El viernes volvía a los medios de comunicación la decisión de la Comisión Nacional de Competencia de proponer una multa de 61 millones de euros a las empresas eléctricas por «obstaculizar el mercado libre» en el caso de la información para efectuar el cambio de suministrador. Se trata de un nuevo paso hacia adelante en las cuestiones que este órgano tiene en su «proceso» al sector energético, unido muy recientemente con el proceso al sector de petróleo.

De antemano, lo que es preciso señalar en primer lugar es la convicción y defensa de la competencia y de los mercados que venimos realizando, y por tanto, la necesidad de contar con unos órganos de vigilancia y defensa de la competencia, creíbles y respetables en sus decisiones, actuaciones y en el funcionamiento de sus procesos. Y, seguramente por eso es por lo que hay que observar con preocupación la escalada de este organismo, convertido realmente más que en órgano de defensa y fomento de la competencia, en un Tribunal de Orden Público, lo menos cercano a la competencia y a las garantías de las reglas del funcionamiento de los mercados energéticos (y, lógicamente, en otros mercados y sectores de la economía).

En todo caso, no hay semana que la Comisión Nacional de Competencia no lance sus invectivas sobre un sector de la economía española. El hecho es que el sector energético está llevándose importantes embistes por parte del organismo que preside Luis Berenguer, y cuyo Richelieu en el ámbito energético, sotto vocce, es una de sus consejeras Pilar Sánchez. Como cardenal Mazarino tendríamos a un Consejero de la Comisión Nacional de Energía, Jaime González, quien mantiene una estrecha relación de vecindad entre los dos organismos. Por otra parte, el presidente del organismo, Berenguer ha exhibido una inusitada arrogancia en sus declaraciones públicas respecto de estos procesos, de forma que incluso parece cuestionar garantías procesales básicas. Por tanto, parece que esta actitud está espoleada antes del cese como presidente del organismo, respecto a determinados sectores, en los que parece actuar con trazas de teledirección.

Una de las primeras lecturas y que, de forma más evidente se ha transparentado de estos dos procesos, es la falta de garantías y la inseguridad jurídica en que se está moviendo la CNC y que puede volverse en contra del propio organismo. De hecho, en ámbitos más o menos restringidos hay una cierta «comprensión» con la ausencia de garantías procesales, de estos procedimientos sumarísimos y poco garantistas, de forma que su instrucción tiene una parte muy forzada para construir evidencias sobre la base de indicios. Se podría pensar que una actuación de este tipo podría estar ocasionada por la falta de «instrumentos» para conseguir eficacia punitiva a toda costa. En el caso del sector eléctrico, la acumulación de cuestiones intercurrentes con el problema de la normativa de protección de datos, que devino en la necesidad de modificar una Orden Ministerial a tal efecto, no ha sido óbice para que el organismo se pare en barras, confundiendo una posición y un criterio sectorial, con un supuesto acuerdo obstaculizador. En el caso del sector petrolífero la forma de construir los argumentos tiene un paralelismo muy semejante que ha enardecido a las empresas. Falta finura y parece que las armas de la CNC disparan a ráfagas más que tener mirilla telescópica, en lugar de contar con más prudencia y responsabilidad.

En este sentido, las propias compañías de los dos subsectores energéticos ya han anunciado que han comenzado su defensa jurídica en dos niveles: uno, directamente relacionado con los expedientes y sanciones propuestas por la CNC. Y, otro, que intranquiliza más en el edificio de la calle Barquillo, menos previsible inicialmente en la CNC, consistente en la reclamación de los daños producidos por esta forma de proceder del organismo, dónde no las tienen todas consigo dada la ausencia de instrumentos y la temeridad con que se ha instado el mismo. Cruzan los dedos. Sublevación contra las extralimitaciones. Esperemos que la víctima final no sea una política de competencia mal entendida o mal ejercida.

Por otra parte, estas invectivas están pillando desprevenidas al organismo que preside Maite Costa, en pleno desmantelamiento de su actual Consejo de Administración. De hecho, la ofensiva contra el sector de los hidrocarburos causó estragos y movilizaciones dentro del órgano de regulación energético. Y, aunque en las notas de prensa se alude a la coordinación entre los dos organismos, se desconoce que la CNE haya instado cuestión alguna respecto al problema del acceso a los datos de los consumidores por parte de los comercializadores.

En expresión de Jardiel Poncela, parece que este proceso que debería haber sido instruido con mayor precisión y cautela se parece más al símil de «operar a una mariposa con guantes de boxeo». La tensión entre seguridad jurídica y consecución de impacto mediático está mal resuelta de forma grosera, pero en el mundo del trotskismo el mal está hecho. Lo que no se sabe si esa es la ejecución de la política de competencia que necesita nuestra economía.

Cuidado con el grano gordo.

Varias consecuencias se pueden extraer de la transposición de este tercer paquete conocido el pasado viernes. La primera se debe efectuar tras comprobar, con el texto de los Anteproyectos de Ley, cuál es el contenido fehaciente del mismo de cara a lo que va a ser su trasposición en el caso español. Dicha cuestión no es baladí, porque en nuestro país estos procesos de transposición sirven tanto para un roto como para un descosido, de forma que se atienden e incorporan cuestiones pendientes, más o menos oportunistas. En este caso, parece que los trabajos deberían ser muy concienzudos para garantizar su alineamiento con los postulados de este tercer paquete, ceñirse a su contenido normativo y mantener el liderazgo de nuestro país en el proceso de liberalización y separación de actividades.

La segunda es la relativa a la fase de tramitación, con todos sus posibles elementos acechantes, donde también hay que mantener una atención constante. Y eso teniendo en cuenta la facilidad existente para introducir modificaciones a modo de enmiendas en el proceso legislativo. Recordemos, lo que pasó y lo que fue la Ley 17/2008 en la cual se consagró el transportista único en la fase final de la discusión parlamentaria, con la aquiescencia del anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto y el traslado de los intereses del operador de transporte y sistema actual en el sector eléctrico. En todo caso, se trataba de una medida contraria al modelo de liberalización perseguido. Por tanto, es preciso estar atentos a la inclusión de nuevas figuras en la propuesta de trasposición de estos tres reglamentos al ordenamiento jurídico español.

La tercera tiene que ver, con la configuración actual en nuestro país de los operadores y el espíritu factual de la norma, tendente a la separación total y especialización de los operadores de transporte y de sistema, de su completa separación de propiedad como destino final, con independencia de los estados intermedios previstos para dar soluciones a países cuya evolución en los procesos de separación de actividades van más rezagados. Es más: en esto quizá, nuestro país, hasta el momento, lleva una importante ventaja sobre el resto de Europa. Sería recomendable, a tal efecto, apurar esa separación y la especialización de los operadores de transporte y sistema en el sector eléctrico y gasista, evitando también sus veleidades expansionistas y diversificadoras.

Por eso, habrá que estar atentos a los posibles movimientos latentes y tendentes a limitar/interpretar esa separación y, al mismo tiempo, a crear nuevas funciones al operador de sistema o gestor técnico que casualmente pasaba por allí. Para ello, sólo hay que seguir el trasunto de cuestiones como el almacenamiento de energía, el operador de recarga o las posibles tentaciones de hacer residir o planificar las actividades de generación de energía a través del bombeo, cuestión ambicionada desde los operadores de sistema eléctrico, pero que camina en sentido contrario de lo que dice este tercer paquete legislativo. En otro orden de cosas, sería el momento de comprobar la diferenciación plena con todos los requisitos personales, humanos, técnicos y de activos que establece el tercer paquete. Sin duda por asepsia, es el momento de caminar hacia el ISO en nuestro país, dado que nuestro punto de partida está más adelante y contamos con ventaja para ello. Toca, por tanto, en nuestro caso cirugía. Aquí hay que estar atentos al pajarito.

La cuarta tiene que ver con los órganos reguladores en España. Si se comprueba el contenido y enumeración de las funciones y papeles de los reguladores independientes en el modelo definido en el tercer paquete, estamos aún a tiempo en el proceso de renovación de la Comisión Nacional de Energía para hacerlo bien o, al menos, para hacerlo mejor que en su pasado más reciente: para que sus miembros no sean boicoteadores natos del modelo de liberalización y de separación de actividades, adalides de tiempos pasados donde el operador de sistema era el gran planificador, para evitar que su vis política arrostre sobre todo lo demás, para garantizar que sus currículos proporcionan al organismo experiencia y solvencia suficientes para llegar a cumplir las funciones que ya tenían y estas nuevas que se les añaden. Tengan en cuenta que cada vez más nos están viendo.

Por tanto, atentos a este tercer paquete, a su contenido inicial y a su tramitación. Y atención al pajarito. O pajaritos.

Hoy conocemos, tras la comparecencia de ayer, la posición del Partido Popular respecto a la candidatura de Tomás Gómez San Román, en el sentido de apreciar incompatibilidades en su propuesta al haber trabajado para varias empresas energéticas, cosa que seguramente a Idoia Zenarruzabeitia no le pasa, al provenir de la Vicepresidencia del Gobierno Vasco, los servicios jurídicos del PNV, su pase por varias empresas del País Vasco y con la anuencia del Euskadi Burru Batzarra.

Esto nos lleva a una situación paradójica. Mayores cuestionamientos, presentados de forma más notoria en sede parlamentaria, a un profesional con poca o nula vis política, Tomás Gómez San Román (por su actividad anterior) y, por otro, oposición más de corte estrictamente político, ligada al doble juego y las corrientes relacionadas con los apoyos parlamentarios (llevamos días conociendo que el PNV, ora retira el apoyo al PSOE, ora lo recupera, ora lo aplaza, ora habla también con PP) hacia el nombramiento de la ex Vicepresidenta del Gobierno Vasco. Por todo ello, el Partido Popular solicitó un informe a los servicios jurídicos del Congreso sobre el alcance y limitaciones de la actividad de Gómez San Román para señalar en qué cuestiones debería inhibirse en un futuro y durante cuánto plazo.

Por tanto, lo que se extrae de la situación es que lo que parece seguro es apostar por completar los Consejos de Administración de los órganos reguladores por políticos en lugar de profesionales y expertos (técnicos, jurídicos, económicos, financieros, de mercados). De este modo, seguramente no se producirá ninguna incompatibilidad.

Lo bueno de los comportamientos de representantes políticos en los órganos reguladores es que no deben someterse a todos esos criterios jurídicos, técnicos, económicos, financieros, etc… (que, por otra parte, reclaman de las instituciones económicas y los mercados). Libres de toda atadura y de precisar conocimiento sectorial, adanistas en grado sumo, basta en ese caso con ideología, con comportamientos de traslado de la lógica política (intervención en los mercados, las empresas, etc…) o la misma transmisión de reclamaciones de intereses puramente territoriales o de sectores afines. Como ven, para los defensores de la ortodoxia económica y de los mercados, este el mejor de los mundos posibles.

Evidentemente, esta crítica no obsta a que se garantice para todos los candidatos la capacidad técnica de los mismos, así como que se identifiquen los posibles conflictos de interés en que pudieran incurrir, y por otra parte, reclamar hacia el futuro, transparencia, honradez y honestidad en su comportamiento. Pero apuntar hacia la exclusión de los profesionales por el hecho de ejercer su actividad es, sencillamente, perverso.

Por su parte, el Partido Popular ya anunció el torpedeo al proceso y parece que hasta el momento se va cumpliendo. En días pasados, defendió en el Congreso de los Diputados una posición mucho más integrista respecto a las mayorías parlamentarias para la renovación de presidente y consejeros de los órganos reguladores. Todo ello con la amenaza del portavoz económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, de la remoción completa de los organismos que surgieran de este proceso de renovación iniciado tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible (en el caso de obtener una mayoría suficiente para efectuar su propia operación Gerónimo).

Este proceso de obstaculización de los nombramientos de los nuevos consejeros en práctica parlamentaria sajona se denomina filibusterismo y en «roman paladino», el perro del hortelano, aunque también se conoce futbolísticamente como «táctica Mourinho». El filibusterismo, en sí no es un problema. Es una táctica cuyo objetivo es ser destructivo, el cuanto peor, mejor. Lo que es importante es denominar a las cosas por su nombre. También es cierto que en las prácticas filibusteras tienen que ver los comportamientos y recelos mutuos de las partes y la estrategia parlamentaria y electoral de los bloques políticos en liza. Pero, lo que está claro es que no resuelve los problemas del país, ni del órgano regulador.

¿Es tan difícil que nuestros representantes políticos se sienten e identifiquen un número de siete expertos, profesionales, complementarios en el sector energético que aporten respetabilidad prestigio y confianza? ¿Es tan complicado que se comprenda una hoja de ruta para hacer las cosas bien? No nos engañemos, un proceso como el que se está llevando, tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, nos remitirá al pasado, a unos organismos independientes cuestionados, a los que les sobrevolará la duda y el cuestionamiento permanente.

No todo iban a ser malas noticias. Tengamos un cierto hilo de esperanza. Parece que pueden existir gestos de vuelta a la negociación tras las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. ¿Algo se mueve?

Más allá de su inscripción dentro de la línea de pensamiento retroprogresivo por las opiniones vertidas en su artículo, quizá lo más llamativo del texto de Jesús Mota es el lenguaje, la violencia verbal, el estilo, los resabios hacia el sector eléctrico, sus empresas y sus presidentes, hasta el punto de traspasar la frontera de la opinión, sobre argumentos más o menos fundados, ideológicos o discutibles, hasta convertirse en un feroz látigo con el que escarnecer con ensañamiento a las empresas y al sector eléctrico, a partir de prejuicios maniqueos y juicios de intenciones intrínsecamente perversas de sus agentes. Ya sólo el título lo dice todo. De hecho, probablemente la retórica bélica entre Guardiola y Mourinho, con todo su antagonismo, es más oblicua e indirecta que la lectura de este artículo.

Por eso, cabe decir, que desde las páginas del rotativo de la calle Miguel Yuste, quizá no han salido artículos con expresiones tan agrias y generalizadas hacia un sector de la economía española y sus empresas como las que profería Jesús Mota en «El yugo de la tarifa eléctrica» el pasado 7 de abril. No se trata de abordar el tema con un lenguaje políticamente correcto o melifluo; se trata de que, merced a la discusión y la difusión de opiniones, los ciudadanos tengan una visión crítica de la realidad, pero no una visión distorsionada.

De hecho, si se lee con cierto desapasionamiento, el artículo se califica por sí mismo, por su propia desmesura y crueldad. Sólo hay que hacer un repaso de las palabras y las expresiones: empresas que juegan a subirse los precios, pioneras en prácticas de garduña, mañoso crupier, desplumar incautos, cacharro manipulable, rastrillo, truco, hostigar a la Administración, campanuda, beneficios espurios, beneficios indebidos,…

Es difícil, por tanto, abstraerse de las formas y sus hechuras, para efectuar un análisis de contenidos, pero si se disecciona el contenido del artículo, se puede decir que éste se inscribe en las tesis retroprogresivas generales que comentábamos ayer con algunas variantes o matices. En resumen, sus líneas de ataque se concentran en los siguientes pivotes: un ataque furibundo al sector en general y a las empresas eléctricas (en España, donde lo empresarial tiene una consideración intrínsecamente peyorativa, hurgar en la movilización de la opinión pública en términos de escándalo es una tentación extraordinariamente fácil), un ataque no menos indulgente al Ministerio de Industria, a los mecanismos institucionales sectoriales y a la Administración (de forma inmisericorde, salvo con las afinidades electivas del articulista), un ataque al mercado eléctrico y a las subastas CESUR (que ya es una constante en sus artículos a los que denomina rastrillo o mercadillo), una simplificación relativa a los beneficios empresariales del sector que adjetiviza con extraordinaria generosidad y el retorno a la teoría de los beneficios caídos del cielo en el caso de la energía hidráulica y nuclear.

Del mismo modo, hay que reconocer que de los tres artículos que analizaremos en este seriado, éste es el único que hace una alusión (menos virulenta que el resto del artículo, eso sí) al modelo de primas a las renovables, cuyas rentabilidades, por cierto, son mayores que las de las empresas del sector eléctrico y no merecen su escándalo.

Probablemente partiendo de este tono, es difícil aplicar la racionalidad de la objetividad y de los hechos que contradicen afirmaciones muy simples y directas, pero falaces: el mercado español está ofreciendo precios en el mercado de generación inferiores a los de los mercados europeos. Las subastas CESUR son auditadas por la Comisión Nacional de Energía y el Operador de Mercado Eléctrico. El número de operadores en las mismas es creciente y su carácter competitivo se acredita porque los resultados son imprevisibles (y, además, en general a la baja). Y, además, la comparación con otros mercados y los elementos subyacentes y tensiones hacen que el proceso de formación de precios sea correcto.

Por tanto, con un ejercicio colérico de este calibre, obtener perspectiva sobre el proceso inversor en un sector como el energético y sus necesidades de financiación es complicado, cuando la forma de abordarlo es la inducción al escándalo del lector. Cómo, por tanto, competir con la incuria y retratar el descomunal proceso de nuestro país en los últimos años en los que hemos renovado las redes y el parque de generación con una inversión relevante en ciclos combinados y en tecnologías renovables, con una ampliación de capacidad instalada que incluso nos ha situado en el exceso de capacidad. Hoy contamos con un suministro eléctrico de alta calidad, y eso ha sido posible gracias al mercado y partiendo de una situación en la que había cierto riesgo de apagones. Seguramente, el actual alcalde de Tres Cantos, José Folgado, todavía recuerda las admoniciones en su momento del entonces Vicepresidente Rodrigo Rato. Consecuentemente, no es razonable presentar una visión tan catastrofista y salvaje como la que se presenta en este artículo, con todo lo crítico y lo criticable para este sector y para la Administración energética.

Mota también oculta las sucesivas renuncias a ingresos o asunción de costes en las empresas. Incluso el déficit tarifario, cuyo origen no es otro que las decisiones políticas de no subida a tiempo de la electricidad en concordancia con la evolución de los precios de generación y ahora con otros costes regulados (primas, aplazamientos de deuda, distribución y transporte). El déficit, además, de facto, se transforma en una manipulación del precio para los ciudadanos para que consuman más y ceben la bomba. Pero, además, se trata de un préstamo de las empresas eléctricas a la sociedad. Cuestiones como las formulas de detracción de derechos de emisión, o incluso la introducción de la figura del bono social, que es una construcción más parecida a una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que a un descuento al precio de un suministro.

El resto de argumentos se basan en la presentación interesada de afirmaciones falaces (poco sustanciada en datos). En primer lugar, a nivel general sobre la rentabilidad sectorial que, de hecho, tampoco ofrece datos de cuánto es o cómo se distribuye. En realidad, la rentabilidad del sector eléctrico en España viene deteriorándose de forma continuada en los últimos años, e incluso, su castigo en los mercados financieros ha sido mayor que en otros países, pese al carácter de valor refugio tradicional de sus valores.

Con independencia de la utilización «sui generis» del concepto «beneficios regulatorios», que trataremos específicamente al final de esta serie por ser un máximo común denominador en el pensamiento retroprogresivo, el artículo de Jesús Mota, sostiene que dos tecnologías (hidráulica y nuclear) tienen beneficios desmedidos. Para ello propone el control de sus rentabilidades por vía tributaria, redundando en nuevas alzas de los precios de la electricidad por el aumento de la presión fiscal. Por ensalmo, despeja una incógnita, que es una tasa (2.500 M€/año) equivalente a esos supuestos beneficios «regulatorios» calculados mediante la misma metodología retrogresiva: omitiendo amortizaciones, inversiones y la normativa contable y de auditoría. Aplicando esta tasa a estas dos tecnologías se despeja el otro lado de la igualdad y se anula el déficit tarifario. Y, ¡chas!, ya no existe.

En definitiva, el artículo llega a una conclusión extraordinariamente simple, consistente en un modelo expropiatorio paradójico. Si todos los problemas de una sociedad, de una economía o de un sector se solucionan con la fijación de tasas a sus tecnologías y activos (con presuposiciones de rentabilidades elevadas fruto, además, de la omisión contable) la consecuencia inmediata sería la contraria que la propuesta. De hecho, la determinación de este supuesto beneficio y su detracción, introduciría la actividad de generación eléctrica directamente en pérdidas.

En todo caso, en lo compulsivo de su construcción o con una lectura detenida, encontrarnos que un artículo así en la prensa española, dedicado a este sector o a cualquier otro, implica un comportamiento cainita. Pocos países sumidos en una crisis como la nuestra efectúan, ya no críticas, sino escarnios de un sector económico y empresarial de este modo. Por su propio enfoque y construcción, entorpece el abordamiento de una política energética y económica coherente con una economía de mercado y los procesos de inversión y ajuste que necesita nuestro país. De esta forma, se pierde el diagnóstico real y se desenfoca la dinámica de crecimiento de los componentes de la tarifa de acceso y la caída de precios en el mercado de generación. Pero quizás, el problema más grave es que trastorna la realidad hasta convertirla en un vitriolo, en una distorsión que impide abordar los problemas de nuestro país en el sector eléctrico y energético (que los tiene, pero no son esos). Por ello, este artículo forma parte del problema y no de la solución.

De todas formas, no es un artículo, es una fatwa.

La renovación de la Comisión Nacional de Energía se ha complicado en una fuerte controversia entre Partido Popular y PSOE a cuenta de una propuesta popular para que el Parlamento pueda revocar a los presidentes de los órganos reguladores, así como que los consejeros sean nombrados por mayoría absoluta de la Cámara y los presidentes de los mismos por tres quintos. En el plano dialéctico, las declaraciones de los populares, a través de su portavoz económico Cristóbal Montoro, iban dirigidas a tensar la cuerda con los socialistas en este proceso.

El propio anuncio del PP de que en el 2012 de ganar las elecciones con mayoría suficiente propondría la revisión de la normativa de los órganos reguladores y la revocación de los actuales nombramientos, además de ser disuasorio para los posibles candidatos, ha provocado una zozobra que devuelve a la teoría del cuanto peor, mejor y en la que parece que las familias populares de corte más ultrapolítico han ganado sobre los gestores.

De hecho, fuentes solventes han confirmado a Energía Diario que habían otros candidatos en liza hasta ultima hora de ayer, antes de que se conocieran los nombres de Gómez San Román e Idoa Zenarruzabeitia.

Por otra parte, ayer la Cadena Ser empezó a difundir el nombre de Carlos Ocaña Pérez de Tudela como posible sustituto de Maite Costa como presidente del este órgano regulador. Ocaña, actual Secretario de Estado de Hacienda es un hombre moderado y dialogante, pero su pertenencia al PSOE, con carné, acentuaría el carácter político del nombramiento. Además, su salida de Hacienda, plantea la propia sustitución dentro del Ministerio de Economía a pocos meses de final de
mandato.

En todo caso, sería razonable que esta segunda fase que comienza ahora, sirviera para restañar en lo que pueda ser las relaciones entre los partidos, bajo el prisma de la racionalidad y la cordura, de forma que propusieran una composición consensuada, negociada, estable, con candidatos de solvencia técnica, económica y jurídica suficiente en la CNE y evitaran nuevamente el conflicto en el trasero de este organismo por la vía del bochorno ahora y en el futuro.