Francisco Vallejo ha explicado en la sesión del control al Gobierno que se sigue en el Parlamento andaluz que la compañía eléctrica ya ha presentado las alegaciones al expediente informativo abierto, a pesar de que el plazo acaba mañana.

Con la información que maneja la Junta hasta ahora, Vallejo ha asegurado que Sevillana Endesa no ha alegado «nada nuevo», por lo que el Gobierno andaluz «previsiblemente» obligará el próximo lunes a la compañía a devolver «de oficio» todo lo que ha ingresado de más como consecuencia de la estimación «incorrecta» de consumo mensual realizada.

El consejero ha insistido en que la devolución se debe realizar a todos los perjudicados, independientemente de si han reclamado o no, al tiempo que ha asegurado que la Junta abrirá un expediente sancionador, que acabaría en los tribunales, si se descubre que la compañía ha actuado con «mala intención».

Vallejo ha aclarado que estas medidas se harán extensibles al resto de compañías que hayan cobrado de más en la factura mensual de la luz.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, ha recordado que el problema nace de un decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que permitía realizar estimaciones para poder cobrar las facturas de manera mensual.

De este modo, ha exigido al Gobierno andaluz que inste al central a resolver este problema ya que, si no lo hace, éste se volverá a repetir dentro de dos meses.

Además, ha pedido al consejero que fije una fecha y establezca el modo con el que los usuarios van a recibir lo que se les ha quitado.

Vallejo ha reconocido que el Ejecutivo central autoriza las estimaciones, pero no de forma «fraudulenta», y ha añadido que «no va a decir lo que tiene que hacer» el Gobierno o la Comisión Nacional de la Energía porque ya lo han hecho y saben lo que tienen que hacer.

El consejero ha aseverado que lo importante ahora no es sólo devolver a los ciudadanos lo que se les ha cobrado de más, sino evitar que esto vuelva a ocurrir, algo que, en su opinión, acabaría con una lectura mensual de los contadores.

Por su parte, el parlamentario de IULV-CA, Pedro Vaquero, ha exigido a Vallejo que inste al Gobierno a modificar el decreto para proteger a los usuarios y evitar así que esto vuelva a suceder.

En un comunicado, Antonio Moreno Alfaro, que desde hace años denuncia una presunta estafa en los contadores eléctricos de toda España, ha asegurado que el «Ministerio de Industria miente, pues las subidas reales aplicadas el 1 de enero de 2009 a las diferentes tarifas son muy superiores a las indicadas por dicho Ministerio en su nota de prensa del 29 de diciembre de 2008″.

Según las conclusiones de este ingeniero, que se pueden consultar en www.estafaluz.com/estafa152.html, para consumos hasta 500 kwh mensuales, el ahorro obtenido con la tarifa social respecto a las tarifas 2.0.1, 2.0.2 y 2.03 es de sólo 0.10 euros al día.

Anuncia que está analizando las «irregularidades» en la factura de enero y que próximamente incluirá una aplicación informática que permitirá a cada abonado conocer la cantidad que le ha sido cobrada en exceso .

Así lo manifiesta tras la reunión que han mantenido en Mérida el director general de Ordenación Industrial, Energética y Minera, José Luis Andrade; el director general del Instituto de Consumo, Pedro García Ramos; y representantes de las principales eléctricas que operan en la región, Endesa e Iberdrola, y de la asociación de pequeñas distribuidoras CIDE.

Una reunión en la que se han analizado los procedimientos utilizados por cada una de las empresas para hacer la estimación del consumo en el mes en el que no se ha tomado la lectura real del contador.

La conclusión es que, aunque con diferencias entre las empresas, «los diferentes procedimientos utilizados pueden considerarse correctos».

La Consejería señala además que cuando con cualquiera de los procedimientos de estimación puedan producirse casos en los que la energía estimada y facturada esté por encima del consumo real, será regularizada en el mes siguiente con la toma de la lectura real del contador.

Igualmente, considera correcto el procedimiento utilizado para facturar en el período en que se ha producido el cambio de tarifas. «Hemos revisado las reclamaciones recibidas en la Consejería, pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna irregularidad», ha señalado Andrade.

No obstante, la Consejería reforzará con más personal la atención telefónica a los ciudadanos a partir de la próxima semana y habilitará un enlace en la página «www.industriaextremadura.com», en la que se especificará el sistema utilizado en la estimación del consumo por cada empresa para aclarar al ciudadano las posibles dudas al respecto.

Por su parte, las empresas distribuidoras han asumido el compromiso de mejorar la atención telefónica a los clientes y reforzar sus oficinas en la región, incrementando el personal y el horario de atención al público, con el fin de garantizar una respuesta rápida, ágil y eficaz a los ciudadanos que deseen reclamar o solicitar información.

El estudio «Competencia y regulación en los sectores del gas y la electricidad en España», elaborado por la escuela de negocios IESE y el instituto vasco de competencia Orkestra, que fue presentado en Madrid por el profesor de la institución académica Xavier Vives.

En la actualidad, el Gobierno y las eléctricas trabajan en cerrar un acuerdo definitivo para poner fin al déficit de tarifa, que asciende a unos 16.493 millones de euros.

Vives explicó que la única forma de acabar con el déficit pasa por ajustar las tarifas a los costes y abogó por un incremento basado en un calendario «creíble» y bien definido que las sitúe en línea con los precios de mercados.

Esto permitiría, además, una liberalización más efectiva y rápida de los mercados del gas y la electricidad, dijo Vives, que recordó que el haber mantenido durante años la luz artificialmente baja , unido a la ausencia de tarifas por tiempo de uso, ha conducido a unos niveles excesivos de demanda y ha provocado que la capacidad de las instalaciones resulte insuficiente.

La eliminación del déficit debería realizarse de forma simultánea al refuerzo de las medidas tendentes a aumentar la competencia en el mercado mayorista eléctrico, dijo Vives, que subrayó que las tarifas reguladas deben dirigirse a alcanzar un mercado energético más eficiente y competitivo, no a lograr el control de la inflación.

El estudio añade que antes de la eliminación del control de precios a nivel minorista, el regulador necesitaría asegurarse que la competencia entre empresas es lo suficientemente intensa en los mercados minoristas.

Preguntado por la posibilidad de que las primas a las energías renovables y la cogeneración salgan de la tarifa eléctrica y se carguen a los presupuestos del Estado, Vives se limitó a señalar que, antes de fijar las ayudas, habría que cuantificar los costes y beneficios externos de estas tecnologías.

Por otra parte, el estudio recomienda eliminar los impedimentos «artificiales», tanto legales como de regulación, para que se puedan hacer reestructuraciones corporativas eficientes en el sector.

Además, aboga por mejorar la estabilidad reguladora, lo que evitaría la incertidumbre actual sobre muchas áreas como, por ejemplo, en lo que respecta al control de fusiones, que en los últimos años «no se ha aplicado sobre una base consistente».

La demanda de energía eléctrica en el mercado peninsular se situó en enero en 17.729 millones de kilovatios-hora (Kwh), cifra que representa un descenso del 8,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2008, según la patronal eléctrica Unesa.

Este consumo de energía representa el 75,2 por ciento del total peninsular, que ascendió a 23.590 millones de kWh, el 3,1 por ciento menos que en enero del año pasado.

El 24,8 por ciento restante del consumo fue cubierto por la energía generada por los productores en régimen especial (renovables y cogeneración) y el saldo de los intercambios internacionales de energía eléctrica.

En lo que va de año, apuntó Unesa, la electricidad aportada por los productores en régimen especial ha aumentado el 25,1 por ciento respecto al mismo período del año anterior y supone el 28,7 por ciento de la demanda total peninsular.

En enero, la producción bruta en el régimen ordinario ascendió a 18.952 millones de kWh, el 8 por ciento menos, según los datos de la patronal.

Por tipos de centrales, la producción mediante carbón, fuelóleo y gas descendió el 18,5 por ciento, mientras que la de origen hidroeléctrico aumentó el 56,4 por ciento y la nuclear el 1,9 por ciento.

La diferencia entre la producción bruta y la energía destinada a abastecer el mercado se debe a los consumos propios de las centrales y al consumo en bombeo.