Organizaciones sociales piden al Congreso ir más allá del decreto de PP y PSOE contra los cortes de luz

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Europa Press / EFE.- La Plataforma por un nuevo Modelo energético y la Alianza contra la Pobreza Energética trasladaron a los grupos parlamentarios sus propuestas para «mejorar» y conseguir un decreto de bono social y protección contra los cortes de suministro «más garantista», que incluya una definición de consumidor vulnerable y la obligación de las compañías eléctricas de solicitar información sobre los consumidores antes de efectuar un corte de luz.

Las organizaciones sociales se han reunido ya con Ciudadanos, Podemos y partidos del Grupo Mixto, que se han mostrado «muy receptivos» a sus propuestas ante la «inquietud» compartida por el problema de la pobreza energética, que afecta al 11% de la población española. Así lo ha asegurado el portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Rodrigo Irurzun, que considera que el decreto ley pactado entre el PP y el PSOE es «totalmente insuficiente» por «muchísimos motivos», como el hecho de que solo protege contra los cortes de luz y no afecta a los suministros de gas o agua.

Ante la convalidación del decreto, Irurzun ha pedido «voluntad política» para su tramitación y ha denunciado que no hay una definición correcta del consumidor vulnerable, ya que hay «muchos consumidores que necesitan bono social y no están atendidos y otros que están con bono social y no tienen una necesidad económica». De esta forma, precisó que sus peticiones pasan por que la definición del consumidor vulnerable sea «lo más garantista posible», de forma que se valore el número de personas que convivan en la vivienda, sus situaciones agravantes como pueden ser la convivencia de alguna persona en situación de gran dependencia, mayores de 80 años, discapacidad del 75% o superior, o motivos de salud que requieran un elevado consumo energético.

Las organizaciones entienden por hogares en situación de vulnerabilidad aquellos que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), si se trata de personas que viven solas, cifra que se incrementará en 0,25 veces el IPREM por cada persona adicional. Para una persona, la propuesta de las organizaciones sociales contempla unos ingresos de 1.331,28 euros, para dos 1.464,4 euros y para tres 1.597,53 euros. En el caso de hogares vulnerables severos contemplarían ingresos menores: para una persona, 1.065,02 euros, para dos 1.198,15 euros y para tres 1.331,28 euros.

Antes del corte de suministro

La propuesta de las organizaciones sociales establece el principio de precaución para evitar los cortes de suministro a aquellos consumidores que no pueden pagar los recibos por falta de medios económicos. La portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, María Campuzano, ha subrayado la importancia de que se aplique el principio de precaución para evitar que se vuelvan a repetir casos como el de la mujer fallecida en Reus por un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse como consecuencia de un corte de suministro por impago.

De esta forma, las organizaciones piden que las empresas suministradoras tengan la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales antes de efectuar un corte de suministro por impago, para asegurar que el hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad severa. En cuanto al bono social, las entidades consideran que el mecanismo de financiación planteado el mes de diciembre penaliza a las comercializadoras con mayor número de clientes de consumo reducido, aquellas que cuentan con más contratos en el sector doméstico y a las pymes. Por ello, exigen una forma de financiación que no sea «discriminatoria, desproporcionada e injusta». Asimismo, solicitan que el reglamento proteja más allá de quienes están en el PVPC y seguidos por servicios sociales.

Más allá de estas propuestas, las organizaciones sociales ven necesario una ley estatal de mitigación y reducción de la pobreza energética que contemple la totalidad de los suministros básicos (agua, luz, gas y otros combustibles) y que garantice un derecho universal a su acceso, en un contexto de 7.000 muertes al año por causas vinculadas a la pobreza energética. Irurzun califica de «indecente» que en España haya personas que no puedan calentar sus hogares a unos niveles «mínimos» de habitabilidad y se produzcan situaciones en las que las familias tienen que «iluminarse con velas, haya niños bañándose con agua fría y no se calienten alimentos».

Por último, Irurzun ha dicho que «no se puede entender» que las compañías eléctricas obtengan beneficios millonarios que «reparten entre accionistas» y que se esté cortando la electricidad a familias por su situación económica. Igualmente, Campuzano reprocha a las eléctricas que «las que no se benefician son las familias que hacen equilibrios para poder pagar sus facturas», y advierte que estas dificultades las sufren muchas familias que aún pagando sus recibos no encienden la calefacción para no encarecer su factura.

El precio de la electricidad repunta este martes un 4,8% para volver a asomarse a sus niveles máximos

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Europa Press / EFE.- El precio de la electricidad se situará este martes en una media de 87,9 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 4,8% más que los 83,85 euros fijados para este lunes, asomándose así de nuevo a los niveles máximos marcados durante la ola de frío, según el operador del mercado ibérico, OMIE. Estos 87,9 euros por MWh suponen la segunda referencia más elevada en lo que va de año, sólo superada por los 88 euros por MWh del pasado viernes.

Durante este fin de semana los precios bajaron hasta los 79 euros para el sábado y los 72 euros para el domingo, aunque se situaban en los niveles más elevados para un fin de semana desde el mes de diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado.

Volatilidad en la tarifa regulada

La demanda prevista para este martes asciende a 632 gigavatios hora (GWh), prácticamente en línea de los 633 GWh previstos para el lunes, según datos de OMIE. La hora más cara para este martes será las nueve de la noche, cuando el mercado mayorista pool, alcanzará un precio de 99,1 euros por MWh, mientras que la más barata del día será las cinco de la mañana, con el precio situado en 69,09 euros por MWh. La volatilidad de los precios en el mercado mayorista se refleja más directamente en los consumidores acogidos a la tarifa regulada o PVPC, unos 12 millones, mientras que los que están en el mercado libre, otros 13 millones, tienen precios fijados con sus compañías eléctricas.

Aparte de la mayor demanda, sobre el precio final inciden otros aspectos como el bajo nivel de recurso hidráulico y el elevado precio del carbón y del gas natural, así como la mayor exportación a Francia por la indisponibilidad de algunas de sus centrales nucleares. El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio definitivo.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el PVPC y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por otro lado, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.

El consumo eléctrico de las grandes empresas bajó un 0,9% en 2016

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Redacción / Agencias.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas en España, corregidos los efectos de la laboralidad y las temperaturas, descendió un 0,9% durante 2016, según el Índice Red Eléctrica (IRE). Por sectores, los consumos de la industria y de los servicios descendieron un 1,1% cada uno. De las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia aumentó un 3,1%, la industria química un 0,4%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos un 4,9%, la industria alimentaria un 1,1% y la papelera un 0,8%.

En términos brutos, el consumo eléctrico de las grandes empresas españolas cayó un 0,8% en 2016, rompiendo así una tendencia de dos años consecutivos de crecimiento. Asimismo, se refleja una caída de la demanda en el sector servicios, del 0,9%, mientras que en el industrial descendió un 1%. Mirando sólo al consumo de diciembre, bajó un 0,8% en datos brutos, con un descenso del 0,6% en servicios y estable en la industria, mientras que se mantuvo plano en términos corregidos

Desglosado por sectores, el consumo industrial aumentó un 1,3% y el de los servicios bajó un 1,2%. En el cálculo de estos datos se han tenido en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas. Las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas en diciembre fueron la metalurgia con un aumento del 3,1%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos (4,9%), la fabricación de productos de caucho y plásticos (6,6%), la fabricación de material y equipo eléctrico (20,4%) y la fabricación de productos metálicos (9,6%).

Este índice facilita información sobre la evolución del consumo eléctrico del conjunto de las grandes empresas y otras instituciones que tienen una potencia contratada superior a 450 kilovatios (kW), lo que supone alrededor del 47% de la demanda total. Las medidas se recogen en 23.400 puntos de alrededor de 13.900 empresas. La categoría de grandes consumidores de energía abarca desde industrias hasta hoteles y transporte ferroviario y supone un indicador de la actividad económica nacional.

Ciudadanos pide en el Congreso una auditoría de los costes energéticos y de la factura de la luz

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar una auditoría de todos los costes del sistema energético y otra del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

En su proposición no de ley, firmada por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, la formación naranja pide impulsar una auditoría a todo los costes del sistema energético, tanto generación, transporte, distribución y comercialización, que «permita determinar con precisión los costes reales del sistema”. El objetivo es «fomentar la transparencia en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación». Asimismo, pide impulsar una auditoria de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

De igual forma, insta al Ejecutivo a encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno del PP, con «especial incidencia» en las implicaciones que las mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias.

Intervención del Gobierno en 2013

La formación naranja recuerda en su iniciativa que hasta finales de 2013 el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que, de haberse aplicado, hubiera provocado una subida de tarifa del 11%. Ante esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014, y el 1 de octubre de 2015 estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que tuviesen ya instalado un contador inteligente y telegestionado.

De este modo, el precio del kWh varía cada hora, se calcula en función de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se traduce en 8.760 precios diferentes al año. Para Ciudadanos, estos incrementos en el precio variable de la energía, pero sobre todo, su «elevada volatilidad» como consecuencia de las sucesivas modificaciones acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la «imposibilidad de conocer el grado de correlación entre su evolución y la de los costes reales de generación de la energía convencional».

Asimismo, Ciudadanos señala que durante este mes de enero los incrementos en la factura de la luz para los usuarios  registraron “una proporción desmesurada, fomentando de ese modo las situaciones de impago y dificultad económica para familias y empresas a la hora de asumir el coste de una de las facturas eléctricas más cuantiosas de Europa, según datos de Eurostat».

Por ello, dadas las «recurrentes dificultades» por las que atraviesa el sistema energético, como problemas de seguridad de suministro, recargos en la factura o dependencia internacional, que consolidan un «alza masiva» de los precios durante la última década, ve necesario conocer el conjunto del sistema y «determinar, de manera adecuada y transparente, cuáles son los costes que el funcionamiento del mismo conlleva y cómo deben ser asumidos por los consumidores».

El mercado libre protege a más de la mitad de los consumidores de las actuales subidas de la luz

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Europa Press.- El 53,5% de los consumidores domésticos de electricidad, un total de 13,82 millones, contrata su suministro eléctrico en el mercado libre, lo que les garantiza en la mayor parte de los casos un precio fijo en su factura y les protege de las actuales subidas de la luz, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La actual escalada de precios en la electricidad tiene así especial incidencia sobre un total de 12 millones de consumidores, el 46,5% del total, aquellos que están suministrados en la tarifa regulada PVPC. Con carácter general, en un informe del pasado mes de noviembre, la CNMC señalaba que el PVPC era la opción más barata frente a las disponibles en el mercado libre. Sin embargo, en momentos coyunturales como el actual, con repuntes en el precio de la electricidad en una situación en la que el mercado mayorista se ha visto afectado en este invierno por el efecto acumulativo de varias circunstancias, la situación cambia.

Mercado libre: negociación con comercializadora

El mercado libre permite así no estar expuesto a estos vaivenes diarios y horarios del mercado mayorista eléctrico, el conocido como pool, teniendo garantizado el precio de la energía durante el periodo de tiempo que se haya contratado con el comercializador. En torno a la mitad del recibo de la luz obedece a la evolución del precio mayorista de la electricidad aplicada al consumo, mientras que la otra mitad corresponde a los peajes, congelados en 2017, y a los impuestos.  El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Así, actualmente un total de 115 ofertas de comercializadoras eléctricas en el mercado libre mejoran el PVPC, según cálculos efectuados con el comparador de la CNMC. De ellas, 54 son con discriminación horaria y 61 sin ella. Para un consumidor medio en el PVPC, el recibo en estos primeros 20 días del mes de enero supera los 51 euros, lo que representa un incremento de casi el 30% con respecto al 2016. Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio similar al utilizado por el Ministerio de Energía en sus cálculos, con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), propia de una familia con dos hijos.

Endesa reivindica el mercado libre

Fuentes de Endesa abogaron por rebajar el nivel de alarma social que se ha creado sobre la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que deriva de una situación coyuntural que muy previsiblemente cambie en los próximos meses, cuando las energías eólica e hidráulica operen a mayor escala y cuando las nucleares francesas vuelvan a funcionar a pleno rendimiento. Así, lejos de restar importancia al encarecimiento del precio de la energía de las últimas semanas, la compañía que preside Borja Prado cree que hay que situar el debate en sus justos términos.

En este sentido, recuerda que la subida de los precios de la luz afecta a menos de la mitad de los clientes domésticos españoles, que son los que siguen acogidos al PVPC. Además, los consumidores domésticos sólo se verían afectados en una parte de la factura, dado que la mayor parte viene marcada por los peajes, que recogen los costes regulados. Por ello, desde Endesa consideran que el mercado libre es una garantía frente a los riesgos de circunstancias coyunturales como la actual. «A la larga, el mercado libre siempre es más barato», han incidido.

La mitad de Gas Natural

Aproximadamente el 50% de los clientes eléctricos de Gas Natural Fenosa, de un total de 4,5 millones, no verá incrementado el precio de la electricidad, más allá de lo que pueda ser derivado de un aumento del consumo debido a las bajas temperaturas invernales, a pesar de la actual coyuntura de precios altos del mercado mayorista, al contar con tarifas específicas contratadas con sus comercializadoras en el mercado liberalizado, recordó la compañía. Del resto de los clientes de la energética, que están suministrados por una comercializadora de referencia, cerca de 450.000 están acogidos al bono social y otros 2.000 tampoco sufrirán incremento de la luz porque cuentan con precio fijo.

Gas Natural Fenosa señala que los precios altos en el mercado mayorista se están produciendo por un conjunto de factores externos vinculados a las condiciones climatológicas actuales, que están provocando que en la formación del precio «esté incidiendo el que la demanda ha aumentado en un momento en el que no hay viento ni tampoco agua para generar«. Así, el sistema está recurriendo al backup que aportan los ciclos combinados (generación con gas) y las centrales de carbón, «sistemas de generación condicionados al precio de las materias primas de los mercados internacionales, pero gracias a las cuales no hay ningún tipo de problema de suministro energético en el país», añade.

Aldro Energía mantiene la tarifa

Por su parte, José F. González Payno, director general de la comercializadora Aldro Energía, indica con ironía que llega a envidiar “la capacidad visionaria de personas que, en enero, son capaces de prever el precio de la electricidad en 2017 teniendo en cuenta las olas de frio y de calor que están por llegar, el precio de gas y del petróleo, las centrales que van a funcionar, no solo en España sino en nuestros países vecinos ¡También serán capaces de saber lo que va a llover!”. En este sentido, recuerda que en Aldro Energía asumen “las turbulencias que tiene el mercado para que no afecte a los clientes que han optado por tarifas a precio fijo” en el mercado libre.

Esquerra Republicana pide crear un contrato que permita modular la potencia eléctrica contratada a lo largo del año

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EFE / Europa Press.- El grupo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso ha registrado una proposición no de ley en la que pide la creación de un contrato de potencia estacional que permita a los clientes modular la potencia eléctrica contratada en función de sus necesidades en cada momento del año. La iniciativa, firmada por Joan Capdevila, señala que el objetivo de la medida es «permitir a empresas y particulares adaptar mejor sus necesidades de energía y conseguir precios más ajustados«.

ERC destaca que el precio de la energía «está siendo un enorme lastre para las pymes para reducir sus costes operativos y, por extensión, su competitividad«. En relación con la actividad empresarial, ERC cree que el cambio de potencia estacional podría ser necesario por la voluntad de optimizar el perfil de consumo ya que «la actualización de la maquinaria, iluminación y demás elementos de consumo pueden hacer necesario una adecuación de potencia en base a la cual se calcula una parte importante del coste eléctrico«.

Según ERC, el cambio estacional de la potencia contratada sería positivo por la estacionalidad del ciclo de producción de muchas empresas. «La propia dinámica de la actividad empresarial es estacional en muchos sectores. Por ejemplo, en los sectores agrario, turístico, alimentario o industrial», explica Capdevila. En su proposición no de ley, para ser debatida en el pleno, Esquerra Republicana recuerda que el precio del mercado de la energía para las pymes es de los más caros de la Unión Europea.

A juicio de ERC, la creación de un contrato de potencia eléctrica estacional sería ventajoso también para los particulares, por ejemplo para los propietarios de segundas residencias, en las que el consumo se concentra en determinados meses. Para Capdevilla, la creación de este contrato también beneficiaría al conjunto del sistema eléctrico, ya que «permitiría una mejor planificación y adecuación a la demanda real de potencia».

Capdevila destaca que la tecnología actual permite poder cambiar «fácilmente» la potencia contratada de acuerdo con un calendario estacional y «que pueda ser, en casi todos los casos, automático e incluso a distancia». Con los contratos de potencia estacionales se obtendría un «ahorro muy importante para determinadas actividades sin perder ningún tipo de calidad de servicio, pagando lo justo por lo que se usa, sin complicaciones administrativas ni técnicas», concluye.

El PP se marca como objetivo político la congelación de los peajes de luz y gas

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Europa Press.– El PP fijará entre sus objetivos políticos la congelación de la parte de la factura de electricidad y de gas que depende del Gobierno, esto es, la dedicada a sufragar los costes regulados, al tiempo que mantiene el compromiso de evitar que se generen déficits de tarifa en estas actividades. Esta pretensión aparece recogida en la ponencia sobre economía y administración territorial que será presentada en el decimoctavo congreso del PP, que se celebrará en febrero. La ponencia ha sido coordinada por Javier Arenas.

«En el ámbito de la energía, deberemos esforzarnos por evitar generar nuevos déficits», afirma el documento, en el que se indica que el partido «defenderá la congelación de la parte de la factura que depende del Gobierno y contribuirá a que la mejora de la eficiencia y la competencia contribuyan en un mejor y más accesible servicio al consumidor«. La ponencia también apela a la necesidad de un mix energético «sostenible y respetuoso con los compromisos en la lucha contra el cambio climático», en el que se fomenten la eficiencia energética y las energías renovables.

Impulsará Ley de Transición Energética

Para acometer este reto, el PP se muestra partidario de aplicar los métodos más «efectivos y eficientes en coste», conforme al modelo propuesto a nivel europeo en el paquete de invierno de la Comisión Europea. Para ello, impulsará una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El partido también se compromete a impulsar un pacto por la Energía que «garantice la seguridad jurídica, fomente la competencia y que sirva de apoyo a la estrategia española de conexiones internacionales«. De hecho, las interconexiones deben ser una «prioridad estratégica para Europa», aseveran.

«Será necesario también reforzar nuestro compromiso a favor de las medidas de eficiencia energética impulsándolas tanto en hogares, particularmente en los de rentas más bajas, como en empresas y administraciones públicas», indica la ponencia. El documento califica además de «fundamental» la protección al consumidor, así como el refuerzo en la información que se ofrece a los clientes en la contratación y gestión de los contratos de suministro energético a hogares.

También indica que, tras el reciente fallo del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social de luz, el PP ha actuado «para que el mismo no lo termine pagando el contribuyente ni el consumidor energético». «Además, hemos logrado un buen pacto para regular la problemática de los cortes de suministro a los hogares cuyo grado de vulnerabilidad es más severo, con la participación de las compañías y los servicios sociales de las autoridades competentes a nivel local», añade, en alusión al acuerdo con el PSOE y Ciudadanos.

2017 arranca con alzas en los precios energéticos como consecuencia de la subida del petróleo

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EFE.- En lo que respecta a los suministros energéticos, la subida del petróleo en las últimas semanas ha hecho arrancar el año con incrementos en los carburantes y en la tarifa regulada del gas, así como en el mercado mayorista eléctrico, lo que presionará al alza el recibo de la luz. A pesar de que el Gobierno ha congelado los peajes, que suponen la mitad de los recibos de luz y gas, la otra parte, el componente energético encarecerá las facturas.

En el caso del gas, la tarifa de último recurso (TUR) subió una media del 3,5% desde principios de mes. En la electricidad, el incremento del recibo regulado PVPC dependerá de cómo evolucione el mercado mayorista, al alza desde hace semanas, por lo que también se esperan precios más altos. Por su parte, la bombona de butano se mantendrá en 12,28 euros hasta que se revise el tercer martes de enero. Sobre los carburantes, terminaron el año en máximos anuales, a 1,215 euros la gasolina y 1,105 euros el gasóleo, tras unas semanas de fuertes repuntes que, previsiblemente, se prolongarán en este arranque de 2017.

Portugal combate la pobreza energética con tarifas sociales que se aplican de forma automática

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EFE.- Portugal combate la pobreza energética con una tarifa social que se aplica de forma automática a las familias con rentas más bajas, para aliviar la carga que supone pagar las facturas de luz y gas en el país con los precios de la electricidad más altos de toda Europa. El Ejecutivo portugués alteró sus tarifas sociales para la luz y el gas en junio, cuando estableció que esos descuentos se aplicarían de forma automática a los beneficiarios, sin necesidad de solicitarlos.

Con esta medida, que entró en vigor ya en julio, el Gobierno del socialista António Costa buscaba ampliar el número de beneficiarios de estas tarifas, aplicadas desde 2010 para la electricidad y desde 2011 para el gas, pero que alcanzaban a un número de consumidores muy inferior al esperado. El anterior Gobierno, de signo conservador, ya alteró los criterios iniciales para ampliar el acceso, pero los números seguían siendo bajos porque era necesario solicitar el descuento a la compañía, lo que corrigió ahora el Ejecutivo.

«Hay más de 690.000 familias que ya se benefician de la tarifa social de la electricidad. Antes no llegaban a 100.000″, explicó Natalia Nunes, responsable de Deco, la principal asociación de consumidores de Portugal. La cifra actual supone más del 10% de los clientes domésticos de Portugal. En el caso del gas se pasó de unos 15.000 beneficiarios a 31.000, números mucho más bajos que en el mercado de la electricidad porque en Portugal el acceso al gas natural es muy reducido. «Sólo en las grandes ciudades como Lisboa, Oporto y poco más existe acceso al gas natural», señaló Nunes.

Descuentos en torno al 30%

Las tarifas suponen un descuento del 33,8% respecto a los precios de referencia del mercado regulado en el caso de la luz y del 31,2% en el del gas. Ambas se aplican a los clientes «económicamente vulnerables«, con unos ingresos anuales inferiores a los 5.808 euros para un agregado familiar de un individuo, es decir, alguien que recibe menos del salario mínimo, que en Portugal está en 530 euros mensuales.

El límite se incrementa en tramos del 50% por cada miembro adicional que no percibe ningún ingreso, ya que si dos personas de la familia tienen ingresos, aunque sean inferiores al tope establecido, no pueden beneficiarse de la medida, un detalle que a ojos de Deco debe ser mejorado. «Estas son las restricciones de la ley. La aplicación automática es muy positiva, pero la ley necesita algunos cambios para que se aplique de forma efectiva a todas las personas en situación de dificultad», consideró Nunes.

La tarifa social también se aplica a los consumidores que reciben ciertas prestaciones sociales, como el complemento solidario para ancianos, el ingreso social de inserción o el subsidio social de desempleo, aunque en estos casos la factura debe estar a nombre del beneficiario de la prestación. Portugal, que todavía siente los efectos de una crisis que le mantuvo tres años bajo el rescate financiero de la troika, es el país europeo con el precio más alto de la electricidad y del gas en función del poder de compra, según Eurostat. Para algunas familias, estos precios suponen dedicar más del 10% de sus ingresos mensuales a la factura eléctrica, según Deco.

PNV y PSOE apuestan por explorar una normativa contra la pobreza energética en el País Vasco

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EFE.– PNV y PSOE presentaron en el Parlamento vasco una enmienda a la totalidad a una proposición de Podemos en la que instan al Gobierno de Vitoria a promover una normativa propia que haga frente a la pobreza energética. En su enmienda, los dos grupos que apoyan al Gobierno vasco apuestan por esta iniciativa, recogida ya en su acuerdo de gobernabilidad, como desarrollo de las propias competencias de las posibilidades que ofrece la modificación de la Ley del Sector Eléctrico.

Esta propuesta conjunta es un texto alternativo a una proposición no de ley de Podemos en la que este grupo proponía al Parlamento instar al Gobierno de España a poner en marcha la tarifa social en los suministros de electricidad, gas y agua para todas las personas que lo necesiten y a establecer un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad domésticos.

PNV y PSOE circunscriben su enmienda al ámbito autonómico y proponen al Gobierno Vasco que establezca indicadores sobre la pobreza energética y las familias que se ven afectadas, y que evalúe las medidas desarrolladas hasta ahora para atender a los colectivos que la sufren. Apuestan por una normativa propia, desde «la convicción de que la pobreza energética merece atención específica desde los poderes públicos para tratar de revertirla o evitar su agravamiento». Esta propuesta se adapta al anuncio de que en pocos meses existirá un impedimento de interrupción del suministro a familias vulnerables, tras el acuerdo alcanzado a nivel nacional.

Además, piden al Gobierno que siga garantizando mediante las consiguientes partidas presupuestarias las ayudas a las familias que no pueden atender sus facturas por razones económicas sobrevenidas. Unas partidas que se incluyeron por primera vez en los Presupuestos de 2015 a instancias del PSOE, y que en 2016 se han duplicado, «también por impulso socialista, tras impedir que corte el suministro a unas 1.500 familias vascas», según reivindican los socialistas.

Por último, en coherencia con posicionamientos anteriores de la Cámara, se insta al Gobierno vasco a seguir favoreciendo la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética para reducir la factura. También le reclaman que presente una ley comprometida en el acuerdo de gobernabilidad para la Sostenibilidad Energética que incluya entre sus objetivos el ahorro y la eficiencia energética, y el desarrollo de la construcción y edificación de bajo consumo.