La expiración del mandato de Maite Costa (junio de 2011) vendrá acompañado de la presentación de un documento que la presidenta del organismo ha encargado a los servicios técnicos de la CNE. Según ha podido saber Energía Diario, se trataría de un compendio global, de una revisión completa de todo el «ordenamiento regulatorio» del sector eléctrico. Al parecer, dicho informe ha sido confiado por la presidenta del organismo al actual y recientemente nombrado director de Energía Eléctrica, Luis Jesús Sánchez Tembleque.

Esta iniciativa es la tercera intentona que se emprende desde el organismo para revisar la totalidad de la regulación del sector eléctrico. De hecho, antes del verano tres consejeros promovieron el estudio «Ingresos y Costes del Suministro de Electricidad: Relación de temas que deben ser analizados desde la perspectiva de la sostenibilidad tarifaria«, que ahondaba en los postulados del Informe de Costes y Precios, aprobado por organismo regulador y que suponía una clara involución del modelo de mercado y regulación que surgió tras la liberalización del sector y la adaptación a las directivas europeas. La autoría de este primer informe se atribuye a Jorge Fabra y avalado por Jaime González y el entonces consejero Javier Peón.

Seguidamente, en el mes de julio, el recién nombrado Director de Energía Eléctrica y la directora de Regulación y Competencia, María Jesús Martínez, presentaron un segundo informe denominado «Reflexiones sobre la situación del mercado eléctrico español y su evolución a 2020«. Dicho informe iba a ser revisado por el Consejo de Administración del órgano de regulación independiente en el mes de septiembre.

Ambos informes han tenido una gran difusión en el sector energético, pese a que no pasaban de ser propuestas internas. Aunque en un momento se llegó a abogar por la «convergencia» de los dos informes, procurando una propuesta integrada y de síntesis de cuestionamiento regulatorio global, tras un primer aplazamiento y las vacaciones de verano, al parecer se ha encargado la elaboración de un nuevo documento con esta misma finalidad desde la Presidencia al nuevo Director de Energía Eléctrica.

El informe que surgirá del frío

Este tercer intento se trataría, por tanto, del legado regulatorio de Maite Costa, a las puertas de la extinción de su mandato como presidenta y con la mitad del actual consejo de administración con su periodo de estancia en el mismo, caducado y prolongado. Lo que resulta particularmente paradójico es la tendencia del actual Consejo de Administración en empeñarse en realizar cuestionamientos y enmiendas a la totalidad del modelo de regulación del sector eléctrico, toda vez que el marco de liberalización del sector eléctrico ha ido siendo poco a poco enmendado con medidas parciales intervencionistas e involucionistas. En realidad, hoy por hoy, con excepción de los problemas de contradicción entre el marco de liberalización del sector y las medidas y normativas particulares promovidas desde los ámbitos más intervencionistas y retroprogresivos, que han saboteado el mismo por la vía de la erosión, el problema sectorial no proviene del ámbito regulatorio, dado que es económico y gestor. De hecho, en estos últimos años, para cada solución se ha generado un problema, con el objetivo de incitar mayores niveles de intervención.

Por otra parte, estas propuestas llegan en un momento en que el organismo ha acabado con un fuerte descrédito institucional, carece de credibilidad, ha perdido el respeto y ascendencia, y además tiene un cuestionamiento generalizado por su actuación, tanto en los ámbitos sectoriales como en el resto de órganos de regulación energética y económica.

Bueno, ya saben, como informaba El Confidencial, ayer…. Maite Costa también elaborará propuestas electorales para José Montilla. Al parecer, la presidenta de la CNE se especializa en hacer propuestas y elaborar testamentos.

La noticia de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, retransmitida en esta ocasión en directo por el diario económico «Cinco Días», ha devuelto el Real Decreto en el que se sustanciaba el acuerdo con el sector eólico y el sector termosolar, requiere contextualización en un escenario político profundamente revuelto y con muchos acontecimientos coincidentes en el tiempo y en el espacio. Por ello, es necesario enmarcar lo ocurrido y sacar sus consecuencias tanto para el sector energético como para la política vinculada a la energía.

¿Dónde estaba hasta el momento la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos? Oigan, señores, la pregunta es, ¿pero eso qué es? ¿Quiénes son? Seguramente, desde que Zapatero es Presidente, dicha Comisión, además de no tener protagonismo, nunca ha estado recogida en un titular de prensa. ¿Cómo aparece de súbito a cuenta de que se retroceda la propuesta del Real Decreto que reformaba la situación retributiva de determinadas tecnologías de régimen especial (y su concreción en la termosolar y eólica)?

Todo ello sin que, en las informaciones conocidas, se aborde el otro problema que se transparentó a raíz de la tramitación del Real Decreto, el modelo retributivo y de primas en el sector fotovoltaico: fracaso de plazo excepcional de amnistía para las instalaciones fotovoltaicas del decreto de trazabilidad de agosto, patata caliente circulando respecto al fraude fotovoltaico (en investigación por la CNE sin conclusiones definitivas y por eso tanta redundancia como licencia redaccional), denuncia de cifras que marean en referencia a las primas (volúmenes de primas fraudulentas en el entorno de los 1.700 millones de euros), rebeldía de las Comunidades Autónomas en la concesión de las repotenciaciones de las instalaciones y el frente abierto del límite de horas retribuidas con primas (por cierto, muy superiores a las previstas en las estimaciones de rentabilidad que sirvieron de base para los modelos retributivos).

Segunda lectura/consecuencia: revolcón al Ministro de Industria, Miguel Sebastián. Y, desde el Gobierno van tres, a saber: este primero, la negociación interceptada con eólicas y termosolares que ofrece a resultados muy escasos (de facto, estos sectores y el Ministerio de Industria cuestionados, marcados y tutelados desde el Ministerio de Economía). Segundo, e inmediatamente anterior, el caso de la designación de Zarra como Almacén Temporal Centralizado, con la desautorización desabrida de la entonces Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Y, tercero, en el trasfondo, las difíciles relaciones entre Economía e Industria a cuenta de la titulización del déficit tarifario y sus cifras crecientes, tema que pone de los nervios al departamento que dirige Elena Salgado en varios frentes.

Consecuencia traída en el último momento, el reforzamiento tras el verano de la Vicepresidencia Económica obliga a que Sebastián (que sigue en el Gobierno pese a los divertidos episodios declarativos del último mes) se ponga las pilas en el terreno de la energía: déficit tarifario creciente y galopante, incumplimiento flagrante del Real Decreto Ley 6/2009, graves problemas y distorsiones derivadas del decreto del carbón (por mucho que inflame la retórica en términos maniqueos con las empresas), el conflicto con Sonatrach por el gas de Argelia pisándole los talones, propuestas cosméticas en materia de primas y volúmenes en el régimen especial (y vuelta a la incertidumbre en el sector renovable), acecho de los sectores retroprogresivos para la involución en el mercado eléctrico, política de tarifas impotente, gélidas relaciones con los sectores energéticos (denunciadas de forma generalizada)… Parece claro que el peso político y gestor de Industria en el ámbito de la energía se resiente y la debilidad de la Secretaría de Estado empieza a ser un fuerte lastre, una vez salvada la crisis de gobierno.

Addenda: el previsible revés del PSC en las próximas elecciones catalanas y su decreciente presencia en el Gobierno, junto con la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, nos aboca a la pregunta de si esta Ley se llevará por delante a su actual Consejo con su pintoresca ejecutoria y presidencia al frente. Y, para estar atentos, hay que valorar de forma colateral la designación de Rosa Aguilar como nueva Ministra del Medio Ambiente, Rural y Marino, con competencias ambientales y cambio climático y con la telegénica e influyente Teresa Ribera dentro.

La noticia de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, retransmitida en esta ocasión en directo por el diario económico «Cinco Días», ha devuelto el Real Decreto en el que se sustanciaba el acuerdo con el sector eólico y el sector termosolar, requiere contextualización en un escenario político profundamente revuelto y con muchos acontecimientos coincidentes en el tiempo y en el espacio. Por ello, es necesario enmarcar lo ocurrido y sacar sus consecuencias tanto para el sector energético como para la política vinculada a la energía.

¿Dónde estaba hasta el momento la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos? Oigan, señores, la pregunta es, ¿pero eso qué es? ¿Quiénes son? Seguramente, desde que Zapatero es Presidente, dicha Comisión, además de no tener protagonismo, nunca ha estado recogida en un titular de prensa. ¿Cómo aparece de súbito a cuenta de que se retroceda la propuesta del Real Decreto que reformaba la situación retributiva de determinadas tecnologías de régimen especial (y su concreción en la termosolar y eólica)?

Todo ello sin que, en las informaciones conocidas, se aborde el otro problema que se transparentó a raíz de la tramitación del Real Decreto, el modelo retributivo y de primas en el sector fotovoltaico: fracaso de plazo excepcional de amnistía para las instalaciones fotovoltaicas del decreto de trazabilidad de agosto, patata caliente circulando respecto al fraude fotovoltaico (en investigación por la CNE sin conclusiones definitivas y por eso tanta redundancia como licencia redaccional), denuncia de cifras que marean en referencia a las primas (volúmenes de primas fraudulentas en el entorno de los 1.700 millones de euros), rebeldía de las Comunidades Autónomas en la concesión de las repotenciaciones de las instalaciones y el frente abierto del límite de horas retribuidas con primas (por cierto, muy superiores a las previstas en las estimaciones de rentabilidad que sirvieron de base para los modelos retributivos).

Segunda lectura/consecuencia: revolcón al Ministro de Industria, Miguel Sebastián. Y, desde el Gobierno van tres, a saber: este primero, la negociación interceptada con eólicas y termosolares que ofrece a resultados muy escasos (de facto, estos sectores y el Ministerio de Industria cuestionados, marcados y tutelados desde el Ministerio de Economía). Segundo, e inmediatamente anterior, el caso de la designación de Zarra como Almacén Temporal Centralizado, con la desautorización desabrida de la entonces Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Y, tercero, en el trasfondo, las difíciles relaciones entre Economía e Industria a cuenta de la titulización del déficit tarifario y sus cifras crecientes, tema que pone de los nervios al departamento que dirige Elena Salgado en varios frentes.

Consecuencia traída en el último momento, el reforzamiento tras el verano de la Vicepresidencia Económica obliga a que Sebastián (que sigue en el Gobierno pese a los divertidos episodios declarativos del último mes) se ponga las pilas en el terreno de la energía: déficit tarifario creciente y galopante, incumplimiento flagrante del Real Decreto Ley 6/2009, graves problemas y distorsiones derivadas del decreto del carbón (por mucho que inflame la retórica en términos maniqueos con las empresas), el conflicto con Sonatrach por el gas de Argelia pisándole los talones, propuestas cosméticas en materia de primas y volúmenes en el régimen especial (y vuelta a la incertidumbre en el sector renovable), acecho de los sectores retroprogresivos para la involución en el mercado eléctrico, política de tarifas impotente, gélidas relaciones con los sectores energéticos (denunciadas de forma generalizada)… Parece claro que el peso político y gestor de Industria en el ámbito de la energía se resiente y la debilidad de la Secretaría de Estado empieza a ser un fuerte lastre, una vez salvada la crisis de gobierno.

Addenda: el previsible revés del PSC en las próximas elecciones catalanas y su decreciente presencia en el Gobierno, junto con la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, nos aboca a la pregunta de si esta Ley se llevará por delante a su actual Consejo con su pintoresca ejecutoria y presidencia al frente. Y, para estar atentos, hay que valorar de forma colateral la designación de Rosa Aguilar como nueva Ministra del Medio Ambiente, Rural y Marino, con competencias ambientales y cambio climático y con la telegénica e influyente Teresa Ribera dentro.

Seguidamente, el lunes, por su parte, el rotativo económico Cinco Días publicaba una entrevista con Dominique de Riberolles (Consejero Delegado de CEPSA) que se mostraba contrario a que los aumentos que se prevén en los denominados impuestos especiales se destinaran a cubrir la (importante) parte del león de la factura de las primas a las renovables y su contribución (muy relevante) al engrosamiento del déficit tarifario.

Si tenemos en cuenta que el consumo de gasolinas y gasóleos es fuertemente inelástico (la subida de precios en una proporción no se traduce en una caída de demanda: los usuarios siguen consumiendo igual) y que el Ministerio de Economía y Hacienda ya estudia la subida de esta fiscalidad indirecta, gracias a los márgenes que tiene de equiparación con Europa, parece inevitable que ésta se produzca. Otra cosa es que el Ejecutivo piense que las subidas de impuestos que hay en la cocina se usen con fines alternativos o tengan ese interés. Por tanto, y a la vista de sus declaraciones, no parece que Riberolles se muestre en contra de una elevación de los impuestos que gravan los combustibles, sino de que esas subidas (o creación de nuevas tasas) se destinen a pagar las primas de las renovables.

Como todos los impuestos, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, las accisas o impuestos especiales tienen el destino que los poderes públicos establecen en función de las políticas que un Ejecutivo quiere desarrollar. Y, la capacidad de los ciudadanos y agentes económicos para señalar a qué fines se destinan (defensa, infraestructuras, educación, la difusión de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual o la promoción del flamenco) es limitada.

¿Por qué esa oposición a que los impuestos especiales a las gasolinas participen del esfuerzo para el cumplimiento de los objetivos medioambientales del país? Nada puede explicar que el Ejecutivo reduzca sus grados de libertad en la solución del déficit tarifario (y su composición) o que presente una propuesta global que contemple la apelación a la fiscalidad. Porque, además, no abordarlo así alimenta la teoría del cuanto peor, mejor, en el caso del déficit tarifario, a través de la indolencia ante todos los fenómenos que se están produciendo en torno a la factura eléctrica y energética.

Una posición contraria expresada en esos términos y con tanta determinación, alimenta una posición de retranqueo fiscal contra las renovables y, a la vez, es coincidente con las posiciones más texanas contra estas energías, con el añadido de que el transporte sigue sin estar sujeto a integrar los costes de sus emisiones, merced a declaraciones bienintencionadas sobre eficiencia, mejoras, … casi zen, además de no haber efectuado una transformación tan relevante como otros sectores energéticos, tanto desde el punto de vista retributivo, como tecnológico, o industrial para conseguir mayores eficiencias.

El Gobierno, por su parte, debe controlar la utilización eficiente desde el punto de vista medioambiental y económico de las primas a estas energías y su inclusión en el sistema eléctrico, de forma que todos los sectores energéticos contribuyan de alguna manera al cumplimiento de los objetivos de nuestro país en energías limpias (el famoso 20-20-20). El coste en la factura del denominado régimen especial en 2009 ascendió a 6.200 millones de euros.

A la vista de los datos que conocíamos la semana pasada, esto no se está haciendo y hay graves problemas abiertos, como la repotenciación de la fotovoltaica que pone en jaque la sostenibilidad del sistema de primas y de la tarifa eléctrica. 1.700 millones de euros de posible fraude y una situación desbordada.

No cabe, por tanto, la estrategia de la avestruz, ni permitir el peloteo intersectorial. Es hora de pedir rigor, determinación y abordar este problema por partes, pero con visión de conjunto.

El revuelo ocasionado por la supuesta subida de tarifas eléctricas en estos últimos días tiene un barniz interesado y exagerado, en la medida que la elevación del precio de suministro propuesta sólo recoge el aumento del precio de la energía, pero no recoge el aumento de los costes que deben cubrir las tarifas de acceso o peajes.

El precio del suministro de la energía está compuesto por dos partes, el precio de la energía y las tarifas acceso (peajes). Es preciso tener en cuenta que, en la actualidad, lo que genera el déficit tarifario son las tarifas de acceso y la insuficiencia de las mismas para cubrir todos los costes que en ellas se incurren. Por tanto, era necesario elevar este componente de la tarifa eléctrica para no generar más déficit, de forma que se paguen las tarifas de acceso necesarias para ser suficientes y equilibrar su evolución y, al menos, no superar los límites de déficit tarifario establecidos legalmente.

Esto implica que, con esta propuesta encima de la mesa, el déficit tarifario seguirá aumentando en 2010 muy por encima de lo permitido. De hecho, se duplicará. Es preciso recordar que el Real Decreto Ley 6/2009 establecía como límite de crecimiento para el déficit tarifario un montante máximo de 3.000 millones de euros. La previsión con las liquidaciones conocidas del año es llegar a los 5.523 millones de euros, casi el doble de lo legalmente fijado por esta ley.

En este sentido, según los datos conocidos, la propuesta de modificación de tarifas presentada por el Gobierno a la CNE para la revisión del mes de octubre, no permite reducir el déficit tarifario acumulado durante el ejercicio. Industria, por tanto, no aprovecha los bajos precios del mercado de generación y renuncia a aplicar subidas de tarifa que consigan amortiguar el déficit acumulado este mismo año o el año pasado.

Así, la propuesta de modificación de tarifas que hoy estudiará el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía remitida por Industria realmente no produce una elevación de las tarifas. Se limita exclusivamente a absorber la elevación del precio de la energía en el mercado de generación y mantiene estables las denominadas tarifas de acceso (de las que se debería incorporar una partida para reducir el déficit tarifario acumulado). La consecuencia es que el déficit tarifario este año aumentará en 2.523 millones de euros por encima de lo previsto (y de lo que establecía como límite máximo el R.D. Ley 6/2009), alcanzando un total de 5.500 millones de euros.

Del mismo modo, durante el ejercicio 2009 este déficit acumulado también creció por encima de lo previsto, ya que se elevó a 1.022 millones de euros, según las empresas eléctricas (el Gobierno reconoce únicamente 293 millones). Una discrepancia que, por otra parte, ha vuelto a levantar las alarmas en torno a la forma de tratamiento de las partidas que lo componen.

Las consecuencias políticas, sociales y mediáticas de esta decisión, no se han hecho esperar. Por una parte, las empresas eléctricas han anunciado que denunciarán al Gobierno por prevaricación (el delito de prevaricación consiste en el hecho de que la Administración actúe contra una ley a sabiendas de que un comportamiento es contrario a la misma). Las empresas consideran que, el hecho de no aumentar las tarifas de acceso sobrepasando el límite de déficit fijado por el Real Decreto Ley 6/2009 para este año y el pasado, tiene todos los visos de incurrir en esta práctica ilegal.

Por otra parte, los consumidores, a través de sus asociaciones (que han señalado que el precio de la electricidad ha subido un 30 % en los últimos años) también han expresado su disconformidad con esta no subida de tarifas, dado que la tarifa eléctrica mantiene el carácter de precio intervenido. Mientras, los consumidores industriales se benefician de este clima de agitación.

Y, finalmente, esta publicación apuesta porque el colectivo de retroprogresivos de la energía, negacionista además del déficit tarifario, se apresurará a aportar sus «soluciones creativas», antimercado, antiliberalización para la erradicación del déficit tarifario. Se trataría de los mecanismos expropiatorios que circulan en la CNE desde el Informe de Costes y Precios y que de vez en cuando se deslizan por la mesa de operaciones de su Consejo: vuelta a los costes reconocidos, discriminación de precios discrecional por tecnologías, impuestos a determinados tipos de tecnologías, promover la remoción legal de la liquidación de los CTC’s, y todo en ese plan.

Además, en medio de todo, una cierta estrategia de hostigamiento en torno al problema: Industria, con el déficit desbocado, con el revuelo mediático de la impotencia en torno a la subida/no subida de tarifas y la demagogia política alrededor bramando, incluyendo la retirada del Partido Popular de un supuesto pacto energético basado en la idea de congelar la energía, como en la crisis del 73 con Franco. El mejor de los mundos posibles.