Podemos critica que las corporaciones locales tengan que cofinanciar la factura eléctrica de los consumidores atendidos por los servicios sociales

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Europa Press.- Lucía Martín, diputada de En Comú Podem, coalición electoral integrada en el Congreso en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, criticó que el reglamento sobre el bono social anunciado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, delegue en las corporaciones locales el pago del 50% de la factura no abonada por los usuarios vulnerables para evitar el corte de luz.

«Nuevamente, el Gobierno no asume sus competencias y piensa más en el beneficio de las grandes eléctricas que en proteger a los consumidores más expuestos por la pobreza energética», concluyen desde En Comú, que cree que los requisitos previstos por el Ejecutivo para que las familias puedan acceder al bono social «significan liquidar de facto el principio de precaución», que impide efectuar un corte de suministro a familias en situación de vulnerabilidad. En este sentido, Martín destaca que es «inadmisible» que la garantía de acceso a los suministros básicos para las familias en situación de vulnerabilidad esté condicionada a que las grandes compañías eléctricas tengan antes garantizado el cobro de la mitad de las facturas que no han podido pagar.

Por último, Martín ha criticado el pacto alcanzado por el PSOE con el Gobierno del PP, tildando de «lamentable» el papel de la formación socialista y recordando que cuando presentaron el acuerdo su portavoz en la Cámara, Antonio Hernando, decía que «mientras unos protestan, nosotros buscamos soluciones». «El resultado de aquel pacto PPSOE está a la vista de todos: El PSOE aceptó dejar exclusivamente en manos del Gobierno el desarrollo y la concreción de todas las cuestiones sensibles que anunciaba el decreto ley, a cambio de poder aparecer para colgarse la medalla de la lucha contra la pobreza energética», lamentó.

La electricidad mejora su valoración entre los hogares españoles, según datos de la CNMC

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Europa Press.- El suministro eléctrico sigue siendo el servicio peor valorado por los hogares españoles, según los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque mejora la percepción con respecto al informe anterior. Concretamente, el 19,5% de los hogares están poco o nada satisfechos con su servicio eléctrico, según los datos de la cuarta oleada del panel, frente al 26% de hace un año.

Los datos del panel indican que el motivo principal de insatisfacción de los clientes con los servicios en general es su elevado precio. Así, el 91% de los hogares se quejan de los precios del servicio eléctrico y el 80% de los del servicio de gas. El segundo motivo de queja para los servicios energéticos es la falta de claridad en las facturas y en los precios. Por su parte, la televisión de pago ocupa la segunda posición como servicio peor valorado por los hogares españoles, seguido muy de cerca por la banda ancha fijas, en los que la segunda causa de descontento es la falta de calidad del servicio.

En línea con la evolución de la valoración global del servicio eléctrico, también ha mejorado la percepción sobre los precios. Así, el número de hogares poco o nada satisfechos con los precios ha pasado de ser un 60% en 2015 hasta un 55% a finales de 2016. No obstante, debe tenerse en cuenta que estos resultados se recogieron con anterioridad a las subidas de precio que se produjeron entre los meses de diciembre a febrero, señala la CNMC. Por último, el papel continúa siendo el formato más utilizado en las facturas y las comunicaciones de las eléctricas (76%) y los operadores de gas natural (69%).

El Gobierno ofrecerá ayudas a la rehabilitación en materia de eficiencia energética con hasta 12.000 euros por vivienda

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Europa Press.– La rehabilitación, con especial atención a la eficiencia energética, será el otro gran pilar del nuevo plan vivienda 2018-2021, con el fin de reactivar este subsector para el que Hacienda y Fomento diseñan además incentivos fiscales. También se prevé dar ayudas para que los mayores de 65 años paguen las facturas de la luz y el agua.

Por el momento, el Plan ampliará el número de ayudas a la rehabilitación, dado que se rebaja de 1981 a 1996 la antigüedad máxima de un piso para solicitarlas e incluye las viviendas unifamiliares. En cuanto a su cuantía, las correspondientes a eficiencia pueden ascender a hasta 12.000 euros por vivienda. Se trata de las líneas básicas del borrador del Plan Vivienda que Fomento ha diseñado con las comunidades. Fomento volverá ahora a someter a consulta este borrador entre las regiones, la FEMP y el sector, con el fin de tramitar su aprobación y que entre en vigor en 2018.

Otra de las novedades del plan es la línea de ayudas a los mayores de 65 años, siempre que cumplan un requisito de renta anual de cobrar menos de 22.365,42 euros al año y no tener piso en propiedad. En ese caso, los más mayores pondrán recibir una ayuda para pagar hasta 200 euros al mes, para pagar los suministros de su vivienda, esto es, las facturas de agua, luz, gas o de la comunidad.

El Tribunal Constitucional anula parcialmente el decreto del Gobierno que regula las gasolineras desatendidas al vulnerar competencias autonómicas

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EFE / Europa Press.- El Tribunal Constitucional anuló parcialmente el decreto-ley sobre gasolineras desatendidas o surtidores de combustible que funcionan sin la supervisión de un empleado, al considerar que la medida del Ejecutivo vulnera las competencias autonómicas en materia de ordenación comercial. Los magistrados, que estiman parcialmente el recurso de la Generalitat de Cataluña, rechazan por inconstitucional el artículo de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, incorporado posteriormente a la norma que avalaba la proliferación de estas gasolineras automáticas.

Dicho artículo no permitía que la superficie de la instalación de suministro de carburantes computara como espacio útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial. Una disposición elevada al más Alto Tribunal nacional por el Gobierno catalán, que apeló una vulneración por parte del Estado de las competencias atribuidas a cada autonomía en materia de ordenación comercial en su territorio. Ahora los jueces destacan que cualquier aspecto relacionado con la exposición y venta al público pertenece a la regulación del comercio interior, refrendada por el propio decreto 6/2000, que presupone un «margen de intervención» a las comunidades autónomas.

Esto es, la norma estatal no excluye que las autonomías empleen sus competencias en la materia para establecer requisitos adicionales a la hora de regular la instalación de gasolineras en establecimientos comerciales. Asimismo, el Tribunal Constitucional resalta que el artículo 3.4 «no responde de forma directa e inmediata a la planificación general de la economía o al establecimiento de las bases en materia energética», por lo que carece de cobertura constitucional. Por tanto, la redacción dada por el artículo 40 del real decreto-ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo, «es contrario al orden de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo».

La sentencia cuenta con el voto particular del juez Fernando Valdés Dal Ré, al que se adhirió el magistrado Andrés Ollero, para quienes «no es pertinente» entender que la «extraordinaria y urgente necesidad», manifestada por el Gobierno a la hora de dictar la norma, haya permanecido inalterable durante 13 años. Explican que este tipo de conductas, en las que la voluntad del Ejecutivo predomina sobre aquella de las Cortes Generales, «comporta el riesgo de convertir en habitual» una modificación excepcional del poder de dictar normas.

Por su parte, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) considera «muy conveniente» que el Estado revise “en profundidad” la regulación de este tipo de instalaciones para salvaguardar los «derechos, principios y títulos competenciales recogidos en la Constitución«. Según Aevecar, esta sentencia supone, en la práctica, que cualquier comunidad autónoma que, como Cataluña o Madrid, haya asumido competencias en materia de Comercio Interior, podrá hacer uso de ellas para decidir si la superficie de las estaciones de servicio situadas en grandes superficies computa o no como superficie útil de exposición y venta al público.

Endesa defiende que la mejor medida contra la pobreza energética es eliminar de la tarifa los costes ajenos al suministro

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que «la medida que más puede contribuir» a la solución del problema de la pobreza energética es “eliminar de la tarifa eléctrica todos los costes ajenos al suministro de la energía eléctrica«. Así se expresó Bogas en la junta de accionistas de la compañía, en la que recordó que dichos costes proceden de decisiones de política energética.

Bogas considera que una tarifa eléctrica más baja además de reducir el problema de la pobreza energética incrementaría la competitividad y supondría un empuje a la descarbonización del sistema energético. Además, defendió que Endesa «está firmemente comprometida en la lucha contra la pobreza energética» y destacó que es la eléctrica que ratificó más convenios con autonomías y ayuntamientos para afrontarla, un total de 220. Como consecuencia, aseguró que «todos los clientes vulnerables conectados a nuestra red se encuentran protegidos y no se les corta el suministro«. Por último, afirmó que «nuestra disposición a colaborar en la solución del problema está fuera de toda duda y la vamos a mantener con el fin de encontrar nuevas medidas justas, asumibles y eficaces».

Dotar de estabilidad al Parlamento

Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, ve “preciso” dotar de estabilidad al actual Parlamento, en el que ya no hay mayorías absolutas, y ha dicho que la nueva situación parlamentaria «exige nuevas formas de hacer política». Prado considera que esas nuevas maneras de hacer política, «si son gestionadas con inteligencia y con altura de miras, pueden dar lugar a una etapa fructífera y de progreso«, como demuestran desde hace décadas «muchos» Gobiernos de los países del entorno.

Ha señalado que «lo complicado» va a ser el tránsito «desde la mayoría absoluta hacia los necesarios equilibrios parlamentarios», pues «pasar de la cultura de mayorías absolutas a la de pactos no es sencillo, ni para quienes dispusieron de esa posición dominante ni para quienes estuvieron en el lado contrario». No obstante, cree que ahora es momento para que los que lideran la actividad política demuestren «su visión de Estado«.

Respecto al actual Gobierno, ha dicho que su altura de miras y su capacidad de gestión «permitirán a España mantener el rumbo de la recuperación económica que, con el sacrificado esfuerzo de tantos», se inició en la pasada legislatura. También ha dicho que confía en el «saber hacer e inteligencia» de los que integran la oposición política y ha dicho que su responsabilidad será «determinante».

En cuanto a la economía, destacó que «aunque quedan rémoras indeseables tras una larga y profunda crisis, también estamos en el camino de superarlas». «Hay un buen puñado de síntomas para considerarlo así», apostilló. Entre ellos, se refirió a que España está liderando el crecimiento en la Unión Europea y a que redujo el desempleo en casi 400.000 personas el año pasado. «Aunque es una cifra aún insuficiente, señala que hay salida al mayor problema al que nos enfrentamos», concluyó.

Todo el beneficio en dividendos

La junta de accionistas de Endesa, en la que estuvo representado un 85,6% del capital, ha aprobado el pago de un dividendo de 1,33 euros por acción con cargo a los resultados de 2016, que supondrá la distribución de 1.411 millones de euros.Este dividendo implica el reparto del 100% del beneficio neto generado en 2016, un 30% más que en 2015, cumpliendo con el compromiso que la compañía adquirió en la oferta pública de venta (OPV) de 2014.Además, Endesa anunció en la actualización de su plan industrial que su objetivo era aplicar entre 2017-2019 una política de dividendos consistente en el reparto con cargo a estos ejercicios del 100% del beneficio ordinario neto.

En concreto, para 2017 el dividendo ordinario será como mínimo de 1,32 euros brutos por acción y hasta 2019 espera repartir 6.000 millones de euros. Del dividendo de 2016, de 1,33 euros, Endesa ya pagó a cuenta 70 céntimos brutos por acción el pasado 2 de enero y el próximo 3 de julio abonará un dividendo complementario de 63 céntimos.

Además, la junta de accionistas otorgó su visto bueno a la reelección de Miquel Roca, padre de la Constitución, y de Alejandro Echevarría, presidente de Mediaset, como consejeros independientes. También aprobó el plan de retribución variable a largo plazo Plan de Fidelización Programa 2017-2019, que incluye entre sus beneficiarios a los consejeros ejecutivos de Endesa, y el informe anual de remuneraciones de los consejeros, además de reelegir a Ernst&Young como auditor de la compañía. Por su parte, el consejo de administración de Endesa acordó nombrar vocal del mismo a Patrizia Greco, presidenta de Enel, el grupo italiano que es el accionista mayoritario de Endesa, como consejera externa dominical, en sustitución de Livio Gallo, que dimitió.

Los usuarios del bono social descienden un 1,1% en 2016 pese a aumentar entre familias numerosas o de desempleados

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Europa Press / EFE.- El promedio de consumidores acogidos al bono social de electricidad ascendió a 2,42 millones a cierre de 2016, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al ejercicio anterior, a pesar del aumento más del 10% entre familias numerosas y hogares con todos los miembros en situación de desempleo.

Según el último informe de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el descenso en 2016 se debe, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, al menor número de consumidores domésticos con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW). Este grupo de beneficiarios del bono social, que es el más numeroso entre los distintos perfiles de usuarios con derecho a la ayuda, ascendió a 1,79 millones en el promedio de 2016, un 4,2% menos que en 2015 y el 72,7% del total de beneficiarios.

Aparte de potencias inferiores a 3 kW, el bono social también lo pueden disfrutar los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en situación de desempleo. Los pensionistas que recibieron la ayuda en 2016 fueron un promedio de 322.060, un 5,5% más y el 13,7% del total, mientras que entre las familias numerosas hubo 216.139 beneficiarios, un 14,9% más y el 9,4% del total. Entre las familias en desempleo se produjo un incremento del 12,8%, hasta 73.571 usuarios, representando el 3,23% del total.

Los beneficiarios del bono social consumieron el año pasado 2,29 millones de megavatios hora, un 4% más que en 2015. De ese consumo, el 56,4% corresponde a los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kw; el 20,2% a las familias numerosas; el 18,1% a pensionistas; y el 4,5% a desempleados. Las familias numerosas son las que más consumen de media (4.013 kilovatios hora anuales), seguidas por los desempleados (2.611 kilovatios hora anuales) y los pensionistas (2.408 kilovatios hora anuales). Los que consumen menos son los usuarios con potencias contratadas inferiores a 3 kw (1.351 kilovatios hora anuales).

Como parte del desarrollo normativo del nuevo mecanismo de financiación del bono social, el Ministerio de Energía prevé un nuevo sistema de reparto de la ayuda en función de la renta. Energía considera que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta», lo que consideran que justifica vincular la ayuda al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Con esta definición, «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo«, así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

El Defensor del Pueblo pide una protección expresa para los niños, ancianos y discapacitados frente a los cortes de luz

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo reclama al Ministerio de Energía que tenga especialmente en cuenta, entre las medidas de protección contra el corte de suministro de luz a consumidores vulnerables, a los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta propuesta forma parte de un documento enviado al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con 11 recomendaciones acerca del desarrollo normativo del bono social de electricidad y de las medidas de protección a los consumidores vulnerables.

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo coincide con el Ministerio en que para establecer los criterios para asignar el bono social es necesario definir el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta. Sin embargo, también pide que se module el umbral de renta «de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación». Junto a esto, reclama un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz, así como publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social, de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

Otras propuestas consisten en establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social y en prever la coordinación administrativa necesaria a la hora de acreditar la condición de consumidor vulnerable y reconocerle el derecho a la ayuda. Además, pide introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a los acogidos al mercado libre, así como proteger del corte de luz a usuarios con impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

El Defensor del Pueblo reclama además a Energía que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura de electricidad, de manera que se incentive el ahorro. Junto a esto, se muestra partidario de establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que trate de abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.

La OCU pide más protección para los consumidores vulnerables en la nueva normativa para regular el bono social de electricidad

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confía en que la nueva legislación del bono social eléctrico «mejore la protección» de aquellos consumidores más vulnerables y que también «agilice y simplifique» los trámites para poder acogerse a él. La asociación pide «la colaboración» de las comercializadoras para evitar situaciones de desamparo, «facilitando proactivamente» el ofrecer el bono social a las familias más desfavorecidas y mejorando la comunicación con la Administración para evitar cortes de suministro.

Para OCU, el bono social, según lo conocido, presenta, «graves deficiencias», como la ausencia de una definición de consumidor vulnerable, lo que supone que muchos hogares con serias dificultades no tuvieran acceso a él, o la falta de información para los consumidores sobre el mismo y cómo acogerse a él, «lo que hacía que el bono social fuera inaccesible para los potenciales beneficiarios por desconocimiento». Asimismo, la asociación considera necesario abordar también problemas «más graves» asociados a la pobreza energética y los cortes de suministro.

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla la legislación sobre el bono social. Entre las medidas recogidas en el borrador, figura el hecho de que los impagos deberán reclamarse mediante hasta tres comunicaciones fehacientes antes de iniciar el proceso de corte de suministro. Además, el corte de suministro no se podrá realizar antes de dos meses de la fecha de la reclamación fehaciente del pago, siendo cuatro meses si está reconocido como consumidor vulnerable severo. Precisamente se trata de una nueva categoría, los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que evitarán los cortes de suministro si la administración (local o autonómica) contribuye con el 50% del coste de ese suministro.

El Gobierno envía a las comunidades autónomas el borrador del reglamento sobre el bono social, más «eficiente» y «accesible»

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Europa Press.- El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social, que establece un mecanismo «más eficiente» y «accesible», con más categorías de hogares vulnerables y mejor comunicación entre las administraciones y las comercializadoras.

Tras haber recibido las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación, el Ministerio de Energía expone que el borrador establece un mecanismo basado en criterios de renta de la unidad familiar para reforzar la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social. En concreto, contempla la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales basadas en supuestos socioeconómicos, como el grado de discapacidad. Además, crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

En cuanto a los impagos de los consumidores, las comercializadoras deberán de informar a estos desde el primer momento en que dejen de abonar sus facturas, para posteriormente reclamar el pago por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. Si la reclamación no puede entregarse, habrá una segunda reclamación. Por último, las comercializadoras deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Desde entonces, el consumidor dispondrá de 2 meses para efectuar el pago de la factura antes de que la compañía pueda proceder a la suspensión del suministro, un plazo que se ampliará a 4 meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

En los casos de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado «esencial» y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares. Por otro lado, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y evitar así los cortes indeseados para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social.

La CNMC propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio del alquiler de los contadores de gas

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Europa Press.-Facua reclama al Gobierno que adopte las medidas necesarias «para ajustar a los costes reales» el precio que pagan los consumidores de gas por el alquiler de los contadores, tal y como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio, dependiendo del tipo de equipo, lo que implicaría, de media, un ahorro de unos 8 euros al año para los 6,8 millones de consumidores con contador alquilado.

Así se desprende del primer estudio sobre el precio que deberían pagar los consumidores domésticos de gas por el alquiler de sus contadores, según establece el Real Decreto 1434/2002. Anualmente, el Gobierno publica en una orden ministerial los precios del alquiler de contadores de gas, que varían en función del tipo de consumidor (doméstico, empresa, etc.), y del caudal, cantidad de gas, que circula por equipo. Hasta el año 2013, de media, estos precios subían anualmente entre el 2,5% y el 3,6%. Sin embargo, han estado congelados desde ese año.

Un 99,2% lo tiene alquilado

Los consumidores pagan mensualmente a su empresa comercializadora a través de su recibo del gas el precio estipulado por el alquiler del contador junto con el resto de conceptos facturables (peajes, consumo de gas, impuestos). Un 99,2% tiene alquilado su contador. Los precios que pagan los consumidores domésticos oscilan entre 0,69 euros mensuales (hasta 3 metros cúbicos por hora) y los 2,64 euros mensuales (hasta 10 metros cúbicos por hora), dependiendo del caudal del contador que tengan alquilado. La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, denunció que “las empresas están cobrando a los usuarios más de lo que les correspondería».

Hasta la fecha, no ha existido una metodología concreta de costes para fijar el precio del alquiler de estos equipos, entre otras cosas, porque las empresas distribuidoras no cuentan con una separación contable que diferencie los ingresos que perciben y los costes en los que incurren por el alquiler de estos equipos, frente al resto de ingresos y costes de la actividad de distribución. En consecuencia, la CNMC ha solicitado información económica para llevar a cabo un análisis metodológico que concluye que los precios por el alquiler de estos equipos deberían bajar entre el 16% y el 76%, dependiendo del tipo de contador del usuario.