En el caso de este estudio sobre el sector eléctrico y sus magnitudes económico-financieras, hay tres elementos que deben ponderarse para valorar el alcance del mismo.

I.- La ausencia de estudios/informes de estas características de las instituciones públicas y órganos reguladores competentes al respecto. No deja de ser paradójico que los voluminosos informes anuales de la CNE no dejen de ser mastodónticos mamotretos estadísticos que no permitan conocer con clarividencia y sentido económico-financiero la realidad de los diferentes sectores energéticos, no sólo el eléctrico.

II.- La escasa conciencia relativa al funcionamiento de los mercados de capital que nos circunda y su directa relación con las empresas. El grave olvido de la perspectiva financiera de las empresas no deja de ser imperdonable y deliberado. Cuando prebostes de la comunicación como Iñaki Gabilondo se preguntan ante las cámaras y sus televidentes, «¿pero cómo puede ser que puedan más los mercados que la política?», se alimenta una visión pública y distorsionada de sectores como el energético dónde existen muchas reminiscencias de un pasado de intervención (eso sí, a cuenta de los accionistas) y se alimenta un imaginario social basado en el pensamiento mágico.

Si en todos los sectores, existe una comprensión de que están compuestos por empresas que necesitan financiación (propia y externa) y que operan en sus correspondientes mercados, en el sector energético, sus tradicionalistas consideran que las empresas eléctricas deben ser un apéndice del Estado y sus tentáculos (y que accionistas y financiación deben servir disciplinadamente a ello). Por tanto, sus magnitudes económico-financieras son una cosa menor, detalles intrascendentes o efectos colaterales que deben soportar resignadamente los propietarios de las empresas, apencando con la acción de intervención con la que pueden jugar con discrecionalidad, subvirtiendo la dinámica económica y de los mercados. El problema es que esto se produce en un entorno globalizado.

III.- Como consecuencia de todo lo anterior, en el trasfondo, está el Tea Party retroprogresivo de la energía en España, grupo genuino de nuestro país, autor, inspirador de teorías teñidas de demagogia y que se materializan en el infamante «Informe sobre Costes y Precios» y sus reverberaciones grotescas, en la medida que provienen de los órganos reguladores independientes que deben ser los garantes del mercado.

Unos teóricos que buscan afirmar cosas como «Tal tecnología tiene muchos ‘beneficios’» que, con osadía y olvido de las épocas previas de inversión financiera, califican de «windfall profits» sin comprender el ciclo de inversión/financiación. Llegan a tal extremo que reniegan de las normas contables (hoy internacionales, homologadas y homogeneizadas), para desarrollar teorías pintorescas sobre la amortización y la utilización de mecanismos de prestidigitación para hacerla desaparecer. Es un Tea Party que se propone recuperar la esencia añorada del Marco Legal Estable, que consiste en la fijación discrecional de márgenes de operación (rentabilidad regulada por tecnología).

El problema de estos teóricos, sus sagas y sus clanes, es la pretensión de influenciar el debate en torno al sector, condicionando la regulación y el funcionamiento del mercado (y si es posible extinguirlo).

Mañana ofreceremos el análisis y las conclusiones del estudio de UNESA.

Ahora que se ha puesto de moda Halloween en Europa, tenemos un ejemplo filosófico de esta fiesta de misterio y transformación. El largo decurso del decreto del carbón acaba de encallar en un nuevo incidente crítico. Recién estrenado el nuevo gobierno y con la ambición de hacerse valedor de encendido de este Real Decreto, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia Europeo le aguan la fiesta al Ministerio de Industria con la admisión de la propuesta de medidas cautelares y el hecho de que la Unión Europea haya pedido tiempo (dos meses: una eternidad política) para estudiar el contenido del decreto y de las normas sucesivas, aprobadas con apresuramiento, (reordenación de las ofertas en el mercado eléctrico, cantidades,…), etc…

Truco sin trato

Desde el punto de vista político, la montaña rusa del decreto del carbón, concesión de Zapatero a este sector iniciada hace ya más de un año en Rodiezmo, cuando todavía acudía a las campas para iniciar el curso político, tiene mucho de Halloween: se va transformando de una cierta euforia por encontrar la fórmula, el truco, de que cuele en la normativa europea, con los jarros de agua de fría de sus consecuencias, paradas y retrasos como éste. De ahí, ese intento de calificar el carbón nacional, como estratégico para el sector eléctrico y la generación, cuando para quien es estratégico es para un conjunto de intereses políticos en rebatiña.

En este escenario, Miguel Sebastián apremiado por el rédito político señaló en los medios de comunicación a las empresas eléctricas de actuar de manera poco formal en Europa por la defensa contra la intervención de mercado del Gobierno español. Por otra parte, días después, también empezaba a valorar ante los medios, la idea de compensar (como los árbitros que pitan un penalti injusto en un área, y seguidamente repiten lo mismo en la contraria) a las centrales térmicas.

Todo ello, después de negar que hubiera damnificados de esta medida, en un momento de caída de demanda eléctrica, de expulsión del mercado de las distintas tecnologías de generación. Y, sobre todo después de reconocerlos implícitamente en su primera versión de real decreto, después quitarlos en la segunda versión del decreto y ahora sopesarlos. Es evidente que se trata de una intervención en el mercado para mantener artificialmente la demanda de carbón nacional para generación eléctrica de forma que todos lo paguemos a escote económico y medioambiental. Tener marchas de mineros desde Galicia en la televisión o en las inmediaciones del despacho siempre es francamente molesto en tiempos de debilidad política.

Por otra parte, la tramitación de este Decreto también está afectando al propio Joaquín Almunia que, como Comisario Europeo de Competencia, se encuentra con un papel que conoce bien y con el origen carbonífero de la Unión Europea bien latente. Este Real Decreto, cuestionado también por la Comisión Nacional de Competencia, es también una prueba de fuego para el Comisario español, con su patata caliente.

Podemos hacer una propuesta desde Energía Diario. En esos dos meses, la Unión Europea podría, por ejemplo, estudiar con detenimiento la ejecutoria, resultados y distribución del Plan del Carbón, así como la escasa efectividad de las políticas que se deberían ir poniendo para la transición inexorable al desmantelamiento del sector que proviene la Unión Europea. El volumen de ayudas, su necesidad y su destino, la capacidad de las propias empresas mineras de confrontar a sus colectivos de trabajadores. Y, consecuentemente, su coherencia con este Real Decreto.

Con el carbón nacional, y sus creativas formas de ayuda, vivimos permanentemente en Halloween.

Ahora que se ha puesto de moda Halloween en Europa, tenemos un ejemplo filosófico de esta fiesta de misterio y transformación. El largo decurso del decreto del carbón acaba de encallar en un nuevo incidente crítico. Recién estrenado el nuevo gobierno y con la ambición de hacerse valedor de encendido de este Real Decreto, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia Europeo le aguan la fiesta al Ministerio de Industria con la admisión de la propuesta de medidas cautelares y el hecho de que la Unión Europea haya pedido tiempo (dos meses: una eternidad política) para estudiar el contenido del decreto y de las normas sucesivas, aprobadas con apresuramiento, (reordenación de las ofertas en el mercado eléctrico, cantidades,…), etc…

Truco sin trato

Desde el punto de vista político, la montaña rusa del decreto del carbón, concesión de Zapatero a este sector iniciada hace ya más de un año en Rodiezmo, cuando todavía acudía a las campas para iniciar el curso político, tiene mucho de Halloween: se va transformando de una cierta euforia por encontrar la fórmula, el truco, de que cuele en la normativa europea, con los jarros de agua de fría de sus consecuencias, paradas y retrasos como éste. De ahí, ese intento de calificar el carbón nacional, como estratégico para el sector eléctrico y la generación, cuando para quien es estratégico es para un conjunto de intereses políticos en rebatiña.

En este escenario, Miguel Sebastián apremiado por el rédito político señaló en los medios de comunicación a las empresas eléctricas de actuar de manera poco formal en Europa por la defensa contra la intervención de mercado del Gobierno español. Por otra parte, días después, también empezaba a valorar ante los medios, la idea de compensar (como los árbitros que pitan un penalti injusto en un área, y seguidamente repiten lo mismo en la contraria) a las centrales térmicas.

Todo ello, después de negar que hubiera damnificados de esta medida, en un momento de caída de demanda eléctrica, de expulsión del mercado de las distintas tecnologías de generación. Y, sobre todo después de reconocerlos implícitamente en su primera versión de real decreto, después quitarlos en la segunda versión del decreto y ahora sopesarlos. Es evidente que se trata de una intervención en el mercado para mantener artificialmente la demanda de carbón nacional para generación eléctrica de forma que todos lo paguemos a escote económico y medioambiental. Tener marchas de mineros desde Galicia en la televisión o en las inmediaciones del despacho siempre es francamente molesto en tiempos de debilidad política.

Por otra parte, la tramitación de este Decreto también está afectando al propio Joaquín Almunia que, como Comisario Europeo de Competencia, se encuentra con un papel que conoce bien y con el origen carbonífero de la Unión Europea bien latente. Este Real Decreto, cuestionado también por la Comisión Nacional de Competencia, es también una prueba de fuego para el Comisario español, con su patata caliente.

Podemos hacer una propuesta desde Energía Diario. En esos dos meses, la Unión Europea podría, por ejemplo, estudiar con detenimiento la ejecutoria, resultados y distribución del Plan del Carbón, así como la escasa efectividad de las políticas que se deberían ir poniendo para la transición inexorable al desmantelamiento del sector que proviene la Unión Europea. El volumen de ayudas, su necesidad y su destino, la capacidad de las propias empresas mineras de confrontar a sus colectivos de trabajadores. Y, consecuentemente, su coherencia con este Real Decreto.

Con el carbón nacional, y sus creativas formas de ayuda, vivimos permanentemente en Halloween.