El más llamativo, sin duda, el consabido proceso de renovación, por capítulos, del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE), dónde ya se produjo la primera hornada de nombramientos con la entrada de Idoia Zenarruzabeitia y Tomás Gómez San Román. La segunda fue la propuesta del Ministerio de Industria para que Alberto Lafuente, actual presidente de Correos y Telégrafos, ocupe el sillón presidencial del regulador. Y la tercera será completar la salida de los cinco consejeros que ya han vencido la vigencia de su cargo, incluyendo la presidenta.

Con esta situación, el Partido Socialista en el gobierno se encuentra con una fuerte presión interna para cubrir sus puestos, a la vista de las expectativas electorales y las necesidades de recolocación de los cuadros actuales.

Queda por conocer, por tanto, si el Partido Popular aceptará, después de no haber pactado la presidencia, dos puestos en el Consejo, en el bien entendido caso de que dicha presión por la entrada es menor, al saber que las oportunidades futuras de disposición de puestos para responsabilidades es mayor y aceptar un trágala en estas condiciones, podría impedir tener las manos atadas para ejercitar una solución quirúrgica, según las mayorías que puedan conseguirse. En el caso de un adelanto electoral, y de un proceso electoral, la designación de estos puestos y el proceso de encerramiento a la búlgara seguido por el ejecutivo, puede jugar más de una mala pasada. La teoría del Ejecutivo de dibujar una hoja de ruta, repartir los puestos y realizar una no-negociación de los elementos claves del organismo puede, además de dar más de un susto, acabar en que lo que surja del proceso, la nueva vieja CNE, nazca totalmente muerta y sin virtualidad de futuro, por este comportamiento cicatero.

Pero, hay más elementos que complican el trámite del Ejecutivo en esta renovación. El más claro es la situación de práctico abandono del PSOE tras las elecciones municipales y autonómicas a nivel de pactos y pérdida de puestos relevantes. Además, los devaneos entre los grupos nacionalistas y el Partido Popular, otrora impensables, empiezan a ser muy frecuentes. Todo ello, apunta a que la estabilidad parlamentaria y la geometría variable puede convertirse en un práctico infierno para el Ejecutivo, anticipándose más de una sorpresa.

Hay más, un proceso electoral con un eventual cambio de signo político tan claro en el Ejecutivo y en las instituciones del Estado, también influirá en los nombres que serán responsables de regir empresas como Red Eléctrica de España y Enagás y sus cuadros más relevantes. Algo irremediable pese a que llegan los momentos de ponerse de perfil y elaborar el pliego de descargo para elaborar algún tipo de oración del tipo «aparta de mi este cáliz». En el caso de Red Eléctrica de España, su vis política se ha acentuado notablemente durante esta última etapa de presidencia de Luis Atienza Serna, ex Ministro socialista, combinado con la dirección del operador de sistema, con otro hombre de aparato, Alberto Carbajo. Cercanos incluso, a la elaboración de los programas electorales y presentes en actos de partido En el caso, de Enagas, el nombre de Antoni Llardén, cercano al PSC y con un perfil mucho más discreto en términos de partido, podría derivar en un cambio en la presencia de los partidos catalanes en Madrid o directamente de la nueva Administración.

Llegan los nervios. Se adelantan.

Pongámonos que en una época de crisis económica dicha «sensibilidad», si cabe, de forma lógica, se agudiza. La utilización de los resortes sociales contra las eventuales subidas de algo es relativamente sencilla de disparar y de activar. Y esta situación es tanto o más frecuente cuando se trata de precios donde existe una decisión administrativa que los interviene, como en el caso de la tarifa eléctrica.

Pero, de hecho, no hace falta que dicha situación se haga en tiempos de crisis. En tiempos de auge económico, las subidas de la tarifa eléctrica se circunscribían al Índice de Precios al Consumo, con independencia de la evolución que se produjera en el interior de sus componentes, provinieran de los precios en el mercado de generación o de las tarifas de acceso (costes regulados por decisiones administrativas).

Por tanto, en su momento, se generó indebidamente y de forma anómala, la ficción del denominado déficit tarifario. Ficción, por otro lado, que supuso un endeudamiento del país y que, una vez explicado, pone los pelos como escarpias a quien conoce la naturaleza del mismo. En todo caso, este problema está en vías de solución y la última política tarifaria eléctrica tiene mayores visos de realismo que en el pasado.

Pero eso no quiere decir que no esté exenta de presiones y riesgos políticos cada vez que, trimestralmente, se aborda la actualización de las mismas. Sobre todo en la medida que existe un resabio histórico respecto al precio del kilowatio, de forma que es el último reducto de la intervención de precios y de los mecanismos ordenancistas antimercado, lo que siempre deriva en el sometimiento a la presión pública. Otros precios de estos suministros energéticos, como los carburantes, no están sujetos a estos «momentos de la verdad» y su actualización se aborda de una forma continuada y estable, y recogen la evolución de los mercados de crudo y refino, sin un aquelarre periódico.

En ese contexto, y como cada tres meses, comienzan a resonar los tambores relativos a la modificación de tarifa para el siguiente trimestre. Empieza la toma de posiciones. Cuestión que, en puridad, procede de la suma de sus partes, evolución del precio en el mercado de generación y tarifas de acceso (costes regulados). De lo que se fuera capaz de absorber permitiría además cumplir con las previsiones máximas de generación de nuevo déficit tarifario.

Sebastián ya ha hecho unas declaraciones, en primer momento maximalistas, negando la posibles subida de tarifas en este trimestre que, posteriormente, ha condicionado a la evolución de los precios en la subasta del próximo 21 de junio, en el caso de que fueran rematadamente mal. Razonable es esta cierta precaución, en la medida que es necesario ofrecer credibilidad sobre las decisiones relativas a los precios eléctricos y el déficit, en el bien entendido además de que estamos seguidos y vigilados desde la Comisión Europea y los mercados, compelidos a una mayor ortodoxia (dado que no es explicable que dicha ortodoxia no se garantice).

En todo caso, la evolución de las tarifas eléctricas que se establezca en la próxima revisión de tarifas no debería, en ningún caso, abortar el calendario para la reconducción del déficit tarifario, ni el calendario para la actualización de los precios de la electricidad a la realidad.

En este sentido, es previsible la oposición a la subida de las tarifas eléctricas en modo negacionista, desde distintas instancias y diferentes justificaciones, que van desde posiciones cortoplacistas que promueven la intervención de los precios y la redistribución intratecnologías, cuestionamientos al mercado, reclamaciones de quienes utilizan la energía como un «input» productivo y niegan su condición de precio con sus tipologías tarifarias, hasta los lógicas de las propias asociaciones de consumidores, intercaladas con cuestiones como la toma de las lecturas o el cambio de contadores, junto con el cálculo político y electoral. O todas a la vez, entremezcladas.

En todo caso, parece razonable, suban o bajen finalmente este próximo trimestre, transitar hacia métodos menos dramáticos y estables que vayan actualizando los precios de la electricidad, recogiendo sus componentes y las tensiones de los mercado.

Ahora, como hace tres meses, todo está preparado, otra vez para su repetición casi con idénticos poscionamientos. Todos en sus puestos. De nuevo.

La primera, se debió a un brote especialmente virulento de la bacteria Escherichia coli a los pepinos españoles. Una crisis que, en cuatro días, ha tenido su correspondiente desmentido. Sin embargo, en ese plazo, gracias al pánico sembrado por las autoridades germánicas, varios países cerraron las fronteras a los productos españoles, en efecto imitación, con el consiguiente daño para la el sector hortofrutícula español.

La segunda, tuvo su origen a cuenta del accidente en la central nuclear de Fukushima tras el terremoto y tsunami ocurridos en Japón. El gobierno de Angela Merkel tomó una drástica decisión e hizo público su posicionamiento respecto de la energía nuclear, consistente en el cierre escalonado de todas sus centrales de aquí a 2022.

En ambos casos se ejecutó el conocido como «estilo prusiano» Algo así como que a grandes males, grandes remedios. Sobreactuación incendiaria con el objetivo de ofrecer a sus votantes reacciones contundentes y reconfortantes. Gobierno de la emotividad.

La opinión pública alemana, fuertemente sensibilizada ante la amenaza nuclear, tuvo su respuesta, pese a que el mismo día en que se anunciaba la decisión también se les informó del elevado coste que esta acción acarreará al país teutón. Merkel está que se sale, actúa en clave interna y los responsables de la administración alemana, a múltiples niveles, no andan especialmente finos.

En paralelo, la Unión Europea decidió cuales serán los contenidos que integren los test de estrés que se realizarán a las 143 centrales nucleares de los 27, mientras que otros gobiernos tomaron posicionamientos más serenos, conscientes de que la sustitución de la energía nuclear es un asunto complicado en un momento en que se atisba un nivel de precios de la energía alto.

Además, habría que tratar tres cuestiones en paralelo: la actualización de los requerimientos y cultura de seguridad en las plantas y en los organismos de supervisión, la verificación de los riesgos y la cadena de errores ocurrida en Fukushima (desde su emplazamiento).

La sistemática de, ante un hecho concreto, desproporcionar su efecto a través de los medios de comunicación, generar pánico en la sociedad, aprovechando los propios resortes y fantasmas colectivos, y posteriormente, aparecer como salvador es ya un clásico de la comunicación política. Tan frecuente es, como lo contrario: tratar de ocultar o minimizar los problemas. Dichas dos tendencias adquieren su contrapunto con la eclosión del mundo digital y las redes sociales, en los que provocar la emotividad es el objetivo más que informar. Sobre todo porque detrás de cada gran asunto hay cien ojos interesados.

Con motivo de dicha decisión, por el procedimiento de la estrategia pública de la crisis del pepino, lógicamente aparecieron en los países voces que se adhirieron a su rebufo o que se apuntaron a la ola. Reclamaron una reacción mimética de la cuestión en el resto de países y de sus autoridades, dejando zanjado un debate con claros tintes de oportunidad política.

La pretendida imparable reacción no tiene tanta convicción como hace meses como para que se extienda como una ola, dado que ha bajado el nivel y la intensidad del debate. No obstante, la poco edificante política italiana, con Berlusconi a la cabeza, incluye la cuestión nuclear entre las preguntas de un referendo.

En España, este debate se celebra con la propuesta del nuevo PANER (Plan de Energías Renovables) encima de la mesa, con reclamaciones de la industria de mayor capacidad de generación por un lado, y con un texto con elementos que devuelven el temor de la inseguridad jurídica, por otro. Con la participación en el hueco térmico de la generación eléctrica de los ciclos combinados en mínimos, y en los partidos políticos, haciendo méritos los más antinucleares en sus respectivos bandos.

Cuando se habla del operador de transporte español, Red Eléctrica de España, de antemano hay que hacer varias consideraciones. La primera es que hoy desarrolla dos actividades, dos funciones acordes con el modelo de liberalización español del sector eléctrico. Una es el transporte de electricidad para la red de alta tensión y otra es ser el operador de sistema. Esas dos funciones van a ser nítidamente separadas societariamente, aunque manteniendo su titularidad bajo la misma sociedad holding, según la propuesta de transposición del tercer paquete legislativo europeo a nuestra legislación. Dicha separación jurídica y societaria ha causado un enorme revuelo en el seno de REE, incluso aunque la misma llegue hasta sus últimas consecuencias, que sería la separación completa en sociedades diferentes.

La distinción de funciones («unbundling») es una tendencia imparable en la Unión Europea, si bien es cierto que con mucho más retraso que en España, donde la liberalización ha avanzado a mayor velocidad y, por tanto, se puede alcanzar con mayor rapidez esta meta que garantiza la eficacia del sistema y que cada actividad hace lo que debe y como debe. Dicha separación de funciones consiste en que cada operador se concentre en su actividad (y cada actividad tiene sus operadores), la existencia de actividades liberalizadas y reguladas y sin que pueda ser posible la transferencia de recursos de las actividades reguladas a las liberalizadas.

En el caso de Red Eléctrica de España, sus ámbitos de actuación en el sector eléctrico se corresponden con las actividades reguladas, cuyos ingresos no se fijan por el resultado en el mercado de oferta y demanda, sino por la fijación de un beneficio garantizado sobre unos costes reconocidos. Evidentemente, existen unos incentivos perversos a sobreplanificar transporte y a optimizar inversiones, utilizando la palanca del sistema, existiendo un proceso retributivo de esas características, pero esa es la misión del regulador y de los órganos de supervisión. En todo caso, es para plantearse la anomalía de que estas actividades y funciones, desarrolladas sin riesgo alguno, obtengan beneficios más altos que las actividades liberalizadas, sujetas al riesgo en las inversiones, la demanda, la competencia entre tecnologías, etc…

La segunda cuestión, también muy relevante, es que Red Eléctrica no es una empresa pública, aunque aproveche la ambigüedad de su condición de operador de transporte y sistema para parecerlo, en la simplificación de que lo público es bueno y «busca los intereses populares y sociales» y lo privado es nefando. Red Eléctrica de España, hoy, es una empresa privada en cuyo capital figuran entidades financieras y fondos de inversión, aunque desarrolle las actividades reguladas que tiene encomendada en régimen de monopolio reforzado (monopolio natural necesario en operación y monopolio único en transporte).

Por tanto, como cualquier empresa privada persigue la maximización de sus ingresos en interés de sus accionistas y también de sus gestores, dicho sea de paso. Otra cosa es la forma de llevar a cabo esta maximización. Y esa forma tiene que ver no sólo con la actividad de transporte y de operación del sistema en nuestro país, que es su razón de ser, de forma que cuando se llegan a los límites de esa actividad aparecen nuevas actividades de interés. En esa estrategia, cobra especial relevancia el ejercicio de su influencia y su ansia anexionista y expansionista, una constante siempre presente en la compañía (y, en general, en los TSO). Por ejemplo, Red Eléctrica ha diversificado su estructura para operar a nivel internacional en actividades diferentes al transporte.

Dicha característica se ha acentuado en extremo, imbuida por la ascendencia del rasgo político que confluye a su presidente actual sobre el Gobierno y sobre las últimas administraciones energéticas. Consecuentemente, la pinza ejercida por el operador de transporte y operador de sistema (tanto monta, monta tanto) ha condicionado en nuestro país las inversiones en las actividades liberalizadas, las de las actividades reguladas (transporte y distribución), ha ido convirtiendo la actividad de transporte en ese monopolio y ha reforzado el mismo consagrándose como transportista único y la definición técnica (por tensión) de las redes.

Propuestas como las que sustentaba el fallido decreto del carbón del Gobierno elaborado en REE (recordemos que el director del operador de sistema, Alberto Carbajo, fue Director General de Minas), la intervención en la planificación energética o la configuración de los procedimientos de operación (P.O) como mecanismos de regulación de facto, dan cuenta de las verdaderas dimensiones y alcance de su «poder». Hay que recordar que en su momento en REE existía la figura del Delegado del Gobierno (el primero fue Jorge Fabra, que después sería Presidente), lo cual imprime carácter.

En todo caso, Red Eléctrica de España no ha ocultado jamás su tendencia a ser más que un operador de transporte y de sistema (ahora, además, completamente separados), a estar de cuerpo presente y con un poder diferente o incremental a sus funciones, en las decisiones de política energética del regulador principal en el bien entendido de que dichas decisiones le reportan beneficios retributivos, con los que generar valor para sus accionistas.

La confluencia entre influencia política, su configuración monopolística y única, los intereses retributivos sin competencia, el condicionamiento e intervención en el sector, de sus agentes y de su gestión, no ha sido neutral, ni desinteresada, ni gratuita, ni desprendida, ni barata (véase la tarta de las tarifas de acceso).

En medio de toda esta situación, aparece la presión de REE (¿operador de sistema o corporate?) por entrar en la actividad de generación por bombeo, en principio experimental. Y, todo ello, con el panorama político abierto tras las elecciones.

Demasié.