Está en el ambiente. Los medios económicos y los mercados quieren concreción de lo que va a ser la política económica del nuevo gobierno. Y si no hubiera concreciones, al menos que se emitan señales o signos que sean indicativos de que el nuevo ejecutivo está dispuesto a realizar reformas, una política económica coherente. Todo ello, evidentemente, más allá de los discursos, declaraciones de intenciones, paños calientes y reuniones para tomar un acuerdo.

Hoy escribe en el diario La Vanguardia el siempre recomendable Enric Juliana un comentario titulado «Mariano, échanos algo«. ¿La velocidad de los acontecimientos económicos en esta crisis (muy diferente a la que existía cuando se aprobó la Constitución, articulando un proceso de un mes para un cambio de gobierno) permitirá un armisticio de un mes?

En el ámbito energético también existen estas mismas demandas y necesidades, habida cuenta de que existen problemas abiertos y problemáticas por abordar, que es preciso resolver y abordar con urgencia pero, eso sí, sin precipitación ni ansiedad y sobre todo con conocimiento y de forma integral, evitando las chapuzas regulatorias desbordantes a las que hemos estado acostumbrados. Por ejemplo, precipitación y ansiedad es la que se puede generar en un Ejecutivo recién entrado si una de sus primeras decisiones tiene que ver con la revisión de la tarifa eléctrica, si este Ejecutivo asume con su función tener precios bajos en la energía (contra viento y marea, contra mercados y entorno económico), en lugar de tener una política energética y sin ponerse de los nervios.

En todo caso, podemos decir que en el ámbito energético, y concretamente en el sector eléctrico renovable, ya existe una primera decisión conocida de lo que es la nueva mayoría popular en el Gobierno Central y en los autonómicos. Una primera medida surgida de este glacis, de este nuevo orden. Y es una medida que va más allá o que incluso se combina con las filtraciones relativas a la posibilidad de elevar la presión fiscal con una tasa a la generación hidráulica y nuclear (que, evidentemente, hay que dejar en el terreno de la filtración, aunque sea una comunión con el programa socialista y procedan del sector más nadalista de la energía). Vamos a ver.

Pues bien, esta primera medida es que la Junta de Extremadura acaba de aprobar las autorizaciones de 65 parques eólicos más, que ya suman 977 MW de nueva potencia. Son 65 parques eólicos más, con lo que ya son 97 los que «pueden entrar» en el registro de preasignaciones, con un potencial instalado de 1.691 megavatios (MW). El flamante nuevo presidente de la Junta, el popular José Antonio Monago, sigue una camino ya habitual en las Comunidades Autónomas en lo que se refiere a las convocatorias de estos concursos. Se podría aducir que, «stricto sensu», esta no es una medida «de Rajoy». Pero lo es en la medida que es auspiciada y/o tolerada. De hecho, el presidente gallego, Núñez Feijóo, fue el primero que inició esta senda.

En todo caso, dicha medida no es en absoluto inocua…. Viene a apuntalar algo que ha sido moneda común en la legislatura anterior: los concursos autonómicos de concesión de nueva potencia eólica, con fundamentos de dudosa legalidad, son una forma de presión fiscal encubierta (pero presentable políticamente al ir en primera instancia incorporada en el proyecto de las empresas) que elevan el coste de los proyectos y que, consecuentemente, afectan a la tarifa eléctrica y al coste del suministro a través de estos innovadores mecanismos fiscales que incorporan para la obtención de recursos para estas Administraciones Autonómicas.

Por otra parte, esta media contradice el propio programa popular cuando afirma «Impulsaremos la armonización, reconocimiento y homologación en todo el territorio nacional de los criterios, requisitos, procedimientos, permisos, tasas e impuestos para la autorización, instalación, operación, ampliación, modificación, mejora o desmantelamiento de instalaciones e infraestructuras energéticas». En consecuencia, los temores a que Rajoy y su Ejecutivo estén condicionados por los barones y las Comunidades Autónomas se refuerzan, sobre todo en un momento en que es preciso revisar el sobrecoste de la estructura administrativa de que nos hemos dotado y su efecto sobre la unidad de mercado.

Todo ello viene también a avalar la idea de un modelo de desarrollo de energías renovables entendido como un maná, basado en la generación de plusvalías para su distribución y la transferencia de rentas entre tecnologías, territorios, administraciones o entre personas físicas o jurídicas. Por ejemplo, con lo que las Comunidades Autónomas detraen de estos concursos, se pueden construir polideportivos infrautilizados o tender nuevas carreteras sin demanda. Y también otro tipo de transferencia de rentas es la que favorecen las redes clientelares locales y cercanas que revenden las concesiones obtenidas en primera instancia, pero que, por su ausencia de experiencia en la operación de estas instalaciones, revenden a posteriori, incluyendo los costes de su intermediación.

Por tanto, es una medida que abunda en una desconexión intelectual deliberada en términos económicos. Decisiones políticas frente a realidad económica. Si aumentan los costes en las instalaciones de generación por la interposición de un agente concesionario que reclama su estipendio, su repercusión acaba alcanzando a la tarifa y, por tanto, a la factura y al ciudadano. Todo eso es finalmente financiado por la tarifa, es decir, por la factura eléctrica que pagan los ciudadanos, sin que nadie haya deseado que se efectúe una relación causa efecto muy nítida. Unos no critican por el espíritu zen renovable, que no repara en lo económico y otros, los más aviesos, por la mayor consciencia de la necesidad de disimulo. Si el desarrollo es renovable, todo está permitido, y bajo esa pátina se pueden realizar todo tipo de fechorías que se trasladan al futuro (déficit tarifario), a los ciudadanos (tarifa) o a la capacidad instalada futura menor, por sus sobrecostes. ¿Qué interés oscuro existe para que no expliquen estas consecuencias y esta relación causa efecto?

En todo caso, podríamos volver en el ámbito energético a la hipocresía, consistente en que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, pero que lo haga, de forma que pudiera ser posible tratar de reducir el déficit tarifario por vía de la intervención en los mercados y la fijación de tasas a ciertas tecnologías, como ya se ha anunciado, y, por otro, que se fijen cupos obligatorios, que se engorden los costes regulados o se aumente el coste vía los concursos de nueva potencia eólica, es decir, vía las decisiones políticas y del aparato administrativo y sus inercias.

No hemos hecho nada.

«Los economistas me recordáis a ese niño que cuando somos pequeños nos descubre que los Reyes Magos no existen». Felipe González

Prima de riesgo por encima de los 500 puntos básicos, Italia y Grecia cambian sus gobiernos sobre bases tecnocráticas, evidenciando el fracaso de la política. En España, tertulianos de un signo y otro se muestran contra la «tecnocracia» a la vez que se reivindica el poder de la «política», frente al poder de los «mercados». ¿Qué va a ser esto? En paralelo, se produce una severa crisis de la democracia representativa, a favor de una democracia directa, a través de movimientos extramuros como el de los indignados, en España representados por el 15M.

En España arrecia la crítica a los tecnócratas y a la tecnocracia, como ejercicio defensivo de una estructura política que se ha extendido a la sociedad civil, las empresas y los mercados. Es un ejercicio defensivo dado que lo que evidencian las crisis helena e italiana son los fracasos de la política, sus simulaciones y sus formas. ¿Puede la política, por el hecho de ejercerla unos señores elegidos en las urnas, decidir falsear las cuentas públicas, como en el caso griego? ¿Puede la política, por el hecho de decidirlo al haber sido elegidos, endeudar a un país más de lo que es capaz de soportar su economía? Y cuando esa financiación es negada por los mercados, ¿quién es responsable de lo que ha pasado? Preguntas de este tipo son incómodas y están en el germen de la formidable crisis económica.

Parece que las reglas de oferta y demanda puedan ser sustituidas por las decisiones volitivas de unas élites legitimadas por el ejercicio de las campañas electorales, de la comunicación política y de los errores del adversario. Élites que no han comprendido los efectos de sus decisiones pasadas o que no tenían consciencia de que la restricción económica existe y que la sostenibilidad económica exigía un ejercicio de gobierno político que contemplara las coordenadas económicas en que se mueve la política. Es decir, hay una frontera a la que la política no puede llegar y a la que, además, no debe llegar. Y dicha frontera, en esta situación de crisis económica, debe ser respetada, de forma más exquisita cuando la situación de crisis es más delicada. Imaginemos, por un momento, que por vía política un gobierno o un parlamento derogasen la ley de gravitación universal.

En el terreno de la energía no estamos mejor. En lo que se refiere al sector eléctrico, en el pasado, se han tomado decisiones tarifarias políticas (por temor también a una política realista de precios de la electricidad y la eventual impopularidad que podrían producir los mismos en la población para los políticos) que inciden en la generación de una deuda (política): el denominado déficit tarifario. Dichas decisiones (políticas) se efectuaron para soslayar los resultados del mercado y de la adicción del resto de costes de suministro.

Dicha política tarifaria se ha visto complementada con una política de alteración del funcionamiento del mercado eléctrico vía regulatoria (como el decreto del carbón) o de reconocimiento de costes regulados (primas) muy generosa, prácticamente descontrolada y en especial a ciertas tecnologías, cuestiones que han ido engrosando este déficit tarifario en mayor medida. Y de esas decisiones políticas vienen después los deseos de no asumir sus consecuencias. Es decir, se ha tratado de un conjunto de decisiones (políticas) retributivas y de capacidad de generación con consecuencias económicas que no encuentran responsable que las soporte. Una vez conformada esta deuda formidable, por estas dos vías, y en estos momentos de difícil financiación internacional, empiezan a surgir voces (políticas) que abogan por medidas peligrosas (también políticas) para abordarlo.

Medidas políticas que, en muchos casos, inciden en la aparición de riesgo regulatorio, de cuestionamiento del mercado eléctrico (tras su intervención política, se abjura del mismo, aunque tiene los precios más bajos de Europa), quiebra de la seguridad jurídica para las inversiones ya realizadas y anticipo de efectos para los accionistas.

Intervencionismo en forma de lo que ya se ha expresado en declaraciones públicas con «fintas» más o menos explícitas. Desde las posiciones del programa electoral del PSOE, inspiradas en el pensamiento retroprogresivo, como la eliminación de la eficiencia del mercado eléctrico a través de su fraccionamiento, de la determinación discrecional de precios con referencia a los supuestos costes por tecnología (abstrayendo incluso amortizaciones financieras de los mismos), o la transferencia de rentas entre tecnologías vía nuevas tasas a la hidráulica y la nuclear, para financiar un desarrollo renovable a cualquier precio y sin matiz. Cierre de centrales nucleares, gravámenes y desarrollo renovable sin criterios económicos y de mercado. Son iniciativas que se mueven en clave puramente política y demagógica y que además dan amparo ideológico a modelos intervencionistas.

Del mismo modo, existen otro tipo de medidas que acarician los responsables (políticos) de uno y otro signo, basadas en la intervención de los mercados, la renuncia o «quita» de ese déficit, en forma de revisión de figuras antiguas como el Protocolo Eléctrico. Estas «ideas» también se palpan en las huestes populares más relacionadas con la energía, con claro perfil político y no tecnocrático, dispuestas a pasar la gorra, con la consciencia de que el sector energético es un buen objeto político de cobertura de un perfil izquierdista para los conservadores, con un bajo coste político, aunque sus costes futuros en términos financieros, de seguridad jurídica, de confianza en la economía, de mercados o de inversión sean impredecibles.

Y la pregunta es, ¿verdad que sería razonable que, tras las próximas elecciones, se abordase la cuestión energética de forma «tecnocrática», respetando el ordenamiento jurídico, el funcionamiento de los mercados, las inversiones realizadas, el modelo empresarial y a los accionistas, con una política de precios realista y sin demagogia? ¿Sería razonable que la energía no se contaminase de posiciones de corte político e ideológico, con una visión económica y medioambientalmente sostenible? Eso es realmente lo que necesita nuestro país y nuestra sociedad. Y, hay que decirlo, eso es profundamente democrático. En energía, necesitamos buenos tecnócratas tras el 20N.

En nuestro país, la forma de ser algo, es estar contra algo. Y, el certificado de homologación ecológico, el marchamo proviene de mostrarse contrario a la generación eléctrica mediante energía nuclear. Así se posicionaba Rubalcaba en días pasados, agitando las bases antinucleares del Partido Socialista Obrero Español y refiriéndose al Partido Popular, con un «les gusta el uranio», por la posición no antinuclear que recoge el programa de los conservadores.

Por tanto, lo primero a tener en cuenta es que si no se tiene ese marchamo antinuclear será muy fácil que cualquiera pueda ser calificado o etiquetado de «no medioambientalista», como alguna vez ha sucedido en este medio y en este país. De hecho, cuando hablamos en nuestro ideario de una política energética económica y medioambientalmente sostenible, se hace un ejercicio de reivindicación más amplio que no el hecho de mostrarse contrario a una tecnología o a favor de otra. Por ejemplo, hoy se puede comprobar cómo existen tendencias internacionales muy relevantes dentro de los propios movimientos ecologistas favorables a combinaciones de los mix energéticos que incluyan energía nuclear, junto a otras fuentes que no emiten carbono o que lo hacen en menor medida. Tendencias y expertos silenciados en nuestro país por la posición oficial medioambientalista.

En este estado de cosas, el hecho es que en España este debate está viciado de partida y, por ejemplo, no se abordan las causas del fracaso en el balance de emisiones de carbono, en la medida que nuestras políticas medioambientales relacionadas con la energía han tratado de efectuar postulados redistributivos de rentabilidades entre tecnologías en el tratamiento de los derechos de emisión, más que otros criterios coherentes con objetivos ecológicos. O bien, la cuestión de la emisión de carbono se escabulle con motivo de la caída de la actividad económica. Del mismo modo, y siendo muy razonable el cumplimiento de objetivos en materia de generación renovable, existe muy poca crítica y autocrítica respecto de los desfases y sobrecostes derivados de los excesos en determinadas tecnologías que han desequilibrado el concepto medioambiental y económicamente sostenible.

Y es pavorosa la tibieza y simplificación con la que se abordan estas dos cuestiones y la ausencia de crítica a estos dos elementos claves de la política medioambiental de nuestro país en el ámbito de la energía. Cualquiera de las críticas afectaría, por tanto, a unas tecnologías respecto a otras y es abundante el cultivo de la sinécdoque, de tomar el todo por la parte, para no ver el problema de forma global. Por ensalmo, habría que cerrar las plantas nucleares y convertir todo el parque en renovable, al precio que sea y como sea.

Es curioso cómo estas tomas de posición se incendian, casualmente, tanto más cuanta más competencia existe entre tecnologías de generación, tanto o más cuanto más exceso de capacidad y tanto más cuanto más se acentúa la caída de la demanda de electricidad. El alineamiento se produce, por tanto, en términos de estás conmigo o estás contra mí. Existen muchos interesados en expulsar del mix de generación a otra tecnología, para que pueda entrar otra en su sustitución, con independencia de que altere la diversificación actualmente existente (y casi ejemplar) o sea necesario el cierre de instalaciones y nuevas inversiones que no nos podemos permitir. Y qué mejor forma para hacer esto, que la política o el dogmatismo.

Y, por eso se apuntan fórmulas paranoides, como el hecho de afirmar que tecnologías como la nuclear y la hidráulica están amortizadas (algo falso, si acudimos a la contabilidad financiera), para después proponer un impuesto (¿por estar amortizadas?, ¿por supuesta ecología contradictoria y discrecional?, ¿por qué? ). Y, después, tras gravar la generación por esta tecnología, se proponga el cierre de las instalaciones nucleares. Y, con lo obtenido de este tributo, tasa o gravamen se constituya un Fondo para financiar un incremento de potencia renovable (la redistribución entre tecnologías ya clásico en los retroprogresivos, en vez del mercado).

Por tanto, la forma de plantear los problemas es muchas veces el propio problema. El ecologismo en nuestro país, a nivel energético, parece un simplismo consistente en estar contra lo nuclear, escabullendo el problema de las emisiones en el ámbito de la distorsión intelectual cognitiva, al tiempo que se promueve la energía renovable al precio que sea y con las primas que sean. Las elecciones han puesto de moda todos los demonios familiares. Y, seguramente, desde el “dogmatismo antialgo” no llegamos a nada.

Tiene mucho que ver este debate con dos cuestiones. La primera, el proceso abierto de negociación en relación a la retribución de la energía eólica. La segunda, las propuestas electorales, más o menos concretas o inconcretas, de las formaciones políticas en torno a las tecnologías renovables.

Seguramente, para enmarcar este debate e intentar arrojar luz, hay que partir de varios hechos. El primero es el compromiso de nuestro país en materia de generación renovable a nivel europeo y la posibilidad de armonizar el calendario de cumplimiento, concentrándolo al final del mismo (el famoso 20-20-20 en 2020). El segundo, la composición del propio mix renovable, que ha desvirtuado las previsiones iniciales de los Planes de Energías Renovables por presiones empresariales. El mix renovable, fruto de decisiones administrativas de los últimos ejecutivos, claramente se ha descompensado en términos económicos, creciendo exponencialmente su coste para los ciudadanos en la tarifa eléctrica. Es indudable que hoy este coste está desbocado.

Si hay algo en lo que existe coincidencia, en lo que se refiere al déficit tarifario y al crecimiento de los costes regulados por primas, es que lo segundo forma parte de lo primero. Y, lo que es peor, que los Ejecutivos no se hacen responsables de sus decisiones pasadas y de sus comportamientos regulatorios espasmódicos y momentáneos. Y lo que ya es mucho, mucho peor, son las soluciones futuras a las mismas, que tienen un alto riesgo de convertirse en chapuzas. Problemas de seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, poca reflexión, concentración del problema en la tecnología que pasaba por delante aunque sea más eficiente, sugerencias de modificar el funcionamiento del mercado para hacer transferencias entre tecnologías, etc…

Esto provoca que, en la actualidad, el Ejecutivo haya propuesto pasar a cuchillo a tecnologías con un grado de maduración mayor y menores primas, como es el caso de la eólica. Simplemente, porque su evolución regulatoria y la solidez del sector permiten una negociación no atomizada y porque, además, tocaba. Esta situación en el marco de un proceso agónico de negociación dentro de la legislatura es simplemente una bomba de relojería.

La irrupción de tecnologías en el mix renovable con primas muy elevadas ha descompensado su impacto en la tarifa y ha aumentando los costes regulados (sobre todo en el caso de la tecnología termosolar, cuyo desfase sobre las previsiones iniciales se ha multiplicado casi por cinco en capacidad y primas). El hecho es que, hoy, estas decisiones políticas pasadas van a condicionar el futuro del sector renovable, en primera instancia del sector eléctrico y en segunda, y en consecuencia, de la factura que pagan los ciudadanos y por qué vías. Como se dice en la publicidad de los productos financieros, rentabilidades pasadas no garantizan las futuras.

Por su parte, y en relación con las tecnologías renovables, en el seno del debate político y electoral se efectúan distintos tipos de propuestas. Unas, de corte retroprogresivo: la fijación de impuestos discrecionales a tecnologías como la nuclear y la hidráulica, para financiar el desarrollo renovable (desbaratando el mercado, su eficiencia y los precios menores que en Europa, encareciendo así la electricidad). Combinadas con el mismo, aparecen las propuestas de cierre de determinado tipo de instalaciones (en concreto de las nucleares, según el PSOE, algo que el PP no secunda). Y, por otro lado, aparecen otras propuestas ligadas a la combinación de la política de primas y retributiva a las subastas de derechos o de nueva capacidad. Y, siguen existiendo otras propuestas consistentes en la salida de las primas de la tarifa eléctrica para que se integren en los Presupuestos Generales del Estado en la medida que se trata de una subvención como en otros sectores económicos (algo que produce escalofríos en momentos de control de las cuentas públicas).

Y, para redondearlo todo, está la tozuda realidad, el exceso de capacidad del parque de generación, las caídas de demanda continuadas y acentuadas y la práctica ausencia de necesidad de nueva generación, hasta casi 2020. Frente a esto, la postura del previsible partido ganador de las elecciones es bastante hierática, lo que desata las alarmas sectoriales y genera ansiedad por resolver este debate de forma sobrevenida o con la intención de condicionar al ejecutivo entrante.

En todo caso, es cuestionable la oportunidad del momento para abrir este debate y su pretensión, si unos u otros pretenden conseguir un posicionamiento del próximo ejecutivo antes de las elecciones. Esfuerzo inane e ingenuo. En todo caso, el debate está viciado de partida y lo que sí requiere es que, con una visión gestora y económica global, se analicen los costes regulados dentro de la tarifa eléctrica (incluido el transporte) y la evolución de las necesidades de generación, para configurar un mix energético económica y medioambientalmente sostenible. Lo demás son forofismos.