El primero es suponer que los precios internacionales de la energía no afectarían en nuestro país en el caso de que la potencia instalada propia fuese suficiente para el autoabastecimiento.

De hecho, si España tuviera potencia para autoabastecerse al 100% no estaría aislada energéticamente de lo que ocurre en el resto del mundo. Un argumento semejante es el que está detrás de la existencia de supuestos problemas de abastecimiento energético en nuestro país. De hecho, España sólo ha tenido problemas de abastecimiento energético en la época de la autarquía. De hecho, dicha afirmación solo es posible en una economía autárquica como en el franquismo.

Una segundo supuesto falaz, procedente del Informe de Costes y Precios, promocionado por los ex consejeros de la CNE, Jorge Fabra y Jaime González, es «la ecuación costes-precios-tarifas viene sufriendo constantes distorsiones desde hace tiempo provocando, a la vez, repercusiones en el consumidor y un déficit tarifario que evoluciona a un ritmo creciente». Con esta afirmación se escabulle el problema de los costes regulados y su repercusión en la factura eléctrica (de hecho, no se hace referencia en todo el programa, siendo el 50 % de la factura). Parece como, si exprimir el mercado de generación por vía intervencionista fuese el bálsamo de fierabrás para solucionar el problema de los precios de la energía, cuando se ha demostrado la eficiencia conjunta de los precios del mercado de generación comparativamente.

En tercer lugar, en el programa trata de montar afirmaciones terroríficas sobre la nuclear (promoviendo el cierre del parque al fin de su vida útil, afectando a la calidad del mix energético actual diversificado) y otras afirmaciones que son directamente falsas, como que nuclear e hidráulica son tecnologías amortizadas (desoyendo la normativa contable, financiera y asumiendo los postulados retroprogresivos en esta materia). Así, los cierres de la nuclear se compensarían con más potencia renovable… el argumento del programa, casualmente, vuelve a coincidir. De hecho, este argumento supuestamente medioambientalista (hay expertos medioambientales favorables a la nuclear) no funciona para el PSOE con las instalaciones más contaminantes de carbono.

Y, a partir de ahí, es dónde se desliza el argumento retroprogresivo más refinado, que consiste en la constitución de un Fondo Estatal de Apoyo a las Energías Renovables, que perfectamente se puede engrosar con los nuevos gravámenes a la hidráulica y la nuclear (dos medidas más atrás), rompiendo la unidad de mercado eléctrico y su eficiencia, haciendo además el aprovechamiento de las afirmaciones maliciosas que señalan que no es transparente, en una campaña sin evidencias.

Por tanto, con respecto a la energía nuclear, primero se asusta, luego se grava, se transfieren presuntas rentas y luego se cierra.

En cuanto al programa el déficit tarifario, lo trata no como un problema continuado de incapacidad política para tener una política realista de los precios de la energía o tomar una opción sobre las primas a las energías renovables, sino como un problema de costes, manteniendo una opacidad total respecto a los costes regulados de transporte, primas y el desmadre ocurrido a tal efecto. Utiliza para ello una expresión eufemística: «Para resolver el problema del déficit tarifario no es suficiente elevar la tarifa eléctrica, como se ha venido haciendo en los últimos años, sino que resulta necesaria también una revisión en profundidad de los costes reconocidos por la regulación a las empresas».

Para redondear todo, el PSOE vuelve a requerir la elaboración de otro Libro Blanco de la Energía (con los resultados que dió el de Pérez Arriaga solicitado por el Ministro Montilla y seleccionado por el nuevo Director Gerente de la CNE, Antonio Fernández Segura). Probablemente esto es más entendible teniendo en cuenta que uno de los finalistas en aquel proceso para seleccionar autor fue el propio Jorge Fabra (y esta revelación es una exclusiva de esta publicación). El ex consejero de la CNE se sitúa en la órbita de Cristina Narbona de cara a la elaboración de este programa en lo que se refiere a energía y a los enganches políticos partidistas.

Varias cosas finales: mención al transporte sostenible y a la generación distribuida, que ya está previsto y desarrollado normativamente. La referencia a los sistemas de captura de carbono, sin valorar las experiencias actuales en términos de rentabilidad, costes y resultados. Y apunta al bombeo «regulado» (¿la mano que mece la cuna es la de Red Eléctrica?). Y para finalizar retoma las Leyes de Eficiencia Energética y de Energías Renovables que han estado dando vueltas ocho años en las promesas de los Debates del Estado de la Nación.

En conclusión, el programa del PSOE tiene dos argumentos fundamentales, el primero es la involución del modelo de liberalización del sector eléctrico, envuelto en el segundo, una coartada de la promoción de las energías renovables, en un giro medioambientalista, falaz, poco articulado y sospechoso por los argumentos que esgrime (de ideología politizada antimercado y pro marco legal estable), de cara a formular las propuestas que incluye.

Retroprogresivo y falsamente medioambientalista para justificar la aplicación de los presupuestos del sector retroprogresivo de la energía, autor e inspirador de un programa más ideológico que energético. El PSOE se entrega al populismo con una cobertura medioambientalista e ideologizada.

Nada nuevo aunque lo parezca.

El nombramiento de Antonio Fernández Segura como Director Gerente de la Comisión Nacional de Energía es un hecho muy sorprendente, aunque tiene, más que un conjunto de explicaciones, un conjunto de justificaciones para hacer inteligible esta decisión del organismo regulador y de su presidente.

En todo caso, este nombramiento forma parte de todo ese conjunto de cosas y acontecimientos que vemos y veremos en las postrimerías del cambio político que se está preparando tras las elecciones del 20 de noviembre. Un cierto sentido de atropellamiento empieza a cundir en esta transición y en la cobertura de sillas vacías y huecos pendientes.

Quizá la mayor sorpresa estriba en el hecho de que el propio Fernández Segura haya acabado optando y aceptando este puesto, cuyos cometidos fundamentales son de pura gestión interna, económica, logística y de intendencia del propio organismo. Fernández Segura, un histórico con un largo historial a sus espaldas de puestos políticos y responsabilidades en la Administración, en realidad se incorpora a la nómina del organismo en un puesto que en una orden religiosa sería el equivalente al de un Ecónomo.

Además, por otra parte, esta aceptación es tanto o más peculiar, con la amenaza que gravita sobre todo el organismo de su desintegración fulminante tras las elecciones del 20 de noviembre, hecho que a todas luces podría hacerse en términos casi de harakiri personal, unido al propio suicidio institucional del organismo. En todo caso, esto puede denotar las dificultades de encontrar un acomodo profesional confortable de cara al fin de ciclo político en un número importante de cargos salientes de la actual Administración.

Lo segundo y más importante que denota también este nombramiento subrepticio es que la CNE ha quedado sometida a la disciplina del Partido Socialista, sobre todo del aparato ferracista más tradicional responsable de las operaciones de ocupación del Estado y sus aledaños, a través de la patente de corso en la oficina de colocaciones. En esa ceremonia, Alberto Lafuente, el actual presidente, tiene el papel del hilo conductor y el Consejo el del atrezo necesario silente para la consumación. En el reparto, especialmente relevante, fuentes solventes señalan al ex Consejero Jaime González como posible correa de transmisión que estaría todavía detrás moviendo hilos y que confirman su presencia continuada en el organismo.

Por otra parte, cabría hacerse algunas reservas sobre el propio Antonio Fernández Segura, desde el punto de vista ideológico, a la hora de valorar su retorno al mundo energético, en este caso al regulador supuestamente independiente. Fernández Segura es un hombre con claros resabios hacia el mercado eléctrico y la liberalización y que en su momento auspició la inestabilidad regulatoria como Secretario General de Energía. Parece ser que en este final, Antonio Fernández Segura habría obtenido por todo ello un premio a los servicios prestados en aquel momento.

En todo caso, no parece que desde este cargo pueda tener excesiva relevancia desde el punto de vista regulatorio, aunque sí es esclarecedor de los procesos políticos asociados a la cobertura del puesto. A primera vista, esta posición no tiene por qué interferir en el funcionamiento ya anómalo de la actividad regulatoria de este órgano regulador, a no ser que condicione la disposición de los teléfonos móviles del personal de la CNE o la cesta de Navidad a la avenencia en posiciones ideológicas. En todo caso, no parece que eso sea para lo que está llamado.

Estamos asistiendo a los estertores de la CNE. Un final muy triste para un organismo regulador independiente, causado por la injerencia continuada de los embajadores políticos que pierden el pudor en su ejercicio y que violan sus entrañas más intimas. La CNE queda convertida en una comparsa y, más que en un cementerio de elefantes, en una covacha para el reparto de puestos de un mundo que agoniza.

El peor favor que probablemente puede realizar alguien a otra persona es el que se ha producido en el caso del dictamen de la CNE con respecto a la ampliación de capital de Sacyr y Pemex en Repsol y de la sindicación de sus participaciones para la toma de control de la petrolera española. Pues Alberto Lafuente, nuevo presidente de la CNE, y el nuevo Consejo de Administración han certificado su propia acta de defunción, a la vez que han complicado enormemente al Ministro Miguel Sebastián su interés en que la operación pasara desapercibida para que se pudiera ventilar antes de las elecciones y así posibilitar que se aclarase el proceso de refinanciación de deuda de Sacyr Vallermoso, que parece irremisiblemente abocado a la desinversión. Algo que con un Consejo nominado por el propio Ministro parecía pan comido.

Desde el punto de vista jurídico, la posición resultante partía de unos apriorismos simplificadores que abocaban a que no fuese de aplicación la función 14 (autorización previa) por parte del organismo por asegurar que no afectaba a las actividades reguladas. Todo ello basado en la primera autorización de adquisición de participaciones sociales realizada a Pemex hace varios años, por tanto abstraídos del formato de esta operación. Por ello, el dictamen obviaba la propia publicación de la información suministrada por las empresas a la CNMV en el sentido de que se verían afectadas las empresas participadas, en este caso Gas Natural Fenosa, que realiza actividades reguladas. Pero es más: era una posición previamente anunciada por el organismo en la medida que se apresuró, nada más conocerse la operación en los medios de comunicación, a decir que no había nada que estudiar y aceptó la encomienda del dictamen a regañadientes. Parece que el dictamen era profético, apriorístico y confirmador.

Ahora dos consejeros de este Consejo de Administración, Idoia Zenarruzabeitia y Josep María Guinart, denuncian en un voto particular la tramitación exprés de este asunto que les impidió un proceso correcto de formación de voluntad, además de considerar que sí es de aplicación esta función autorizadora. Tan exprés ha sido la tramitación que no se han cumplido plazos reglamentarios, ni se ha garantizado la Ley de Procedimiento Administrativo, según afirman estos consejeros.

Eso que otro de los consejeros, Joan Batalla, se abstuvo, aunque se adscribe a lo que afirman los consejeros discrepantes. Además, según fuentes solventes, Energía Diario ha podido conocer que han existido fuertes presiones desde el propio PSC en esta cuestión, partido sometido al psicodrama del fuego cruzado en el asunto. En todo caso, sorprende que una decisión de este calado, que puede significar una operación de desguace estratégico de la compañía, en aras de mayores dividendos y liquidez, pase de esta forma por el organismo regulador, de forma expedita, frívola y cuestionable. Y lo que es peor, sin guardar los mínimos y el decoro. A alguien se la ido la mano en la operación.

Y, por otro lado, con su voto particular, estos Consejeros ponen en evidencia a la CNE, a su presidente, a su consejo de Administración, al nuevo Secretario del Consejo, a sus servicios jurídicos, al ponente del expediente Gómez San Román y toda la alineación de intereses para que la operación cogiera carril de aceleración. La polémica está servida y los servicios jurídicos de Repsol han recibido una munición de grueso calibre que puede ser también letal para los intereses del constructor murciano.

Empieza a cumplirse la norma de que los votos particulares empiezan a ser más reveladores que la «verdad oficial» como ya ocurrió durante el mandato de Maite Costa. Y, como en el caso del consejo anterior, también cumplen con el ritual de hacerse el harakiri en una operación corporativa (en su momento fueron las operaciones lanzadas sobre Endesa las que acabaron con el Consejo precedente).

Con Lafuente llegó el escándalo (o mejor dicho, volvió), o con Sebastián, o con Del Rivero y la CNE se desmorona en espera de su voladura con el primer real decreto ley del Partido Popular. Y siendo culpable de sus propias añagazas.

Al parecer esto se produjo en el «fantabuloso» momento de la Convención Política del Partido Popular, donde el expresidente del Gobierno habría intermediado con el empresario murciano (hasta el momento muy relacionado con el Partido Socialista y en operaciones en las que habría tenido presencia Miguel Sebastián), de forma que habría hecho llegar las posiciones de Del Rivero a Rajoy, en un aparte.

Ya habíamos informado en Energía Diario de que el presidente de Sacyr Vallermoso había encontrado una importante conexión dentro del Partido Popular de Murcia para hacer valer sus posiciones. Por su parte, también en esta operación, la vía mexicana tiene un carril muy importante abierto en Génova, lo que hace que esta pinza alrededor del candidato popular intente cerrarse. La posición de FAES, anclada en la enmienda Florentino y en la distribución accionarial resultante del proceso de sindicación, es mostrarse favorable a la operación de forma tan nihilista.

Lo que parece claro, es que esta operación molesta especialmente en el entorno de Rajoy, donde se le ha precipitado la patata caliente. Montoro fue especialmente intrépido, directo y arriesgado en sus últimas declaraciones públicas y al papel intervencionista de un eventual Gobierno popular en este tipo de operaciones. Montoro esgrimió el carácter público de la petrolera mexicana e, incluso, utilizó la palabra veto. Del mismo modo, habría sido especialmente distante con Pemex en un encuentro privado, con Jorge Zemeño y representantes del despacho Cuatrecasas, como relata El Confidencial y que también ha podido confirmar este medio.

Lo que está claro es que las disensiones en el Partido Popular al respecto de esta operación se están llevando de una forma menos escenificada que el agrio encontronazo entre Sebastián y Felipe Gonzalez, en el que el expresidente fue muy transparente, incluso el candidato Rubalcaba. Es decir, en el Partido Popular se está quedando más en la trastienda y las bambalinas, más por la influencia que por la autoridad moral. Eso no quiere decir que la reacción no esté generando una fuerte contrariedad en el Partido Popular, con ejercicios que pueden suponer incluso un «tour de force» con la vieja guardia, por los actuales responsables del partido, ya lanzados a una mayoría absoluta incontestable.

Por otra parte, se refleja en toda la situación, contaminación de la política con la representación de intereses. Para justificar la mediación de Aznar, el entorno de Sebastián, genera el excipiente en el que todos los gatos son pardos, aireando las relaciones de Felipe González con Slim y Argentina, como justificación de que la Oficina Económica del Presidente podía y debía ser una Oficina de Negocios paralela, de forma que hacía bueno el dicho, de que «algo quiere la coneja siempre que mueve las orejas».

Mientras tanto, los hechos se suceden. La refinanciación de la deuda de Sacyr requerida por las entidades financieras que sindicaron el préstamo está encima de la mesa. Y, en el plano internacional la operación se complica con los intereses de Argentina y Brasil, una superpotencia emergente, donde se empieza a observar con mucha atención los movimientos en torno a Repsol por parte de las empresas constructoras y el ejército de salvación nacional del modelo productivo español antiguo y sus protagonistas.

En medio de todo esto, que en el fondo puede ser un ejercicio de cinismo, capaz de justificar una cosa y la contraria, en función de los intereses representados, la pregunta es, ¿quién valora el salto cualitativo y cuantitativo de Repsol, una empresa multinacional que ha diversificado su actividad, ha hecho un esfuerzo tecnológico impresionante y está presente en todos las fases de la cadena de valor en el sector petrolífero? ¿Quién conoce los requerimientos estratégicos e inversores de una compañía de esta índole con una visión de medio plazo, fuera del apremio de los prestamistas?

Ahora a los partidos políticos no los divide el terrorismo. Los divide Del Rivero.

Si volviéramos al ejercicio clásico de los colores que identifican ideologías y partidos políticos, estaríamos en un escenario de predominio del azul. Y por eso viene a cuento el título de la película de Dennis Quaid y Kathleen Turner, dirigida por Herbert Ross, en la medida que, sin colocarnos en una posición de forofismo político, es preciso advertir de los indicios y señales que se emiten desde la bancada azul (quede claro que sobre la base de nuestro ideario se formulan críticas sin atender a los colores, algo que, con el forofismo patente y efervescente, siempre genera mucha inquietud).

Viene esto a colación de varias declaraciones y anticipos que hemos podido conocer en lo que se refiere a la posible política energética postelectoral. La primera, la teníamos ayer con las declaraciones de Cristóbal Montoro relativas a la operación de sindicación de Pemex y Sacyr Vallermoso en Repsol. A Montoro no le tembló la voz al hablar de veto o de pedir la intervención del Estado en estas operaciones. Quede claro que, como ya hemos escrito aquí, se trata de una operación atrabiliaria e imposible. Que, seguramente, se va a resolver por la vía financiera y societaria (la operación de refinanciación de la compra de las acciones de Repsol en Sacyr), sin precisar algo a lo que se está acostumbrado a ejercer desde el predominio de la política: el verticalazo gubernamental.

Evidentemente, que el actual Ministro de Industria, Miguel Sebastián, que no supo salir de su época de amistades peligrosas al frente de la Oficina Económica del Gobierno, y la CNE han hecho un papel semejante a Don Tancredo en esta operación. Los mecanismos del Estado de regulación y de supervisión deben funcionar, evitando discrecionalidad, filias o fobias. Por tanto, de ahí a exhibir el veto sin miramientos hay posturas menos integristas o intervencionistas, donde se guarden las formas por parte de un partido que ya está obligado a exhibirlas puesto que va a gobernar. Cuidado con los calentamientos locales.

Por otra parte, también conocemos la intención de la macrofusión de los órganos reguladores sectoriales y de la Comisión Nacional de Competencia en un solo órgano. Fuentes solventes confirman que incluso están redactados los Decretos que lo hacen posible, defenestrando los órganos actuales tal y como están concebidos. Algo que ya está cantado y que hará que el nuevo Consejo de Administración de la CNE, se le pueda llamar «el breve». El problema es si la nueva configuración pensada por los populares reconoce el papel de este tipo de órganos independientes, la necesidad de su prestigio y capacidad o buscan que el nuevo Órgano sea otra reedición de un aparato al servicio del Ejecutivo, incluso más vertical.

Bien es cierto que la renovación de los órganos reguladores ejecutada en las postrimerías de legislatura por el actual Gobierno socialista ha sido bochornosa y poco edificante y con comportamientos partidistas muy mal resueltos por Sebastián, particularmente, y por el propio Partido Socialista, sus pulsiones, sus familias y sus apoyos parlamentarios de geometría variable. Lo que sería sano es que el Partido Popular promoviera tras las elecciones la renovación efectiva de estos órganos reguladores, desposeyéndolas de su carácter político y configurándolas con el papel que tienen en las sociedades avanzadas sajonas. Por eso de la confianza saben ustedes. Quizá nos vaya a todos mejor.

Otro tema en liza, y particularmente abierto también, es la nueva regulación eólica que, en el fondo, es también una encerrona generada antes de tiempo. Si en su momento, el Partido Popular aprobó en su propio tiempo de descuento el R.D. 434/2004, que fue respetado por el ejecutivo socialista entrante hasta 2007 (en cada legislatura tenemos un Real Decreto al efecto en el régimen especial general o por tecnología), no parece que el Partido Popular vaya a respetar lo que pueda salir de la tramitación del actual decreto en ciernes, por lo que este escenario de regulación resultante del acelerador de partículas puede tener los BOES contados.

Y quedan pendientes cuestiones como el modelo de mercado, los pagos por capacidad o el déficit tarifario, cuestiones sobre las que se necesita un pensamiento y una visión global y reposada. Pero la demagogia, la politización, los comportamientos y declaraciones al bulto que podemos escuchar en los actuales responsables de economía del Partido Popular (Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal) no dejan más que espacio para la inquietud. Son cuestiones que se resuelven desde la buena gestión y no desde la política y las declaraciones públicas.

Cuidado con la «familia blue».