los consumidores de electricidad y gas, con ingresos familiares por debajo de los límites que se establezcan. De esta manera, se podrían fijar varios niveles de ayuda en función de dichos ingresos y con unos grados de subvención de las correspondientes facturas que irían desde la gratuidad total para las familias más vulnerables, hasta descuentos muy significativos en los siguientes tramos.

Respecto al procedimiento de concesión, CCOO estima que debería ser automático y tramitado por los Servicios Sociales correspondientes en el referido tramo gratuito, mientras que en el resto el sistema debería ser sencillo. Finalmente, CCOO considera de la máxima urgencia una norma estatal que establezca la prohibición de los cortes de suministros energéticos a los consumidores domésticos por falta de pago, sin una previa consulta a los correspondientes Servicios Sociales. 

Podemos considera que las compañías eléctricas deberían asumir el coste del suministro a los consumidores vulnerables

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Servimedia / EFE.- El presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, considera que el suministro eléctrico de garantía para los hogares en situación de vulnerabilidad «es un coste que debe ser asumido sobre todo por las compañías, puesto que se trata de una cuestión social». Así se expresó Sixto, diputado de Unidos Podemos, que sostuvo que «está claro que tiene que ser un coste compartido entre las compañías y las administraciones».

A este respecto, señaló que la Comisión de Energía del Congreso «va a tener que desarrollar un trabajo muy interesante y muy importante para no dejar en la estacada a la gente que más sufre los efectos de la crisis y que puede acabar padeciendo una situación de indefensión frente a unas compañías enormes que acaban marcando unos precios que mucha gente no puede asumir».

«Es una situación compleja que lo que tiene que llevar en un primer momento es sensibilidad por parte de la empresa cuando se producen estos cortes de suministro, porque son ellos los que manejan los datos, son ellos los que conocen cuáles son las circunstancias del corte que se está produciendo», añadió. En esta línea, argumenta que desde las empresas «son ellos los primeros responsables y los primeros que tienen que estar interesados en que no se produzcan situaciones de este tipo, de extrema vulnerabilidad».

Por otro lado, pidió al Gobierno que aborde este problema, porque «el que haya una cobertura estatal a toda esta normativa sería positivo». «El que las comunidades autónomas tengan que ir cada una por su lado regulando estas cosas puede dar lugar a ciertas disparidades que no tendrían sentido», apostilló. En concreto, abogó por que el departamento dirigido por Álvaro Nadal establezca la obligatoriedad por ley de que las compañías eléctricas tengan que comunicar a los ayuntamientos los cortes de suministro en situaciones de vulnerabilidad, en la línea de lo contemplado en la ley catalana.

Sixto considera necesario hacer que las empresas, a la hora de suministrar los datos, puedan hacer una primera criba de cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad que se producen, porque las situaciones de corte son muy diferentes, y «eso las compañías son las que más posibilidades tienen de poder visibilizarlo«. Asimismo, advirtió sobre el problema para las administraciones locales que supone la ley de financiación local, que, según Sixto, les impide contratar personal suficiente para dar los servicios que tienen que prestar a la ciudadanía.

En cuanto a la financiación del bono social, explicó que la opción que «parece contar con más respaldo por parte de los grupos parlamentarios y del Ministerio es buscar una solución similar a la que se venía aplicando hasta ahora, que sean las compañías las que asuman el coste», sin valorar que el sistema de financiación aplicado hasta ahora fue anulado por el Tribunal Supremo.

Asimismo, advirtió de que «hay una cuestión más complicada, que es a quién se aplica», ya que considera que «ha tenido un criterio muy generalista, ligado a un consumo menor de un determinado nivel y a pocas cuestiones más». Esto, según Sixto, «ha llevado a que gente con poderes adquisitivos muy diferentes tengan derecho al bono social, cosa que no tiene mucho sentido». «Hay que ligarlo a las rentas que tiene cada unidad familiar», sentenció.

«El problema no es cómo se hace, el problema es que según los cálculos que manejan las empresas eléctricas ahora mismo hay 2,5 millones de contratos con el suministro en bono social y si se aplicasen criterios de renta probablemente habría un millón menos», advirtió. «Hay un millón de contratos que tienen bono social que si aplicásemos criterios de renta no tendrían derecho a ello. Eso debe tener un coste político para asumirlo en un determinado momento y a veces hay Gobiernos que no han querido asumir ese coste», lamentó.

Pobreza energética “inadmisible” en España

Diputados del Congreso y miembros de la Ejecutiva Estatal de Podemos celebraron en La Granja (Segovia) una jornada de trabajo para preparar la movilización del 21 de diciembre contra la pobreza energética. En este sentido, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, sostuvo que es «inadmisible» que la conocida como pobreza energética «exista en España, uno de los países más ricos de Europa». Mayoral aseguró que «los abusos tarifarios existentes son intolerables y más en un país en el que las compañías energéticas tienen los beneficios más altos».

En su opinión, las movilizaciones que se han desarrollado hasta la fecha han logrado que la pobreza energética forme parte de la agenda política, aunque Mayoral ha insistido que «se sigue violando» la observación de Naciones Unidas que aboga por el derecho a disponer de la energía suficiente para poder alumbrar la casa, cocinar y mantener la temperatura adecuada. En este sentido, ha subrayado que «no sirve de nada una moción» y ha exigido medidas legislativas que «garanticen los derechos de la mayoría y pongan límites a las eléctricas para que dejen de jugar con la vida de la gente». 

Cataluña abre expediente sancionador contra Gas Natural al considerar que cortó la luz indebidamente a la mujer de Reus

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Redacción / Agencias.- La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador contra Gas Natural Fenosa al considerar que cortó indebidamente el suministro eléctrico a la mujer de Reus (Tarragona), que falleció recientemente a causa de un incendio en su casa por tratar de iluminarse con unas velas. Así lo expuso el secretario de Empresa y Competitividad de Cataluña, Joan Aregio, que recriminó a la compañía no avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus de que iba a cortar el suministro.

Tras analizar la información presentada por Gas Natural al requerimiento hecho por Consumo, la Generalitat considera que la empresa “no justifica por qué no trasladó a los servicios sociales municipales que se produciría el corte de la luz a la anciana”, por lo que decidió abrir un expediente por un «corte indebido». «Lo que pasó es muy grave, gravísimo, pero esto no es una calificación jurídica; se tiene que incoar el expediente y con lo que salga se pondrá la sanción que corresponda», manifestó Aregio, que no precisó el importe de la sanción. «La ley dice que no se puede cortar sin haber notificado a los servicios sociales. No hace falta dar más vueltas», sentenció.

El secretario de Empresa ha informado de que, hasta el momento, la Generalitat ha incoado 115 expedientes a compañías por cortes indebidos de suministro y que ha impuesto 25 sanciones administrativas, la mayoría a Endesa, ya que es la compañía con más abonados, y ninguna de ellas sobre Gas Natural. Aregio ha explicado que «se han evitado 39.000 cortes ya que hay muchas compañías que cumplen, y una cosa está clara: antes de cortar el suministro se tiene que informar a los servicios sociales municipales«.

El secretario de Empresa subrayó que la ley es «muy clara» y reivindicó que existen unos protocolos de la Generalitat que tienen fuerza legal y que fueron notificados en diciembre de 2015. Un protocolo que está recurrido ante los tribunales por la patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). A este respecto, explicó que Gas Natural «consultó en diciembre a la Agencia Catalana de Consumo sobre cómo debía proceder y se le respondió por escrito que se debía ceñir a los protocolos presentados».

Sin embargo, Gas Natural defendió tras el accidente que el protocolo al que hace referencia la Generalitat es una guía informativa de noviembre de 2015 disponible en Internet que no tiene validez legal porque no tiene rango normativo. Además, ha trascendido que, en la pasada reunión de junio de la Mesa de Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la directora de la ACC, Montserrat Ribera, explicó que se estaba trabajando en los protocolos que permitan desarrollar el artículo 6 de la ley contra la pobreza energética para evitar dudas de aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, según consta en el acta.

En cuanto a los convenios a firmar entre la Generalitat y las compañías suministradoras para luchar contra la pobreza energética, Aregio anunció que el Gobierno catalán enviará un escrito final a las grandes suministradoras eléctricas y que, si pasado un tiempo «prudencial y lógico» no se llega a ningún acuerdo, estudiarán otras medidas para que la ley se cumpla. Aregio participó en la Mesa de Emergencia de la Vivienda y la Pobreza Energética en Cataluña, en la que participan el Gobierno autonómico, entidades sociales y empresas. Las entidades sociales han reclamado que se imponga la sanción máxima para estos casos de un millón de euros.

Gas Natural respondió al requerimiento

La compañía no se ha pronunciado aún sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña. Previamente Gas Natural Fenosa había respondido al requerimiento de información realizado por el Gobierno autonómico catalán tras el accidente de Reus. Fuentes de Gas Natural Fenosa explicaron que han respondido antes de finalizar el plazo pero declinaron detallar el contenido «por respeto al procedimiento». Eso sí, la empresa ha venido insistiendo de que no informó al Ayuntamiento de Reus del corte de luz porque el consistorio no le había comunicado que la anciana fallecida se encontraba en una situación vulnerable.

Cataluña investiga a las eléctricas mientras Podemos exige a Gas Natural que no permita más muertes por cortes del suministro

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EFE / Servimedia.– El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, exigieron ante las sedes de Gas Natural Fenosa que no se permitan más muertes por cortes de luz, una situación «inaceptable» en un país como España. Por su parte, el consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, avanzó que la Generalitat investigará de oficio a las eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables.

Baiget indicó que estas inspecciones, en las que se preguntará por los protocolos seguidos en los cortes de suministro, se realizarán en toda Cataluña y que sus resultados se harán públicos. Asimismo, el consejero se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno un nuevo bono social, ya que el actual «no es un bono social real», y ha defendido que las empresas suministradoras «deberían asumir sus costes». Además ha mostrado su voluntad de negociar convenios con las empresas que todavía no se han sumado a los que el Gobierno catalán ha establecido con algunas compañías para frenar la pobreza energética.

Reunión con Villaseca para negociar

Asimismo, el Gobierno catalán impulsará una campaña de difusión y promoción de la ley de pobreza energética que aprobó el Parlamento por unanimidad en 2015 para que las personas afectadas conozcan sus derechos. Por otro lado, Baiget conversó por teléfono con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa y ambos coincidieron en la necesidad de reunirse tras la polémica surgida por la muerte en Reus (Tarragona) de una anciana en un incendio, después que se iluminara con velas al haberle cortado el suministro de luz. El consejero de Empresa reiteró que Gas Natural «debe sentarse en la mesa» y no descarta aplicar algunas medidas de presión para que las eléctricas colaboren, como son las cláusulas sociales en los contratos públicos.

Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ha lamentado que haga falta que muera una mujer «para que la Generalitat haga cumplir la ley». Campuzano ha pedido a la Generalitat que, pese a que la vida de una persona «no tiene precio», multe con un millón de euros a Gas Natural, la mayor sanción posible. Asimismo, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, ha coincidido en cargar contra Gas Natural por su «negligencia» y ha instado a la Generalitat a intensificar las inspecciones a las eléctricas para demostrar si el corte de suministro sin aviso a la administración es una «práctica asidua» o no.

Podemos contra Gas Natural Fenosa

Cerca de 300 personas se congregaron ante la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid, convocados por Podemos, coreando lemas como «No son muertes, son asesinatos», «Este invierno, nadie sin luz», «Nacionalizar Gas Natural» o «¡Sin luz, sin gas, el Rey tenía que estar!» para protestar por la muerte de la anciana de Reus. Iglesias ha criticado que en España, «la cuarta economía de la zona euro, haya personas que tengan que morir, porque empresas eléctricas que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalo a sus directivos dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas».

Por ello, Iglesias ha reclamado a Gas Natural que cumpla la ley. «No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción», ha afirmado el líder de Podemos tras destacar que estar en la calle protestando contra estas ilegalidades «también es hacer oposición», si bien ha anunciado que su grupo presentará una interpelación en el Congreso sobre este tema. Iglesias no considera, sin embargo, que esta interpelación vaya a tener mucho efecto, mientras España siga gobernada «por partidos políticos que tienen a algunos de sus expresidentes y exministros en consejos de administración de empresas como estas».

Garzón ha criticado el silencio de los grandes partidos políticos cuando lo que ha pasado va, ha dicho, en contra de la Constitución, que establece que la riqueza de España debe estar subordinada al interés general. «Empresas como Gas Natural son el ejemplo de que se incumple la Constitución sistemáticamente», ha afirmado Garzón, que considera importante poner «rostro a los culpables del saqueo y de la muerte de estas personas». «Reivindicamos algo tan sensato como eso, que nadie debe morir por sencillamente ser pobre cuando tenemos recursos suficientes», insistió. Esta protesta se ha celebrado de forma simultánea en 26 sedes de Gas Natural de otras tantas ciudades españolas, convocadas por Unidos Podemos con el lema «La pobreza energética mata #NadieSiLuz».

Nadal debuta en el Congreso

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá por primera vez en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles para responder a dos preguntas en la sesión de control al Gobierno sobre pobreza energética, así como a una interpelación urgente sobre esta misma materia. Además, Nadal también deberá contestar a dos cuestiones en el pleno del Senado sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas, y si considera suficientes las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética.

La inquietud por este asunto se ha multiplicado en los últimos días tras la muerte de Reus. Las preguntas serán formuladas por la diputada socialista María Pilar Lucio y de Ciudadanos Melisa Rodríguez, mientras que la interpelación es del grupo parlamentario de Unidos Podemos. En referencia a este asunto, el ministro ya explicó que tras conocer la noticia se puso en contacto con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Reus para ofrecer su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética.

Además, Nadal defendió que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía» y recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas. En estos últimos días, tanto Endesa como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido al nuevo titular de Energía que tome medidas en relación con la pobreza energética.