En primer lugar, ha dejado sin asideros ideológicos, técnicos, financieros, metodológicos, económicos y jurídicos a los partidarios de la solución “facilona”, a saber: “quita” en el déficit tarifario eléctrico acumulado y reconducción del déficit futuro mediante aumento de la carga fiscal de la generación.

En segundo lugar, ha dejado el problema al aire, completamente abierto y visible para el mundo (léase mundo económico, financiero, analistas internacionales, Comisión Europea, etc…): el déficit tarifario tiene su origen en los costes regulados y en su dinámica de crecimiento explosivo (mientras los ingresos por los peajes de acceso crecen un 70%, los costes un 140%). Esto es, se origina por decisiones administrativas o políticas que cargan y presionan sobre el coste del suministro, mientras los responsables de actualizar la tarifa correspondiente en cada momento eran incapaces de asumirlo y trasladarlo a los consumidores, haciendo necesarias nuevas subidas e incentivando el consumo puesto que los precios eran artificialmente bajos.

Para más inri, esa dinámica ha explosionado sobre los precios de la electricidad que, fruto de esta escalada de costes regulados, van ganando posiciones en el ránking en Europa, y por otra parte, ha generado una pinza en términos de déficit público referida a los Presupuestos Generales del Estado. Subidas de precios y recolocación de partidas según su naturaleza son dos imperativos categóricos de difícil escapatoria, con independencia de su dosificación y administración.

En medio de todo este problema, las propuestas que se han ido difundiendo están en consonancia con la línea ‘facilona’ y demagógica anteriormente enunciada, y que ya resultan un clásico del pensamiento (de existir algo así) retroprogresivo: laminar la eficiencia del mercado eléctrico por tecnologías (algo que hoy garantiza, gracias al exceso de capacidad y su competitividad, los precios bajos, al mismo tiempo que los contiene algo y el crecimiento del déficit) y la famosa “quita”, con perversos efectos sobre la seguridad jurídica y los mercados de financiación.

Todas los enunciados retroprogresivos se basan en repetir esas supuestas “soluciones”: por fijación antiempresarial, por carecer del modelo de mercado en su genética, por promover visiones intervencionistas y políticas que permitan la discrecionalidad en el uso de la retribución y de las subvenciones, por visiones proteccionistas industrialistas que niegan la naturaleza como sector económico autónomo al sector energético o por una visión reducida y tardofranquista del sector. En todo caso, lo razonable es que, si siempre repetimos lo mismo, los resultados sean semejantes: más déficit y suministro eléctrico encarecido.

En esta coyuntura, con el problema del déficit tarifario en la mesa de operaciones y con el enfermo anestesiado y abierto en el quirófano, es en la que es más necesario que nunca el buen hacer de los responsables y del Ejecutivo. Se requiere capacidad del equipo económico y de la Administración energética, del ministro, el secretario de Estado de Energía y de su equipo, para realizar microcirugía de precisión, en equipo. Para estudiar con rigor y buscar soluciones gestoras y económicas eficaces, para dialogar con los sectores y subsectores de la energía, en un proceso muy relevante e importante.

Por tanto, a la vista de lo escrito y conocido, de la magnitud del problema, son imposibles actuaciones sorpresivas vía Real Decreto Ley, soluciones solipsistas y de despacho, aunque procedan de nuestro ‘despacho oval’ patrio, la factoría de la Oficina Económica del Presidente, con Álvaro Nadal al frente, instancia que no anda muy fina en lo que a energía se refiere, en general, y en lo que se refiere a la resolución del déficit tarifario en particular.

Y todo ello sobre la base de una evidencia: el informe de la Comisión Nacional de Energía afirma que los precios de la electricidad en el mercado mayorista han sido coherentes con los de los combustibles en los mercados internacionales, incluso situándose en la banda media-baja europea. Esa afirmación que es esclarecedora, a la vez es un dato relevante. Y que, hasta Carmen Monforte recoja este hecho en una crónica es uno de los signos del Apocalipsis. Vivir para ver.

Como cualquier deuda, el déficit tarifario requiere de financiación. Por tanto, si existe una deuda, alguien tiene que financiarla. En el caso de que un inquilino no pague el alquiler, éste estará siendo financiado por el arrendador o casero. Y si el inquilino solicita un préstamo, entonces es el banco el que financia al inquilino para el pago de su deuda, con sus intereses y sus plazos de devolución. Si además, para la concesión de este préstamo se necesita una garantía o aval, la operación de financiación se ‘complejiza’, de forma que aparecerán terceros que respondan de esta deuda.

Recordemos, por otra parte, cómo se forma el déficit tarifario. Se trata de una deuda que aparece por la diferencia entre los precios aplicados a la electricidad (tarifa eléctrica) y el coste total del suministro. Dicha tarifa está regulada-intervenida, por lo que es evidente que lo que impide su ajuste a la realidad es una intervención pública, una decisión administrativa. Por tanto, ya tenemos el escenario para explicar el proceso de financiación y de titulización de dicha deuda.

En un primer momento el déficit tarifario es financiado por las empresas eléctricas en sus balances, hasta que se produce la titulización del mismo. La primera digresión que se puede realizar a esta cuestión es: ¿por qué esta financiación no se realiza o no se ha venido realizando de forma proporcional a los ingresos correspondientes de la tarifa (regulados o no) o por su correlación con las distintas actividades (generación, transporte, distribución o comercialización) o, incluso, por los titulares de los ingresos de las primas renovables? De hecho, dicha financiación se ha concentrado en las empresas titulares de los ingresos derivados de los precios obtenidos en el mercado de generación, con independencia de que el déficit actualmente haya pasado a ser un déficit de las tarifas de acceso.

En segundo lugar, hay que hablar de un proceso de titulización con tres características muy relevantes. La primera es que se realiza a través de la cesión de los derechos a una entidad, FADE, constituida especialmente para la gestión y administración de esta deuda y que se encarga de su colocación. Segundo, que dicha deuda obtuvo una serie de características que la hicieron homologable a la deuda pública (en correspondencia con la naturaleza política y administrativa de la decisión de generar el mismo). Dichas características iban orientadas a que dicha titulización obtuviese unas garantías que permitieran la obtención de dichos recursos en los mercados financieros a menor coste, es decir, a unos menores tipos de interés al tratarse de deuda pública, siendo respaldada por el Estado, por un lado, como una garantía y, por otro, obteniendo una calificación.

Dicha calificación requirió también de un compromiso con las autoridades comunitarias para la extinción del déficit y de su alimentación en un plazo determinado. Ahora, los exégetas de la famosa palabra ‘quita del déficit’ (o ‘sinpa’) dentro de las autoridades institucionales (un poco inconscientes en su verbalidad, eso sí) han sugerido, en varias filtraciones, la amenaza de la retirada de estas garantías públicas para forzar una genuflexión de las empresas a partir de la coacción.

Y en tercer lugar, es preciso hablar del proceso de titulización de esta deuda, que es muy largo y que parte del reconocimiento y certificación de la Comisión Nacional de Energía del mismo. A veces dichos pasos se efectúan con mayor celeridad o no, y eso influye en la agilidad en que se produce esta titulización. El último plazo acumulado y certificado ha tenido una considerable demora en la Comisión Nacional de Energía y, de hecho, ha sido recientemente liberado por el organismo, un poco a regañadientes.

El hecho es que hoy estamos en una situación respecto al déficit tarifario acumulado en la cual de los 24.000 millones de euros de déficit, aproximadamente 12.600 millones están cedidos a FADE y pendientes de amortización/cobro y 9.600 millones de euros quedan pendientes todavía de titulizar en el balance de las compañías eléctricas, aunque parte ya ha iniciado su proceso correspondiente. Es razonable que la marea generada alrededor de la problemática del déficit y sus vías de resolución haya influido en la vacilación de último momento por parte del organismo que preside (hasta su extinción) Alberto Lafuente y que supervisa Antonio Fernández Segura.

Y ahora a desgranar el documento recién aprobado por la Comisión Nacional de Energía en su Consejo de Administración de ayer que, después de todo esto, tiene mucha importancia.

Dentro de este coste del suministro podemos encontrar dos componentes muy claros: los costes de producción de la energía (que se determinan en el mercado de generación) y los costes regulados o también denominados costes asociados. Estos últimos podrían desglosarse en costes inherentes al sistema como el transporte y distribución, y otros costes asociados, como las primas a las energías en régimen especial o el pago de las anualidades del déficit tarifario. Estos costes asociados se denominan costes de acceso, incluyéndose en las denominadas tarifas de acceso.

Los datos en 2010 certifican que estos costes de acceso alcanzaron la cifra del 48% del coste total del suministro eléctrico. En cifras del año 2010, 12.247 millones de euros corresponden a los costes de producción de energía, incluyendo pagos por capacidad (32,4%), 8.020 millones de euros al transporte y distribución (un 21,2%), 10.252 millones de euros a los costes asociados a las primas del régimen especial y devolución de anualidades del déficit (27,1%) y, completando este escandallo, 7.335 millones de euros son impuestos (impuestos de electricidad e IVA), esto es, un 19,4% del coste total del suministro.

En términos dinámicos, las primas del régimen especial pasaron de 1.246 millones en 2005 a 7.134 millones en 2010 (esto supone un incremento del 473%) y las anualidades del déficit pasarían de 227 millones a 1.833 millones (un 707%) en este mismo período. Por su parte, en estos seis años la retribución del transporte creció por su parte un 52% y la de la distribución un 36%, aunque era la parte más olvidada del modelo retributivo de las actividades energéticas durante mucho tiempo. En conjunto, los costes regulados entre 2005 y 2011 aumentaron un 149%.

Por su parte, el coste total de la energía a precio de mercado de generación bajó un 32%, de 14.806 millones de euros a 10.130 millones de euros. En su conjunto, las estimaciones señalan que si se tienen en cuenta únicamente los costes de producción, transporte y distribución de la electricidad, en este período no hubieran sido necesarias subidas de tarifas por encima del 2%, de no haber crecido el resto de costes regulados.

De estos datos se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, y sobre el primer componente del coste del suministro, los precios de generación, y teniendo en cuenta el falaz debate sobre el mercado de generación liberalizado y sus precios (de los más bajos de Europa en nuestro país), estos datos desautorizan al colectivo retroprogresivo, inductor de este debate, que buscaría apurar el mercado de generación por la vía de fijarle precios regulados (o aplicar tasas por tecnologías concretas para romper la eficiencia de ese mercado), de forma que se establezcan transferencias a otras tecnologías por la vía de la expropiación.

Por tanto, tras su reconversión en defensores de las energías de régimen especial (y dicho sea de paso, también de los sucesivos decretos del carbón), el objetivo sería que, mediante la fijación de los precios regulados en el régimen general, se consiga aumentar el otro componente del coste del suministro, es decir, los costes regulados.

Otra de las conclusiones es que es indudable que hay que revisar el marco retributivo de las tecnologías en régimen especial, el sistema de primas y de autorizaciones,… en la medida en que los desfases han dado lugar a una sobrerretribución y a la utilización masiva de tecnologías que requieren un apoyo muy relevante en términos financieros y de subvención a su actividad. El Real Decreto que cierra el registro de preasignación, suspendiendo la concesión de nueva potencia renovable es una medida insuficiente pero necesaria en esta escalada de costes regulados. Del mismo modo, un proceso de moratoria semejante a la moratoria nuclear relativa a las concesiones actuales, no puestas en funcionamiento para evitar una escalada de costes del sistema, sería muy necesario y complementario.

También es preciso poner bajo observación la retribución de las actividades en régimen de monopolio de transporte de electricidad, en la medida en que la propia rentabilidad y los resultados económico-financieros de nuestro TSO eléctrico encabezan el IBEX 35 sorprendentemente, así como las inversiones previstas en la planificación energética.

Por último, hay que tener en cuenta que si la financiación del déficit tarifario (en la medida en que los derechos de cobro quedan en los balances de distintos operadores o empresas) se efectuara de forma diferente, esto es, en proporción al titular de los ingresos de cada naturaleza y en función del titular de la insuficiencia tarifaria correspondiente en cada caso (los pagos del transporte por el transportista, las primas a las renovables por el titular/perceptor de las primas, y así sucesivamente), seguramente que la visión del déficit tarifario eléctrico sería mucho más unitaria, homogénea, consciente y colectiva.

La reforma (y achatarramiento) de los órganos reguladores anunciada por la vicepresidenta del Gobierno tras el último Consejo de Ministros no tiene quien le escriba en el seno del Ejecutivo. Ninguna de las áreas ministeriales se atribuye la autoría y, lo que es peor, no hay acuerdo sobre el contenido de la propuesta que es fuertemente criticada. Las fuentes consultadas por este medio en Economía, Hacienda o Industria, o bien se desentienden del texto o han mostrado su frontal disconformidad con el modelo anunciado.

Incluso, esas mismas fuentes esperan que el trámite parlamentario y la oposición ‘sorda’ en el seno de las autoridades económicas del gobierno surta efecto contra la ya denominada «Reforma Nadal», siendo más favorables las áreas ministeriales a un ajuste de la Ley de Economía Sostenible que al modelo propuesto. En todo caso, no parece que la reforma pueda ver la luz a corto plazo y los más optimistas, dado el trámite parlamentario que conlleva el Proyecto de Ley, trasladan su aprobación definitiva para después del verano.

Pero es más, indagando en las estructuras de la Moncloa, fuentes solventes han confirmado que tampoco está detrás del proyecto la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fuertemente avalada por los Abogados del Estado.

Por tanto, ¿quién queda al frente de la propuesta? Todas las fuentes consultadas atribuyen la misma, como decíamos, a Álvaro Nadal, el jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y elefante blanco de la política económica, bajo el influjo de Telefónica, multinacional que ha perseguido un modelo de autoridad regulatoria supervisora en lugar de ‘regulador independiente’ y este modelo le viene como anillo al dedo. El hecho es que el modelo propuesto no es ni esencialmente regulador, ni esencialmente independiente, y casi tampoco es supervisor.

Una reforma de power point

De hecho, la reforma presentada es un calco de la propuesta elaborada por Pricewaterhouse Coopers para Telefónica España fechado el pasado 14 de febrero, en un informe denominado «Modelo organizativo de autoridades nacionales de regulación y competencia en España«. Esta identidad es algo que ha indignado al sector de las telecomunicaciones (excluyendo a Telefónica) y también al resto de sectores afectados por la reforma, además de a los propios responsables de los Ministerios. De hecho, ya es vox populi esta ‘inspiración’ tan casual. Luego están, evidentemente, los propios afectados, responsables de estos organismos, que se me mueven entre la expresión atónita, en el caso de la Comisión Nacional de Energía, y el enfado, en especial, en la Comisión Nacional de Competencia.

El informe trataba de encontrar ‘parecidos razonables’ en reguladores integrados a nivel internacional, de forma que la consultora encontró este modelo integrado en Alemania (aunque hay autoridad de competencia por un lado y reguladores sectoriales integrados por otros), Holanda y Nueva Zelanda (en proyecto), aunque tienen matices. El informe, además, se ventila con que el modelo presentado cumple formalmente y, por el hecho de enunciarlo, con las directivas europeas en términos de «independencia frente al Gobierno y otros entes públicos y privados; derecho de recurso ante organismos independientes, que en última instancia tienen carácter jurisdiccional e imparcialidad y transparencia».

Así, el Informe de Pricewaterhouse Coopers formula una propuesta para crear una Comisión de Supervisión de Mercados, con cámaras sectoriales de entre 7 y 9 consejeros, que coincide con el formato (nueve consejeros) y la exposición de motivos anunciada por la vicepresidenta en su comparecencia de prensa y con la reseña del Consejo de Ministros, y que además, coincidía con lo contenido en forma genérica en el programa electoral de los populares. Se puede leer en el mismo informe los siguientes logros de la propuesta: «A su vez, reducir el número de reguladores, y simplificar su estructura y funcionamiento, mediante la consolidación de los organismos existentes y previstos, racionalizando el coste al máximo posible. Clarificar y reordenar las competencias de los diferentes organismos mediante un modelo integrado que asegure una aplicación coherente y la reducción de la incertidumbre regulatoria. Garantizar su profesionalidad, neutralidad e independencia, minimizando el riesgo de captura del regulador e introduciendo mecanismos de nombramiento de sus miembros con aprobación del Parlamento«. (sic).

Por tanto, a la luz de la propuesta de Pricewaterhouse Coopers para Telefónica que el Gobierno ha asumido en su proyecto, arrobando a todos los sectores productivos concernidos, ¿hay captura o no hay captura del regulador con el nuevo modelo?.

Sucede, en el caso del gobierno popular, que ya existe una percepción de que desde su instalación en el gobierno se ha producido un avance en su línea temporal, que supera, con mucho, el número de días corridos desde la toma de posesión del presidente y de sus ministros. La ejecutoria del Gobierno surgido de las urnas el pasado 20 de noviembre está ya a punto de entrar en una nueva fase, diferente, que trata de la administración de los asuntos públicos iniciados con pulcritud y precisión de relojero, artesanía política, gestora y económica.

Tras las primeras medidas, llega el efecto de la inercia. Puestas en marcha las macrorreformas (sin duda, discutibles o no, el gobierno ha emprendido importantes reformas), ahora toca la microcirugía, el ajuste fino. El indiscutible oxígeno de las encuestas a los populares, tras las subidas de impuestos, la reforma financiera (incluyendo medidas tan acertadas como el control de salarios en entidades bancarias que han recibido ayudas públicas), la presentación de la reforma laboral o la moratoria de instalación de nueva potencia renovable, no puede esconder que lo que viene a continuación es la gestión de un nuevo escenario, con mayor complejidad, manifestación de los intereses de los agentes, ajuste a la legalidad vigente y la aparición de problemas que requieren emplearse a fondo, más gestión, más finura, capacidad y conocimiento.

En realidad, hasta el momento, el Ejecutivo ha hecho lo que ha querido hacer, sin oposición real (el Partido Socialista estaba en su diatriba) y con una sociedad abierta en canal y perpleja ante una crisis galopante, capaz de aceptar las medidas y los ajustes con facilidad en estos tiempos malos para la lírica (llamémosle una sociedad político-aceptante). A partir de ahora todo se tornará también en exigencias al Ejecutivo.

Desde la gestión del orden público, a la administración del fin de ETA, pasando por la organización de los servicios públicos, educación y sanidad, empiezan a aparecer cuestiones en la agenda pública que exigen esa atención, esa finura y esa percepción de los detalles que va más allá de lo puramente programático. En el sector energético, todo lo aparecido en torno al déficit tarifario y sus estrambóticas alternativas de resolución empieza a ser objeto de atención por parte de la prensa internacional, los mercados, los agentes financieros y las agencias de calificación de riesgos, por lo que son muy peligrosas soluciones de corte político e intervencionista que primen la demagógica de un problema económico cuyo origen envenenado es puramente político. Nos están mirando, por lo que las soluciones delirantes o extravagantes desde el punto de vista económico, financiero o jurídico (tanto en el ordenamiento español o europeo) cada vez tienen menos cabida. En este sentido, lo que es cierto es que la primera medida, la moratoria de nueva instalación renovable, ha sido un ejemplo de ‘cuidado’ técnico, económico y de garantías jurídicas, intentando meterse en pocos líos.

En la secuencia de los acontecimientos, estos momentos del segundo tiempo son en los que, además, empezarán a transpirarse las fisuras y defectos de construcción del nuevo ejecutivo: la más evidente y que ya obtiene un consenso generalizado es la existencia de tres cabezas económicas (Ministro de Economía, Ministro de Hacienda y Oficina Económica del Presidente, reeditada en modelo Zapatero-Sebastián) con distintos pesos e intereses políticos cada uno de ellos. En el caso que nos ocupa, empezarán a mostrarse también las capacidades, talentos y habilidades de la administración energética, esto es, del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, así como del secretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausen, para abordar los problemas con inteligencia, conocimiento, capacidad, modelo económico, de mercado, de inversión, de financiación, con rigor jurídico y también, evidentemente, con diálogo. O, por el contrario, en este escenario, también es posible que se evidencien posibles carencias, para lo cual debemos estar muy atentos.

Lo importante es que sepan no meterse en charcos, y comprendan que lo que llega es el fango. Empieza a caminarse con menor ligereza. Deben comprender la importancia del momento, la relevancia de los problemas, deben estudiar con rigor y seriedad los mismos y la complejidad de las soluciones sin utilizar vías rápidas y, claro, que no primen soluciones imaginativas o perversas. Y también que los responsables sepan darse cuenta a tiempo de los charcos, salir de ellos de forma airosa, sin primar comportamientos o intereses puramente políticos, basados en dar abrazos a la sociedad, porque la situación no lo permite. En estas lides es donde un buen gobierno, en este momento, se la juega. No en los telediarios.