La muy comentada «pena de telediario», en la que uno puede ser juez y verdugo a la vez, (véanse las últimas revelaciones publicadas por el diario El Mundo sobre el ministro José Blanco), causa daños severos en lo que es la confianza y credibilidad de instituciones, empresas y organismos. La desinstitucionalización apoya la utilización de la realidad, con el efecto emotivo de condicionar la opinión pública. En ese contexto tan volátil, como decía Guardiola al hilo de las polémicas en el fútbol español, un día vamos a hacernos daño.

En el sector energético esta situación está muy de actualidad, merced a comportamientos extremadamente dudosos e impropios, en algún caso de la Administración y también de sus instituciones rectoras y órganos reguladores (Comisión Nacional de Energía o Comisión Nacional de Competencia), transformados en arietes de Consejos con un marcado cariz político e ideológico. Muchas veces con torvas intenciones que, además, son volubles con el tiempo y la espuma de los días.

La semana pasada, cuando el Gobierno hizo pública su decisión de no subir las tarifas eléctricas, se aprovechó por parte del Portavoz del Gobierno para volver a sembrar dudas sobre las subastas que dan lugar a las Tarifas de Último Recurso (TUR), insuflando dudas sobre el funcionamiento del mercado que, en ningún caso, están apoyadas en evidencias (en nuestro país, además, nos encontramos con precios más bajos que en Europa en los productos de estas subastas). Dichas dudas fueron previamente alimentadas por la Comisión Nacional de Energía e inflamadas desde un medio de comunicación, sin que se sepa mucho más de las mismas.

Por otra parte, ayer tuvimos constancia de que la Audiencia Nacional había impuesto cautelares respecto a la sanción de la Comisión Nacional de Competencia a las empresas eléctricas y a la patronal, UNESA. Todo ello, tras una instrucción más que cuestionable y acelerada e incendiada por los sectores más ideológicos y, precisamente, menos procompetencia y promercado eléctrico de esta Comisión, cuando todavía estaba al frente su anterior presidente, Luis Berenguer. No obstante, dicha sanción se aireó y filtró con bastante denuedo y se anticipaba un fracaso en el ámbito judicial. Más contención no hubiera estado mal, porque la reparación no tiene el mismo tono frente a la presentación escandalosa gratuita inicial. Ni siquiera las consecuencias para el incendiario.

Hay que recordar que en otro momento, el objeto de las cacerías eran las instalaciones de las energías de régimen especial, incluyendo los helicópteros, que acabó en nada para bochorno de los servicios de inspección de la Comisión Nacional de Energía, dada la deficiente regulación de partida y la posibilidad de abordar la devolución de las primas paralizadas por las resoluciones del organismo.

Volviendo al principio, la traslación o evacuación verbal de sospechas por las propias autoridades y organismos reguladores debería ser más cautelosa y estar menos presidida por criterios demagógicos, políticos, electorales o por la presentación interesada de la realidad. Sobre todo porque tiene efectos sobre la credibilidad y la confianza en el funcionamiento del mercado, las empresas, nuestra economía, el sector financiero, la regulación, las instituciones y el modelo. Cuestionar las subastas, la semana en que se producen, cuando se va a evidenciar que, por motivos electorales, no se revisa la tarifa y se aumenta el déficit tarifario, es oportunista. Hay que ser más cuidadoso y cauteloso, resistiendo la tentación del troskismo informativo.

En dicha tendencia, los medios de comunicación acaban siendo arrastrados por la corriente, y más con los prejuicios ideológicos frente a lo empresarial y los mercados que anidan en nuestro país. Así podemos leer crónicas e informaciones que distorsionan los propios procesos económicos y de mercado. En los países anglosajones se utiliza la expresión «Facts, only facts«, pero en el ámbito energético, las propias crónicas que leemos aquí aparecen teñidas de ideología o de sospecha, gracias a expresiones que tratan de conducir a que los lectores adopten o estén predispuestos a obtener conclusiones.

Un día vamos a hacernos daño.

Pese a que el propio acuerdo de accionistas, publicado por la CNMV junto con todos los hechos relevantes, recoge que la operación concierne a las participaciones sociales, y en este caso a Gas Natural Fenosa, que desarrolla actividades reguladas, los efectos que se deriven de la operación para esta compañía y sus inversiones, se digieren por el organismo que preside Alberto Lafuente como servicio público al titular del departamento. La explicación oficial es que Gas Natural Fenosa y Repsol no forman parte, en sentido estricto, del mismo grupo mercantil, pese a la participación del 30% de la petrolera en la gasista.

Incluso es más, aunque no se trata en «stricto sensu» de una actividad regulada, la operación también afectaría a la refinería de Cartagena, una de las inversiones más importantes en España en los últimos años, que ayudaría a que uno de los cuellos de botella en los precios de los carburantes, el componente del refino, pudiera afectar moderando el impacto sobre los precios de las gasolinas.

Toca ahora que las compañías puedan recurrir e incluso, a posteriori, acudir a instancias judiciales cuya lectura sea menos «estricta» para efectuar un «señor, pase de mi este cáliz». El consejo de administración de la CNE, recién nombrado, vuelve a inmolarse a la primera de cambio en una operación dirigida con muy poca pericia y que cualquier contratiempo la puede volver letal.

En el plano societario, la posición del Consejo de Administración de Repsol, la expulsión programada de Pemex del consejo de la petrolera por ser un competidor y las desavenencias en el consejo de Sacyr Vallermoso, también son cuestiones que pueden afectar, y mucho, al devenir de los acontecimientos y sus resultados. El hecho es que se transita por el filo de la navaja. Hoy noticias desde el consejo de Sacyr Vallehermoso.

En el Partido Popular ha empezado la inquietud al respecto de la operación, a la que, hasta el momento, sólo miraban de refilón o los directamente implicados.

Si hace unos días conocíamos de primera mano los intereses estratégicos de control de Repsol, adquiridos a precio de baratija, no deja de ser inquietante la cierta laxitud y tibieza que se está produciendo en el ámbito político respecto a una operación que, indudablemente, afecta al despegue de una multinacional como Repsol que, dentro de las petroleras mundiales, había dado el salto gracias a su potencial en exploración y nuevos activos (reservas). Por otra parte, la operación puede tener efectos en Gas Natural Fenosa (cuyo principal accionista es la propia Repsol), además de modificar el enfoque estratégico de la compañía, cuyas necesidades de inversión requieren una comprensión del modelo de negocio y de creación de valor a largo plazo.

Parece evidente que, en este contexto, Luis del Rivero ha estado granjeándose los apoyos necesarios para el buen fin de este asalto final a Repsol. Si atendemos a los protagonistas de la operación, tenemos al Ministro de Industria, Miguel Sebastián, marcado por sus relaciones peligrosas al frente de la Oficina Económica del Presidente, buscando salvavidas (en el sector energético) para las constructoras-inmobiliarias. Sebastián pidió que se dejase en paz al Gobierno en esta operación. Petición que seguramente no surta efecto, dado que con todo lo publicado el escándalo sordo no hace más que subir. En todo caso, ha pasado inadvertida en toda la operación la figura del que fuera jefe de Gabinete del Ministro de Industria, Jorge Blázquez, hoy cercano al mundo del petróleo como presidente de Cores (empresa que gestiona las reservas estratégicas en nuestro país) y que tras su salida reciente de Industria recaló en esta compañía, a sabiendas de que con el cambio de gobierno su puesto era temporal.

En este mismo contexto aparece Alberto Lafuente, reciente y flamante Presidente de la Comisión Nacional de Energía, que se encuentra con su primera patata caliente en las manos. Como en la obra de Goldoni, «Arlequino, servidor de dos amos«, Lafuente es un hombre que fue propuesto por Miguel Sebastián para presidente de este organismo. Eso está claro. Sin embargo, Lafuente es un hombre muy cercano a Juan Manuel Eguiagaray y Luis Atienza, más próximo en estas cuestiones a posiciones del aparato del PSOE, cuya censura al actual Ministro de Industria ha sido muy marcada. Recordemos el enfrentamiento entre Sebastián y Felipe González. Quizá por eso, esa diferencia de versiones sobre si ayer la CNE trató o no este asunto. En unos medios se afirma que esta cuestión fue tratada ayer en el Consejo. En otros que no se trató. Y en otros que lo votaron y que el resultado fue 5 a 2 a favor de la operación planteada y que el jueves se explicaría la posición del «regulador independiente». En todo caso, a este órgano regulador hay que pedirle transparencia y consistencia en sus posiciones. Mal comienzo para Lafuente.

Y la pregunta es, ¿qué piensa Mariano Rajoy de todo esto? ¿Es lógico que a dos meses vista de las elecciones, se produzca el desguace y la entrega a intereses foráneos de una empresa del volumen y perfil internacional de Repsol para salvar otra? La presencia en la cúpula de Repsol de Nemesio Fernández Cuesta, Secretario General de Energía durante los gobiernos populares parece que no ha permitido generar una posición más beligerante en el partido de la oposición ante la operación. Y la conexión murciana y mexicana del Partido Popular también están operando para hacer más digerible la operación, porque Del Rivero partía con un importante hándicap ante las huestes populares por su clara y marcada cercanía al actual Gobierno y su connivencia para atacar a Francisco González en el BBVA.

Nunca está de más recordar lo que son los rudimentos para entender el funcionamiento de la tarifa eléctrica. Recordemos que la tarifa, lo que se denomina coste del suministro, tiene dos componentes: el coste de la energía (que se fija en el mercado a través de las subastas CESUR en términos de precio como resultado de oferta y demanda) y los costes regulados, que engloban la retribución de las actividades que tienen esta consideración (transporte y distribución, mediante la fijación administrativa de su rentabilidad y sus inversiones), las primas a las renovables, el pago y devolución del déficit tarifario y otras muchas cuestiones que incluye la tarifa en este apartado.

Los colectivos retroprogresivos tratan de escamotear los costes regulados, sus componentes y el crecimiento de los mismos (siempre la parte discrecional y potestativa tiene más ‘seny’ para los intervencionistas) para fijar la atención en los precios de la energía, aunque estén por debajo de la media europea. En esa misma estrategia está el hecho de generar sospechas sobre el funcionamiento de las subastas y el mercado.

Así, la Comisión Nacional de Energía, con Alberto Lafuente y su motosierra, han puesto su foco en sugerir sutilmente ciertas sospechas sobre el proceso de formación de precios en las subastas que sirven de base para la fijación del componente energía en las subastas para la tarifa de último recurso (CESUR). Subasta que, para fijar los precios del próximo trimestre, tendrá lugar mañana, día 27 de septiembre.

Para generar este tipo de sospechas, se ha aprovechado la articulación del acceso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el transvase de información a la Comisión Nacional de Energía sobre los mercados OTC, en este momento casual, para inflamar su alcance. La difusión del mismo por parte de un medio económico ha estado teñida de elementos que sugerían la opacidad del mercado y de las subastas. En las crónicas ha flotado, cuando no se ha escrito directamente, la palabra sospecha, sin atreverse a escribir la palabra OMEL. Flaco favor realizan estas instituciones al institucionalismo.

Por ello, el colectivo retroprogresivo del sector eléctrico ya se ha encargado de anticipar que existen “indicios” de que podría producirse una subida de precios con respecto al trimestre anterior, y sólo su anuncio y la generación de sospechas ya se efectúan como vacuna. Y, además, en esa teórica opacidad se alimenta un mecanismo perverso de cuestionamiento. Es un mercado donde operan un número muy importante de agentes, tanto comercializadores como financieros, lo que ya da información de su liquidez y su funcionamiento.

¿Alguien se atrevería a insinuar que los mercados organizados de valores, es decir, las Bolsas encierran mecanismos opacos que pueden pervertir ese mercado? Esperemos que acabe la pena del papel sepia (aquí no es del telediario), se depure el troskismo comunicacional, que se conozca realmente lo cierto de las tenebrosas conjeturas. Estamos esperando ansiosamente el resultado de esas sospechas y su materialización. Recordemos la tendencia del organismo hacia este tipo de operaciones, cuya mecha se coloca en el edificio de Alcalá 43, su inflamación y espolvoreamiento de adjetivos se efectúa en los medios de comunicación y su resultado final luego es el que es. El caso de las inspecciones a la fotovoltaica es paradigmático. Nada ha cambiado en eso, parece ser. O sí, se promete más intensidad contra el déficit tarifario, verdadera cruzada del nuevo equipo, a la espera de su sacrificio.

Por su parte, y volviendo al principio, probablemente el problema de Miguel Sebastián no es su tratamiento del déficit de tarifa, sino su visión muy lejana de la cuestión energética como globalidad. Algo que, tras la salida del anterior Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se está efectuando con mucho mayor rigor, consciencia y ortodoxia desde el nuevo equipo energético. El problema es el tiempo.

Apuesten doble contra sencillo sobre qué va a decir el nuevo Consejo de Administración de la CNE sobre la revisión tarifa para el cuarto trimestre de 2011.

Era la primera prueba de fuego para el organismo que preside Alberto Lafuente y, así, el nuevo Consejo de Administración se ha puesto en marcha con lo que se puede decir que es una declaración de intenciones: podar indiscriminadamente los componentes de la tarifa, cueste lo que cueste. En suma, se trata de cortar con la motosierra, en lugar de promover una buena regulación integrada en un contexto global de funcionamiento de mercado.

Los representantes de los colectivos retroprogresivos señalan que este mecanismo es la respuesta de Industria a los intereses de las empresas eléctricas, dado que todo se explica en términos de intereses, presiones y dialéctica. La Comisión Nacional de Energía sugiere que con la sobrecapacidad existente en el sistema no es necesario ni urgente regular los pagos por capacidad.

La necesidad de regular un sistema de pagos por capacidad, que garantice el respaldo del sistema eléctrico ante un mix energético con dependencia cada vez mayor de las tecnologías renovables e interrumpibles, es una necesidad evidente, y el sistema de pagos por disponibilidad no lleva incompleto durante sólo estos tres meses, sino desde la aprobación del decreto del carbón nacional.

Sobre todo porque, si bien el regulador reconoce la caída de la demanda y la sobrecapacidad existente en la generación eléctrica, también es cierto que es necesario mantener estas instalaciones disponibles de cara a la cobertura de picos que no pueden ser atendidos por el resto de instalaciones de generación. Y, todo ello, en un contexto en el que se establece un volumen concreto de producción obligatoria de electricidad con carbón nacional, que conlleva una serie de efectos sobre los que el regulador se inhibe en un ejercicio de adanismo.

Por otra parte, es reprobable que la Comisión Nacional de Energía haya tardado un trimestre en analizar este sistema de pagos por disponibilidad. Y el desenlace, tras este largo lapso de tiempo ha acabado en que la CNE informe, no informando. Para mayor abundamiento, este regulador se ofrece ahora para elaborar un mecanismo alternativo en el plazo de seis meses.

Esta cuestión ha sufrido dos ponencias y el deterioro en barrena del organismo. Por tanto, ¿qué es lo que se ha estado haciendo hasta el momento en el seno del organismo con respecto a este reglamento? Y segundo, no es nada tranquilizador que sea este organismo quien efectúe este estudio, a la luz de las intenciones que se le atisban y de su prestigio, especialmente cuestionado en el ámbito de la regulación eléctrica reciente.

Permanezcan atentos a la pantalla.