La realidad del sector energético, como la de tantos sectores económicos, tiene siempre un número importante de frentes abiertos relativos a cuestiones sobre las empresas, su regulación y su supervisión. Cuestiones, además, que se sitúan en un escenario muy ambiguo para el regulador energético: recién nombrado un nuevo consejo con tintes de clara interinidad, todavía en fase de toma de contacto, momento post veraniego y pre electoral. En ese ambiguo espacio temporal se precipitan los acontecimientos para la CNE, su presidente y su nuevo consejo de administración. De hecho, y aunque así lo establece la Ley de Economía Sostenible, a dos meses vista, todavía quedan dos currícula (Marina Serrano y Joan Batalla) sin incorporar en la lista de consejeros de la web del organismo y los huecos en su estructura organizativa y posibles nuevos cambios dejan la duda de la estabilidad de su conformación actual.

Dadas las expectativas electorales que se aprecian en todas las encuestas, la remoción de la actual conformación de la CNE parece cada vez más evidente tras las próximos comicios y el desastre del proceso negociador de la renovación del organismo. Las admoniciones del Partido Popular surtieron efecto y el nuevo consejo ha quedado conformado con un nivel técnico, económico, regulatorio y político que genera las dudas de si es carne o es pescado, o es una tortilla francesa.

Pero los acontecimientos se suceden y hay cuestiones que le tocará resolver a este Consejo de transición. Los deberes polémicos y dónde se van a poner todos los ojos en el organismo regulador se acumulan. El asunto de la sindicación y ampliación de la participación de Sacyr y Pemex en Repsol es mucho más complejo de lo previsto inicialmente y sus reverberaciones son más amplías en lo político, empresarial y económico (y, por cierto, despachado inicialmente con unas primeras declaraciones de una frivolidad preocupante).

Más: el tratamiento de los pagos por capacidad (completar los mecanismos de «garantía de potencia»), cuestión aplazada desde hace meses y que sigue en el cajón de tareas del organismo; la futura regulación del sector eólico, casi en fase de entrada en el regulador; y las abortadas transposiciones del tercer paquete comunitario tras las presiones de Red Eléctrica de España para evitar la separación jurídica (nada más) del transportista y el operador de sistema. Todas estas cuestiones conforman un panorama poco tranquilizador para el nuevo presidente del organismo y su equipo que necesita más finura (finezza) que la que han delatado sus primeras actuaciones.

No obstante, y volviendo a la supuesta la naturaleza, política, técnica, jurídica, regulatoria económica o sectorial del nuevo consejo, o ninguna de las anteriores, se debería tener cuidado con determinadas afirmaciones, siempre a poner en cuarentena. Por ejemplo, se ha tachado desde la prensa económica a este nuevo consejo de “político” en relación al asunto Repsol por la presencia de Joan Batalla (catalán) e Idoia Zenarruzabeitia (vasca, ex Vicepresidenta del Gobierno Vasco, con responsabilidades en el PNV), apuntando la posible vinculación política con el presidente de Petronor Josu Jon Imaz, anterior presidente de esta formación. Este nuevo consejo, tampoco queda fuera del ejercicio de colocar lastres y condicionamientos a la dinámica del consejo de administración por motivos de los más variopintos.

La verdad es que políticas y filiaciones hay muchas en un sector donde, probablemente, encontrar independientes es complicado y será difícil identificar a alguien para que dispare la primera piedra, sin doblarle el brazo previamente. Revisen la composición del consejo anterior: entre catalanistas, retroprogresivos, partidistas, partidarios del transportista único y trino o zapateristas andaba el juego y la transposición de consignas.

Esperemos que prime la calidad regulatoria global. Por nuestro bien.

Coincidiendo con la temporada de huracanes en el Atlántico se ha desatado una gran tormenta dentro de la CNE de la que todavía no se sabe su intensidad. La llegada del nuevo presidente y del nuevo curso está abriendo de par en par los cambios en la estructura directiva y el funcionamiento de los mismos. La semana pasada conocíamos el lacónico anuncio de que el Consejo de la Comisión Nacional de Energía había decidido dotarse de un Código de Conducta y que se había propuesto una simplificación del organigrama directivo del regulador independiente energético. Todo ello parece que se inscribe en una operación con importante transfondo en el seno de las cabezas de sus servicios técnicos.

La lectura que se hace desde dentro del organismo es que el nuevo presidente, Alberto Lafuente, trata distanciarse al máximo de los comportamientos de su predecesora Maite Costa, con una política de «tierra quemada». El hecho es que ya son cuatro los ceses en la estructura directiva del organismo, partiendo del primero del que tuvimos conocimiento, el de Pere Lladó, ex responsable de prensa, ocurrido la misma tarde de la toma de posesión de los nuevos consejeros. A Lladó se le ha unido el nombre de Pedro Miras Salamanca (ex Director de Petróleo), de Rafael Durbán (ex Director de Relaciones Institucionales) y de Pablo Fernández (Director Gerente del organismo). Todos ellos hasta la semana pasada.

Pero el contenido de estos cambios no es baladí. En primer lugar, la integración de las Direcciones de Gas y Petróleo y Biocarburantes en una única de Hidrocarburos ha supuesto el cese (fulminante) de Pedro Miras Salamanca que, de ser considerado el «valido» de Maite Costa y ser el único directivo que tenía prerrogativas para aparecer en los medios de comunicación mediante entrevistas personales, se ha visto obligado a abandonar el organismo. Se trata de la cabeza visible dentro de los servicios técnicos cuya expiación parecía, hasta el momento, imposible.

Quizás ha sido la medida y el cese más llamativo, toda vez que Pedro Miras había conseguido, además, granjearse la simpatía del sector petrolero y su nombre estaba en las quinielas para sustituir a Ceferino Argüello al frente de CORES, hasta que se cubrió esta plaza con el nombramiento de Jorge Blázquez, uno de los asesores del Ministro de Industria, Miguel Sebastián.

También dentro de los ceses figura el de Rafael Durbán como Director de Relaciones Institucionales. Hay que recordar lo controvertidos que fueron durante la etapa Costa, por una parte, el profuso programa de actos del organismo y, por otro, los excesos cometidos en los viajes internacionales que habían menoscabado notablemente la imagen del organismo.

Por su parte, los ceses del Director Gerente y del responsable de prensa pueden calificarse de relativamente normales en lo que suelen ser los cambios en la estructura directiva de una organización al cambiar su máximo responsable. Gestión interna y comunicación son dos áreas que requieren personas de la máxima confianza de su titular. No obstante, la evidente relación política de Lladó con el mundo catalán y la ejecutividad con que se produjo el cese alertaron a los más afines a la anterior presidencia.

Satisfacción interna dentro del organismo

Según ha podido conocer Energía Diario desde distintos puntos de vista en el seno del organismo, estos cambios se están viendo de forma positiva entre el equipo profesional de la CNE. Al menos se percibe la ruptura con el orden que había impuesto su predecesora Maite Costa y que en el caso del Director de Petróleo y Biocarburantes, Pedro Miras, había concitado animadversiones, tanto por el equipo profesional como incluso por los consejeros anteriores.

Dado que la temporada de huracanes no ha terminado y que todavía se forman tormentas, habrá que seguir atentos a las pantallas. Huracán Lafuente.

En esa ejecutoria, la palabra que lo sintetiza en un balance muy negativo es la de fracaso, como principal responsable de la caída en picado del prestigio del organismo y de su relevancia en el sector energético. Y, contrariamente a las demandas de mayor número de atribuciones y prerrogativas efectuadas desde el mismo, más por sus propias decisiones y comportamientos, que por la influencia exógena del Ministerio (con unas relaciones mucho más deterioradas tras la salida de Clos e Ignasi Nieto y decididamente rotas con el último equipo) o por la influencia de los propios agentes, que soportaron con estoicismo las extravagancias que se producían en Alcalá 47.

En el sector retroprogresivo que anidó en el Consejo, también hay una sensación de fracaso más que consciente. Desde quienes tenían la misión y obligación moral de ejercer de comisarios políticos de los intereses del aparato del Partido se pudo comprobar cómo el organismo se les iba de las manos, fundamentalmente por incapacidad y por la pretensión de utilización personal de la CNE como plataforma propia, para la difusión de tesis o para controlar e intervenir en las operaciones corporativas sectoriales, que dejaron el organismo a los pies de los caballos, languideciendo desde entonces.

La conexión Moncloa-Ferraz-CNE (puenteando en ocasiones a Industria) estuvo encarnada, fundamentalmente, por el consejero leonés Jaime González, apoyada desde la ideología y el personalismo de Jorge Fabra y, también, desde los medios de comunicación afectos, tuvo resultados contraproducentes en términos de agitación y exposición pública de las vergüenzas del organismo. Y, probablemente, todo ello derivó en un desenlace final como el que hemos conocido, con una CNE convertida en un juguete roto con una presidencia irrelevante.

Uno de los elementos trascendentales fue la «deuda interna», la «corrosión interior». La inutilización por engorde de los servicios técnicos del organismo, la hilarante política retributiva, gastos, viajes, actos…, que habían funcionado como un excipiente en el que todos los gatos son pardos. Pero, hay más, mucho más: su colocación al margen del derecho y del mercado, del papel regulatorio conferido, su opción por lateralizar el problema del déficit tarifario por la vía del sabotaje tarifario, la inexistente posición en las principales cuestiones como las renovables, la necesidad de capacidad de generación futura y la entronización del inexplicable informe de Costes y Precios (que tiene factura de los postulados de un consejero, Jorge Fabra), contribuyeron a dejar el organismo fuera de circulación y sin un correcto diagnóstico de los problemas del sector y sin aportación alguna a la política energética.

Continuemos con el recuerdo de las operaciones corporativas, confirmado con el informe de Jorge Fabra en la OPA de E.ON sobre Endesa en su momento que este podía ser una república bananera. Y, para mayor abundamiento, podemos hacer el recuento de las campañas impulsadas y difundidas, incluso al margen del propio Consejo, más políticas y propagandísticas, como el desmesurado proceso de inspecciones fotovoltaicas, que dan cuenta del cariz político que quiso imprimir desde el organismo a su actuación en estos años para posteriormente ningunear el trasfondo financiero asociado a las primas. Sin contar con el comportamiento de filias y fobias. Léase REE y el OMEL, en un sentido u otro, incluyendo las aficiones electivas conocidas e indisimuladas.

Decididamente es una etapa a superar, y probablemente, en el fuero interno de todo aquél que tenga dos dedos de frente debería quedar un catálogo de acciones a no repetir, de errores a evitar. Ahora llega la etapa post-Costa. Los riesgos son otros. Pero eso ya, en septiembre. Feliz verano.

«De todo lo que te pasa, el responsable eres tú«. CESARE PAVESE

Para ello, habría que recuperar el Diccionario de Falacias de Ricardo García Damborenea para analizar las características de cada una de las mentiras que se tratan de repetir en torno al sector eléctrico para construir una verdad partiendo de una afirmación falsa. Por eso, las enunciamos a continuación con los posibles riesgos que entraña su difusión, así como para evitar caer en el error de aceptarlas, siquiera como una posibilidad.

La supuesta «quita»

Esta palabra está intentando ser acuñada por el colectivo retroprogresivo de la energía y sus canales de distribución y trata de ser una coartada para promover una renuncia más o menos coactiva de la deuda pendiente de cobro por parte de las empresas correspondiente a la factura eléctrica, por otra parte, generada y aplazada por decisiones políticas en los tiempos de la expansión económica cuando había un consumo energético a todo trapo. El déficit tarifario está actualmente en fase de necesaria titulización y, por otra, en fase de extinción, con una política de ajuste de las tarifas a la realidad.

En sí, la opción de la supuesta «quita» sería un mazazo parla percepción de la economía española en el exterior y para la inversión extranjera en nuestro país. Sería lo mismo que un «default» a la griega. Por eso, alimentar esa idea es irresponsable e imposible.

En todo caso, plantear el problema en estos términos es una trampa, tanto para el propio sector energético como para las empresas y los ciudadanos. Trampa que lleva a eludir el problema global del coste del suministro eléctrico, incluyendo la generación y los costes regulados, el crecimiento galopante de los mismos y que recibe mucha condescendencia de los intervencionistas, por la arbitrariedad que comporta y los destinatarios de los mismos. Se incurriría en la falacia de la falsa causa para referirnos a todos los errores de argumentación cuando se atribuye la responsabilidad causal y de los efectos a una parte únicamente de la causa o del efecto.

La CNE no ha solicitado nunca la «supuesta quita»

Pese a lo que se ha afirmado ya en dos ocasiones, en artículos publicados por el diario «Cinco Días«, la Comisión Nacional de Energía no ha solicitado jamás que se produjera esa supuesta «quita». Una afirmación de esas características es prácticamente imposible y reservada a los «hooligans» de la economía española y del sector eléctrico.

Eso no quiere decir que a determinados consejeros de la etapa anterior no les faltasen ganas, no lo insinuaran o no lo dijeran en privado siempre que pudieran. Incluso que formulasen informes ideológicos al respecto para justificar posiciones semejantes. El hecho es que en ningún posicionamiento público del organismo se ha abogado por esta propuesta, pues si en la actualidad su prestigio ha quedado completamente mancillado, entonces su descrédito hubiera sido el «hazmerreir» en el universo mundo, comparativamente con reguladores independientes y de verdad. En este caso, se incurre en la falacia de la Falsa Autoridad, que consiste en apelar a una supuesta autoridad que no es concreta, competente, ni imparcial (las elucubraciones y posiciones particulares no son una posición institucional).

El mercado eléctrico español es líquido, transparente y eficiente.
Pese a la campaña desatada por el colectivo retroprogresivo contra el mercado eléctrico y el operador de mercado, el funcionamiento de nuestro mercado es ejemplar, pese a los intentos de difundir sombras de duda sobre el mismo. El número de operadores que participan, el sistema de subastas y de contratación electrónica completamente transparente y eficiente, el volumen de energía que se intercambia y los precios que resultan de la energía son incluso más bajos que los de nuestro entorno, recogiendo perfectamente las señales del exceso de capacidad y oferta existentes, que es lo que debe hacer un mercado. ¿Por qué este cuestionamiento, entonces? Porque se quiere intentar legitimar la vuelta a la arbitrariedad del marco legal estable y de la intervención administrativa en el sector eléctrico. La pregunta es, ¿por qué rayos se afirma que el mercado es un «caos»?

En este caso, se trata de la falacia de la «Afirmación Gratuita», que ocurre cuando no se da razón de las propias afirmaciones o en la búsqueda deliberada de hechos puntuales que promuevan la falacia de la casuística, consistente en rechazar una generalización alegando excepciones irrelevantes.

Los supuestos «beneficios caídos del cielo»

La existencia de estos supuestos «beneficios caídos del cielo» justificaría una posición que excusa tasas y tributos de las tecnologías para compensar y redistribuir los resultados de cada una de ellas. Y para eso, se justifica lo que sea, incluso la manipulación de la contabilidad financiera en aras de supuestos simplificadores.

En todo caso, la utilización de esa expresión «windfall profits» tiene un sentido formal en el ámbito regulatorio diferente al empleado por los periodistas y el colectivo retroprogresivo de forma oportunista, consistente en la existencia de resultados imprevistos en una actividad derivados de una medida regulatoria. En ningún caso, la existencia de diferentes tecnologías con diferentes estructuras de costes en un sector es un caso de beneficios caídos del cielo. Se trata de una falacia de Generalización Precipitada, dado que extender de forma oportunista el término «windfall profits» a la existencia de distintos tipos de estructuras de costes según tecnologías, es una extensión que conduce al totalitarismo y a la intervención pública.

En todo caso, los cuatro ejemplos anteriores son trampas, falacias que, por repetidas, no quiere decir que sean ciertas, pero su difusión continuada enturbia el debate regulatorio, el enfoque de los problemas, su diagnóstico y sus soluciones. Lean los últimos cuatro artículos del diario «Cinco Días» e identifique cada una de ellas.

El conjunto de cuestiones abiertas en torno al sector fotovoltaico (retribución, inspecciones, nueva capacidad, negociación…) y que se ha ido poco a poco acumulando, evidencia, probablemente, una serie de errores sucesivos y solapados que no tiene desperdicio. Y todos ellos parten de una muy deficiente regulación que abrió una espita de muy difícil control posterior. Ahora, en medio de este caos, se produce el anuncio de que el proceso de investigación encargado por el Ministerio de Industria a la CNE es prácticamente inútil, tras un despliegue metodológico y mediático sin precedentes.

La CNE habría investigado, tras esta indicación de Industria, alrededor de 9.000 inspecciones y decretado casi 1.600 suspensiones de primas. Al parecer, las suspensiones de primas se produjeron en aplicación del Real Decreto 1003/2010, también conocido como de «trazabilidad» y dedicado a perseguir el fraude de plantas que estaban recibiendo la retribución anterior a septiembre de 2008 pese a no haber conectado a tiempo sus equipos. Ahora Industria hace público que retrocede sobre estas resoluciones, a la luz de la documentación recibida en los recursos, con el fin de evitar el pago de intereses relativos a las suspensiones decretadas. Y asegura que el número de instalaciones que no cumplía estos requisitos es muy bajo.

Vale la pena, hacer un ejercicio de memoria histórica al respecto, por lo que de aprendizaje supone. Por un lado está el marco, clave de todo el problema, el frame: el desmadre retributivo decretado en su momento por la Administración. Esto es, la sobrerretribución como causante de la fuerte demanda de nuevos proyectos e instalaciones. La desatención en la modificación de las condiciones retributivas y de rentabilidad de esta tecnología condujo a que ésta creciera en la medida que mejoraba la eficiencia tecnológica hasta convertirse en una bicoca asegurada.

De hecho, la clave está en cómo las rentabilidades de los proyectos, en esos escenarios retributivos, provocaron verdaderas estampidas de proyectos de instalación. Y, a partir de ahí, la transición del R.D. 661/2007 al R.D. 1578/2008, se convirtió en un despropósito de magnitudes colosales, que nos debería enseñar la necesidad y relevancia de una regulación mucho más fina y con menos huecos, fruto de sus redacciones espasmódicas. El tránsito de uno a otro, se llevó a cabo con varias interpretaciones, incluido un correo electrónico y, con posterioridad, mediante la corrección a través del Boletín Oficial del Estado, desatando una carrera por el cumplimiento de los requisitos, consecución de permisos y formalidades para tener derecho a la retribución de la normativa de procedencia, más beneficiosa.

Ahora, el Ministerio de Industria retrocede sobre su posición respecto al proceso de investigación desatado por los huecos regulatorios. Y lo hace por dos razones. La primera, por la capacidad de los instaladores de aportar documentación justificativa de sus respectivas instalaciones, conforme a los requerimientos de ese decreto; la segunda, por la consecuencia del pago de intereses que podría comportar la suspensiones del pago de las primas decretadas. Todo ello, además, en medio de una amenaza de judicialización de primera magnitud y con un número importante de despachos de abogados desplegados en toda España, participando en un proceso de proporciones delirantes.

Además, con esta decisión, como cuando los árbitros pitan dos penaltis sucesivos en las áreas de los distintos equipos en liza, para compensar, se vuelve a caer en un cierto descrédito institucional del aparato ligado al sector energético. Industria desautoriza, además, uno de los procesos mediáticos más formidables que desplegó la CNE, con importante aparato de telediario asociado. Recordemos que, incluso se abogaba por contratar helicópteros por si había instalaciones móviles o se difundieron casos puntuales inquietantes respecto a la utilización de motores diésel que abocaban energía a la red.

En todo caso, valdría la pena analizar el problema de raíz y aprender. Echar la vista atrás sobre la responsabilidad de los anteriores Secretarios General y de Estado de Energía, Ignasi Nieto y Pedro Marín, en la forma de construir el marco regulatorio para el sector fotovoltaico. Reclamar mayores dosis de consistencia legal, seguridad jurídica, evitar la retroactividad y rigor. Y después, rememorar cuál fue la forma de articular un proceso investigador que ha sido el parto de los montes y que se ha llevado por delante a las autoridades energéticas, a los servicios inspectores de la CNE y la credibilidad del Ministerio de Industria, en una partida en la que sólo hay jaques.