Europa Press / EFE.- El Defensor del Pueblo lamenta que el Gobierno no haya adoptado aún las «necesarias modificaciones normativas» que permitan ligar el bono social de la luz a la renta, lo que hace que esta ayuda se conceda «en ocasiones al margen de la insuficiencia de recursos«. La institución realiza esta consideración en su informe anual de 2015, en el capítulo relacionado con el suministro de electricidad.

En el caso del bono social, la normativa actual no vincula la ayuda a la renta, sino que la reserva a determinados colectivos como pensionistas, familias numerosas o familias con todos los miembros en paro. En 2014, el Defensor del Pueblo ya recomendó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que modificase los requisitos de concesión del bono social para tener en cuenta la renta del peticionario y no otros criterios. A lo largo de 2015, se han seguido recibiendo quejas de personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder al bono social, señala.

Por otro lado, la institución dirigida por Soledad Becerril recomienda que la persecución del fraude eléctrico cometido por los particulares no recaiga sobre las empresas del sector, sino que se considere público y que sea responsabilidad de funcionarios de carrera. Con esta medida de «preservar el carácter público» de estos expedientes, formulada en octubre ante la Secretaría de Estado de Energía, se podrá garantizar a juicio del Defensor del Pueblo “la independencia” ante penalizaciones por fraude eléctrico, máxime cuando las empresas reciben conforme a la norma actual una retribución por la persecución de estas prácticas ya que así se pretende evitar que el resto de los consumidores sufraguen este fraude.

«Diversas quejas denunciaban la vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia debido a la exigencia de cantidades en torno a los 2.000 euros por supuestos fraudes de energía eléctrica, sin pruebas de cargo suficientes ni haberse acreditado de manera fehaciente», refleja el informe, que recuerda que el impago de la penalización conlleva el corte del suministro. Las quejas alegaban falta de imparcialidad de las empresas distribuidoras, que realizaban las correspondientes inspecciones, en ocasiones a través de empresas subcontratadas, señala, antes de recordar que la normativa recoge un incentivo a la reducción del fraude.

El Defensor del Pueblo también indica que se encuentra a la espera de una respuesta a su recomendación a Industria acerca de la conveniencia de revisar el elevado peso de la parte fija en la tarifa de la luz, que impide el ahorro en la factura de electricidad. También considera necesario flexibilizar los actuales tramos para cambiar de potencia de energía eléctrica contratada, ya que con los actuales contadores digitales «dejaría de ser necesario el establecimiento de unos rangos de potencia de energía eléctrica». Al desaparecer estos tramos, «los consumidores dispondrían de más flexibilidad para definir sus necesidades de consumo».

El Defensor del Pueblo también llama la atención acerca de la necesidad de facilitar el fraccionamiento en el pago de las deudas con las empresas comercializadoras, sobre todo en los casos en los que el consumidor sufre dificultades económicas. Concretamente, cita el caso de una ciudadana que percibe un sueldo de 650 euros mensuales a la que le exigieron más de 2.000 euros por un supuesto fraude. La interesada solicitó un fraccionamiento de la deuda en 12 meses, pero la empresa solo aceptó 6 meses.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recomendado que la producción de energía eléctrica en régimen de autoconsumo en los casos en que no hay vertido de excedentes a la red no estuviese sujeta a cargo alguno ni a obligación de registro administrativo, por tratarse de una medida de ahorro energético que no debe desincentivarse. Durante 2015, la institución siguió recibiendo quejas denunciando este problema, que se sumarían a las recibidas desde 2013, señala.