Un incendio que se ha declarado esta pasada noche en una galería de servicio de la subestación eléctrica de Badalona de Fecsa-Endesa ha dejado sin luz en un primer momento a unos 70.000 abonados de Badalona, Sant Adriá y Barcelona, de los que quedan a primera hora de la mañana unos 10.000, han indicado fuentes propias de Fecsa.

Los Bomberos de la Generalitat trabajan en la subestación desde las 00:33 horas en un incendio que ha afectado parcialmente a las instalaciones, situadas en la avenida Eduard Maristany, número 58, de Sant Adriá del Besòs, justo al lado de la central térmica que también se ubica en este municipio.

Fuentes de Fecsa-Endesa han informado de que el incendio se ha concentrado en una galería de servicios de la subestación, por la que se gestionan servicios de alta y media tensión eléctrica, y que el fuego no ha causado daños personales.

Debido al incendio y de acuerdo con un protocolo de actuación que Fecsa-Endesa tiene con los bomberos, se ha procedido a desconectar una gran parte de la corriente eléctrica de la subestación para que los bomberos pudieran trabajar en la extinción sin riesgos.

En un primer momento, han sido unos 70.000 los abonados afectados por este incendio de los municipios de Badalona, Sant Adriá del Besos y de varios barrios de Barcelona, si bien hacia las 07:45 horas los abonados sin luz se habían reducido a unos 10.000, que se concentran básicamente en la zona más próxima a la subestación en Badalona.

Para solventar la falta de suministro eléctrico, la compañía ha desplazado a Badalona 17 grupos electrógenos que darán luz preferentemente a ambulatorios, si bien el hospital Germans Trias y Pujol, Can Ruti, no se ha visto afectado por este suceso, han precisado las mismas fuentes.

Los Bomberos de la Generalitat han desplazado al lugar 15 dotaciones, a las que dan apoyo otros vehículos de los Bomberos de Barcelona, y que han conseguido controlar el fuego hacia las 01:52 horas. A partir de ese momento, los bomberos han trabajado para sofocar totalmente las llamas y en estos momentos las tareas se centran en enfriar los últimos puntos calientes del incendio y en ventilar las instalaciones afectadas.

Los Bomberos han indicado que por el momento se desconocen las causas del incendio, que deberán investigar peritos cualificados una vez finalicen totalmente las tareas de extinción.

Unión Fenosa ha iniciado la construcción de un ciclo combinado de 450 megavatios (MW) en el estado de Durango (México), que requerirá una inversión de 400 millones de dólares (unos 270 millones de euros) y está previsto que entre en operación en enero de 2010, informó la compañía.

Con esta instalación, denominada Norte I, la potencia instalada de Unión Fenosa en México, donde ya cuenta con tres centrales y es uno de los principales generadores de energía, alcanzará los 2.000 MW.

Unión Fenosa espera que la nueva planta, ubicada en la zona de «La Trinidad«, a 30 kilómetros de la ciudad de Durango, entre en operación comercial en enero de 2010.

La eléctrica ya cuenta con tres centrales de ciclo combinado en el país: Hermosillo, Tuxpan y Naco-Nogales, con una capacidad total de 1.550 MW. La de Hermosillo, ubicada en el estado de Sonora y con una potencia instalada de 250 MW, fue la primera que entró en operación comercial en octubre de 2001.

En 2003, Unión Fenosa puso en marcha el ciclo combinado de Tuxpan, de 1.000 MW, y la central de Naco-Nogales, situada en Agua Prieta, en el estado de Sonora, con un una capacidad de 300 MW.

Además de estas centrales, Unión Fenosa tiene en el país un contrato de venta de energía con la Comisión Federal de Electricidad mexicana durante 25 años.

La inversión en la nueva central de Durango se enmarca en el denominado «Plan Bigger» de la compañía, que prevé unas inversiones de 9.000 millones de euros hasta 2011, de los que 1.200 millones se destinarán a las actividades de generación fuera de España, fundamentalmente en ciclos combinados. Además, Unión Fenosa prevé destinar 1.200 millones de euros para aumentar la potencia en energías renovables (eólica y minihidraulica) en México.

Iberdrola ha logrado la autorización de la Comisión de Servicios Públicos (Public Utilities Commission) del estado de Nuevo Hampshire para adquirir la estadounidense Energy East, con lo que la eléctrica española cuenta ya con dos de los cuatro permisos estatales necesarios para la operación.

En una orden fechada el pasado 28 de diciembre, el organismo da el visto bueno a la adquisición en los términos acordados por las compañías al considerar que se adecúa al «interés general» y que no tendrá consecuencias negativas para el mercado.

La operación, que se anunció en junio de 2007, necesita también cinco autorizaciones federales de las que Iberdrola ya ha obtenido cuatro: la relativa a inversiones extranjeras y transacciones que pueden afectar a la seguridad nacional, la de competencia, la que se exige a las operaciones que afectan a compañías con licencias de telecomunicaciones y la de la Comisión Federal de la Energía.
La quinta autorización, aún pendiente, corresponde a la Comisión Nuclear de EEUU.

En cuanto a los permisos estatales, Iberdrola cuenta con dos de los cuatro necesarios: el del Estado de Connecticut y el concedido ahora por el regulador de Nuevo Hampshire.

A la eléctrica española le quedan pendientes dos autorizaciones más que deben conceder las comisiones de servicios públicos de Nueva York y Maine.

Está previsto que la operación de compra, que ascenderá a 3.400 millones de euros a los que se sumarán 3.000 millones de deuda de Energy East, se cierre a finales del primer semestre de este año.

Energy East es la matriz de un grupo de sociedades dedicadas a la producción, distribución y comercialización de electricidad y gas que operan en Nueva York, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire y Connecticut.

La compañía cuenta con 1,8 millones de puntos de suministro de electricidad, 13.243 kilómetros de líneas de transporte y 125.613 kilómetros de líneas de distribución, y tiene una capacidad de generación de 555 megavatios (MW).

La CNE ha señalado en su informe sobre el aumento de las tarifas eléctricas que el grave desequilibrio financiero estructural del sistema eléctrico impide que el escenario actual sea sostenible en el medio plazo y emplaza al Ministerio de Industria a tomar medidas urgentes de reajuste que, subraya, “no se contemplan en ningún lugar en la propuesta de Orden sometida a esta CNE”.

Pero además, según se desprende de las conclusiones de la Comisión, la propuesta de tarifas de Industria está plagada de incoherencias. Por un lado, la CNE considera que la tarifa que se plantee debe ser superior al 3,3%, ya que, tal como están planteadas, las tarifas integrales y las de acceso impiden recuperar los costes de las actividades reguladas. Además, recuerda que las últimas estimaciones apuntan a una subida del IPC del 4,1%, con lo que la subida propuesta ni siquiera llega a la subida anunciada de un aumento equivalente al aumento del IPC.

El Consejo de Administración de la CNE considera “discutible” la decisión del Ministerio de Industria de vincular la subida de la tarifa eléctrica a la evolución del IPC, aunque entiende que en ese caso, sería coherente que Industria anunciase una subida del 4,1%, que es lo que se prevé. Y defiende que la subida se aplique también al recargo por consumos superiores a 1.100 kWh de consumo bimestral.

Por otra parte, la Comisión ha hecho una reflexión acerca de la necesidad de que el consumidor conozca mejor la tarifa eléctrica y sepa qué es lo que está pagando cuando le llegan las facturas a casa. Defiende que la factura sea un “canal de comunicación” con el cliente, en el que se detallen y expliquen las distintas partidas que componen el precio final. También considera importante que, ya que el consumidor paga menos por la electricidad de lo que cuesta, informarle de la factura real del servicio si se incluyeran todos los costes, así como la deuda media que cada consumidor tiene contraída por consumos presentes y pasados no pagados en su totalidad.

En lo referente al desarrollo de una metodología tarifaria global, el informe de la CNE señala que debe basarse en la determinación de los costes que han de repercutirse a los distintos suministros y en los criterios que se van a utilizar para su asignación.

Y defiende la revisión de los costes incluidos en la tarifa eléctrica, ya que podría no estar justificado que todos ellos repercutieran en la tarifa eléctrica, sino financiarse mediante otros mecanismos.

La comisión considera además que sería coherente con lo que establece el RD Ley 11/2007 que se tuviera en cuenta en la presente Orden el posible efecto de la minoración de los derechos de CO2 correspondiente al año 2008. En particular, se propone que cualquier ajuste que se prevea se lleve a cabo con tiempo suficiente de forma que el sistema eléctrico no financie una cantidad mayor al déficit que realmente se genere.

Por lo que respecta a la propuesta de pagos por garantía de potencia, el Consejo considera que podrían mantenerse provisionalmente los precios unitarios que pagan los consumidores por este concepto, aunque dadas las diferencias existentes entre las cantidades que paga la demanda y las que cobra la generación es posible que ya se pudiera anticipar la reducción del pago que actualmente realiza algún segmento de clientes.

La Comisión también considera oportuno que se revise el proceso de subasta del déficit ex ante, y ha introducido modificaciones en relación con retribución de la actividad de distribución.

Por último, el Consejo ha hecho varias propuestas para mejorar algunos aspectos de la orden. Éstos se refieren a:

– Plan de sustitución de equipos de medida a fin de adecuarlos a la propuesta realizada por la CNE en cumplimiento de un mandato de la CNE.

– Pago de un incentivo a la inversión medioambiental a fin de promover su construcción necesaria para mantener en funcionamiento todo el equipo productivo.

– Desarrollo de las condiciones de mantenimiento de acceso relativas a las bases de datos de puntos de suministro, indicando la conveniencia de que los datos exigidos sean los suficientes para realizar los cambios sin contravenir lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos.

– Mejora del desarrollo del servicio transitorio de disponibilidad, indicando criterios para su aplicación más efectiva, avanzando la idea de posibles penalizaciones ante su incumplimiento.

– Mejora de la regulación de los contratos de duración inferior a un año para clientes conectados a redes de baja tensión.

– Nueva Disposición adicional para la modificación de la Orden ITC/913/2006 que establece el criterio de cálculo de los combustibles utilizados, el procedimiento de despacho, liquidación de la energía en los sistemas insulares y extrapeninsulares, a fin de evitar insuficiencias en la facturación.

– Nueva Disposición adicional relativa a la retribución fija para considerar que las cantidades de la liquidación de ejercicios anteriores sean consideradas como ingresos liquidables del sistema y no sean distribuidas entre las empresas que tenían derecho al cobro de los CTCs.

El precio de la electricidad es clave para la competitividad de las empresas de un país. Esa fue la conclusión más firme y más repetida el pasado martes durante las jornadas celebradas por la Asociación de Empresas de Gran consumo de Energía, AEGE, en Madrid.

En España nos encontramos precisamente en medio de un proceso de formación de precios, con la perspectiva de que en julio de 2008, a prácticamente sólo seis meses vista, desaparezcan las tarifas industriales, lo que supondrá un importante aumento de precio de un bien que supone un alto porcentaje de los costes totales para el sector, llegando en ocasiones al 50%.

En un contexto más amplio, la Unión Europea está promoviendo un proceso liberalizador de los mercados eléctricos, pero varios de los ponentes coincidieron en que este proceso liberalizador está resultando más complejo de lo que en un principio se preveía. Esta mayor complejidad se deriva de unas políticas nacionales distintas, más derivadas de las distintas situaciones políticas que de cuestiones puramente tecnológicas.

El vicepresidente de AEGE, Javier Penacho, mostró su preocupación por la necesidad de mantener la competitividad de las empresas en este contexto. Y al igual que ha explicado en otras ocasiones, señaló el martes que es necesaria una competencia real, y no teórica, que permita obtener unos precios competitivos por la electricidad. “Los mercados de materias primas están globalizados y los precios no se forman en España; las empresas pueden comprar las materias primas donde les plazca. Sin embargo, la electricidad sólo la podemos comprar en España, y la competencia real la provoca el cliente comprando donde le interesa”.

En este sentido, Penacho recalcó la necesidad, entre otras medidas para fomentar una competencia efectiva, de un grado realista de interconexión con Europa, ya que por el momento sólo existe una verdadera interconexión con Portugal, y con Francia hace 10 años que no se incrementa.

La competitividad del mercado eléctrico fue un tema central durante la jornada de AEGE sobre la liberalización energética, la seguridad de suministro y la competitividad de la industria española. El secretario general de Industria, Joan Trullén, señaló que Industria “entiende la necesidad de buscar que el modelo de formación de precios se acerque lo máximo posible a un modelo competitivo de mercado”, y recordó que este Gobierno “está caracterizado por la obsesión de mantener la productividad agregada de nuestra economía”, añadiendo que el esfuerzo que ha hecho en mejorar la tasa de I+D+i ha sido mayor que los registrados hasta el momento.

El papel de FORTIA -la central de compras constituida recientemente por los miembros de AEGE, que ha nacido con vocación de ser la comercializadora de las grandes consumidoras de energía- fue destacado también en la jornada como un elemento de mejora de la competitividad de estas grandes empresas. El presidente de FORTIA, Juan Estarellas, explicó que la central de compras se ha creado “para adaptarnos a la desaparición de las tarifas eléctricas de alta intensidad, que en los últimos años ha crecido más de un 139% mientras que otras tarifas apenas han cambiado -en términos corrientes, las tarifas domésticas permanecen estables-“. Estarellas destacó que FORTIA representa a 103 plantas en toda España, con una facturación total de 17.000 millones de euros y 47.000 empleos. En cuanto a la importancia eléctrica de estas industrias, representan el 18% de todo el consumo eléctrico industrial, y el 10% del nacional.

Javier Penacho señaló que, en un contexto en el que el “Estado protector” desaparece, como la desaparición de la tarifa, el sector tiene que buscar soluciones, y una de ellas es precisamente esta central de compras. Al representar al sector en conjunto, FORTIA actúa con una sola voz, aunando los intereses de una gran industria, y permite la asunción de compromisos por parte de la industria de un modo conjunto, lo que otorga a las empresas un mayor poder negociador a la hora de obtener mejores precios.

El segundo pilar de esa búsqueda de soluciones, explicó Penacho, es la contribución de las empresas a la gestión de la demanda, más conocido como servicio de interrumpibilidad. Un concepto que, a cambio de que las empresas estén dispuestas a renunciar a su energía eléctrica en momentos concretos de puntas de demanda, les permite obtener unos precios eléctricos rebajados entre un 20 y un 50%. Pero este servicio, según Penacho, “puede afectar a nuestra producción y a nuestros resultados, en definitiva, a nuestra competitividad. Aunque tengamos una interrumpibilidad de 240 horas de forma directa, en términos reales, por lo que supone la conexión y desconexión de los sistemas, este tiempo se triplica”.

Máximo Blanco, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de CCOO, explicó que, a pesar de la defensa de la competitividad que Trullén señaló que persigue el Gobierno, es necesario hacer una serie de cambios importantes para mejorar la competitividad, y señaló que “los esfuerzos tecnológicos realizados son escasos, y el comportamiento de los mercados energéticos es ineficiente, lo que incide directamente en la competitividad. Ello explica, en parte, la escasa implantación internacional de gran parte de las empresas de nuestro país”.

Para Blanco, existe una importante falta de transparencia e información en el mercado eléctrico, que ha sido incapaz de asegurar la estabilidad, la sostenibilidad medioambiental o la seguridad de suministro. De hecho, destacó, “estamos muy por detrás de los objetivos de Kyoto; llevamos ya un exceso del 50% frente a los objetivos de emisiones de CO2 planteados”.