Europa Press / Servimedia.- El PP asegura que en la próxima legislatura, si la situación económica mejora, propondrá bajadas de impuestos para el sector de los hidrocarburos para hacerlos «más competitivos» mientras que el PSOE aboga por conseguir una bajada de precios a través de «un mayor control del oligopolio», limitando a un máximo del 25% las ventas autorizadas para los operadores por provincia.

Así lo indicaron el popular Guillermo Mariscal y el socialista Román Ruiz Llamas durante la jornada Propuestas para el futuro del sector de los hidrocarburos y de las estaciones de servicio,  organizada por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y patrocinada, entre otros, por BP. Preguntados sobre la doble imposición (IVA e impuestos especiales) a la que están sometidos los combustibles fósiles, Mariscal argumentó que con la situación de déficit y caída de la recaudación que encontró el PP al principio de la legislatura era «muy complicado» reducir la presión fiscal, pero anunció que en la próxima legislatura habrá que «reducir la fiscalidad de la energía para hacerla más competitiva» aprovechando que «España está levantando cabeza».

En este sentido, Ruiz Llamas cree que si se quita el IVA habrá que «subir automáticamente» los impuestos especiales, porque las administraciones públicas necesitan recursos, y ha recordado que la fiscalidad sobre los carburantes en España es «de las más bajas» de la Unión Europea. Sin embargo, los precios que pagan los consumidores por los combustibles antes de impuestos se encuentran entre los más altos, lo que lleva al diputado socialista a considerar que hay que «seguir avanzando» en la introducción de competencia en el sector. Algo que, a su juicio, no se consigue aumentando el número de estaciones de servicio, que ya son suficientes, sino actuando en el mercado de los operadores mayoristas que «copan la mayoría» del mercado.

Por eso, el PSOE insiste en la necesidad de reducir del 30% actual al 25% las ventas máximas que cada petrolera puede tener en una provincia, profundizando así la «insuficiente» reforma aprobada por el PP durante esta legislatura. «Si todas las gasolineras deben beber de las mismas cuatro fuentes no habrá resultados. Hay que abrir el mercado a nuevos operadores. Con más competencia habrá mejores precios«, pronostica Ruiz Llamas. Además, cree que hay que armonizar las metodologías de cálculo de los precios del combustible en los estados miembros de la Unión Europea, para poder comparar con garantías, y también se deben auditar los costes y los márgenes comerciales «reales» de las estaciones de servicio y ver dónde se pueden reducir.

Mariscal, por su parte, cree que «se han dicho muchos disparates» sobre los márgenes de beneficios de las gasolineras e insistió en su convicción «firme» de que «más competencia lleva implícito directamente más competitividad», por lo que favorecer la apertura de nuevas estaciones redunda en menores precios. Por ello defendió las recientes reformas legislativas puestas en marcha por el Gobierno, que «han propiciado la apertura de 300 nuevas gasolineras. Sin embargo, reconoce que se debe seguir trabajando para garantizar a todos los operadores las mismas condiciones para competir, impulsando la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado para armonizar impuestos o exigencias normativas en todo el país, evitando así la competencia desleal entre operadores, sobre todo en territorios limítrofes.

Mariscal rechaza, no obstante, la «planificación constante y continuada de la economía» porque «no trae nada bueno», y defiende la necesidad de «redefinir conceptos para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente» pero sin entrar a decidir cuestiones concretas sobre dónde debe ponerse una gasolinera o si hay que prohibirla porque su modelo no parece rentable. Éste es un asunto particularmente importante en relación con fenómenos nuevos como las estaciones de servicio low cost o las desatendidas, que se han regulado de manera diferente según la comunidad autónoma. En este sentido, el diputado valora que son opciones que pueden facilitar el suministro en zonas de baja población pero reconoce que en la próxima legislatura deberán estudiarse más.

El socialista, por su parte, considera que el modelo de red de estaciones de servicio español es «bueno» y que no se debe tener hacia uno basado en las low cost porque cualquier bajada de precios que propiciara sería en detrimento del empleo y de la seguridad. «Es mejor dar instrumentos comerciales a las gasolineras para poder competir», ha insistido, indicando que sí se podría estudiar una normativa básica dictada por el Estado para garantizar requisitos homogéneos en todo el estado. En lo que sí están de acuerdo ambos políticos es en que actualmente no parece haber riesgo de que ninguna área del país quede desabastecida por falta de estaciones.

Caso distinto es el de las cooperativas provinciales, que actualmente pueden vender la mitad de su producto a consumidores ajenos «sin cumplir las exigencias» que sí tienen las estaciones de servicio. Ruiz Llamas considera que se está generando una «red paralela» contra la que «no se han hecho avances suficientes», por lo que aboga por someter a estos entes a la misma regulación que el resto de instalaciones para que «compitan en igualdad de condiciones».

«Evidentemente hay que aplicar la ley. Las cooperativas deben tener las mismas obligaciones medioambientales y fiscales que el resto de operadores minoristas», coincide Mariscal. Con respecto a los nuevos combustibles, que a juicio del diputado del PP serán «fundamentales» para cumplir con las obligaciones de futuro en la lucha contra el cambio climático y para liberar recursos económicos para servicios sociales, Mariscal considera que el sector minorista «debe apostar por la eficiencia energética» y aliarse con otros actores como los fabricantes de vehículos para participar de este «desarrollo imparable». Para ello será clave la Estrategia para el Vehículo con Energías Alternativas, que incluye una batería de medidas para modernizar las infraestructuras de abastecimiento, algo fundamental.

Ruiz Llamas, por su parte, coincide en que estas fuentes de energía se irán incorporando «a futuro» pero no cree que en el corto plazo esto vaya a tener un impacto relevante. Ambos políticos reconocen que en todos estos «retos» las administraciones deben dialogar «con voluntad real» más y mejor con sus administrados para conseguir «regulaciones para todos». Mariscal fue un poco más allá y ha admitido incluso que esta legislatura se ha usado el decreto ley «en demasía», aunque lo ha justificado en la necesidad de tomar medidas urgentes ante la crisis; por lo que los próximos cuatro años habrá que «trabajar más juntos». A la jornada también estaban invitados representantes de Podemos y Ciudadanos que finalmente no acudieron.