Esta ley, que ha sido aprobada con los votos favorables de los grupos que apoyan al gobierno catalán, pero también de CiU y del PPC, tiene su origen en el gran apagón que tuvo lugar en Barcelona en julio del 2007, cuando el gobierno catalán se comprometió a tramitarla para evitar que se volviesen a repetir situaciones parecidas en el futuro.

El articulado estipula los derechos y obligaciones de las empresas suministradoras, las condiciones mínimas que deben ser garantizadas para asegurar el servicio, la obligatoriedad de disponer de un plan de actuación ante las incidencias, la comunicación de las mismas a los usuarios, los planes de inversión, y los criterios para diseñar las instalaciones eléctricas.

Otros aspectos contemplados en la nueva ley son las medidas de seguridad en caso de incendios, el control e inspección de las instalaciones, medidas de protección de la avifauna en los cables de alta tensión, y la tipificación de las infracciones y de las sanciones que pueden ser impuestas a las compañías.

Sobre este último punto, la ley prevé multas de hasta 600.000 euros para infracciones leves, de hasta 6 millones de euros para infracciones graves y de hasta 30 millones de euros para infracciones muy graves.

El texto de la ley indica que «en el supuesto de una infracción muy grave, el órgano (administrativo) competente puede acordar también (además de la multa) la revocación o la suspensión de las autorizaciones administrativas que son otorgadas por la Generalitat en el ámbito de sus competencias».

La moción, defendida por el senador del grupo Mixto José Manuel Pérez Bouza (BNG), ha sido aprobada con una enmienda transaccional de los grupos PP y CiU, en la que se ampliaba la propuesta del grupo Mixto de 3,3 kW como límite de potencia instalada para acceder a la tarifa social hasta los 3,4 KW.

Actualmente, para acogerse a la tarifa social se debe tener una potencia instalada inferior a 3 KW en la vivienda considerada primera residencia y contar con interruptor de control de potencia (ICP).

Pérez Bouza dijo que, tal como está concebida en este momento, la tarifa social «es un fracaso absoluto» porque «pesan más los trámites administrativos que los beneficios que reporta» acogerse a ella y señaló a modo de ejemplo que de los 600.000 clientes de Unión Fenosa que cumplen los requisitos para acceder a la tarifa social, sólo 1.860 la han solicitado.

Asimismo, aseguró que la tarifa será realmente social si se amplían el número de potenciales usuarios que pueden acceder a ella elevando la potencia límite y teniendo en cuenta otras variables como los ingresos o circunstancias sociales.

El senador del grupo Popular Javier Marqués explicó que, al igual que CiU y el grupo Mixto, su partido considera necesario que la tarifa social no esté sujeta sólo a la potencia instalada, sino que tenga en cuenta el nivel de renta o el número de miembros de la familia.

Por otro lado, Marqués destacó la urgencia de que el Gobierno defina a partir del 1 de enero de 2009 el nuevo sistema tarifas reguladas, o TUR, resultantes de la liberalización del mercado eléctrico, que entrarán en vigor en julio del año que viene tras un periodo transitorio de seis meses.

Según este estudio, realizado por Endesa, E.ON, HC Energía, Oberdrola, REE y Unión Fenosa, la inversión del conjunto del sector eléctrico (empresas eléctricas, fabricantes y suministradores, pymes y universidades y centros de investigación) en 2006 fue de 1.236 millones de euros, un 10 por ciento del PIB.

Desde 2006 (último ejercicio con datos disponibles cerrados) la tendencia inversora se ha mantenido al alza con incrementos de entre el dos y el tres por ciento anuales.

El estudio destaca «el efecto tractor» que ejercen las compañías eléctricas en la I+D del sector mediante las especificaciones y los pedidos que hacen a sus suministradores, a pesar de que sólo invirtieron directamente en este capítulo 116 millones.

Los fabricantes y suministradores de equipos y el resto de las empresas del sector, principalmente pymes, destinaron 699 millones y las Universidades y centros de investigación 420 millones.

«El descenso del consumo eléctrico se debe a la crisis económica»

Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica de España (REE), que también participó en la presentación del citado estudio, achacó los descensos en la demanda de electricidad registrados los pasados meses de octubre y noviembre a a la menor actividad económica derivada de la crisis.

Atienza explicó además que la «notable caída» que presentan los datos de consumo no se puede explicar por el incremento del ahorro y la eficiencia energética, puesto que estas son «estructurales y sus resultados se ven reflejados a largo plazo», explicó.

En noviembre la demanda peninsular fue de 21.550 gigavatios hora (GWh), lo que supone un descenso del 2,9 por ciento, caída que se eleva hasta el 4,9 por ciento si se tienen en cuenta el efecto de la laboralidad y de la temperatura. El mes anterior la demanda bajo el 1,4 por ciento y el 1,7 por ciento una vez corregida la laboralidad y las temperaturas.

«Lo que realmente esperamos es que otros productores, especialmente Rusia, Noruega y México, se conviertan en miembros de la OPEP. No veo porqué Rusia no puede ser miembro de pleno derecho de la organización, porque esa es la mejor manera de expresar su solidaridad» con ella, indicó el ministro en declaraciones a la prensa.

Aunque agregó que si estos países rechazan adherirse a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), deben reducir su producción para solidarizarse con los miembros del cartel petrolero.

«No necesitamos un acuerdo solidario con aquellos países que tienen el mismo objetivo que nosotros (la OPEP). Si tienen problemas para unirse a la OPEP, sólo tienen que aplicar sus intenciones de reducción», afirmó el ministro.

Hace pocos días, Rusia se mostró a favor de establecer un precio justo y estable del petróleo y subrayó la necesidad de que los grandes productores de crudo se pongan de acuerdo para adoptar acciones coordinadas en los mercados.

El viceprimer ministro ruso, Igor Sechín, reveló recientemente que su país prepara un proyecto de cooperación con la OPEP que lo presentará en la próxima reunión ministerial del cartel en Orán (Argelia), el 17 de diciembre.

«Los inventarios de petróleo deben bajar»

Khelil, abogó porque se reduzcan los inventarios mundiales de crudo para estabilizar los precios en el mercado. «La estabilidad de los precios exige la retirada del excedente de los stocks mundiales de petróleo», dijo Khelil.

Explicó que los stocks mundiales, actualmente estimados en 56 días de consumo, deberían bajar hasta 52 días, que era el nivel medio en los últimos cinco años. «Para restablecer la media, es preciso reducir los stocks en cuatro días», aseguró Khelil, antes de precisar que este recorte debe ser progresivo. «En tres meses es imposible. En seis meses, quizás sí» se puede hacer, precisó.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha admitido la personación de catorce empresas y entidades, entre ellas Endesa, Iberdrola y Repsol YPF, como partes interesadas en el expediente abierto para analizar el proyecto de integración de Gas Natural y Unión Fenosa.

Por el contrario, la CNC ha rechazado la personación de La Caixa, que participa en Gas Natural a través de Criteria, y de la Xunta de Galicia, según explicaron a fuentes conocedoras del proceso.

La resolución de la CNC, fechada el 28 de noviembre, admite la personación de las cinco grandes eléctricas –Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y E.ON (propietaria de Viesgo)- y de otros operadores relevantes del sector energético como Repsol YPF, Enagás, la italiana ENI, la británica Centrica y la belga Electrabel.

El resto de los solicitantes que podrán personarse en el proceso son el Ente Vasco de la Energía, la comercializadora de los grandes consumidores de electricidad Fortia, la Asociación Española de Cogeneración (ACOGEN) y la metalúrgica Alumina Española.

La CNC ha rechazado las peticiones de La Caixa y de la Xunta de Galicia porque no son operadores del sector energético.

En el caso de la caja, el organismo señala que sus intereses como accionista indirecto de Gas Natural deben ejercerse a través de su participada.

La resolución aclara que la personación de Repsol YPF, que tiene el 30,08 por ciento de Gas Natural, se ha aceptado por tratarse de un operador del sector energético y no por ser accionista de Gas Natural.

La empresa que preside Salvador Gabarró ha pedido a la CNC que no imponga condiciones a compra al considerar que no supone ningún perjuicio para la competencia en el sector energético, e incluso la mejora en algunos aspectos.

El pasado 30 de julio, Gas Natural y ACS cerraron un acuerdo para la compraventa de la participación del 45,3 por ciento de la constructora en Unión Fenosa a 18,33 euros por título (16.757 millones por el cien por cien). Al mismo tiempo la gasista anunció su intención de lanzar una opa por el cien por cien de la eléctrica al mismo precio, una vez que Competencia analice la operación. Gas Natural espera liquidar la opa en abril de 2009.

Por otro lado, a mediados de agosto pasado Gas Natural y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acordaron la compraventa del 5,15 por ciento que la entidad financiera tiene en Unión Fenosa mediante un contrato de derivados («equity swap»), por lo que la gasista ya se ha asegurado el control de más de la mitad del capital de la eléctrica.