La publicación por el diario económico Cinco Días en crónica de Carmen Monforte sobre las acciones legales que la Comisión Nacional de Energía podría tomar contra Iberdrola, a cuenta de la polémica sobre el informe sobre costes y precios de la energía, señalan, nuevamente, el dislate en el que se ha precipitado el organismo que preside Maite Costa con motivo de tan desgraciado informe. Parece ser que la fanfarria con la que los autores materiales e intelectuales de este informe del ácido bórico del sector energético, quieren celebrar y parapetar su obra, se aúpa por encima del propio comportamiento institucional y de los acuerdos de su Consejo de Administración.

Repasemos los hechos. El pasado 13 de mayo la Comisión Nacional de Energía publicó un informe sobre costes y precios, cuyo objetivo fundamental no era analizar vías para reducir los precios de la energía en nuestro país (algo que hubiera sido loable en estos momentos). El objetivo era cuestionar el funcionamiento del mercado eléctrico, atacando las rentas resultantes que percibirían dos tecnologías, la hidráulica y la nuclear, por las diferencias entre el precio que fija el mercado eléctrico y sus respectivos costes (todo ello sin información contable y económica real, un enfoque académico muy “sui géneris”). El informe, como se ha podido saber, fue elaborado por el Consejero de la Comisión Nacional de Energía, Jorge Fabra (su contenido es una copia de un artículo que publicará próximamente la CNE) y “dado” al director de Regulación del organismo, para que lo adoptase como propio, es decir, que pasase como fruto de los servicios del organismo. Todo ello, hecho con enorme velocidad y fruición, inclusive la aprobación por el Consejo.

Esta es la maniobra con la que se “traviste” un informe que no es un informe. Es una posición ideológica-académica, sostenida en estimaciones y no en la información económica que posee el organismo regulador. Una práctica completamente anómala a la tradición de los informes precisos, rigurosos y documentados del organismo y sus servicios técnicos. El objetivo era retroceder en el mercado eléctrico y, de hecho ese es el hilo argumental que se sostiene cada vez que sale a la palestra el consabido informe. Los windfall profits. (Por cierto, ¿se imaginan Vds. hablando de esto en cualquier otro sector, energético o no? ¿Conoce Vd. si hay windfall profits en los diferentes medios de transporte para hacer el viaje Madrid-Barcelona?)

Hasta aquí, el contenido de la bomba por debajo de la puerta que un organismo que debería estar dedicado a la garantía de la legalidad y el mercado y acaba en una deriva mezcla del Comité Central del PCUS, medio falangista-requeté . En definitiva, se aprecia un funcionamiento institucional, forzado, instrumentado en su debilidad, de una institución en plena descomposición, la Comisión Nacional de Energía, dónde sus corrientes subterráneos y sus grupúsculos de consejeros subvierten la propia actividad institucional del organismo.

Cronología de los hechos

Retomemos el relato de los hechos. El día 13 de mayo junto con el dictamen del Consejo del organismo, se advierte que la semana siguiente se aprobará una ‘addenda’ metida como una “morcilla” en la revisión tarifaria del tercer trimestre. La semana siguiente, los consejeros conocen el “Informe” la tarde anterior a su aprobación, 19 y 20 de mayo respectivamente. Por su parte, la patronal UNESA, contestó el pasado 22 de mayo duramente al informe, con una nota de prensa colectiva. Tras eso, empezó un carteo entre Iberdrola y la Comisión Nacional de Energía, que fue desvelado en su momento por el diario El Mundo. El 3 de julio el Consejo de Administración de la CNE analiza la primera carta de Iberdrola y decide contestar una semana más tarde en su sesión del 10 de julio de 2008. En esa contestación, el Consejo de Administración de la CNE actúa con extrema dureza con Iberdrola. En esa primera comunicación es en la que veladamente la CNE traslada sus amenazas a Iberdrola por las supuestas presiones al Consejo de Administración que serían estas comunicaciones.

Seguidamente, la compañía que preside y dirige Ignacio Sánchez Galán replicó en términos más suaves al Consejo de Administración y, esta segunda misiva, fue tratada en el consejo de administración de la CNE en su reunión del 17 de julio. En esa reunión, primó la prudencia finalmente entre los Consejeros y se decidió no alimentar más leña al fuego, triunfando la tesis de relajar la polémica. No hubo respuesta, a esta segunda carta, por parte del organismo y de su Consejo. Cuatro días más tarde aparece esta noticia en Cinco Días.

La CNE en redifusión: el informe de la langosta recalentada

Curiosamente, es en ese momento en que aparece la información del Consejo en el que la CNE amenaza a Iberdrola, echando combustible al fuego. Según, este artículo, “el organismo podría denunciar las presiones al Consejo”. Lo más peculiar es que la crónica surge después del desistimiento conjunto del consejo a esta opción, tras la segunda misiva de Iberdrola a la CNE. Algún día se podrá conocer porque en el seno del propio Consejo, los relatores internos trasladan noticias tardías para reincendiar los problemas del organismo, cuando sus decisiones colectivas son diferentes. Es decir es el momento de la langosta recalentada. ¿Quién coloca a la CNE en redifusión permanente? De hecho, la respuesta de Iberdrola a esta nueva indiscreción no se ha hecho esperar, y ha remitido una nueva comunicación al Consejo de la CNE.

Las consecuencias de todo este embrollo deberían ser, en primer lugar, que se imponga definitivamente la prudencia, se corten los mecanismos de alimentación artificial de este Informe, una falacia compositiva que debería haberse dado ya por desahuciado. Parece que es un informe en redifusión permanente, a ver si, de repetir sus conclusiones (equívocas, perjudiciales, falaces, venenosas) se hacen ciertas. Y, también, como sucedió con el informe del ácido bórico, esta teoría necesita sus altavoces.

Ácido bórico para el sector energético

La segunda consecuencia corresponde al análisis interno de la situación del organismo regulador independiente. Esta situación señala como una minoría creativa retroprogresiva va conduciendo subrepticiamente los designios del organismo, por detrás y por encima de los propios mecanismos institucionales. Al margen de los servicios internos y de la actividad de la propia presidencia, de su gabinete y del servicio de prensa. Parece ser que toda esta situación ha llegado demasiado lejos, dejándo nuevamente caer a la CNE en una crisis institucional sin precedentes, además del daño causado a la credibilidad del sector energético español, a la estabilidad regulatoria y a la valoración de las empresas energéticas en bolsa.

De todas formas, no está tan claro que todo este carteo se pueda advertir que haya «coacción» al Consejo de Administración de la CNE (que ya se coacciona solo, entre sí o por debajo). Lo que si está claro es que el Informe sobre Costes y Precios, es una coacción. Al proceso de liberalización de los sectores energéticos, a la Unión Europea, Ministerio de Industria, a las empresas, al sector energético y al mercado eléctrico. Por este orden.

La resolución por parte de la Generalitat del expediente sobre el apagón de Barcelona, ha dejado seguramente más luces que sombras, además de la perplejidad que resulta de una actuación inexplicable a la luz de los informes y de la información conocida hasta el momento. El resultado si lo tuviéramos que enunciar en términos futbolísticos sería algo así como un 11 a 10 (en el que se consigna como “perdedora” a los puntos, Red Eléctrica de España cuya penalización es de 11 millones de euros, a la vez perdedora moral). Por otra parte, Fecsa-Endesa recibe una penalización casualmente “parecida” 10 millones de euros, no hace justicia a la batería de informes de expertos y de órganos reguladores que acreditaban una mayor diferencia en la participación de “responsabilidades”.

La resolución trata de pegar algún “pellizco de monja” a Red Eléctrica de España, sin pasarse claro, como pequeña travesura de la Generalitat a la empresa que ha traído por el camino de la amargura a las administraciones públicas catalanas en lo que se refiere a las redes de transporte. Y más, desde su coronación como transportista único, con la reforma de la ley del Sector Eléctrico el año pasado. En todo caso, parece que Red Eléctrica de España, no sale bien parada de esta cuestión, ni siquiera con el halo protector de la Generalitat.

También es un reflejo del síndrome de Estocolmo dual: por un lado, la relación con Red Eléctrica de España ha sido enormemente tormentosa para Ayuntamiento y Generalitat. El número de incidentes ocurridos desde el apagón de julio, los retrasos en la realización de las obras de reconstrucción de las central siniestrada, la exhibición de los procedimientos internos de nuestro operador de redes y transporte, el incidente que colapsó las salidas de las autopistas de Barcelona…. Pero a la hora de decidir, de repartir responsabilidades se ha buscado una solución conservadora, nada ejemplarizante, más cercana a la acción punitiva de un árbitro que trata de compensar con sus decisiones los intereses de todos y de ninguno.

Sobre todo porque todos los informes más serios y solventes (incluso el propio de la Comisión Nacional de Energía, que recaban informes a su vez de varios expertos en electrotecnia) apuntaban a una resolución diferente, mucho más clara y explícita en sus planteamientos. Recordemos que la Comisión Nacional de Energía determinó más de un 98 % de responsabilidad para REE y menos de 2 % para Endesa. Entre otras cosas, porque en sus consideraciones aisló el incidente de la caída del cable en la estación de Collblanc del incendio de la estación de Maragall, como atestiguan todos los informes, que no vinculan relación de causa y efecto entre el primero y el segundo. Es más, establece una relación de “casualidad” más que de “causalidad” Pero es que, el efecto, la duración y el número de usuarios de la primera incidencia, es mucho menor que el de la segunda incidencia. En este sentido, la Generalitat se apunta a la teoría de que la primera incidencia (Collblanch) es la causante de la segunda (algo que los informes conocidos y públicos no sólo no confirman, sino que descartan, máxime los antecedentes ocurridos en la línea subterránea de distribución-transporte que da servicio a Barcelona).

La resolución prueba la politización de este suceso. Si la Comisión Nacional de Energía, todos los informes que se han dispuesto de un número importante de expertos, incluido el Colegio de Ingenieros de Catalunya (puesto a los pies de los caballos monopolizantes de Red Eléctrica de España en un escarnio de más de 80 preguntas, casi inconstitucionales), apuntan con claridad una versión de los hechos, la Generalitat decide ‘resolver’ contra sus informes. Y todo, para acabar así. En una final por la mínima, en una resolución a los penaltis.

En esto, la Dirección General de Energía de la Generalitat y el hombre que está al frente de ella, Agustín Maure (cuya procedencia es Red Eléctrica de España), debe ser garantía de solvencia técnica y profesional y de que la resolución final no se realizaría por el procedimiento del “premio de consolación”. En esto, a lo mejor un día conocermos si han recibido presiones en este organismo procedentes de instancias más altas (incluso externas), las que han determinado el caso omiso a todos los informes, evidencias e incluso actitudes manifestadas desde el operador de transporte y sistema en todo el proceso.

Lo peor de todo es que una resolución así no sirve para nada para el futuro. No sirve para darles a los ciudadanos conclusiones claras. No sirve a los catalanes para resolver problemas, mientras que las cosas no se atrevan a salir a cuerpo limpio, en lugar de embadurnarse en una política de tinta de calamar, pactos y espesura, que oculta la realidad técnica de los hechos. ¿Así se tratará el problema de que Girona siga en ‘antena’, lo que es lo mismo que decir que ‘pendiente de un hilo?. La pregunta es si ante cada una de las cuestiones que se suscitan con las infraestructuras en Catalunya, la respuesta de su Administración va a ser esta, por mucho que intente hincar el diente en el momento en que se negocie la financiación económica.

No hemos hecho nada. Sólo pellizcos de monja.

Las tarifas eléctricas para el tercer trimestre (que hoy analiza el Consejo Consultivo de Electriciad de la CNE y que en brevé será analizado por su Consejo de Administración) se convierten en armas de distorsión masiva por varios motivos. En todo caso, las distorsiones provienen del ejercicio del eufemismo permanente para evitar una situación inevitable que es la elevación (lamentablemente, generalizada)del precio de la energía. El problema es que contra lo que aconseja la lógica y los economistas, que es asumir esta nueva situación y actuar de forma eficiente, parece que el esfuerzo se centra en eludir, bordear o lateralizar esta otra ‘realidad nacional’. Todo ello, acompañado de ejercicios de buenismo, que se ven forzados en un entorno de crísis económica no declarada.

El primero de los eufemismos es la propia subida para el tercer trimestre, si es que se le llama subida y que en el fondo no lo es, entendida como un ejercicio de ‘quiero y no puedo’. Una subida que no compensa ni la evolución de los precios en 2008 para dejar el déficit ex ante como estaba a principio de ejercicio.Además, todos los aditamentos añadidos quieren evitar trasladar la realidad de la situación a los consumidores, en su dulce estadio que es el limbo tarifario del déficit financiado a catorce años, en un entorno cada vez más costoso derivado del contexto financiero y de la inestabilidad regulatoria.

La segunda distorsión es denominar a la tarifa por potencia, tarifa social, sobre todo en la última semana que tienen todos los contribuyentes para presentar su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas. Como si la tarifa pudiera ser progresiva para ‘ricos y pobres’. Cómo se ha podido saber todos aquellos consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kW, es decir hasta 2,2 kW tendrán derecho a acogerse a esta tarifa que “condona” lo que se denomina el pago del término de potencia. Además los consumidores tendrán ‘derecho’ a un ‘bonus’ de consumo incluido en el término de potencia. En conjunto de la tarifa “social” se podrán beneficiar aquellos usuarios que por cualquier motivo (social o no), tenga poca potencia contratada por la razón que sea.

Otro mensaje distorsionador asociado: en tiempos de costes elevados de energía, en lugar de incidir en la necesidad de ajustar consumos y ser eficientes energéticamente, se puede decir que la energía es gratis o barata para los españoles y que el gobierno se preocupa de que puedan seguir gastando igual que lo hacían. En todo caso, fruto de decisiones pasadas y presentes los españoles gozan de precios de la electricidad más baratos que los ciudadanos europeos, sobre todo del ejercicio del pase largo al futuro para no incurrir en costes políticos. Algo que empezó con el PP y que cada gobierno es responsable de su propio déficit generado y acumulado durante su mandato.

La tercera distorsión, y no relacionada con la tarifa para el tercer trimestre es el largo ‘affaire’ que ha heredado esta administración energética a cuenta de la desaparición de la actual tarifa nocturna. Y más distorsión es denominar a la sustitución de la tarifa nocturna como “tarifa ahorro”., cuando además a los consumidores que se pueden ver afectados tendrán un alza de entre el 20 y el 70 % según estima la propia Comisión Nacional de Energía. En este caso, la situación es la contraria. Aquellos consumidores que hayan realizado inversiones en las instalaciones de sus domicilios para reducir su coste de su electricidad (y aprovechar la producción de base, dicho sea de paso) ahora verán como sus equipamientos se quedan ‘muertos de risa’, además de completamente desfasados sus cálculos personales de amortización de estos equipos.

La siguiente distorsión, la “refinitiva” es que fruto de esta evolución de precios energéticos, lleguen las soluciones «ecuestres» (cueste lo que cueste) y que el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía emita un Informe sobre Costes y Precios (que se larva por un procedimiento poco ortodoxo), que cuestione el mercado eléctrico, no en sus costes, no sus precios resultantes, o ni siquiera el comportamiento de sus agentes. Lo que cuestiona son las ¡rentas! de determinadas tecnologías. Y todo ello, con supuestos académicos y de laboratorio, predestinados y haciendo abstracción de las horas, uso y papel de cada energía en el sistema, obviando la contabilidad real de las empresas. En definitiva, complicando una visión serena y gestora de cómo abordar el problema del déficit tarifario y de la tarifa en nuestro país.

En definitiva, que las tarifas, los precios y los costes energéticos se han convertido en elementos de distorsión masiva. ¿Quién los «desdistorsionará»?

Rafael Argullol tiene escrita una novela, La razón del Mal (premio Nadal en el año 1993), que reúne en su título, casi dos cuestiones que deberían ser antagónicas: razón y Mal. Su argumento es el de cómo en una ciudad de rasgos netamente occidentales, cosmopolita y próspera, se produce un fenómeno extraño que en un principio se intenta mantener en secreto. Dos testigos de los hechos, que intentan explicar lo inexplicables, empiezan apreciar como algo que parecía menor, se convierte en una amenaza mucho más temible, capaz de transformar las más íntimas convicciones de los ciudadanos, hasta recrear el concepto de descomposición y desintegración de la ciudad.

Podemos encontrar una analogía con este novela, en el hecho de que a causa de dos párrafos incidentales incluidos por la Comisión Nacional de Energía en la propuesta de tarifa integral para el tercer trimestre, desarrollados en un informe tan anómalo (y su esparcimiento público en los medios de comunicación como una verdad, cuando se trata de estimaciones) se encuentre en cuestión el propio funcionamiento de una institución como es el mercado eléctrico, a través del cuestionamiento de las tecnología que participan en él.

Y, no tanto porque se critiquen los precios de nuestro mercado (que, en primer lugar, son semejantes a los de Europa y dependen de la demanda y de las materias primas, como en Europa), sino que se critica como se “benefician” unas tecnologías sobre otras de los precios que fija el propio mercado, algo normal en todo mercado de producción de bienes y servicios homogéneos (el kilowatio). Quiere decirse que la propuesta no va para abaratar precios, sino para expropiar resultados. Toda esta ceremonia, convive con la existencia de los precios más bajos de la energía que en Europa, junto con Francia (anormalmente bajos), fruto de la actitud renuente (y los comportamientos elusivos de las Administraciones de turno) para acometer una revisión tarifa que refleje los precios de la energía.

Podemos hacer un resumen de las causas por las cuales en un país como el nuestro, europeo y occidental, que empezó con un proceso de liberalización que era la envidia de Europa, está llevando hacia propuesta involucionistas e intervencionistas o, desde perspectivas teóricas, académicas-optimizadoras.

– Existencia de un importante déficit tarifario acumulado. Este, son ser grave, sería un problemas de partida. Se trataría de un embalsamiento de costes de la energía que, ya se produjo en el tardofranquismo, y que por la debilidad política y el nivel de intervención del Estado, no se abordó a tiempo. Es, eso sí, es el origen de todas la batallas. Este año acabará por encima de los 12.000 millones de euros acumulados, de forma que este año ya la tarifa acoge 900 millones de euros entre amortización del principal. Lo único que hace el ajuste tarifario propuesto por la CNE es asumir la evolución de los precios de la energía en 2008 para dejar el déficit ex ante (la diferencia de ingresos y gastos que se había fijado de partida) en su montante inicial. Lo lógico era hacer un plan, una periodificación temporal del mismo, un esfuerzo conjunto para sacar determinados elementos de la tarifa, revisar la fiscalidad de la electricidad, etc… Buscar una solución presentable. Pero para eso hacen falta gestores, capaces de trazar un plan, de administrarlo y de explicarlo (con convicción para ello). Las soluciones creativas que van apareciendo, a lo que tienden es a ‘meter mano’ por vías torticeras a la tarifa eléctrica y revestirlas de decisiones contra las empresas en beneficio de los consumidores (que pagan a plazos y con intereses el desmán tarifario).

– Incapacidad política continuada para trasladar los costes a las tarifas. Heredada de dos hechos. El primero es que durante los gobiernos populares se produjo, con una coyuntura favorable de las materias primas energéticas una disminución de los precios reales de la energía muy elevada. Las ultimas legislaturas socialistas han venido caracterizadas por lo contrario, precios altos de la energía, crecimiento de la demanda, y tarifa fija para no incurrir en costes políticos, por comparación, en el desarrollo de un juego político cainita que hubiera sido necesario para sacar esta cuestión del debate político. Consecuentemente, el segundo hecho es que cualquier coartada que permita evitar esta elevación a los ciudadanos es bien recibida, aunque sea poco ortodoxa y afecte a la estabilidad del sector y a la credibilidad de nuestra economía, en un territorio en que las ideas claras sobre el funcionamiento de la inversión y los mercados financieros es clara y manifiesta.

– Existencia de una minoría creativa, intervencionista, optimizadora, procedente del antiguo régimen, cuando no existía mercado. Con la definición minoría creativa, retroprogresiva, nos referimos a un grupo de intelectuales vinculados al sector energético, procedentes de otra época. Con una visión ‘progre’ y no libre del funcionamiento de los mercados y los agentes económicos, enfrentado a los agentes empresariales (excepto a los monopolistas propios o foráneos), con la vuelta a un modelo de intervención, el marco legal estable de la dictadura, la sujeción de las empresas a la inteligentsia, al arbitrismo por tecnologías, la explotación centralizada, el monopolio de redes, la planificación de la economía más dinámica de Europa, el control de rentas, la regulación ‘ad hoc’, los planes quinquenales y la reinstauración del Soviet Supremo (y sus consecuencias contra la inversión y la seguridad de suministro). Un elenco de posiciones nada homologables en el ámbito regulatorio, con ningún país, del continente que sea, pero con algo muy peligroso para la Administración: con influencia, máxime en un momento de cambio de equipo. Y, lo bueno, es que sus trapisondas se notan en el medio plazo y en eso que los mercados (en los que no creen), denominan, confianza y estabilidad.

– Existencia de corrientes ocultas que trazan caminos desde el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, regulador independiente, hacia el Ministerio de Industria, regulador principal. Esas corrientes ocultas, también afectan a los propios servicios de la CNE, dónde en el caso del actual y anterior Dirección de Regulación se ha colocado como ‘la fuerza del eje’, desplazando a las áreas sectoriales expertas y concentrando la capacidad de interlocución regulatoria al juego político exterior de sus mayores. Sólo así, se pueden explicar el colaboracionismo con las sintonías con los afanes políticos de cada momento y con el regulador principal.

– A esto se une una visión del órgano regulador muy distorsionada, de forma que está permanentemente expuesta, en almoneda y deteriorando su rigor. El hecho es que no tiene nada ver la actuación fuertemente polémica e intervenida de la CNE, con la CMT o con la CNMV (futura Comisión Nacional de Servicios Financieros). Todo ello partiendo de un peligroso relativismo moral en lo que se refiere a independencia, (una independencia parcial es una dependencia) en lo que refiere al concepto, al principio, al conocimiento del funcionamiento de los mecanismos de mercado, al valor de la independencia y a la profesionalidad.

– Déficit social de la idea de mercado y de liberalismo, unido a una falta de cultura económica. Un excipiente en que todos los gatos son pardos. Pero esto es algo que no tiene solución, salvo a través de la censura de la Unión Europea, porque parece inconcebible que un organismo pueda aprobar una propuesta que va en contra de los propios criterios de la Comisión Europea y del mercado. El colmo del antiinstitucionalismo.

– Apriorismo y tolerancia ante la falta de seriedad y rigor, abundancia de inexactitudes, desarrollo de supuestos académicos y de laboratorio y, facilidad para hacer la vista gorda ante “defectos” notorios (poco justificables en el regulador independiente), en el uso de la información, con tal de obtener unos resultados que estaban predeterminados, como un partido de segunda división con maletines.

Finalmente, en la coyuntura actual, cabe preguntarse por qué la presidenta del organismo Maite Costa habría participado de esta ‘ceremonia’ que, en el fondo, deteriora nuevamente a la Comisión Nacional de Energía y la sume en un nuevo ‘agujero negro’, semejante al escándalo de la OPA de Endesa o a la manipulación ordenada desde instancias políticas, en la anterior etapa del informe sobre la OPA de Gas Natural a Iberdrola. Ha consumido toda la credibilidad (de existir) en este último envite. Sobre todo porque, de llevarse la propuesta a sus extremos, el propio organismo carece de sentido. La inquietud por los cambios que se estaban produciendo en el Ministerio, la cantidad de corrientes ocultas y ligazones con la Administración y la necesidad de su reposicionamiento podrían ser la explicación a esta última polémica.

La razón del mal.

La nueva Administración energética empieza a percibir la importancia del problema que ha recibido en materia de déficit tarifario y, su origen, la tarifa eléctrica y su administración intervenida. Por tanto, parece que empieza una nueva función y ese pistoletazo de salida parece que lo han marcado las declaraciones cruzadas del pasado viernes de los titulares actuales del área de energía. Así, la semana pasada acabó con la aparición de disensiones alrededor de este tema, entre Pedro Marín, Secretario General de Energía y el Ministro de Industria, que afirmó que se tendría en cuenta la propuesta de la CNE (que se estima en una subida de alrededor del 20 %).

Por su parte, Miguel Sebastián, refrenó esa franqueza y su consecuente tendencia favorable a la subida de tarifas, señalando que una subida del 20 % sería excesiva y abogando por que la subida que se produjera debe ser razonable. También intervino sobre la cuestión, el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que de forma ortodoxa, sin aplicarse a adjetivos más imprecisos (razonable, justo, excesivo, etc.…) afirmó la semana pasada que había que acercar las tarifas eléctricas a los costes reales.

Hay una noticia buena y otra mala de todo esto. La buena es que parece que no se discute la necesidad de una subida de tarifas, no se polemiza sobre la existencia de un déficit tarifario, se reconoce la existencia de un mecanismo perverso y perjudicial para la economía, que además es difícil de sostener en el tiempo en un entorno europeo y liberalizado. Por lo tanto, parece que se ha acabado la etapa del sexo de los ángeles. Algo que hasta hace poco parecía imposible, porque la apelación a los dudosos argumentos de responsabilidad política parecía acallar cualquier sombra sobre la posibilidad de que las tarifas recojan la realidad, en lugar de vivir a crédito. Partimos, por tanto, de algo que parece un substrato que conforma un elemento común: hay que acabar con el déficit tarifario y con una tarifa artificiosamente baja que hoy recibe el nuevo equipo ministerial como una losa de proporciones descomunales. De hecho, si la tarifa se hubiera ido actualizando de manera ordenada en cada momento, la subida de precios energéticos que tendría que administrar Sebastián (o en su caso la CNE) para este próximo trimestre sería mucho menor, apenas la diferencia porcentual de lo que ha variado los precios en el mercado de generación en el trimestre pasado, sobre éste (el resto de conceptos de la tarifa eléctrica, no tendría variación al tratarse de actividades reguladas). Por tanto, colegimos, es una herencia envenenada que no se ha sabido gestionar políticamente y, sus decisiones están presididas por argumentos políticos, sus consecuencias en términos de confianza e inversión podrían ser devastadoras.

En ello puede haber influido, desde el volumen acumulado de déficit tarifario que da vértigo, la situación económica, la dificultad para conseguir su financiación sin producir importantes desajustes, la cercanía del calendario de liberalización, la sombra de la Comisión Europea sobre los comportamientos de la Administración en el mercado eléctrico.

La noticia mala es el efecto memoria que se puede percibir en toda esta situación informativa, respecto de atisbar una posible desautorización a los procesos de actualización de las tarifas, a los que ya hemos asistido en la legislatura anterior. En su descarga, hay que reconocer que el papel del nuevo equipo es difícil con una situación de este porte. En este sentido, Miguel Sebastián y el Secretario General de Energía han empezado a sufrir los rigores de estar en la parte pública del escenario político, sometidos a seguimiento y escrutinio permanente por los medios informativos, con dos declaraciones contradictorias en un mismo día, a menos de un mes de sus nombramientos. Lo que está claro es que no es lo mismo, estar en la zona oscura de la Oficina Económica de la pasada legislatura que la exposición y la determinación de una atribución gestora de una Administración. De todas formas, una disfunción así es razonable en los primeros momentos de rodaje al frente de una responsabilidad como esta y, sus consecuencias, seguramente las podremos ver en el futuro. Esperemos que no sean la inhibición de los partidarios de las soluciones más díficiles políticamente, pero más necesarias.

Por ello, es razonable que Marín como Miguel Sebastián, verbalizaran esa contrariedad, criticasen lo hecho anteriormente, en materia tarifaria, tildándolo de que no se había hecho lo suficiente. Esperemos que, en esa formulación tan ambigua, no se trate de la tendencia a los atajos y a la perversión del mercado eléctrico, como fue la detracción de derechos de emisión o de otros postulados que se profieren desde las minorías creativas influyentes de origen intervencionista, versión más estatalista, con reminiscencias a esquemas joseantonianos o bolcheviques (vuelta a un esquema semejante de CTC’s, reversión al marco legal estable por costes medios, fijación de rentabilidades a cada tecnología y en ese plan). En todo caso, puede ser que alguna de estas críticas, no sienten bien en la corriente catalanista defensora de la actuación de Nieto y agraviada tras la reforma del gabinete Zapatero, al desaparecer su influjo en Industria o Fomento.

Unido a esta primera escaramuza infomativa y a todo este proceso de necesidad de ajuste tarifario, está el cambio de papeles en la formulación de la tarifa. A partir del próximo trimestre la Comisión Nacional de Energía será la responsable de su elaboración, lo que de facto puede acabar en un deslizamiento del responsable de lo que tenga que pasar. Por eso, lo razonable es abordar de una forma coordinada y consensuada un programa serio que trate el ajuste tarifario, sin atajos, ni procesos que desvirtúen el funcionamiento del mercado, con un modelo creíble, transparente, que refleje los esfuerzos y aportaciones de todos agentes, de forma que no afecte a la inversión y a la confianza necesaria en nuestra economía y nuestro sistema energético.

La tarifa eléctrica vuelve a colarse en la agenda informativa y puede trastocar a la Administración, en el temor atávico y colectivo a la toma de decisiones impopulares postergadas o enmascaradas. Esto solo acaba de empezar. La opera no termina hasta que no canta la gorda.