Desde la aprobación y publicación de la Ley de Economía Sostenible, se ha producido un intenso período especulativo respecto de la renovación de los órganos reguladores de nuestro país. Este proceso, si cabe, ha sido más intenso en lo que se refiere a la Comisión Nacional de Energía (CNE), por varios motivos: primero, porque en su Consejo permanecían con prolongación en tres años de mandato tres consejeros (en su momento designados por el Partido Popular); segundo, porque el calendario previsto, comparativamente con otros órganos reguladores, era mucho más inminente (el ‘cese’ de los consejeros vencidos tenía fecha de caducidad, dos meses, y la salida del resto de consejeros, a junio que es cuando expira su mandato); tercero, porque la actuación del Consejo saliente, su formato excesivo y su ejecutoria han estado marcados por la polémica y por acentuar el desprestigio de la institución, con independencia de los cantos de sirena que ahora se puedan invocar en el día de las alabanzas.

En términos temporales, cuestión que ya es muy relevante de por sí, se estaban manejando previsiones de que la sustitución de los consejeros vencidos se podría haber producido hoy, Viernes de Dolores, en la tradición del comienzo de la Pascua católica y el final de la cuaresma. De hecho, desde hace unas semanas, cada viernes con su correspondiente Consejo de Ministros es esperado con fruición, por si se arroja luz y decretos sobre los actuales consejeros vencidos, que incluso habrían solicitado su extensión al máximo.

Por otra parte, según fuentes cercanas al proceso de renovación, parece que la voluntad del Ejecutivo de dotar al organismo de un peso técnico relevante, frente a los intereses partidistas, se están viendo en parte saboteada por los propios comportamientos políticos derivados de las fuerzas internas dentro del arco parlamentario.

Por eso, el primer nombre conocido y la forma en que se ha producido su designación no da lugar al optimismo. Así, el nombre de Idoia Zenarruzabeitia, es indudablemente su perfil político y de partido, aunque también cuenta con un perfil técnico jurídico a tener en cuenta. Por otra parte, en la negociación parlamentaria, en el ámbito de las fuerzas políticas catalanas necesarias para el ejecutivo y sus equilibrios parlamentarios, se apunta al nombre de Marcel Coderch (actualmente Vicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) como candidato a que sea transvasado a la Comisión Nacional de Energía. La intensa campaña con presencia en los medios de comunicación constante referida a los asuntos energéticos parece constatarlo. Su nombre está hoy envuelto en la polémica en el sector energético: por su fuerte contenido ideológico, por la vinculación con ERC y sus posiciones antimercado defiendidas vehemente y abiertamente en el parlamento y en tercer lugar por su posición antinuclear, fuertemente beligerante y militante. Sería una forma de reintegro a posiciones intervencionistas, es decir, a la reedición del esperpento actual del Consejo de la CNE.

Por otra parte, en el Partido Popular también hay dos corrientes sobre todo de cara a la segunda fase del proceso de renovación del organismo que se operaría dentro de un mes y medio, en junio. La primera consiste en la colaboración con el Gobierno para rediseñar el órgano regulador independiente con perfiles técnicos. La segunda corriente, de tinte mucho más político, intentaría provocar una ruptura para que el Gobierno designara unilateralmente los consejeros de la nueva comisión, de forma que una vez que entrase en el gobierno el Partido Popular se sintiera con las manos libres para efectuar un movimiento catárquico, designando una comisión casi monocolor.

Por tanto, parece que existe una dialéctica abierta entre una renovación política (más que política, partidista) o una renovación técnica. De hecho, alguno de nuestros lectores ha mostrado su disconformidad por que el acento en el nombramiento de Zenarruzabeitia, en lo político y en lo partidista. La demanda, la reclamación es que un sistema de designación como el seguido hasta el momento debería garantizarse el derecho de todos los partidos a colocar a su gente en los órganos reguladores independientes. Es decir, aceptando las reglas de un escenario político-partidista, el mensaje es “nosotros no vamos a ser menos”, pero, en ningún caso, apelar a la necesidad de conocimientos técnico, económicos y jurídicos del sector energético y sus mercados. De todas formas, señores, esto no es un problema del club/partido de pertenencia, sino de forofismo.

Por tanto, parece que esta primera renovación se producirá en el Consejo de Ministros del próximo miércoles, con lo que a partir de la semana que viene empezamos con la segunda fase y nuevos referentes. Es decir, al parecer se producirá en la semana de pasión. Lo que está claro es que esta renovación tiene mucho morbo.

Es de destacar que, con ser un momento catárquico en la vida política española, este anuncio estaba casi descontado, a falta de su confirmación o si se materializaba antes de las elecciones autonómicas o no. En este sentido, hay que señalar que el propio Zapatero había iniciado desde hace casi un año un camino de no retorno hacia posiciones mucho más ortodoxas desde el punto de vista económico, y también en el sector energético, cuyos grados de libertad se amplían con esta decisión.

Así, en esos términos, y desde ese momento, se empezó a abordar la resolución del problema del déficit tarifario y su titulización o emprender un rumbo más o menos decidido en la actualización de los precios de la electricidad, con independencia de que se creasen mecanismos compensatorios supletorios como el «bono social».

Hasta ese momento, hace más de un año, además tenía predicamento y acceso en Moncloa el colectivo de retroprogresivos del sector energético español: contrario al mercado, favorable a la intervención de precios, a mecanismos de determinación de precios discrecionales por costes reconocidos, dispuesto al abandono de las directrices que establecen las Directivas Europeas, negacionista del déficit tarifario y propenso a promover un modelo energético no empresarial. Dicha intervención, durante mucho tiempo, fue enormemente entorpecedora y nociva para la resolución de este grave problema, así como causante de su engrosamiento.

El hecho es que con la renovación del Ministerio de Economía, Elena Salgado adquirió consciencia de este grave problema y la interlocución de este colectivo se vio enormemente mermada. Consecuentemente, el anuncio del presidente, confirma una realidad que ya se estaba produciendo: la pérdida de influencia de este colectivo con un peso ideológico.

Un triple efecto se combina: por un lado, Zapatero ha ido cediendo y dejando las políticas económicas y energéticas a los departamentos correspondientes (una vez que se había producido también la salida de María Teresa Fernández de la Vega, renunciando a su omnipresencia). Por otro lado, los Ministerios de Industria y Economía más o menos en línea, con posiciones cercanas; y, finalmente, la incorporación de un nuevo Secretario de Estado de corte profesional y más sólido en lo financiero. Todos estos hechos han cortocircuitado los canales normales de acción, intervención y condicionamiento ideológico de la política energética que el colectivo retroprogresivo ejercía sobre el ejecutivo.

Y no hay mejor confirmación de la pérdida de poder de este colectivo, que advertir el hecho de que la confrontación se ha traslado al escenario de lo mediático a través de publicaciones, artículos y agitación de asociaciones de consumidores y colectivos tradicionalmente cercanos. Es el momento de caer en los brazos de la demagogia, argumentos sencillos y de trazo grueso, recuperando lenguajes y términos airados y trasnochados, que vienen apareciendo en los últimos días con bastante fruición. En suma, se han echado al monte.

Quedan dos aspectos más en los que es posible que se haga notar este anuncio del presidente. Por un lado, la política nuclear que, en nuestro país, se trata de un falso problema en todo caso, pues, salvo el asunto de Garoña, no hay proyectos de ampliar el parque nuclear español y los test de estrés a las centrales nucleares pueden arrojar un criterio técnico que disuelva el problema político.

Y por otro lado, encontramos el efecto colateral que se deriva de la presunta pugna por la sustitución de Zapatero y el cartel electoral, entre el Vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y la Ministra de Defensa, Carmen Chacón, representante del PSC y bien asesorada desde el punto de vista de comunicación política. En ese contexto, atentos a Ignasi Nieto, joven promesa del PSC, con indudable sentido político, ambición y apoyos en Catalunya. Un viejo conocido del sector energético español (en el que tampoco dejó buen recuerdo, todo hay que decirlo), que podría aspirar a sustituir a Montilla o a cubrir el hueco que Chacón se resiste a aceptar en Catalunya.

En todo caso, como premisa a este artículo, el objeto, interés o voluntad de Energía Diario, no es entrar en el debate sucesorio del PSOE, o en la posibilidad de un adelanto electoral en los términos que este supuesto debate, agitado en determinadas instancias políticas y mediáticas, se está construyendo. Simplemente, nuestro papel es relacionar las propuestas económicas relativas a la energía de los partidos en contienda, darlas a conocer y proporcionar nuestra visión de las mismas de acuerdo con nuestro ideario y posición editorial.

Por tanto, empieza ya a ser el momento de requerir una posición, un programa de gobierno en el ámbito de la economía y de la energía al Partido Popular. Y, esto es más así, en la medida que en la realidad política se combinan tres fuerzas centrífugas. La primera, es el hecho de que el partido en el gobierno actualmente tenga que abordar el «trabajo sucio» de unas reformas que van a suponer un desgaste del propio Ejecutivo. Así, existe un cierto consenso en los círculos económicos en que el comportamiento del actual Gobierno, con matices, con detalles, con su arrastrar los pies, con sus demoras, con sus retrasos y con sus vacilaciones ha cambiado hacia mayor ortodoxia desde mayo de 2010.

La segunda cuestión, ya dentro de las propias filas del Partido Popular, son los consejos de asesores políticos consistentes en no desvelar las medidas que este partido podría emprender en caso de estar en el gobierno, sobre todo para no ahuyentar votos e intentar la captura de votantes del centro.

La tercera, es que el mundo económico, empieza a ver con inquietud y preocupación, a estas alturas de la película, el discurso de Rajoy y el equipo económico del Partido Popular, construido sobre bases excesivamente demagógicas. De hecho, además de evitar caer en el enfoque partidista mediático español, es sumamente preocupante la reacción popular a la reunión del sábado en La Moncloa y debe ser inquietante para el propio Partido Popular el enfoque «solipsista» en lo económico en el que se ha sumido para mantener el misterio y el enigma en torno a su programa económico.

Las fuerzas vivas del Partido Popular apelan y repiten la palabra «confianza», construyendo un argumento de corte taumatúrgico «cuando nosotros entremos en el gobierno, se creará confianza y la economía despegará, palabra». Ese argumento es uno de los que sostiene la teoría del adelanto de elecciones y el hecho de no desvelar su programa de gobierno, salvo generalidades, vaguedades, lugares comunes y cuestiones de retórica política complaciente como el apoyo a los emprendedores. Y ese argumento y mecanismo mental es semejante al que tenía José Luis Rodríguez Zapatero antes de mayo de 2010, en un ejercicio disparatado de concepción psicopatológica de la economía.

En ese excipiente da lo mismo todo, da lo mismo la política económica, dan lo mismo las reformas estructurales, da lo mismo la ortodoxia, dan lo mismo los sectores económicos y dan lo mismo la estructura y los comportamientos de los sectores empresariales. La confianza, entendida así, es un estado basado en comportamientos irracionales que proporciona una dulce renuncia a los agentes económicos. El problema es que en economía, con mercados globalizados e información perfecta, esto no es así y empieza a cundir la inquietud en el mundo económico por esta actitud tan opaca.

Por tanto, en estos momentos, al Partido Popular hay que pedirle estar ya a la altura de las circunstancias, que perciba que ha entrado en una fase de precalentamiento y que supere el efecto de los asesores políticos, para ofrecer realmente confianza a la sociedad y al mundo económico. Y la confianza real, evidentemente, se ofrece con hechos, con certidumbre, con medidas conocidas y predecibles, con explicación de su programa más allá de la retórica o de lo políticamente correcto. En palabras de Julio Anguita, programa, programa, programa…

En el terreno de la energía, además de conocerse cuáles son sus postulados futuros, se debe conocer, cómo abordar cuestiones pendientes o abiertas como el proceso de liberalización de los sectores energéticos, problemas tan complejos como el de los precios de la energía, de la electricidad, el déficit tarifario y cómo se va a enfrentar a ellos. Del mismo modo, existen cuestiones clave y críticas como la revisión del modelo de desarrollo de energías renovables, el exceso de capacidad existente en el generación con los efectos que se derivan, incluso el papel de las Comunidades Autónomas con la proliferación de tributos autonómicos en torno a la energía, promoción de concursos renovables y definición de determinadas infraestructuras, como gallina de los huevos de oro de estas Administraciones. Todos ellos, temas que empiezan a requerir una respuesta coherente y articulada en torno al propio modelo de liberalización que el Partido Popular impulso en 1998, y que sigue un modelo semejante al que se propugna actualmente desde la Unión Europea.

Incluso, en el caso energético, no deja de ser preocupante la actuación y comportamientos parlamentarios,además de algunas posiciones y declaraciones pasadas de sus responsables. En primer lugar, es público cómo el Partido Popular se ha «desabrochado» del problema del déficit tarifario, que es una consecuencia de comportamientos políticos elusivos de la realidad de todos los partidos en el gobierno desde el año 2000: no subir el precio de la electricidad, como reducto de la intervención en los precios en un país que le ha costado asumir históricamente sus costes energéticos o ha tratado de trasladarlos o sindicarlos entre sectores. O, más recientemente, cómo el Partido Popular se alineó en el senado con Esquerra Republicana de Catalunya contra la modificación de los parámetros que fijan la retribución a la energía solar fotovoltaica. Y, como ejemplo paradigmático, todavía tiene reverberaciones en las hemerotecas la fotografía de Miguel Sebastián con Cristóbal Montoro, formulando un acuerdo a la búlgara para evitar la subida de tarifas de la electricidad en el verano de 2010.

Por tanto, no vale con mostrarse contrario o favorable a la energía nuclear (un problema muy relativo en nuestro país) o de que suban las tarifas eléctricas, como ejercicios de marcado cariz volitivo o demagógico (más que ideológico). Ya no vale. Al Partido Popular hay que exigirle en estos momentos, que confirme ser alterativa de gobierno en el terreno económico y, concretamente, en el energético. El Partido Popular debe efectuar su definición programática, explicar su modelo energético, la defensa del modelo empresarial y de mercado, con conocimiento de la realidad, consciencia de los procesos económicos, financieros y de inversión asociados, acreditando capacidad gestora real, con equipos y relación con los agentes del sector.

En todo caso, las palabras de Mas, que inauguró el sábado una central termosolar cuya producción será fuertemente primada, se apuntaban a un relativamente fácil «totum revolutum» y no eran muy esclarecedoras, a la vez que también eran lo suficientemente ambiguas como para dar pábulo a las posiciones cambiantes de CiU sobre la revisión de los parámetros de retribución a la energía solar fotovoltaica que prepara el Gobierno para contener las primas a esta tecnología. Al parecer la presión de colectivos de payeses, en busca del maná de las subvenciones, se ha traducido en que se hayan reabierto nuevamente las «negociaciones» al respecto. De hecho, si se volviera a revisar el último Acuerdo del Congreso, serían cuatro posiciones diferentes y alternativas por parte de Convergencia i Unió, una de las bisagras parlamentarias aunque, por otro lado, con una ventanilla bastante eficaz en la gestión de este tipo de asuntos.

Dado que Artur Mas criticó duramente la política energética del Gobierno Central, cabría preguntarle al presidente de la Generalitat si desde Convergencia i Unió se apunta a impulsar este tipo de tecnologías como futuro energético en España. Cuando se habla de impulsar estas tecnologías, se tiene que comprender que esa afirmación se traduce en una grosera materialización pecuniaria y económica que alguien tiene que pagar: la subvención o prima asociada conformando las generosas condiciones retributivas de las que goza esta tecnología. Incluso si el punto de partida es la conformidad con esta afirmación, o con este modelo, la pregunta derivada es si las primas deben ser sufragadas a través de los Presupuestos Generales del Estado, de los precios de la electricidad (en la factura o tarifa, con los matices adecuados) o que los sufrague la propia Generalitat. Sin responder a estas preguntas con precisión jansenita, sólo estamos ante retórica política.

Dice Enric Juliana que Catalunya es la sociedad más mesocrática de España. Y esa mesocracia sirve de excipiente para la conformación de intereses pancatalanistas, que van más allá de las ideologías, de los partidos, de las siglas, incluso de las personas. En suma, esto viene a decir que en pos de los intereses «comunes» o afines (en este caso, catalanes) las distancias en términos de siglas son más o menos salvables. Algo que define un clima de pacto, negociación e intereses alternantes y combinados colectivos.

Sólo así se puede entender el caso paradigmático de que un consejero de la Comisión Nacional de Energía, como Sebastiá Ruscalleda haya sido avalado por PSC, por CiU y por ERC en distintos momentos en los que se ha producido la renovación de mandato. Del mismo modo, en el marco de las maniobras que están empezando a producirse en torno a los nombramientos de los dos consejeros que deben incorporarse en breve a la Comisión Nacional de Energía, podemos detectar también movimientos de más largo alcance en el entorno catalán, vistos de forma global.

Por eso cabe preguntarse si los artículos recientemente publicados en Cinco Días por el también catalán Marcel Coderch, actualmente Vicepresidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y autor de un libro sobre energía nuclear («El espejismo nuclear«), pueden entenderse como una autopostulación para ocupar uno de esos dos puestos que quedarán vacantes en la CNE, en fase de proceso de cobertura. Coderch puede ser el sustituto idóneo de Ruscalleda, si contase con el aval de la Generalitat, Convergencia y, si fuera necesario, del partido de Joan Laporta. Sí que se asegura, en ambientes solventes de la capital y por fuentes diferentes, el interés de Coderch por este sector y por ese organismo.

En paralelo, tres cuestiones añadidas y complementarias que no hay que dejar pasar. Primera, la postura de ERC respecto al sector energético se ha radicalizado, pidiendo incluso la abolición del mercado mayorista de electricidad en las últimas intervenciones parlamentarias de sus portavoces, volviendo al marco legal estable, siguiendo las pautas que marcan los colectivos retroprogresivos de la energía partidarios de la involución en la liberalización, aunque favorables a la discrecionalidad de las primas renovables.

Por otra parte, estamos asistiendo al desmontaje de los anclajes políticos del PSC en Madrid, en una voladura controlada, para que se arbitre una sustitución de continuidad en la que la presencia de Convergencia i Unió parece que puede ser la sustitución más o menos programada, en pos de una gobernabilidad. Es la vuelta a un modelo PSC de los tiempos de Felipe González, con los socialistas catalanes capitaneados por Ramon Obiols encapsulados para las elecciones catalanas y contribuyendo como granero de votos para las elecciones generales. El PSC, por tanto, se vuelve a los cuarteles de invierno.

Finalmente,, la entrada de Artur Mas en la Generalitat es el tercer hecho significativo, cuyas aspiraciones sobre el control del sector energético y su ascendencia en las empresas genéticamente catalanas es ya indisimulado y público. Mas ha empezado su mandato dando preocupantes signos de autoafirmación y, a la vez, tutela de las empresas catalanas, transparentando un modelo en que las empresas y sus activos, más allá de la lógica capitalista y de mercado, adquieren un valor político-nacional, por lo que habrá que seguir con atención estos postulados.

Por tanto, se anticipan renovaciones y cambios sin estridencias en este reparto, con mucho seny. De hecho, la postura parlamentaria del PSC en el Parlamento catalán es tibia como se puede comprobar por las declaraciones de sus portavoces, además del propio interés de CiU por el pacto con PSC. En todo este tablero, parece que habrá que seguir de cerca el destino de los principales protagonistas afectados por las maniobras que se producen en este teatro de operaciones, incluso de Antoni Llardén y de Maite Costa, así como de sus posibles sustitutos. El PP observa de forma indirecta.

De una manera no relacionada con el sector energético también hemos sabido cómo el Presidente del Gobierno había «conseguido» captar el interés de estos países para contribuir a la financiación del proceso de reestructuración de las Cajas de Ahorro o cómo se había lanzado una importante operación para adquirir la empresa aeronáutica AERNNOVA desde el fondo Mubadala de Abu Dhabi. También los medios de comunicación se hacen hoy eco del interés de Qatar Holding por Telefónica o el interés árabe por Repsol.

El contexto en el que se producen estas operaciones es doble. Por un lado, el interés de estos países por entrar en Europa y por tomar participaciones en sectores estratégicos. Por el otro, los precios de las empresas españolas, especialmente castigados en los mercados financieros y bursátiles, permiten que estas operaciones se puedan realizar si se cuenta con liquidez, sin necesidad de acudir a los mercados financieros internacionales. Por tanto, la tendencia a que los capitales extranjeros acudan al mercado del «corporate» español es imparable.

La entrada de capital extranjero en una economía es una de las formulas para financiar su crecimiento, diferente, y seguramente más estable que las operaciones de financiación y crédito. Es indicativo del interés que suscitan los mercados y las empresas de un país y razón de ser de los flujos de capital. En un entorno de libertad de mercado, la inversión extranjera es una opción legítima, positiva y necesaria. Además, en el futuro, y para bien, condiciona las actuaciones regulatorias intervencionistas o discrecionales, en la medida que los agentes requieren estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y retorno de las inversiones.

Eso no quiere decir que este proceso de adqusiciones, sea bueno per sé, es decir, se haga a cualquier precio, sobre la base de actuaciones discrecionales del gobierno de turno, incluyendo el abaratamiento deliberado por actuación política del precio de las empresas. O que el resultado de la crisis económica y su gestión, no haya azotado en mayor medida los valores de las empresas españolas y hoy estén comparativamente baratos para la calidad de nuestro sector empresarial respecto a las foráneas.

En el caso del sector energético, estos dos casos recientes (Cepsa e Iberdrola), han alarmado, aflorando voces que reclaman un cierto nacionalismo económico, combinado con intereses concretos del propio «statu quo» nativo, apreciándose un cierto e interesado «totum revolutum», añadido a la tendencia a presentar con escándalo o sorpresa, los hechos económicos y empresariales.

Por ejemplo, esto se ha traducido en interpretaciones delirantes sobre la seguridad de suministro, que hemos podido leer en la prensa respecto a la operación de adquisición completa de Cepsa por el fondo IPIC (hay que recordar que Cepsa ya no era una empresa española, sino mitad de TOTAL –francesa- y mitad del propio IPIC –Abu Dhabi-.

Además, las interpretaciones relativas a los supuestos riesgos sobre la seguridad de suministro de la operación parece que se circunscribían al mercado de aprovisionamiento de gas. Teniendo en cuenta que España es uno de los mercados de gas con un aprovisionamiento más diversificado del mundo por su combinación de gaseoductos y GNL, el hecho de que Cepsa participe en el Medgaz no se traduce en riesgos en este sentid, más bien al contrario. Y, en todo caso, el hecho de que el fondo IPIC se haga con el 100 % del capital de Cepsa, no aumenta la participación de esta sociedad en ese gaseoducto, dado que el propio fondo IPIC no participa en el mismo, ni afecta al control del aprovisionamiento del gas en nuestro país.

Por ello, se ha increpado a la Comisión Nacional de Energía a que revise la operación a partir de la nueva redacción en la Ley de Economía Sostenible de la ya famosa función 14. Norma que transpone lo ya existente en Europa, es decir, la revisión de las operaciones societarias en el sector energético de empresas no comunitarias (partiendo de la base de que la propia Unión Europea no tiene comportamientos especialmente liberales en este sentido). En todo caso, la CNE deberá revisar, próximamente, esta operación a la luz de esta normativa.

Diferente, pero también similar, es el caso de Iberdrola, donde la entrada de la empresa qatarí ha llevado a pensar torvamente que es un nuevo episodio en la pugna entre Ignacio Sánchez Galán y Florentino Pérez, en la medida en que cada vez que este último aumenta su participación en el capital de Iberdrola, se produce un proceso de dilución de la participación de ACS en la eléctrica. Lo cierto es que de esta forma, el núcleo de control de Iberdrola se refuerza.

Atentos a los movimientos.