La OCU pide que las «malas prácticas comerciales» de las compañías energéticas queden expresamente prohibidas

Europa Press.- Mientras la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) reclama «medidas contundentes» frente a los “abusos” de los comerciales de las compañías energéticas, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya anunciado la imposición a varias de ellas de una sanción total de 155.000 euros, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige que “las malas prácticas comerciales” de algunas empresas eléctricas queden expresamente prohibidas hasta que no se garantice una correcta información y control por parte de las compañías.

El organismo considera que las sanciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por parte de la CNMC por realizar contratos sin el consentimiento del cliente «son pequeñas y probablemente serán recurridas», aunque reconoce que esta decisión del organismo de competencia «pone el foco en el grave problema de las prácticas comerciales abusivas«, una «constante» en el sector que OCU lleva años denunciando. Según la organización, la confusión entre comercializadoras y distribuidoras es el caldo de cultivo idóneo para estas malas prácticas, que se ven alentadas por la información poco transparente del sector y la dificultad para distinguir entre ofertas del mercado libre y regulado.

Denuncia así que las comercializadoras provocan la confusión con la utilización de teléfonos de atención, haciendo que muchos clientes pasen del mercado regulado al libre sin saberlo, dentro de compañías del mismo grupo. Según explica OCU, los comerciales que actúan puerta a puerta para estos propósitos activan contratos sin el consentimiento del cliente o con información incompleta o directamente falta. «El resultado es que el consumidor no tiene claro qué tarifa ha contratado, no es consciente de haber cambiado de un mercado regulado al mercado libre, o de una oferta a otra* no sabe qué paga, ni a quién», lamenta. Por ello, reclama una solución urgente para que estas prácticas comerciales sean «desterradas» del sector energético y queden expresamente prohibidas.

CECU: frenar a los comerciales

En este sentido, la CECU señala que, «por desgracia», los consumidores conocen «sobradamente» la existencia de comerciales que, «de forma abusiva y sin el consentimiento de los usuarios, les cambian de compañía comercializadora de luz y de gas«. Para la organización, esta práctica resulta «muy preocupante», más aun en un sector «esencial y estratégico» como el energético, por lo que reclama a la Administración que «tome cartas en el asunto» y que investigue la actividad comercial de las empresas. Además, aprovecha para animar a los usuarios a que denuncien las posibles prácticas abusivas que detecten y les aconseja que eviten contratar las ofertas telefónicas o las recibidas en la puerta de sus casas sin haber comparado previamente las distintas opciones.

Los expertos tecnológicos prevén el uso de dispositivos inteligentes que decidirán autónomamente cuándo conectarse a la luz según el precio

Europa Press.- Los consumidores contarán con dispositivos inteligentes que decidirán de manera autónoma cuándo poner en marcha los aparatos eléctricos según el precio de la luz a determinadas horas del día, según el informe elaborado por el MIT y el Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas ICAI-Icade.

Entre estos sistemas de control, destacan las Energy Box, una caja de energía conectada a la nube desde la que se controlen los aparatos eléctricos y que decida autónomamente qué aparato se pone en marcha y cuál se desconecta en función de las tarifas de la luz, señaló Ignacio Pérez Arriaga, investigador principal del estudio. La Energy Box también servirá para que unos agregadores puedan acceder, mediante complejos sistemas informáticos, a las instalaciones eléctricas de grandes cantidades de usuarios para actuar en caso de sobrecargas de la red, según el informe. «Por ejemplo, se podría desconectar todos los frigoríficos durante un breve periodo de tiempo, aliviando así momentos de sobrecarga de la red», añadió Arriaga.

Además, el estudio analiza lo que pasará cuando gran cantidad de recursos energéticos distribuidos se incorporen al sistema eléctrico. En estos recursos distribuidos se engloban, entre otras tecnologías, los paneles fotovoltaicos, la energía eólica o coches eléctricos. Asimismo, entre las conclusiones del informe, se insiste en la necesidad de aumentar la ciberseguridad y privacidad, ya que gracias a la generación distribuida inteligente habrá más puertas de entrada al sistema eléctrico.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Unesa contra los peajes eléctricos de este año

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se establecen los peajes eléctricos para 2017. En concreto, la patronal eléctrica presentó el recurso en la sala tercera, sección tercera del Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recurso se une a los presentados también por Gas Natural Fenosa y la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra esta orden ministerial que establece los peajes eléctricos de 2017. El Ministerio de Energía aprobó sendas órdenes ministeriales en las que se adoptaba la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía. Con esta decisión, se suman tres ejercicios consecutivos con los peajes de electricidad y gas congelados.

El Supremo admite a trámite los recursos de Gas Natural Fenosa contra los peajes de 2017 de electricidad y gas

Europa Press.- El Tribunal Supremo admitió a trámite dos recursos de Gas Natural Fenosa en contra de las dos órdenes ministeriales del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2017 y la que revisa los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasísticas para 2017.

En lo referido a la orden del gas, Energía recoge una congelación para 2017 de la parte regulada del recibo, de modo que el precio solo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización. Energía considera que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015. La memoria económica reconoce además un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.

Unión Fenosa Distribución (Gas Natural) supera los 3 millones de contadores inteligentes instalados

Europa Press.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, ha superado la cifra de los 3 millones de contadores inteligentes domésticos instalados, lo que representa el 83% de sus 3,6 millones de puntos de suministro, de los que más del 96% están ya efectivamente integrados en el sistema de telegestión.

Por comunidades autónomas, la energética ha instalado ya más de 1,2 millones contadores en Galicia; cerca de 1 millón en la Comunidad de Madrid; más de 488.000 contadores en Castilla-La Mancha, y 281.000 contadores en Castilla y León. En todas las comunidades, la compañía ha superado el umbral del 80% de equipos sustituidos. La filial de Gas Natural Fenosa señaló que el cambio de los contadores continuará hasta el año que viene, cuando, según la regulación, todos los equipos domésticos de electricidad deben ser inteligentes.

Facua asegura que el recibo de la luz aumentó un 22% en febrero con respecto al año pasado

Europa Press.- El recibo de la luz aumentó un 22% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la asociación Facua-Consumidores en Acción. En concreto, con las tarifas de febrero, el usuario medio con la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) pagará 76,10 euros, frente a los 62,39 euros del mismo mes en 2016, indicó la asociación.

En enero, la factura batió «todos los récords», según Facua, al situarse en 87,81 euros, un 29,4% por encima de los 67,84 euros del mismo mes del año pasado, aunque un 15,4% superior a la de este mes de febrero. El precio medio del kilovatio hora (kWh) este febrero fue de 15,55 céntimos (12,23 céntimos más impuestos), después de que en enero alcanzase los 18,75 céntimos (14,74 céntimos más impuestos). En febrero de 2016 el kWh se situó en 11,69 céntimos (9,19 céntimos más impuestos).

Facua reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una «tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos». Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, «impropio de un servicio esencial», y pide que se baje al tipo mínimo permitido por la normativa europea, «legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor».

El Gobierno pide al Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo sobre la financiación del bono social

Europa Press.- El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca del mecanismo de financiación del bono social anulado a finales del año pasado por el Tribunal Supremo, según indicaron fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El recurso de amparo ante el Constitucional se presentó en febrero y en él el Gobierno argumenta que el Supremo interpretó una directiva comunitaria sobre política energética, para lo que el tribunal no tiene potestad, ya que su función se restringe a la valoración de la legislación nacional. El Gobierno también considera que el Supremo incurrió en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado precisamente la cuestión prejudicial ante el TJUE que ahora el Ejecutivo solicita al Constitucional. Energía considera necesario que se consulte al tribunal de Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE avalase en septiembre la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.

Tras la sentencia del Supremo, el Gobierno impulsó junto al PSOE y Ciudadanos un decreto ley sobre pobreza energética en el que se incluye un nuevo mecanismo de financiación del bono social en el que se carga el coste de esta ayuda sobre las comercializadoras. Sin embargo, la sentencia del Supremo también obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años. La ejecución de esta indemnización depende ahora de la decisión del Constitucional. De ejecutarse, se cargará sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos, aunque esta segunda opción es menos probable.

La factura de la luz se encareció un 19,17% en febrero

Europa Press.- Un consumidor doméstico medio pagó 64,15 euros en su factura de la luz de febrero, por lo que esta factura se incrementó en un 19,17% respecto a los 53,83 euros de febrero de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,32 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW). De los 64,15 euros abonados en los 28 días de enero del 2017, 13,89 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de enero, 36,55 euros obedecen al consumo, 2,58 euros al impuesto eléctrico y 11,13 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Sube respecto al año pasado

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Sin embargo, la factura de la luz de febrero bajó un 12,93% respecto al mes anterior, enero, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,29 euros en febrero de 2017 respecto a los 2,63 euros de enero de 2017. Se trata del primer descenso en la factura de la luz entre meses consecutivos desde mayo de 2016, después de haber encadenado nueve meses consecutivos de alzas. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses.

El Defensor del Pueblo ve necesario ligar el bono social de la luz a la renta

Europa Press.- El Defensor del Pueblo considera necesario modificar la normativa para que el bono social de la luz sea ligado a la renta ya que los recursos para combatir la pobreza energética no se emplean adecuadamente. La institución realizó esta consideración en su informe anual.

Actualmente se negocia el reglamento del decreto contra la pobreza energética, para lo que el Gobierno inició las conversaciones con la oposición con el objetivo de alcanzar el máximo consenso posible. Dentro de este reglamento, figura la intención de incluir el criterio de renta para la percepción del bono social de la luz. En su informe, la institución señala que el actual sistema hace que haya personas que, «por sus escasos ingresos, necesitan percibir la energía a una tarifa bonificada y no se les reconoce el derecho a ello». En 2014, el Defensor del Pueblo ya recomendó al Ministerio modificar los requisitos de concesión del bono social eléctrico, en relación con la renta del peticionario y no a otros criterios.

Por otra parte, la institución advierte de la elevada proporción de la parte fija de la factura eléctrica, que corresponde a los costes regulados del sistema. Así, considera que la proporción que esta parte fija representa sobre el total se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar unos «mínimos muy elevados, lo cual afecta sobre todo a los hogares en los que no se registra consumo durante la mayor parte del año». Además, el Defensor del Pueblo pide una reducción y una flexibilización de los tramos para cambiar la potencia de energía eléctrica contratada, ya que la normativa vigente solo permite solicitar cambios cada 12 meses, «lo cual no ofrece la respuesta requerida a las necesidades de muchos suministros».

Los sobrecostes del mercado eléctrico bajaron en enero, en plena escalada de precios del pool

Europa Press.- Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se añaden al pool y que acaban constituyendo la referencia final para calcular el término de energía que pagan los consumidores, se redujeron en enero, en plena escalada de precios. El precio medio del pool en enero fue de 71,49 euros por megavatio hora (MWh), si bien el precio medio final se elevó hasta 81,4 euros una vez incorporados los distintos sobrecostes, según indica el Grupo Ase.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos precios del pool, en el que coincidieron aspectos como la baja hidraulicidad y eolicidad, así como la mayor demanda y el encarecimiento del gas. Sin embargo, indica el Grupo, los sobrecostes adicionales se redujeron un 9,6% con respecto a enero del año anterior, lo que mitigó, aunque sea sensiblemente, el fuerte encarecimiento del recibo sufrido en enero por los consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos por capacidad y de los conocidos como servicios de ajuste. En total, ascendieron a 7,9 euros, de los que 1,9 euros corresponden a la interrumpibilidad, 3,1 euros a los pagos por capacidad, 1,2 euros a los procesos del operador del sistema y 1,7 euros a las restricciones técnicas. El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las grandes industrias por modular su consumo en función de las exigencias del sistema eléctrico. Desde hace dos años, se incorpora como coste de mercado.

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de centrales térmicas para garantizar la gestión del sistema, fueron en enero 1,5 euros por MWh más caros que la media debido a efectos estacionales. Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la solución de restricciones técnicas, los servicios complementarios o la gestión de desvíos, según explica Red Eléctrica de España (REE). Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de gestión del sistema mediante la limitación y modificación de los programas de producción y de consumo.