Los ojos más comunicativos del cine español después de su papel protagonista en “El Bosque Animado” son los de Alfredo Landa haciendo del bandido Fendetestas o su papel en “Los Santos Inocentes”. En tiempos anteriores, Alfredo Landa era el representante, el epígono del ‘landismo’, una veta cinematográfica patria que venía a remarcar la marca hispánica como hecho diferencial, y que trazaría una ligazón imaginaria con el actual Torrente, una versión mucho más casposa, hilarante y desbordada. El mundo del tardofranquismo, el destape, las promociones de pisos con aluminosis o la eclosión de Benidorm…, todos elementos de una época y de un país que tenía nuevos comportamientos pudientes recogidos en el cine de la época, desde Fin de Semana al Desnudo a Manolo la Nuit.

Esta introducción, en principio tan ajena (salvo que se quisiera hacer una con referencia al sector energético y, en concreto, al butano como forma de energía), no tendría mucho sentido si no existiera un instrumento demoníaco, el denominado término landa, utilizado en la fórmula para determinar el precio del butano, cuyo objetivo no fuera anclar los precios en el pasado conveniente.

La fórmula mediante la que se determina el precio del butano tiene dos componentes: el precio de la materia prima y el denominado término C, en teoría destinado a retribuir la actividad de distribución de este combustible. En la materia prima, desde octubre de 2009, se implantó una fórmula matemática que ‘corrige’ y ‘modera’ el precio de la bombona para evitar lo que los expertos denominan ‘apuntamientos’ o puntas de precios y con el objeto de que el consumidor no los sufra. Además si las subidas no superan el 2% no se efectúan, con lo cual, con una construcción matemática semejante se podría conseguir negar la ley de la gravedad.

Tanto modera esta fórmula el precio de la bombona de butano que ha conseguido que pase casi totalmente inadvertida la subida de precios del petróleo que ha sido constante desde el vertido del Golfo de México hasta el momento actual en que la inestabilidad en Oriente Próximo se ha agudizado con las crisis de Túnez, Egipto y Liba. Y, ¿cuál es la técnica regulatoria sofisticada empleada a tal efecto? Las matemáticas: que el 75 % del precio de referencia se calcule desde que se implantó la norma, hace un año y medio con los precios más bajos conocidos del petróleo. Es decir un cálculo retrospectivo que no se actualiza hasta volverse obsoleto y cada día más obsoleto. Cualquier tiempo pasado fue anterior. El término landa.

Consecuencia: el precio de la materia prima de la bombona es mayor que el precio de la propia bombona. Las empresas cuanto más venden, más pierden, es decir, hay una venta a pérdidas, algo prohibido por cualquier legislación competitiva. En consecuencia, se congela la retribución a los distribuidores, estrangulando a este sector, que teniendo un peso relativamente bajo en el consumo energético del país, es relevante en ciertas zonas o para ciertos colectivos.

Por otra parte, esta fórmula pasó por todo regulador viviente y requiere una urgente revisión dadas las expectativas de precios del petróleo. Urgente revisión que precisa previamente la asunción de que es necesario un aumento de los precios de esta energía. Por su parte, el regulador principal, el Ministerio de Industria y el regulador independiente, la Comisión Nacional de Energía, mantienen un tácito silencio al respecto, que se va a ver desbordado por la realidad que se ha convertido en urgente.

Bien es sabido que desde el propio tardofranquismo, uno de los problemas que no ha sabido aceptar la clase política y el Gobierno administrativo del país, es la asunción de los precios de la energía y las consecuencias del libre mercado, haciendo toda clase de estratagemas para su evitación, incluyendo la ilusión monetaria para los consumidores. Cada vez que surge un problema de estas características surgen los defensores políticos de la energía barata a toda costa. El riesgo, en el caso del butano, es que de tanto no querer subir el precio de la bombona, se acabe por inanición con el sector y que la medicina pase a ser excesiva, generando un problema de dimensiones importantes para empresas y consumidores.

Lo dicho, el regreso al pasado. Por eso sólo aquí sería posible una película como «Los energéticos». Y el landismo.

Se trata, por tanto y de nuevo, de no salir de un modelo de promesa más o menos inminente de mejora de la situación. En todo caso, sus efectos son relativos dado el debate sucesorio abierto en torno a su figura y la relativización de sus opiniones (al menos en el terreno económico). Parece como si hubiera entrado en una línea paralela.

De hecho, en días pasados se anunciaba la subida del IPC hasta un 3,6% en términos interanuales. También en ese momento se produjo un importante revuelo, en la medida que el repunte se achacó a la evolución de los precios de la energía. De forma más o menos virulenta, unos medios concentraban más la responsabilidad de esta subida en los carburantes o la electricidad según hacia dónde se había puesto la mirilla telescópica. Lo que es evidente es que estamos en una evolución de los precios de la energía alcistas para los consumidores, que tiene una lógica y una correlación total con lo que está produciéndose en los mercados internacionales y con los problemas aparcados, derivados de no abordar la subida de precios energéticos.

Lo cierto es que la subida de los precios de los carburantes se está produciendo de manera paulatina en convergencia con los precios del petróleo, el dólar y coste de refino, unido a otras cuestiones como los problemas y vertidos ocurridos en el Golfo de México el pasado verano, y las turbulencias políticas y geoestratégicas en Oriente Próximo. En todo caso, y aunque se estabilice este escenario político y de revueltas, los analistas internacionales prevén un escenario de crecimiento de precios del crudo relevante a medio plazo, con escenarios que alcanzan los 200 dólares, de forma que se produzca un salto desde los precios anteriores a estas turbulencias, hasta llegar al entorno de los 100 dólares, es decir, que parte de la subida de precios, ha venido para quedarse. En todo caso, el sistema de precios de los carburantes refleja casi de manera instantánea los precios en los mercados.

En el caso de la electricidad, el problema es diferente y está sometido a una presión política diferente. De hecho, sin haberse producido una subida tan ostensible como en el caso de los carburantes, el ruido mediático ha sido mucho más intenso. Hasta el momento en que se culmine el proceso de liberalización y el alza del precio de la electricidad se efectúan mediante revisiones trimestrales a través de órdenes ministeriales, en determinados foros se achaca al Gobierno la «responsabilidad» de esta subida de precios y se cargan las tintas políticas cuando se conocen estas cuestiones o aspectos relacionados en la decisión política asociada. Sin embargo, uno de los problemas es que, de acuerdo a las revisiones trimestrales, en algún caso han resultado nulas por la propia presión política, como en el caso del mes de octubre del año pasado con la famosa foto del acuerdo Montoro-Sebastián.

No obstante, sobre el precio de la electricidad confluyen dos cuestiones: por una parte, los precios comparativamente bajos en serie histórica y respecto a otros países en el mercado de generación. Eso no quiere decir que no puedan verse influidos por los precios de materias primas, gas, carbón o petróleo, pero el punto de partida es bajo y fuertemente competitivo. Y, por otra parte, hay que recordar que la subida de los precios de la electricidad integra también lo que son los costes regulados (transporte, distribución, primas y deuda pasada: déficit), cuyo crecimiento será responsable de la evolución de los precios durante este año.

Además, no hay que olvidar que existe un problema embalsado desde el momento en que sus precios solamente podían subir el IPC como máximo, con independencia de las tensiones existentes en los mercados de la energía. Se trata, como saben, del déficit tarifario fruto de haber ido postergando las subidas de la electricidad año tras año por motivos políticos. Una cuestión que si se hubiera abordado en su momento, hoy permitiría reducciones en los precios y que hay que atender en un escenario de crisis económica y tímida recuperación con fuertes amenazas. En todo caso, es una subida de precios de la energía aplazada y latente que debe ser abordada. Por tanto, el escenario es de subida de precios, pese a que las artillerías estén preparadas para dificultar estas decisiones.

Lo cierto es que después de tres años de lluvia fina, el déficit tarifario ya se ha establecido como problema político y regulatorio y, pese a los negacionistas y contrarios al mercado eléctrico, ha tomado cuerpo como cuestión ineludible que afecta a la solvencia de nuestra economía y de nuestros mercados. Siempre quedan reductos de ejercicios políticos «outsider», contrarios al mercado eléctrico o, en otra línea, de corte «peronista» y jerseys de cuello alto, para hacer valoraciones de trazo grueso sobre los resultados o los beneficios empresariales (con independencia de sus tasas de rentabilidad, de cómo se obtengan, en qué mercados o partiendo del supuesto de que los accionistas no pueden ser ciudadanos y que la inversión no puede ser retribuida).
En otro orden de cosas, los analistas señalaban que la subida de los precios de la energía no se estaba propagando al aparato productivo o al resto de ramas de actividad. Por tanto, lo que se está produciendo realmente un ajuste por parte de los consumidores (empresariales y residenciales) y la absorción de esta evolución al alza de precios energéticos.

¿Dónde está la clave desde el punto de vista de la política? En este contexto, en tener convicción y mirar a los ojos a la realidad: percibir que el fenómeno es más estructural que coyuntural, establecer una política de energética completa y entendible, que tenga un discurso coherente e integrado, desarrollar políticas de ahorro y eficiencia en serio, que partan de que los agentes económicos conozcan los precios reales y no los precios políticos. Con esas bases, el debate sobre el mix energético, sobre las primas a las renovables, la necesidad de una moratoria en este tipo de tecnologías o la energía nuclear se podrían efectuar sin trampas. Igualmente se produciría una mayor comprensión pública sobre al ahorro, la eficiencia y el papel de todos los agentes en ella. Como tampoco sería un debate tramposo el grado de alumbrado público español o el «confort» deseado por la sociedad y su forma de pagarlo. Y, en ese marco, la dosificación de medidas no parecerían ocurrencias, ni obtendrían las críticas que se han acumulado esta semana, fruto de caminar siempre entre varias aguas.

Partamos de la base de que desde este medio siempre hemos promovido la existencia de un modelo de desarrollo de las energías renovables y, en ese sentido, podemos asegurar, siguiendo nuestra línea editorial, que no somos negacionistas.

Esto es relativamente relevante en un momento en que las posturas de las distintas tecnologías tienen un componente dialéctico defensivo en el estilo «federales contra confederados» sumamente peligroso, a falta de una visión común o de una política energética coherente construida sobre el armazón de la política económica global y el funcionamiento de nuestros mercados.

Sólo en ese contexto se pueden analizar las cosas que vienen pasando en la generación de electricidad y sus tecnologías y, en concreto, en las renovables. En ese marco, y en el de una política retributiva insostenible, claramente, con todas las costuras, nos estamos permitiendo comportamientos de «un paso adelante y dos atrás».

Por eso, estar a favor o en contra de las energías renovables (en genérico) no implica, necesariamente, adherirse a un modelo de dispendio o abrazarse sin crítica o sin racionalidad a un maximalismo. Parece, por tanto, que cuestionar la racionalidad de lo acontenido es un problema de dogmas o reglas basadas en la fe y la obediencia. Y, de la misma forma, tampoco es semejante la situación de todas las tecnologías de régimen especial, dado que el volumen de primas que perciben, la magnitud de sus subvenciones en relación a su capacidad, su potencia y su generación es diferente, pese al manto unificador de quienes se cubren para defender las tecnologías más primadas o más privilegiadas.

En este sentido, y sin perder la perspectiva de globalidad de la política energética, medioambiental y económica, derivada de la ilusión retributiva y de los intereses particulares, el desarrollo de las energías renovables debe estar incluido, integrado, mapeado dentro del sistema eléctrico, del coste global del suministro y del precio que pagan los consumidores por la electricidad.

Por tanto, no se puede tratar como un postizo con unos agentes que captan recursos a través de las primas, las subvenciones y que maximizan sus intereses contra el resto de sectores o contra la factura de los ciudadanos, aunque sea por la defensa de una industria propia. O, mejor dicho, es legítimo que los sectores lo intenten pero que la regulación busque un modelo sostenible económica y medioambientalmente, integrado en el modelo tarifario y en los mercados de la electricidad. Esa debe ser la clave de la situación y de las decisiones que se plantean.

Ayer, como se pudo conocer, en lo que se refiere a la energía solar fotovoltaica, se produjo la vuelta atrás en el Senado sobre la norma que limitaba el número de horas sujetas a prima en el caso de la fotovoltaica. Si bien existen dudas sobre el grado de retroactividad de la norma, lo que sí parece que ha sido retroactivo es el comportamiento de los partidos políticos. De hecho, conscientes de que el trámite jurídico sería muy complicado, el sector fotovoltaico y el sector financiero no lo han dado por perdido y han encontrado una vía de servicio para volver a la casilla uno y replantear la decisión del Ejecutivo y del Parlamento.

Se trataba, por parte de los promotores de la enmienda en el Senado, de dejar sin efecto el Real Decreto Ley recientemente aprobado que requería de una Ley para su remoción parcial. Hace menos de quince días que se aprobó el Real Decreto Ley y en el trámite de una Ley ya se promueve un cambio sobre lo aprobado anteriormente (algún día habrá que tratar, algo cada vez más preocupante, los problemas de calidad regulatoria, la frivolidad de abordar los cambios regulatorios y el oportunismo de que cualquier normativa pueda salir por los cerros de Úbeda por inclusión, adición o sustracción en los procesos parlamentarios).

En menos de un mes, estas formaciones políticas han ido deslizándose de una posición crítica hacia una posición contraria a la limitación de horas a la energía solar fotovoltaica, que es una modificación en los parámetros de su sistema retributivo. ¿Se anticipa, por tanto, una minoría del partido del Gobierno en esta cuestión en el Congreso?

Queda por saber qué pasará a partir de ahora con esta Ley y su vuelta al Congreso de los Diputados, para comprobar si el arco parlamentario mantendrá su cambio de opción respecto de esta cuestión. Contra el Decreto Ley o a favor de la enmienda que lo desactiva, se alineó finalmente el Partido Popular y partidos nacionalistas que inicialmente apoyaron al Gobierno en la ratificación del Real Decreto Ley de medidas urgentes del sector eléctrico aprobado en el mes de enero.

La no limitación de horas a la tecnología solar fotovoltaica en la regulación precedente parte de un defecto regulatorio y de una falta de observancia por parte de las autoridades a la hora de advertir que la importante y constante demanda de proyectos fotovoltaicos evidenciaba unos problemas de sobrerretribución. De hecho, los estudios económicos utilizados por la CNE y el Ministerio de Industria avalaban que el modelo retributivo tuviera ese límite de horas, pero la regulación final no lo contempló.

Y, con ello, la financiación y el escandallo de la plusvalía generada por los proyectos fotovoltaicos se distribuyó generosamente en orden a todos los que participaban en el proceso: gestores de permisos, promotores, próximos a las estructuras de poder regionales y Comunidades Autónomas. El propietario final del proyecto, que se había apalancado para adquirirlo, se queda al borde del abismo por esta circunstancia si se reduce la retribución (cuando todos los anteriores ya habían hecho caja). Y, consecuentemente, las entidades que habían financiado el proyecto incurren en un riesgo de crédito tan semejante al inmobiliario (que incluso el Banco de España estaría investigando, según nuestras informaciones). En el fondo, el modelo de negocio era y es muy parecido, en definitiva, a un modelo de rentas sin riesgo empresarial.

Por tanto, a falta de referentes y de una guía de conducta, nos quedan comportamientos políticos “modelo yenka”, que nos devuelven al Juego de la Oca y a la casilla uno, caminando sobre el filo en cada proyecto de Ley y en cada tramitación parlamentaria. Y todo ello con una deconstrucción política por momentos, morosa de no tener política energética, económica y medioambientalmente sostenible.

Con una ilustración/fotografía que casi reproduce un busto de una figura del Museo de Cera, el pasado viernes se recogía una tribuna en el diario económico Cinco Días firmada por el ex Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en la que trataba de glosar, no sin triunfalismo, su etapa al frente de la Secretaría de Estado. De hecho el título de la misma era «Tres años de profundos cambios energéticos«.

Sin entrar en el contenido de la tribuna, sorprendente e inaudito, la verdad es que es calificable de obsceno que un ex alto cargo de la Administración hable de su período al frente de una responsabilidad, por mucho que entre sus intereses estén el «aspirantazgo» a un puesto internacional (una campaña que no cesa para autopromocionarse para la Dirección General del IRENA).

De hecho, en su período final, una vez conocida su renuncia a la Secretaría de Estado, gran parte de su tiempo y sus viajes estuvieron dedicados a este menester. Sería razonable que Marín recapacitara sobre la forma de hacer campaña para el puesto al que aspira, puesto que incluso puede ser contraproducente: un artículo así se califica por sí mismo y seguramente no es el camino para llegar al IRENA. Por ello, habría que recomendar al ex Secretario de Estado más ponderación, sobriedad, contención y que procurase encontrar apoyos externos y no endógenos a su candidatura.

Por otra parte, con su intervención «autolaudatoria» hace un flaco favor al actual Ministro de Industria y a sus sucesores en su responsabilidad, que tienen un «sudoku» que requiere de habilidades, capacidad gestora y precisión de relojero, además de capacidad política para resolver problemas graves como el déficit tarifario o la política de renovables en su espiral. Una columna de este tipo, con un déficit galopante, la polémica por la subida de tarifas o la de la limitación de horas a la fotovoltaica y otras cuestiones de calado, debe producir, cuanto menos, vértigo en el Paseo de la Castellana.

Marín basa su columna en dos ratios macro del sector energético muy influenciados por el entorno recesivo de la crisis y la mejor hidraulicidad de estos años: emisiones contaminantes e intensidad energética. En eso y en las interconexiones, cuyo desenlace, que no solución, es más que discutible. Además, en contra de lo que afirma el ex Secretario de Estado con una expresión falaz, el déficit de tarifa eléctrico acumulado al final de su mandato fue mucho más alto que el que se encontró a su llegada (se reguló su liquidación pero se incumplió su engrosamiento). Por otra parte, la acumulación sucesiva de problemas en el desarrollo de las energías renovables durante este período incorpora responsabilidades claras desde los puntos de vista regulatorios y de supervisión directa por parte del Ejecutivo.

En este medio, hemos reconocido en su mayor parte las bondades del Real Decreto Ley 6/2009 para atajar el déficit tarifario, pero la realidad de su incumplimiento llevó a que haya tenido que ser remozado en menos de dos años por otro Real Decreto Ley también razonable al mismo efecto, pero incrementalista en las cifras. Del mismo modo, las cifras oscilantes del déficit tarifario que cortocircuitaron en ocasiones el largo proceso de titulización, los problemas del registro de asignación, las repotenciaciones «sotto vocce», el diálogo sectorial y las relaciones con las empresas y los distintos sectores no acabaron, precisamente, en su mejor momento con Marín.

Perlas maximalistas de nuestro ex Secretario de Estado en su artículo: «Nuestra apuesta por un nuevo modelo energético que es, precisamente, el único que garantizará el futuro sostenible del planeta« (sic). Toma ya. Señor Marín, se ha pasado. Tenga cuidado con el «overselling».

La cuestión del déficit de tarifa y su titulación es una cuestión muy seria. De hecho, es una cuestión de Estado, que ha tomado alcance europeo e internacional. Según se ha podido saber a posteriori, la visita de Angela Merkel tuvo como precedente varias visitas de las autoridades financieras germanas con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En dichas entrevistas, según fuentes financieras, se abordaron dos cuestiones económicamente interrelacionadas y concernientes con la energía: la primera, la inclusión del déficit tarifario dentro de la deuda pública española, casi como un sumando más; Y, la segunda, los efectos del cambio de regulación de las energías fotovoltaicas (por cierto, también uno de los elementos que engrosan el déficit tarifario, entre otros) por el aumento de riesgos para las entidades financieras alemanas que han financiado estos proyectos.

Por tanto, los 22.000 millones de euros de déficit tarifario acumulados en números redondos, con el necesario aval del Estado (hasta los 25.000 previstos), vienen a engrosar parte de algo muy semejante a lo que es la deuda soberana española. Que el déficit tarifario reúne todas las condiciones para ser considerado como deuda pública está bien recordarlo para aquellos que olvidaron su origen, dado que cualquiera que indaga en la naturaleza económica del citado déficit acaba extrañándose sobremanera de la forma en que se ha ido acumulando hasta las proporciones actuales. Dicha deuda, también tiene un efecto sobre el endeudamiento general, sobre el rating del país y de nuestras empresas.

La forma de abordar esta cuestión en el corto plazo es la colocación de los instrumentos financieros y en el medio largo plazo es la política energética y de precios de la electricidad. Ambos serán los dos ejes futuros de la resolución de este problema. Por eso, agilizar el proceso de colocación del déficit, desarrollar las siguientes emisiones en breve, en momentos favorables en los mercados financieros (al menos para que nos cueste menos), y otorgar credibilidad a la política económica, financiera y energética deben ser objetivos primordiales y parece que se está actuando en este sentido.

De hecho, la cuestión es doble, primero, hay que adquirir consciencia de la naturaleza del déficit tarifario y su consideración asimilada a deuda pública española. Y, segundo, también existe una demanda, consistente en incorporar garantías de que esa deuda no se va a seguir engrosando, instrumentando para ello una política económica, energética y de precios energéticos estable y realista, garantizando el funcionamiento de los mercados de la electricidad. Ortodoxia. Una continuidad de objetivos que debe ser abrazado por todas las fuerzas políticas. Toca por tanto una labor de orfebre a partir de ahora, para aprovechar todos los huecos a la hora de compensar el desfase existente en las tarifas eléctricas.

Para contextualizar el tema del déficit tarifario hay que dibujar el marco de la Deuda Pública. La deuda pública española había tenido hasta el principio de la crisis una tendencia descendente hasta llegar a significar un 35% del PIB. Tras la época de alegría vertiginosa en la formación del déficit público, la inercia llevó a que nos situásemos en un muy breve espacio temporal cerca del 60% (25 puntos más), con nulos resultados sobre la actividad económica. Una teoría kamikaze que ha venido a ser subsanada por la intercesión del eje franco-alemán, es decir, por los que financiaban esa alegría con sus empréstitos. Por tanto, como criterio general, la Alemania prestadora colabora con la resolución de los problemas españoles, con la colocación de la deuda actual, a la vez que pide disciplina y rigor futuros a las autoridades españolas. Esa será la norma y esos son los márgenes de actuación, por otra parte completamente razonables, aunque pese a los valedores de soluciones arriesgadas o que cuestionan el funcionamiento de los mercados financieros.

Así, surgen voces que reclaman comportamientos más castizos también en el sector energético. ¿Y si nosotros, por decisión política o ideológica, nos queremos endeudar, qué? O preguntas al aire que causan pavor ¿pero es que van a poder más los mercados que la política? Pues sí, es así. Pero era así, antes también: sólo que había liquidez. Al igual que no se puede decidir que España tenga litoral en el Pacífico, hay limitaciones que se tienen que adoptar con consciencia de la naturaleza de los hechos económicos y su interconexión. Los mercados tienen información perfecta y no se conforman con retóricas o con argumentos vacíos de marketing político. De ahí, que de poco sirvan las «addendas» al Acuerdo Social y Económico en el marco de la energía, si no se aborda con rigor y sin excentricidades o atajos el problema del déficit tarifario.

Está claro que además de la política económica, también la energética y la de precios eléctricos y respeto a los mercados son cuestiones serias que precisan soluciones comprometidas y estables. Además, como ven, están en observación.