El préstamo, que tiene un plazo máximo de quince años y una carencia en el principal en los tres primeros, se destinará a reforzar y ampliar las redes de sub-transmisión y distribución, tanto en la península como en los archipiélagos balear y canario.

Andalucía, Extremadura y Cataluña recibirán el 56 por ciento de la inversión prevista.

Endesa destaca que la financiación concedida por el BEI contribuye de forma relevante a elevar la posición de liquidez de la empresa, a la vez que alarga el plazo medio de su endeudamiento corporativo.

Durante 2008 y 2009, la eléctrica invertirá en el negocio de distribución en España 1.288 y 1.238 millones de euros brutos, respectivamente.

El encuentro ha tenido que aplazarse por razones de ajuste de las agendas de los asistentes, explicaron desde el departamento que dirige Miguel Sebastián.

El Ministerio de Industria intentará que la cita se celebre lo antes posible y, mientras tanto, Sebastián continuará con los contactos bilaterales con los distintos representantes de las empresas eléctricas, indicaron las mismas fuentes.

Esta es la segunda vez que se pospone la reunión entre Sebastián y los presidentes de las eléctricas y la patronal del sector, Unesa, por motivos de agenda.

En un primer momento se fijó el encuentro el pasado 30 de octubre por la tarde, pero la semana pasada se trasladó al 2 de noviembre por la mañana.

El 20 de octubre el ministro anunció su intención de reunirse primero con cada una de las eléctricas y posteriormente con todas las compañías y Unesa para buscar una solución al déficit tarifario, situación que se produce cuando los ingresos obtenidos a través de las tarifas reguladas son insuficientes para cubrir los costes del sistema eléctrico.

Estos desfases de ingresos son financiados en primera instancia por las compañías eléctricas, luego los asumen los bancos como títulos de deuda y se van pagando poco a poco con cargo a la propia tarifa durante los años siguientes.

Miguel Sebastián ha señalado que la solución al déficit debe contar con la aportación de los consumidores, el sector público y las empresas y tiene que hacerse de la forma más consensuada posible.

Este resultado se ve afectado por una provisión de 11 millones de euros destinada a cubrir la sanción impuesta por la Generalitat de Cataluña por el apagón del 23 de julio de 2007 y, eliminada su repercusión, el resultado neto habría crecido el 18,8 por ciento, según REE.

La compañía señala en su comunicación al organismo regulador que, independientemente de la provisión, recurrirá la sanción al no estar conforme con los supuestos y valoraciones que se han utilizado para imponerla.

Entre enero y septiembre, REE alcanzó una cifra de negocio de 837,13 millones de euros, el 10 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

El resultado bruto de explotación (EBITA) creció el 5,8 por ciento, hasta los 577,6 millones de euros. Excluyendo la provisión por la multa de la Generalitat de Cataluña esta magnitud habría aumentado el 7,8 por ciento.

Las inversiones durante este periodo han ascendido a 389 millones de euros, el 9,1 por ciento más.

La mayor parte de esa cifra, 377,1 millones de euros, corresponde a inversiones en la red de transporte, que fueron superiores el 8,8 por ciento a las realizadas en los primeros nueve meses de 2007.

La deuda del grupo REE a final de septiembre pasado ascendió a 3.035,3 millones de euros, de la que el 69 por ciento es a tipo fijo y el 31 por ciento restante a tipo variable.

A 30 de septiembre pasado, la plantilla media del Grupo Red Eléctrica era de 1.500 empleados, el 3,6 por ciento más que en los nueve primeros meses de 2007.

El pasado 1 de julio, REE abonó un dividendo de 0,70 euros por acción como complemento al correspondiente al ejercicio 2007, con lo que la remuneración a sus accionistas durante ese año ascendió a 1,08 euros por título, el 21 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Según informó el organismo, este proyecto de ampliación de la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) de la planta forma parte de la planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016.

Asimismo, el organismo ha aprobado un estudio sobre los costes de comercialización del gas licuado del petróleo y ha propuesto un mecanismo para revisarlos anualmente.

Por otro lado, el Consejo ha aprobado el plan de actuación para poner en marcha la Entidad de Certificación de Biocarburantes, una de las nuevas funciones asignadas a la CNE para el control y certificación de las mezclas de biocarburantes, establecidas por Industria el pasado 14 de octubre, la organización del mercado de certificados y la propuesta anual para mejorar el sistema.

De acuerdo con la normativa, en 2008 el biodiesel y el bioetanol deberán representar obligatoriamente, en cada caso, un mínimo del 1,9 por ciento de los carburantes para transporte, mientras que en 2009 será el 2,5 por ciento y en 2010, el 3,9 por ciento.

No obstante, el conjunto de los biocarburantes que se venda deberá representar el 1,9 por ciento del total de combustibles en 2008, el 3,4 por ciento en 2009 y el 5,83 por ciento en 2010.

El Consejo ha emitido también una opinión favorable sobre la propuesta de procedimientos de pruebas de rendimiento de los grupos de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

La CNE ha dado el visto bueno a la propuesta de resolución para valorar la inversión y el coste de operación y mantenimiento del segundo circuito en el tramo español de la interconexión entre España y Marruecos, y la ampliación de la estación de cables de Tarifa.

Durante una intervención en un acto organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Honorato López Isla consideró que la tarifa social «no aporta tanto» en cuestiones de ahorro y que sería mejor que los consumidores que pueden acogerse a ella se ahorraran el dinero en consumo.

El pasado 1 de julio el Gobierno puso en marcha la tarifa social a la que podrán acogerse los consumidores que tengan contratada una potencia inferior a tres kilovatios (KW) en su primera residencia, unos 4,5 millones de hogares, según los cálculos de Industria.

En esta modalidad, el término de potencia es gratuito y el consumidor sólo paga por el consumo de electricidad.

Según explicó López Isla, este grupo de consumidores, de los que a Unión Fenosa le corresponderían unos 700.000, tiene un consumo individual de entre 15 y 20 euros al mes y el ahorro que obtendrían al solicitar la tarifa social sería de alrededor de un euro mensual.

Para el vicepresidente de la eléctrica sería preferible que los usuarios ahorren esta cantidad en el consumo que mediante una tarifa social «que no aporta tanto».

No obstante, «una vez implantada, la pusimos en marcha y la comunicamos, pero la realidad es que ha habido una respuesta muy, muy baja«, dijo.

Tras recordar que en España el precio de la electricidad es inferior al de otros países europeos comparables y las tarifas reguladas no recogen los costes del sistema, López Isla insistió en la necesidad de que cambien los hábitos de consumo para mejorar el ahorro y la eficiencia.

Además señaló que mantener unos precios por debajo de los costes no envía señales adecuadas a los usuarios.

Los consumidores podrán llegar a ser más eficientes «si les ayudamos un poquitín con el precio», dijo.

Confían en retomar conversaciones con IPIC respecto a Cepsa

El vicepresidente y consejero delegado de Unión Fenosa confió en que el Santander y la compañía estatal de los Emiratos Árabes IPIC reanuden las negociaciones para la venta de las participaciones que tienen en Cepsa el banco y la eléctrica sin apuntar ningún horizonte temporal.

No obstante, López Isla señaló que «no es el mejor momento» para retomar el asunto debido a la situación financiera y bursátil,

La compañía estatal de los Emiratos Árabes IPIC y el Santander negocian desde hace meses la compraventa de su participación y de la de Unión Fenosa en la petrolera española (31,6 y el 5 por ciento, respectivamente). Sin embargo, hace unas semanas el proceso se paralizó por discrepancias sobre el precio.

López Isla, que recordó que el peso de la negociación lo lleva el Santander, afirmó que el banco que preside Emilio Botín y la eléctrica quieren vender su participación en Cepsa, «pero no regalarla».