Una agencia andaluza empieza a ofrecer un servicio de auditorías energéticas para ayudar a las empresas a bajar consumo

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EFE.- El Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) ha incorporado la realización de auditorías energéticas para ayudar a las empresas a reducir su consumo energético, ya que existe una gran demanda por parte de las empresas del plástico y de otros sectores. El objetivo es ayudar a las empresas con este servicio, ya que la electricidad supone uno de los principales costes para las empresas en la actualidad, según indicó el centro tecnológico ubicado en Martos (Jaén).

La responsable de este servicio en Andaltec, Irene Gutiérrez, sostiene que las auditorías energéticas ayudan a obtener un conocimiento fiable del consumo energético de los equipos e instalaciones y su coste asociado, con el objetivo de optimizar al máximo energéticamente los procesos manteniendo o incluso aumentando el nivel de producción y servicio. En este ámbito, el trabajo que realiza Andaltec incluye la optimización de la facturación de electricidad, el análisis de calidad eléctrica, el análisis termográfico o el estudio lumínico.

Además, los técnicos de Andaltec consiguen aumentar el valor añadido de las empresas, identificando y aportando medidas de ahorro de energía adaptadas a las necesidades de cada empresa, de forma que se puede conseguir un importante ahorro de dinero al reducir los costes. La empresa, además, también puede mejorar su imagen corporativa y su sostenibilidad ambiental, ya que un menor consumo de energía implica una disminución de las emisiones de CO2 de su actividad industrial.

Extremadura no quiere que su ecotasa, un impuesto autonómico sobre las compañías eléctricas, recaiga sobre los consumidores extremeños

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EFE.- Los cuatro grupos parlamentarios extremeños se mostraron en contra de que el impuesto que grava las instalaciones que inciden sobre el medio ambiente, conocido por ecotasa, correspondiente al ejercicio de 2013, recaiga finalmente sobre los consumidores tras el auto dictado por el Tribunal Supremo. El Supremo ha dado un plazo de tres meses al Ministerio de Energía para que establezca cuánto de los 98 millones de euros que ingresó la Junta de Extremadura por la ecotasa de 2013 deben devolver los consumidores.

El portavoz socialista, Valentín García, ha explicado que el Gobierno de Rajoy, en su «afán» de proteger a las eléctricas y a los bancos, se apropió de los impuestos regionales que afectaban a estas empresas. «Nacionalizó» el que grababa los depósitos bancarios y los impuestos autonómicos que afectaban a las eléctricas hizo algo parecido con un real decreto para que no incidieran sobre la energía eléctrica, aunque García matiza que el impuesto extremeño no grava ni la generación ni el consumo, sino el impacto de las instalaciones de las compañías eléctricas. Por ello, ha precisado, «es un concepto diferente al que el Tribunal Supremo le reclama a otras comunidades autónomas».

El diputado socialista insiste en que la ley extremeña protege a los consumidores frente a la posibilidad de que las empresas pudieran repercutir el impuesto sobre los ciudadanos. García destacó que, a su juicio, tras esta cuestión hay dos modelos fiscales: el del PP que eleva el IVA y los impuestos indirectos, y el del PSOE, que impulsó impuestos directos sobre las grandes empresas, entre ellos la ecotasa o el que gravaba los depósitos bancarios.

El portavoz del PP, Luis Hernández-Carrón, ha destacado que el tiempo les ha dado la razón, ya que cuando el PSOE sacó el impuesto hace más de 20 años ya advirtieron de que iba a acabar incidiendo sobres los consumidores. Aún así en 2012, el Ejecutivo popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra «un gobierno del PP» por esa medida que afectaba a la ecotasa autonómica. Un recurso, según Hernández Carrón, para defender a los consumidores extremeños. Ahora, tras el auto del Tribunal Supremo, ha considerado que «no es justo» que se grave a los ciudadanos extremeños y no a las eléctricas, y ha concluido que entre todos habrá que pagar una «fallida» ley socialista.

El portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha reclamado al Gobierno regional que haga «lo imposible» para que este asunto no repercuta sobre los consumidores, que ya sufren pobreza energética y cortes de suministro. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, expresó su rechazo total a que la ecotasa de 2013 repercuta sobre los ciudadanos y a que la Junta de Extremadura lo pudiera hacer de alguna forma «encubierta». A su juicio, el Ejecutivo extremeño se tiene que poner manos a la obra para resolver este problema, cuando es la región que más electricidad produce.

Iberdrola ya protege a todos sus clientes vulnerables del corte de suministro energético por el impago de las facturas

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EFE / Servimedia.- Iberdrola ya tiene protegidos a todos sus clientes residenciales de España de una eventual suspensión del suministro de electricidad o gas derivada del impago de facturas, siempre que se trate de consumidores considerados vulnerables, según indicó la compañía. Esta protección, que alcanza a 7,35 millones de clientes residenciales, se ha conseguido a través de diversos convenios suscritos con administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras asociaciones, y del procedimiento puesto en marcha por Iberdrola para proteger a los clientes vulnerables.

La protección se aplicará a todos los consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad. La compañía se ha comprometido a prestar atención a los clientes vulnerables y a colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas. Desde julio de 2015, Iberdrola ha firmado 50 convenios.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha explicado que la empresa «es consciente de la complejidad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas en el contexto actual». «De ahí la firma de estos acuerdos en España para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y de gas a los usuarios económicamente vulnerables. Ya protegemos a la totalidad de los clientes de nuestra compañía pertenecientes a este colectivo«, presumió.

El consumo eléctrico de las grandes empresas cae un 0,8% en febrero

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Redacción / Agencias.- El consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas descendió un 0,8% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, según el Índice Red Eléctrica (IRE), índice de consumo elaborado por Red Eléctrica de España. Desglosado por sectores, el consumo industrial aumentó un 0,1% y el de los servicios cayó un 2,2%. Todas las principales industrias electrointensivas aumentaron su consumo eléctrico en febrero. En el cálculo de estos datos se han tenido en cuenta los efectos de la composición del calendario y la evolución de las temperaturas.

Según el IRE, en los últimos doce meses el consumo eléctrico de estas empresas, descendió un 0,8% respecto al mismo periodo del 2016. Por sectores, el consumo de la industria bajó un 0,7% y el de los servicios un 1,2%. Comparado con febrero del año pasado, de las cinco actividades con mayor consumo eléctrico, la demanda de la metalurgia aumentó un 0,4%, la industria química un 1,8%, la fabricación de otros productos minerales no metálicos un 3%, la industria de la alimentación un 2,4% y la del papel un 1,9%.

Las actividades que más aportaron al consumo de las grandes empresas en febrero fueron la fabricación de productos de caucho y plásticos (5,4%), la fabricación de material y equipo eléctrico (12,9%) y la industria química (1,8%). El IRE toma medidas en 23.400 puntos de unas 13.900 grandes y medianas empresas, que representan el 47 % de la demanda eléctrica total.

Facua denuncia a 8 compañías energéticas, entre ellas comercializadoras como Som Energía, HolaLuz y Escandinava, por usar líneas de pago

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Europa Press.- Facua ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las autoridades de consumo de las respectivas comunidades autónomas en las que se encuentran registrados los domicilios sociales de las 8 compañías energéticas que se han «saltado» la legislación al gestionar con líneas 902 o numeraciones que implican un coste para el consumidor.

La organización ha detectado las irregularidades tras una encuesta sobre 30 compañías energéticas, sector donde la legislación obliga a facilitar teléfonos gratuitos tanto para la información comercial como la atención a los clientes. Los casos «más graves» son los de las 3 comercializadoras que obligan a los usuarios a llamar a teléfonos de pago con prefijo geográfico para el servicio de atención al cliente, pese a que la legislación del sector establece que deben ser gratuitos. Se trata de Som Energía, Clidom Energy, que opera bajos las marcas HolaLuz y HolaGas, y Escandinava de Electricidad.

Por su parte, la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta obliga a llamar a un teléfono de pago a aquellos usuarios que sufren averías. Para el resto de cuestiones, dispone de dos teléfonos de pago y uno gratuito. De las cuatro restantes, Pepeenergy «discrimina» a los usuarios, remitiéndoles a una línea de pago a los no clientes, mientras que Axpo Iberia, Gesternova y Nexus Energía ofrecen teléfonos gratuitos pero no los publicitan de manera «destacada».

El Gobierno tendrá en «breve» el borrador de desarrollo del bono social, que podría aplicarse antes de verano

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Europa Press.- El Gobierno contará en «breve» con el borrador del reglamento para desarrollar el bono social eléctrico, que podría así estar listo para antes de este verano, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que destacó que el texto recogerá como «requisito fundamental» la consideración de la renta para acceder al bono social. Hasta ahora, al bono social accedían las familias numerosas, los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), las pensiones mínimas y los desempleados.

Además, Navia destacó que se va a trabajar en la protección adicional del consumidor en las prácticas de comercialización, así como en la regulación de los cortes, estableciendo una categoría de consumidores particularmente en riesgo de exclusión social, «donde los cortes quedarán cubiertos con una contribución de las comercializadoras«. El secretario de Estado de Energía indicó que el Gobierno está ultimando este borrador después de haber mantenido contactos con todos los grupos políticos y contar con «un consenso importante» y avanzó que se procederá a una tramitación acelerada que podría, si todo funciona según lo previsto, «concluir antes de verano».

El texto deberá pasar previamente al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobación, añadió Navia, quien aseguró que la percepción tras las reuniones con los grupos es «muy positiva» y que existe un grado de acuerdo «bastante importante». Por otra parte, el secretario de Energía insistió en que el Gobierno, «en la medida que haya márgenes en el sistema», bajará la parte regulada del recibo. «Está en nuestro programa electoral. No subir la parte regulada y, si se puede hacer de forma prudente, ir reduciendo la parte regulada», aseguró.

El 62% de los contadores de la luz de España ya son «inteligentes», según la CNMC

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Europa Press.- El número total de «contadores inteligentes» de electricidad instalados hasta el primer semestre de 2016 ascendió a 17,54 millones, lo que representa el 62% del total de los contadores existentes, según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El informe trata de hacer un seguimiento sobre la integración de los nuevos contadores, de acuerdo con el Plan de Sustitución de Contadores, por el cual las distribuidoras de electricidad deben sustituir antes del 31 de diciembre de 2018 la totalidad de los contadores tradicionales de los consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kilovatios por contadores horarios telegestionados.

El nuevo sistema de contadores permite que los usuarios puedan conocer con detalle sus curvas de consumos horarios. La CNMC deja claro que las empresas deberían hacer el proceso «más transparente y comprensible», por lo que ha recordado que deben informar a sus clientes de manera clara sobre cuándo el distribuidor ha realizado el cambio del contador, los cambios que supone en cuanto al periodo de facturación y las posibilidades de acceder a sus consumos horarios, ya que «muchos consumidores no son conscientes de dicha sustitución ni de sus consecuencias».

Asimismo, la CNMC considera que los comercializadores deberían esforzarse para hacer comparable la información de la factura con el fin de evitar una mayor confusión. Con este fin, propone dividir en dos meses la información bimensual incluida en el recibo, de forma que el gráfico habitual incluya ambas medidas una vez que el contador haya sido sustituido y se inicie la facturación mensual. El informe también resalta que, hasta el primer semestre de 2016, las distribuidoras emitieron medidas horarias en aproximadamente un 97% de los suministros con contador inteligente, aunque solo un 93,1% correspondió a medidas reales por distintas incidencias.

En el próximo informe, la entidad ha anunciado que analizará el grado de cumplimiento del plan de sustitución de contadores tras la finalización del segundo hito cumplido el 31 de diciembre de 2016. La normativa permitió a las compañías que la sustitución de contadores analógicos por digitales se hiciera de forma gradual, al tratarse de un proceso «técnicamente complicado». Hasta el final de 2016 debían haberse cambiado un 70% de los contadores, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante.

Gas Natural se suma a Endesa y recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

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Europa Press.– El Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Gas Natural Fenosa en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso ha sido publicado en el BOE y se suma al interpuesto por Endesa por la misma cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 9 de marzo y concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

Barcelona amenaza con «aumentar la presión» si las compañías eléctricas recurren de nuevo el concurso municipal de suministro eléctrico

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Europa Press.- El concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, ha advertido de que el consistorio «aumentará la presión» si las compañías vuelven a recurrir el contrato eléctrico municipal, después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público haya anulado el concurso. Badia sostiene que al tratarse de un servicio básico deben primar una serie de principios por encima del lucro: «Si finalmente no lo conseguimos, tendremos que ir a un cambio legislativo de mayor envergadura».

Badia ha defendido el concurso que presentó Barcelona, indicando que se hubieran «equivocado de no haberlo intentado», e insiste en que trabajarán en una nueva redacción que les permita vincular la pobreza energética al contrato de compra eléctrica sin que sea anulado de nuevo. El concejal critica que haya quien prime beneficios multimillonarios sobre las necesidades más básicas y considera que las grandes compañías eléctricas no quieren formar parte de su “solución”: «Con las pequeñas y medianas empresas estamos pudiendo avanzar más que con las grandes, lo que es lamentable».

En ese sentido, ha detallado que el ayuntamiento hará un contrato puente que estará vigente a partir del 26 de marzo y durante seis meses, al que podrán concurrir de nuevo todas las empresas. Un modelo que utilizarán hasta presentar su nueva propuesta de contrato. El convenio puente se basará en el contrato marco de la Associació Catalana de Municipis (ACM), «que cita expresamente la ley de pobreza energética y que nunca ha sido recurrido». En cualquier caso, ha asegurado que es el último contrato que hará el municipio, ya que están desarrollando una operadora pública, y ha subrayado que el ayuntamiento debe ser «más valiente en la contratación pública».

La CNMC multa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por formalizar contratos sin el consentimiento de 7 clientes

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Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. En concreto, el organismo presidido por Marín Quemada ha resuelto estos expedientes tras recibir 7 reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor.

En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su consentimiento. En consecuencia, la CNMC procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural como responsables de infracciones leves de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador. La CNMC ha acreditado que, en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento. Concretamente, la CNMC ha impuesto las siguientes sanciones: Endesa Energía, cinco multas de 20.000 euros cada una de ellas, hasta un total de 100.000 euros, en cuatro expedientes distintos; Iberdrola Clientes, una multa de 30.000 euros; Gas Natural Servicios, una multa de 10.000 euros y Viesgo Energía, una multa de 15.000 euros. Estas resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios. Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Facua critica a los comerciales

Facua asegura que tanto el Gobierno como las autoridades de protección al consumidor autonómicas «vienen manteniendo» una actitud pasiva en relación a la mala praxis de algunas comercializadoras que han sido multadas por parte de la CNMC. En este sentido, la organización equipara este «macrofraude» con el que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones y recomienda a todos los usuarios que hayan sido «víctimas» que denuncien sus casos ante el organismo regulador. De igual modo, Facua denuncia «especialmente» los casos en los que los usuarios afectados por el cambio de compañía perdieron el bono social y asegura que la CNMC analiza 270 denuncias presentadas por esta asociación en nombre de sus asociados.