Los vehículos analizados por el Ministerio de Industria superan de forma generalizada los límites de emisiones en conducción real

Europa Press.- El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha realizado pruebas de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 17 vehículos de diferentes marcas cuyos resultados muestran que de forma generalizada se superan los límites en condiciones de conducción real, pero no cuando se realiza el test en un laboratorio y conforme a los criterios de homologación.

El informe con los resultados del estudio parte de las pruebas realizadas en 17 coches de las marcas Seat, Ford, Nissan, Volvo y Ssangyong en las instalaciones de Idiada Automotive Technology, que actúa como servicio técnico oficial designado por la Autoridad de Homologación de Vehículos en España. Los coches han sido sometidos a pruebas de Tipo I, realizadas en un laboratorio y conforme a las características de masa, fricción y aerodinámica propias del vehículo. Además, se han realizado otras pruebas, entre ellas con conducción real.

El Gobierno concluye que los 17 vehículos ensayados cumplen con los valores límite para emisiones en la prueba Tipo I, conocida como de homologación, si bien, «en el resto de pruebas, generalmente, los vehículos ensayados presentan niveles de emisiones de NOx superiores a los valores límite». El País, que adelanta el informe elaborado, indica que el estudio tenía como objeto buscar dispositivos fraudulentos para enmascarar las emisiones, como los conocidos de Volkswagen. Entre las conclusiones, se indica que los modelos «no dan muestra de disponer del dispositivo de desactivación prohibido».

Industria reclamó a las empresas responsables de los vehículos Nissan Juke/Qashqai 1.5 (Euro6) y Sangyong Tívoli 1.6 (Euro 6) explicaran el comportamiento altamente emisor de sus vehículos, a lo que respondieron que, «en determinados rangos de temperatura ambiente, el sistema de recirculación de gases de escape quedaba parcial o totalmente desactivado con el fin de no producir daños en el motor y que se pusiera en peligro la seguridad en la conducción». Este caso está reconocido como aceptable en las normativas anteriormente mencionadas, reconoce Industria.

En las conclusiones, el informe indica que los ensayos de homologación, actualmente aplicables, se basan en ensayos de laboratorio en condiciones de prueba muy controladas, lo que implica «cierta discrepancia de los valores de emisiones obtenidos con los que se obtendrán en conducción real». Esta discrepancia, señala, se verá solventada mediante la aplicación del nuevo procedimiento de ensayo cuyo objetivo es, precisamente, la evaluación de las «emisiones en conducción real».

Críticas de OCU y Facua

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua han criticado al Ministerio por actuar con «opacidad» y «silenciar» el informe con los resultados de las pruebas sobre las emisiones de NOx de los vehículos. La OCU asegura que «el Gobierno silencia un informe que aporta indicios de más manipulaciones de emisiones de coches diésel» y critica al Ejecutivo por no haber actuado «con la diligencia debida ante el mayúsculo escándalo de las emisiones de gases contaminantes».

En enero, la OCU ya criticó que el Ministerio no hubiera hecho públicas todavía las investigaciones que llevaba realizando ya desde diciembre del año 2015. Tras conocerse que todos los vehículos analizados con motores diésel homologados por España superan los límites de óxidos de nitrógeno fijados por la normativa europea en pruebas de conducción real, la OCU considera «fundamental que las administraciones defiendan los intereses de los consumidores por encima de los de la industria».

Por su parte, Facua califica de «indignante» que el Gobierno «silencie un informe que aporta nuevos indicios de manipulaciones de motores de vehículos diésel para pasar los controles de emisiones de dióxidos de nitrógeno y les permite incumplir los máximos fijados por la ley cuando están en carretera». El hecho de que el Ministerio de Economía e Industria no haya dado difusión al contenido del informe es, a juicio de Facua, «una nueva muestra del sometimiento del Gobierno a los intereses del sector del automóvil».

Facua denuncia a 8 compañías energéticas, entre ellas comercializadoras como Som Energía, HolaLuz y Escandinava, por usar líneas de pago

Europa Press.- Facua ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las autoridades de consumo de las respectivas comunidades autónomas en las que se encuentran registrados los domicilios sociales de las 8 compañías energéticas que se han «saltado» la legislación al gestionar con líneas 902 o numeraciones que implican un coste para el consumidor.

La organización ha detectado las irregularidades tras una encuesta sobre 30 compañías energéticas, sector donde la legislación obliga a facilitar teléfonos gratuitos tanto para la información comercial como la atención a los clientes. Los casos «más graves» son los de las 3 comercializadoras que obligan a los usuarios a llamar a teléfonos de pago con prefijo geográfico para el servicio de atención al cliente, pese a que la legislación del sector establece que deben ser gratuitos. Se trata de Som Energía, Clidom Energy, que opera bajos las marcas HolaLuz y HolaGas, y Escandinava de Electricidad.

Por su parte, la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta obliga a llamar a un teléfono de pago a aquellos usuarios que sufren averías. Para el resto de cuestiones, dispone de dos teléfonos de pago y uno gratuito. De las cuatro restantes, Pepeenergy «discrimina» a los usuarios, remitiéndoles a una línea de pago a los no clientes, mientras que Axpo Iberia, Gesternova y Nexus Energía ofrecen teléfonos gratuitos pero no los publicitan de manera «destacada».

El Gobierno tendrá en «breve» el borrador de desarrollo del bono social, que podría aplicarse antes de verano

Europa Press.- El Gobierno contará en «breve» con el borrador del reglamento para desarrollar el bono social eléctrico, que podría así estar listo para antes de este verano, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que destacó que el texto recogerá como «requisito fundamental» la consideración de la renta para acceder al bono social. Hasta ahora, al bono social accedían las familias numerosas, los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), las pensiones mínimas y los desempleados.

Además, Navia destacó que se va a trabajar en la protección adicional del consumidor en las prácticas de comercialización, así como en la regulación de los cortes, estableciendo una categoría de consumidores particularmente en riesgo de exclusión social, «donde los cortes quedarán cubiertos con una contribución de las comercializadoras«. El secretario de Estado de Energía indicó que el Gobierno está ultimando este borrador después de haber mantenido contactos con todos los grupos políticos y contar con «un consenso importante» y avanzó que se procederá a una tramitación acelerada que podría, si todo funciona según lo previsto, «concluir antes de verano».

El texto deberá pasar previamente al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobación, añadió Navia, quien aseguró que la percepción tras las reuniones con los grupos es «muy positiva» y que existe un grado de acuerdo «bastante importante». Por otra parte, el secretario de Energía insistió en que el Gobierno, «en la medida que haya márgenes en el sistema», bajará la parte regulada del recibo. «Está en nuestro programa electoral. No subir la parte regulada y, si se puede hacer de forma prudente, ir reduciendo la parte regulada», aseguró.

Los carburantes bajan un 1% pero siguen costando un 15% más que hace un año

Europa Press.- Los precios de la gasolina y del gasóleo experimentaron recientemente descensos de hasta el 1%. Pese a este abaratamiento, la gasolina y el gasóleo cuestan en la actualidad hasta un 15% más que en la misma semana del 2016, debido al encarecimiento que ha experimentado desde finales del año pasado el barril de crudo. Los dos principales combustibles de automoción suman dos semanas consecutivas a la baja, con las que rompen con las subidas que situaron su precio en los niveles más altos desde 2015.

En todo caso, la gasolina y el gasóleo continúa en los niveles más elevados en más de un año. En concreto, el litro de gasolina cuesta de media 1,237 euros en los surtidores, un 1% menos que en la semana anterior. Este carburante marca de esta forma el mismo precio con el que empezó 2017. Sin embargo, cuesta casi un 12% más que en la misma semana de 2016. En cuanto al gasóleo, marca un precio medio de 1,125 euros en los surtidores, un 0,6% menos que en la semana anterior. Este combustible, consumido por cerca del 70% del parque de automoción, cuesta ahora un 15% más que en la misma semana del año anterior.

Crudo en descenso desde noviembre

Desde noviembre, los precios de la gasolina y el gasóleo han venido subiendo como consecuencia de los incrementos en el precio del barril de crudo provocados por la decisión de la OPEP de reducir su producción, si bien en lo que va de año se ha producido una tendencia a la estabilización. La decisión de la OPEP, efectiva desde el 1 de enero, ha llevado al crudo a consolidarse por encima de los 50 dólares el barril. Con los precios actuales, el llenado de un vehículo con un depósito medio de 55 litros de gasolina cuesta 68,03 euros, 0,72 menos que una semana antes, mientras que en el caso del gasóleo el llenado asciende a 61,88 euros, 38 céntimos menos.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de combustible Euro-Super 95 se sitúa en1,369 euros y en 1,413 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,237 euros de media en la Unión Europea y 1,23 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los nuevos gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal en general que la media comunitaria.

El 62% de los contadores de la luz de España ya son «inteligentes», según la CNMC

Europa Press.- El número total de «contadores inteligentes» de electricidad instalados hasta el primer semestre de 2016 ascendió a 17,54 millones, lo que representa el 62% del total de los contadores existentes, según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El informe trata de hacer un seguimiento sobre la integración de los nuevos contadores, de acuerdo con el Plan de Sustitución de Contadores, por el cual las distribuidoras de electricidad deben sustituir antes del 31 de diciembre de 2018 la totalidad de los contadores tradicionales de los consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kilovatios por contadores horarios telegestionados.

El nuevo sistema de contadores permite que los usuarios puedan conocer con detalle sus curvas de consumos horarios. La CNMC deja claro que las empresas deberían hacer el proceso «más transparente y comprensible», por lo que ha recordado que deben informar a sus clientes de manera clara sobre cuándo el distribuidor ha realizado el cambio del contador, los cambios que supone en cuanto al periodo de facturación y las posibilidades de acceder a sus consumos horarios, ya que «muchos consumidores no son conscientes de dicha sustitución ni de sus consecuencias».

Asimismo, la CNMC considera que los comercializadores deberían esforzarse para hacer comparable la información de la factura con el fin de evitar una mayor confusión. Con este fin, propone dividir en dos meses la información bimensual incluida en el recibo, de forma que el gráfico habitual incluya ambas medidas una vez que el contador haya sido sustituido y se inicie la facturación mensual. El informe también resalta que, hasta el primer semestre de 2016, las distribuidoras emitieron medidas horarias en aproximadamente un 97% de los suministros con contador inteligente, aunque solo un 93,1% correspondió a medidas reales por distintas incidencias.

En el próximo informe, la entidad ha anunciado que analizará el grado de cumplimiento del plan de sustitución de contadores tras la finalización del segundo hito cumplido el 31 de diciembre de 2016. La normativa permitió a las compañías que la sustitución de contadores analógicos por digitales se hiciera de forma gradual, al tratarse de un proceso «técnicamente complicado». Hasta el final de 2016 debían haberse cambiado un 70% de los contadores, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante.

Bruselas «seguirá de cerca» las investigaciones sobre la subida de la electricidad en enero por la ola de frío

Europa Press.- La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, indicó que el Ejecutivo comunitario «seguirá de cerca» las investigaciones abiertas en España tras la fuerte subida del precio de la electricidad en enero «debido a la ola de frío que azotó Europa«. Vestager realiza estas consideraciones en respuesta a una pregunta del eurodiputado socialista Javier López, que deseaba conocer si la Comisión Europea tenía previsto investigar a los agentes por posibles prácticas anticompetitivas a la vista de la evolución de los precios mayoristas.

Vestager explica que «los precios de la energía en España y en otros Estados miembros aumentaron en enero de 2017 debido a la ola de frío que azotó Europa». «En los periodos de mayor demanda, los precios de la electricidad pueden incrementarse también como consecuencia de las fuerzas del mercado, con arreglo al principio de tarificación de la escasez«, señala.

En esos momentos, puede necesario explotar centrales con una estructura de costes «considerablemente más elevada que en los periodos de baja demanda», recuerda Vestager, antes de indicar que, en las primeras semanas de febrero de 2017, en que las temperaturas fueron más suaves, los precios disminuyeron. «Por lo tanto, el aumento de los precios no ha de ser necesariamente el resultado de una violación de las normas sobre competencia por parte de los productores de electricidad«, señala la comisaria europea.

En todo caso, asegura que la cuestión de la subida de los precios en enero «ya está siendo investigada a nivel nacional, tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), autoridad nacional de la competencia y que regula el sector de la energía». «La CNMC no solo está investigando los precios récord de la electricidad en enero de 2017, sino, más en general, el aumento de los precios durante los últimos meses. Por lo tanto, conviene dejar que la investigación nacional siga su curso. Bruselas seguirá de cerca este asunto y cooperará con las autoridades nacionales cuando proceda», añade.

El butano sube otro 5% este mes y acumula un alza del 20% desde mediados de 2016

Europa Press.- El precio máximo de la bombona de butano, una vez incluidos los impuestos, experimentará el martes 21 de marzo una nueva subida del 5%, hasta 13,52 euros, con lo que acumula incrementos del 20% desde julio del 2016, según indicaron fuentes del sector.

Las fuentes explican que la subida responde al continuado encarecimiento de las materias primas y que, de recogerse en su totalidad el aumento de costes, el alza en la revisión de marzo debería ser del 14%, hasta 14,74 euros por bombona. No obstante, como ya ha ocurrido en bimestres anteriores y como establece la normativa, el incremento se ha limitado al 5%, al tiempo que el importe que las empresas dejarán de ingresar por la insuficiencia de ingresos engrosará el déficit de tarifa del sector.

Con la nueva subida, el butano acumula cuatro revisiones bimestrales al alza con respecto al nivel fijado por el Gobierno en julio de 2016, de 11,25 euros. Entonces, la bombona tocó suelo tras una secuencia de caídas que la habían abaratado un 35% desde 2015. Pese a las nuevas subidas, el butano se encuentra aún un 22% por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015. La diferencia con respecto a aquel máximo es de casi 4 euros.

El Economista advierte de que la situación del sector se vuelve cada día más complicada debido a que la limitación de los incrementos de precio de la bombona regulada al 5% está situando la actividad de los operadores cerca de las pérdidas. Precisamente, el Gobierno debe indemnizar con más de 200 millones de euros a las petroleras por las diferentes sentencias en las que los tribunales dan la razón a las empresas y reconocen que se les ha obligado a vender la bombona a pérdida. Repsol prevé en sus cuentas anuales recibir 80 millones de euros por las indemnizaciones recogidas en las sentencias, Cepsa tiene derecho a recuperar 46 millones y Disa, otros 10 millones.

La subida del martes 21 de marzo se producirá tras la del 5% en enero, del 4,7% en octubre y del 4% en septiembre. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y en marzo de 2016. En enero de 2016, el precio máximo aumentó un 3%. El nuevo incremento de precios, realizado conforme a un mecanismo de revisión automática, es el tercero que afronta el nuevo Gobierno. La revisión la fija el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, pero depende de la cotización de la materia prima en los mercados internacionales, de los fletes y de la variación del tipo de cambio.

Gas Natural se suma a Endesa y recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

Europa Press.– El Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Gas Natural Fenosa en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso ha sido publicado en el BOE y se suma al interpuesto por Endesa por la misma cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 9 de marzo y concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

La CNMC multa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por formalizar contratos sin el consentimiento de 7 clientes

Europa Press.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo con un total de 155.000 euros por formalizar contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes. En concreto, el organismo presidido por Marín Quemada ha resuelto estos expedientes tras recibir 7 reclamaciones de usuarios que presentaron sus denuncias directamente ante la Comisión o a través de las oficinas municipales de información al consumidor.

En estos casos, los clientes denunciaron haber sufrido un cambio de comercializador (compañía que ofrece los servicios de gas y/ electricidad) sin haber dado su consentimiento. En consecuencia, la CNMC procedió a la apertura de un periodo de información previa y, en atención a las circunstancias de cada caso, se abrieron los correspondientes expedientes sancionadores a estas cuatro comercializadoras de electricidad y gas natural como responsables de infracciones leves de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.

La normativa establece el derecho del consumidor para elegir suministrador. La CNMC ha acreditado que, en los casos sancionados, las compañías no respetaron el procedimiento de contratación y no contaron con el consentimiento. Concretamente, la CNMC ha impuesto las siguientes sanciones: Endesa Energía, cinco multas de 20.000 euros cada una de ellas, hasta un total de 100.000 euros, en cuatro expedientes distintos; Iberdrola Clientes, una multa de 30.000 euros; Gas Natural Servicios, una multa de 10.000 euros y Viesgo Energía, una multa de 15.000 euros. Estas resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

La CNMC ya publicó en 2015 una serie de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas entre los clientes y las comercializadoras de gas y electricidad, cuando se realiza un cambio de suministrador en los contratos de los usuarios. Entre otros aspectos, la CNMC recomienda a las comercializadoras que eviten la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria y la contratación telefónica, especialmente en el caso de consumidores vulnerables y personas mayores. También recuerda que deben identificarse de manera clara ante el consumidor y evitar prácticas o mensajes que generen confusión, entre otros.

Facua critica a los comerciales

Facua asegura que tanto el Gobierno como las autoridades de protección al consumidor autonómicas «vienen manteniendo» una actitud pasiva en relación a la mala praxis de algunas comercializadoras que han sido multadas por parte de la CNMC. En este sentido, la organización equipara este «macrofraude» con el que se produjo a comienzos de la década pasada en el sector de las telecomunicaciones y recomienda a todos los usuarios que hayan sido «víctimas» que denuncien sus casos ante el organismo regulador. De igual modo, Facua denuncia «especialmente» los casos en los que los usuarios afectados por el cambio de compañía perdieron el bono social y asegura que la CNMC analiza 270 denuncias presentadas por esta asociación en nombre de sus asociados.

La OCU pide que las «malas prácticas comerciales» de las compañías energéticas queden expresamente prohibidas

Europa Press.- Mientras la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) reclama «medidas contundentes» frente a los “abusos” de los comerciales de las compañías energéticas, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya anunciado la imposición a varias de ellas de una sanción total de 155.000 euros, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige que “las malas prácticas comerciales” de algunas empresas eléctricas queden expresamente prohibidas hasta que no se garantice una correcta información y control por parte de las compañías.

El organismo considera que las sanciones a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por parte de la CNMC por realizar contratos sin el consentimiento del cliente «son pequeñas y probablemente serán recurridas», aunque reconoce que esta decisión del organismo de competencia «pone el foco en el grave problema de las prácticas comerciales abusivas«, una «constante» en el sector que OCU lleva años denunciando. Según la organización, la confusión entre comercializadoras y distribuidoras es el caldo de cultivo idóneo para estas malas prácticas, que se ven alentadas por la información poco transparente del sector y la dificultad para distinguir entre ofertas del mercado libre y regulado.

Denuncia así que las comercializadoras provocan la confusión con la utilización de teléfonos de atención, haciendo que muchos clientes pasen del mercado regulado al libre sin saberlo, dentro de compañías del mismo grupo. Según explica OCU, los comerciales que actúan puerta a puerta para estos propósitos activan contratos sin el consentimiento del cliente o con información incompleta o directamente falta. «El resultado es que el consumidor no tiene claro qué tarifa ha contratado, no es consciente de haber cambiado de un mercado regulado al mercado libre, o de una oferta a otra* no sabe qué paga, ni a quién», lamenta. Por ello, reclama una solución urgente para que estas prácticas comerciales sean «desterradas» del sector energético y queden expresamente prohibidas.

CECU: frenar a los comerciales

En este sentido, la CECU señala que, «por desgracia», los consumidores conocen «sobradamente» la existencia de comerciales que, «de forma abusiva y sin el consentimiento de los usuarios, les cambian de compañía comercializadora de luz y de gas«. Para la organización, esta práctica resulta «muy preocupante», más aun en un sector «esencial y estratégico» como el energético, por lo que reclama a la Administración que «tome cartas en el asunto» y que investigue la actividad comercial de las empresas. Además, aprovecha para animar a los usuarios a que denuncien las posibles prácticas abusivas que detecten y les aconseja que eviten contratar las ofertas telefónicas o las recibidas en la puerta de sus casas sin haber comparado previamente las distintas opciones.