Escribir al bulto

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Quizá el sector eléctrico es uno de los pocos en los que, fruto de la presencia del colectivo retroprogresivo de la energía, desde instancias mediáticas se propasa la línea de la información, para cuestionar los modelos regulatorios, económicos, financieros, la organización de las empresas, la política de competencia, la forma de hacer subastas virtuales, cuando existían, o ahora, las subastas CESUR. Algo así, como lo que pasa con el seleccionador nacional de fútbol sobre el que todo el mundo opina de su labor.

Todo ello, con cinco condicionantes: uno, la escasa cultura económica del país; dos, la ausencia de convicción en el funcionamiento de una economía de mercado, como es razonable en todo el mundo occidental; tres, la carencia de instituciones respetadas y solventes; cuatro, el prejuicio existente frente a lo empresarial en las sociedades latinas, y especialmente, respecto a sectores como el energético o el financiero, donde se proyecta el mensaje de que las empresas son intrínsecamente perversas y de que la lógica del beneficio empresarial es nociva. Cinco, la persistencia de que el precio de la electricidad es un precio intervenido por autoridad política y administrativa, de forma que, con esa autoatribución de responsabilidad, los Gobiernos son proclives y sensibles a las presiones de los propios medios.

Todo ello conforma un justicialismo/peronismo de nuevo cuño que se adhiere a la difícil situación de la economía española, dada su combinación con el resto de actuaciones y problemas de política económica o con las dudas en la solvencia de los mecanismos de supervisión y regulación y los fallos evidenciados en los mismos, para conformar un «totum revolutum» de difícil digestión. Y a todo ello, contribuye la atención informativa al escándalo y a lo inmediatamente rabioso de forma descontextualizada, junto con el cierto adanismo y aventurerismo que provoca el desconocimiento profundo del sector, sustituido por la transmisión automatizada de opiniones parciales, oportunas y poco selectivas, dependiendo del acceso a la alcachofa o altavoz correspondiente.

Solo en esos términos se puede entender un artículo como el que publicaba ayer ABC, cuyo objetivo (deliberado o no) era proyectar sombras de duda sobre el funcionamiento de las subastas CESUR que determinan el precio de la electricidad, por la participación de operadores financieros y por organizarse las misma a la baja (la literatura regulatoria sobre subastas es enorme). El titular, como se puede ver, era «inocente»: «La subasta de la electricidad: ¿juego limpio o práctica anticompetitiva?«. Ninguna referencia a la situación de los precios de la electricidad en los mercados de generación con respecto a la Unión Europea y utilización de la manoseada referencia al argumento de que la CNE investiga «posibles prácticas anticompetitivas». Referencia que, por cierto, se destapa trimestralmente con cada revisión de tarifas, como la famosa pena de telediario, para que, sólo por su anuncio, suscite una torva mirada sobre los mecanismos de mercado y las empresas. Según dice, la CNE supuestamente investiga e investiga estas subastas, pero no saca irregularidades, ni conclusiones relevantes de calado, aunque recuerda oportunamente este proceso investigador como una sombra, cada trimestre. Así llevamos trimestres y trimestres, y se insiste con este mecanismo troskista de aireamiento y soflama en horadar tendenciosamente el funcionamiento del mercado eléctrico que, por otra parte, es el favorecedor de la competitividad y eficiencia de nuestro mercado de generación.

El segundo argumento que contenía el artículo de Luis Ontoso no era tampoco baladí. Así, el medio logró posicionarse de forma inconsciente en el falso debate sobre los supuestos beneficios regulatorios de determinadas tecnologías (hidráulica y nuclear) por estar «supuestamente amortizadas», sobre la base de las insinuaciones de los protagonistas ideológicamente identificados del sector (colectivo retroprogresivo que ha logrado colocar esta idea con más o menos éxito) y, por supuesto, sin contraste con la contabilidad financiera y los datos auditados sectoriales.

Dar eco a estos postulados, hoy por hoy, en pleno debate sobre la hoja de ruta para resolver el problema del déficit tarifario, no es nada inocente. Pero es más, yendo al punto más extremo del argumento, ¿se imaginan en algún sector de actividad que los medios de comunicación dijeran que los taxis cobraran la carrera en función de los años de amortización del coche que conduce el taxista o que preguntaran cuál es el margen que hay que poner en la contratación de un acceso por internet a una operadora de telecomunicaciones hasta convertirlo en un precio intervenido?

Además, un artículo de ese tipo, con términos maniqueos más propios de la épica del periodismo deportivo («los precios de la electricidad avanzan imparables»), dirigido a generar dudas sobre todo un sector, sin analizar los componentes reales de los precios de la electricidad, su evolución, la irrupción en la factura del impacto de las primas y costes regulados, el uso político de la tarifa eléctrica y cómo se han ido sucediendo un cúmulo desgraciado de decisiones sobre los precios reales, bajo el supuesto de que la tarifa es algo así como una tasa por compulsa, haciendo pensar que el suministro eléctrico sigue la senda del IPC, sin atender a oferta o demanda, servía para desviar la atención de la evolución de los costes regulados y su peso creciente en el coste del suministro eléctrico. Así podemos leer hoy en el diario El País, cómo el crecimiento del precio de la electricidad en los últimos años ha sido del 70%, dejando en una oportuna ambigüedad cómo estos precios comprenden las subvenciones y costes regulados, o costes impropios como los extrapeninsulares, que son el verdadero propulsor del crecimiento de los precios de la electricidad. Pero es conveniente que esa sombra de duda se proyecte sobre el sector, más que se conozca con precisión el destino de la misma, de sus costes y de las decisiones políticas conducentes a la evolución de la misma.

La mediatización del problema del precio de la electricidad, por su naturaleza de precio intervenido, con el trasfondo del problema del déficit tarifario, de la tarifa y del coste del suministro eléctrico atrae estas visiones instantáneas, volubles e interesadamente sesgadas, que además, de forma deliberada o no, por carencia o por maldad, son interesadas y nada inocentes. Pero, por puro sentido del equilibrio y de la responsabilidad, deberíamos reflexionar sobre el problema de escribir al bulto y de la ambigüedad calculada, sobre cuestiones tan serias y con tanto impacto sobre la economía española y su financiación, sobre las empresas y su «corporate», sobre los mercados financieros y bursátiles, y, por tanto, sobre nuestro país y su necesidad de ponderación, con objetividad y precisión, a la hora de conformar una sociedad madura e informada, frente a la demagogia, el atajo y la ideología.

Otra vez igual

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La revisión tarifaria del tercer trimestre de 2012 dará paso a un alza del 5% en los precios de la electricidad. El impacto directo de la subida de la energía fijada en las subastas CESUR hubiera arrojado aproximadamente un crecimiento del 3,9% pero, en esta ocasión, el Ministerio ha decidido recuperar parte del enjugue o, mejor dicho, del enjugue de anteriores revisiones en que los peajes se rebajaron con el fin de evitar una subida de la tarifa eléctrica conforme al crecimiento de los costes regulados, verdadero propulsor del crecimiento del precio de la electricidad. Por tanto, parece que habrá una recuperación del terreno perdido en el ámbito tarifario de la electricidad.

Valoración política. En primer lugar, parece que es clara y firme la voluntad del Gobierno de que no se vaya de las manos el déficit tarifario, de forma que se adecúe la tarifa al coste del suministro. Parece que la comprensión del problema y la ortodoxia en abordar el problema de la insuficiencia tarifaria, como cebador del déficit de la factura eléctrica, con sus consecuencias desde el punto de vista de financiación de la economía y de las empresas, ha derivado en un proceso de mayor consciencia.

Si a esto le añadimos las informaciones relativas a que habrá una hoja de ruta en la que se valorarán medidas como la revisión de los costes regulados, una posible prolongación temporal del período de extinción del déficit, la revisión de la planificación energética, la aplicación de mecanismos fiscales como el céntimo verde, derechos de emisión, tasas a la generación, etc…, quiere decirse que podríamos conocer, en breve, una batería de medidas orientadas a resolver este grave y, hasta ahora, creciente problema. Supone asimismo la confirmación de que la generación del déficit proviene, en realidad, de decisiones políticas pasadas relativas a la fijación de precios de la electricidad que no reflejaban el montante total del coste del suministro por motivos de la relación entre política y ciudadanos.

Valoración ideológica. Desde el punto de vista ideológico, ayer ya bramaban los representantes de los sectores retroprogresivos del sector de la electricidad, en pos de la intervención en el mercado de generación, para proponer un modelo soviético o franquista de precios fijados y distribuidos discrecional, política y administrativamente. Esto es el marco legal estable o el retorno al pasado de la ineficiencia.

El planteamiento es algo así como, con este modelo regulatorio liberalizado, y en este estado de cosas, no hay más remedio que subir la electricidad («stricto sensu», es que con este modelo y con las decisiones administrativas que han conducido al crecimiento de costes regulados que se meten dentro de la tarifa). Por tanto, la solución es que se revoque completamente. Otra vez los mismos representantes del colectivo retroprogresivo reclamando oportunistamente sus históricos postulados antisistema.

Es curioso, pero estas afirmaciones o proposiciones con esta presentación descarnada y desprovista de prosodia pasan desapercibidas en su esencia, porque la cultura económica general lo permite, algo que sería impensable en sociedades más estructuradas. Así, los medios de comunicación que acuden con asiduidad a la que ya se ha constituido como fuente originaria de interpretación de los precios de la electricidad ocupando el espacio público en esta materia (el «colectivo» Economistas frente a la crisis y los mercados), daban amparo a las declaraciones de Jorge Fabra (ex consejero de la CNE, equidistante y cercano, a la vez, a Carme Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba), que trimestralmente aboga por abolir los mercados de generación y fijar precios intervenidos para distribuir las rentas presuntas de las actividades en función de las particulares formas de contabilidad de costes que maneja este colectivo ideológico de la energía y evitando la dinámica de eficiencia competitiva de los mercados.

En esta línea es en la que podemos situar sus declaraciones a la Cadena SER, siempre oportunas, y más si cabe estos días, con el efecto condicionamiento adicional para el paquete de medidas que prepara el Gobierno. Tampoco es casual la aparición coincidente del artículo de Martín Gallego Málaga en el diario del Grupo Prisa el domingo pasado, del que dábamos cuenta el lunes y con parecido enfoque, representante de la misma corriente ideológica en el sector eléctrico.

En definitiva, se trata de, a partir de relatos conspiratorios y simplistas fáciles de construir (en un contexto de conocimiento económico y de crisis galopante para los ciudadanos), una teoría contra el mercado marginal y de la plusvalía por actividades de generación en la producción de un bien indiferenciado (el kilowatio), con el fin de acabar reclamando una actuación interventora y de precios administrados que permita conseguir excedentes para beneficiarios elegidos por los representantes políticos y administrados.

Y, por eso, cada revisión de tarifas, ora desde el altavoz de la CNE, ora desde las plataformas francotiradoras del sector y de la economía, se difunde lo que en definitiva es una formulación demagógica, más que un argumento económico. Se trata, nuevamente, de sugerir la sustitución de la lógica y la eficiencia del mercado, sobre la base turbia de las sospechas, formulando una falsa teoría relativa a que determinadas tecnologías de generación están completamente amortizadas y, por tanto, tienen beneficios excesivos por percibir el precio de la casación que determinan las tecnologías más caras, es decir, la generación eléctrica que se produce por tecnologías que utilizan el petróleo.

En cambio, según este colectivo, ¡cuánto de mejor es la decisión graciosa desde la política! (como en el desfase ocurrido en determinadas tecnologías renovables por connivencia entre administraciones), que permitiría garantizar un «reparto justo, ordenado y decidido» de retribución entre tecnologías (¿de verdad la justicia social está ahí?), atribuir rentas a las «tecnologías amigas» y socializar entre los cercanos lo que se rebañe al mercado, para manipular administrativamente los precios de la electricidad convirtiendo a los agentes del sector en meros contratistas!

Partamos del hecho de que la subida de los precios de la electricidad en un momento como el actual es, lógicamente, un encarecimiento de este suministro para familias y para las empresas. Pero, las propuestas intervencionistas lo que persiguen no es abaratar la energía que utilizan los consumidores (hoy tenemos uno de los mercados de generación más eficientes y baratos de Europa). Afirmar eso es falaz y falso a la vez. Persiguen acabar con el mercado, con el modelo empresarial, a favor de nuevos entrantes y redistribuir la actividad para incrementar los costes impropios y regulados que han crecido exponencialmente. Esa es la dialéctica. Por eso el desenfoque es interesado. Para que no se vea el origen del engrosamiento de los costes del suministro, precisamente, en los decididos administrativa y políticamente. Lo mismo de siempre. Otra vez.

La reforma de la puerta giratoria

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Todas estas son las medidas que están en la cocina del Gobierno de cara a la resolución del déficit tarifario eléctrico y a la descompensación existente entre la tarifa (el precio aplicado al suministro) y el coste total del suministro eléctrico, tema determinante en la conformación de una deuda galopante, cuyas medidas han sido leves hasta el momento y calificables de cuidados paliativos.

Rumores alentados por los sectores más retroprogresivos del sector eléctrico evidencian el interés de determinados colectivos y subsectores, que tratan de conseguir la imposición de una tasa a la generación hidráulica y nuclear a partir de falsificar la interpretación de la contabilidad financiera con argumentos demagógicos. En este momento, conseguir la aplicación de esta medida, sería una pieza clave cobrada para fracturar el mercado de generación de electricidad, lanzar un torpedo al proceso de liberalización y, de paso, proponer un modelo distributivo intervenido de rentas fijadas por actividades, partiendo de la gran mentira de la amortización de activos de estas instalaciones, con el soporte de una campaña orquestada sobre planteamientos de corte demagógico y simplista. Los artífices de esta campaña ejecutan un proceso en el que han engatusado incluso hasta a la propia Comisión Europea con estas afirmaciones para sostener un argumento que opera contra la lógica, contra la contabilidad financiera y contra la aritmética, y que, de forma candorosa, se instala en un pensamiento pseudoperonista de la sociedad española.

El objetivo de esta campaña (cada día tiene su afán) es que el esfuerzo final para la resolución del déficit pase de largo de los sectores más beneficiados por el exorbitante crecimiento de los costes regulados en estos últimos años, de forma que se siga propagando una cultura de la discrecionalidad retributiva a costa de las actividades más maduras.

De hecho, partidarios de este enfoque pueden llegar a sostener de forma cínica un alegato a favor de la seguridad jurídica y de la estabilidad regulatoria de forma que no exista retroactividad en el modelo de primas, aunque los mismos invaliden con desparpajo la misma para las actividades liberalizadas (¿?). Conseguir esta ruptura de mercado de generación sería una segunda pieza para su vitrina de trofeos. La primera fue concentrar los efectos (aún inconcretos) del segundo real decreto ley contra el déficit tarifario en la reducción de la retribución de la actividad de distribución de electricidad.

Por su parte, resulta paradójico en todo este proceso el silencio y el solipsismo en que se está elaborando la hoja de ruta para la resolución de un problema de esta envergadura. Y, significativamente, el comportamiento del propio ministro, José Manuel Soria, en el que todo el mundo coincide en atribuirle buen carácter, reconocerle que adquiere conocimiento de forma rápida, estar bien intencionado, disponer de «inteligencia política en las distancias cortas», ser «sensible» a los intereses de todos y cada uno de los sectores, de forma que todos los interlocutores con los que interactúa salen siempre satisfechos, en un modelo de interacción puerta giratoria sin profundidad. Algo que, por otra parte, resulta paradójico dado que se trata de un problema cuya resolución necesariamente requiere de dolor, y más si se tienen en cuenta las ceremonias que tratan de desviar la atención de los coste regulados de la tarifa y de los costes impropios que soportan, a la que vez que los beneficiarios formulan un vaporoso «aparta de mí este cáliz».

En todo caso, es positiva la consciencia en el Ejecutivo de la gravedad del problema y de que en la resolución del mismo está en juego muchas cosas. Y todas muy importantes, incluyendo una atención desde el punto de vista internacional a los efectos sobre analistas financieros, mercados bursátiles, sobre el rating y el valor de las empresas, sobre la posibilidad de operaciones corporativas hostiles aprovechando la inseguridad regulatoria percibida en los mercados internacionales y las cotizaciones de las empresas. Y sin perder de vista que el alcance en términos de efectos colaterales puede llegar a la prima de riesgo española. No es momento de hacer barbaridades y, por tanto, es necesario hilar muy, muy fino en la combinación de medidas para reconducir el déficit tarifario, en su ejecución y en su «timing».

Probablemente lo sensato sería adoptar un sistema inteligente de coordenadas de partida: que la tributación a la generación no fracture el mercado eléctrico, ni cuestione la liberalización que ha permitido eficiencia en los precios medios del mercado, que las medidas permitan una adecuación tarifaria y de los precios sin componente político a futuro (de forma que no sea solo poner el contador a cero y volver a empezar), valorar el alargamiento en un año del período de extinción del déficit, aprovechar el nuevo sistema de subastas de derechos de emisión, centrarse en los costes regulados y en lo que soporta la tarifa que no le corresponde, como responsable de lo que ha sido el encarecimiento del suministro.

Estos son puntos de partida que orientan una solución lógica, económica, que responda al interés general, al del coste del suministro, a la evolución de las magnitudes económicas del sector y corresponsabilice, en su justa medida, en que los esfuerzos se concentren en los elementos que han hecho que el problema se haya acrecentado y desbordado.

Los hombres de negro de la energía

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Y, con motivo de la entrada en la recta final de la siguiente (o mejor dicho, de la primera) batería de medidas para atacar el déficit tarifario aparecen los hombres de negro del sector eléctrico español a desvirtuar el problema y las soluciones, sembrando la cizaña en las autoridades energéticas españolas tanto a efectos de diagnóstico como a efectos de las propuestas a integrar en una supuesta política energética que recuerda más el pasado que el futuro.

Estos hombres de negro, fúnebres, representantes del pasado, del tardofranquismo y de la intervención en los sectores económicos, de la retribución regulada y asignada por mecanismos políticos, de la discrecionalidad y de la dádiva selectiva, en algún momento tenían que entrar en el escenario y qué mejor momento para ello que el último o, mejor dicho, el penúltimo.

En realidad, los hombres de negro son los representantes del colectivo retroprogresivo español del sector eléctrico, auspiciados por la plataforma Economistas frente a la Crisis (respuesta farsante a Fedea), al frente de la cual está el inefable Jorge Fabra, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía. Plataforma que en lo macroeconómico no tiene la sofisticación intelectual de Paul Krugman, al que abominan por comprender los mercados y sus dinámicas y reclama los elementos de intervención más chuscos asociados tradicionalmente al keynesianismo mal entendido.

En ese cuadro, es en el que situar el artículo de Martín Gallego Málaga en el diario El País de ayer «Política energética en tiempos de crisis» , que reitera los argumentos falaces que viene esgrimiendo este colectivo. En todo caso, hay que reconocer que su oportunidad es indiscutible a la hora de procurar condicionar las actuaciones del actual Ejecutivo para resolver el grave problema del déficit tarifario, cuyo origen estriba en la fijación de una tarifa eléctrica que no es capaz de acometer el coste del suministro en su integridad (por otra parte, un coste del suministro incrementado exponencialmente por el crecimiento de los costes regulados).

Así, de forma muy particular, Gallego Málaga desplazaba el problema del déficit tarifario al coste de la energía negociado en el mercado de la electricidad, para disimular y ocultar el espectacular crecimiento de los ingresos regulados (decididos enteramente por mecanismos políticos y administrativos) de los últimos años que pasan y se multiplican por siete, al igual que su techo tarifario.

De hecho, las estimaciones efectuadas, manteniendo los costes regulados en un peso semejante al de 2005 sobre el coste del suministro, hubieran determinado la no existencia de tal déficit con subidas tarifarias equivalentes a la inflación. Por otra parte, en el artículo no aparece ningún análisis con respecto a los costes que soporta la factura que se pueden considerar impropios o ajenos al suministro eléctrico. Al mismo tiempo, situaba en umbrales temporales inexactos el problema del déficit tarifario (2005), cuando en realidad empezó en 2002.

Y, posteriormente, Gallego se centra en el eje de la teoría retroprogresiva del sector eléctrico español: ir contra los mercados. Dice lo siguiente: determinadas tecnologías (que van a mercado) tienen «beneficios extrarregulatorios o sobrecostes» (ya han eliminado prudentemente la expresión windfall profits, dada su inexactitud) derivado de que, aseveran, primero, sólo tienen costes variables y, segundo, omiten la existencia de contabilidad financiera que lo contradice.

Simplificada la ecuación y con esos beneficios calculados «académicamente» por los «antimercado» e integristas de la contabilidad de costes intencional, se puede decidir una retribución a cada tecnología con un beneficio determinado políticamente y «cargarse» los mercados y la dinámica de eficiencia de los precios medios del mismo.

Otro ejemplo de aseveraciones intencionales es la reivindicación de los Costes de Transición a la competencia, efectuada por los exconsejeros Jorge Fabra y Jaime González, cuya inviabilidad jurídica devino en que el recuerdo por parte de los representantes de este colectivo no se amortice, de forma que una visión ideológica personal pase a ser una supuesta posición institucional de la Comisión Nacional de Energía. Algo que, más que falaz, es intrínsecamente falso, dado que el organismo cuando descubrió jurídicamente la tostada obvió pronunciarse por la prudencia de la entonces presidenta Maite Costa.

Con semejante construcción teórica en la que vienen operando desde tiempo inmemorial desde que se extinguió el Marco Legal Estable, los retroprogresivos proponen una teoría redistributiva: que el precio de mercado de estas tecnologías (uno de los más bajos de Europa) se expropie a favor de otras tecnologías primadas, con el fin de otorgar más subvenciones reguladas y crear más capacidad instalada en sectores subvencionados, aunque multipliquen su coste dentro de la factura por cuatro o por cinco respecto al mercado. Y de ahí, que las soluciones que promueve Gallego Málaga (abstraído el exceso de capacidad de generación existente), incluyan ¡más inversiones en generación renovable!, y con «apoyo». Como lo leen. Por tanto, se trata de una falsa solución a un falso problema.

Habría que preguntarse cuál es el valor económico de esta aportación tan oportunista en el tiempo. Porque sorprende lo escaso y vacuo, por frívolo, del tratamiento del mayor problema del sector energético español, el del déficit tarifario, con una construcción que es una especie de profesión de fe en las argumentaciones de los sobrecostes y en posiciones no oficiales transformadas en institucionales por su mera expresión por escrito o referencia en posiciones ideológicas vicarias.

Si esta es la metodología de los Economistas frente a la crisis, habría que poner bajo observación todo lo que aparezca con su marchamo: sin rigor a la hora de explicar el problema del déficit tarifario y su origen, sin valorar los impactos que ha tenido la regulación de tarifas y precios, desligada del coste del suministro por motivos puramente políticos, sin atisbo de crítica sobre el crecimiento de los costes regulados, demediando la contabilidad financiera o la construcción jurídica, la estabilidad regulatoria, la articulación institucional, financiera o de mercado, se desautorizan solos al hacer propuestas espurias sobre una supuesta política energética que no es más que la vieja receta de las inversiones en un sector que hoy no requiere nueva capacidad sino abordar un problema urgente, grave y voluminoso. Probablemente sería preferible que aportaciones así se comprendieran exclusivamente como simples expresiones ideológicas, desvalorizadas, más que un análisis económico constructivo. Más que un artículo, o un análisis económico, es un libelo.

La mina, el pozo sin fondo y la sima

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En estos momentos, el conflicto, con enorme y artificial virulencia verbal y de orden público, está reabierto por la previsión de los Presupuestos Generales del Estado de reducción de un 63% en el volumen de las ayudas del Plan del Carbón respecto a 2011.

En términos políticos, la interrupción en la cultura del subsidio y la subvención ha producido un fuerte seísmo en el partido del gobierno, expuesto a la contradicción de la presión del votante de dichas comarcas y a la necesidad de efectuar recortes en las ayudas a sectores improductivos, lo que ha llevado a una escalada de agresiones verbales e insultos poco edificantes (ataques a alcaldes, insultos al ministro, intentos de derribos de helicópteros, agresiones). Un día habrá que estudiar los efectos de las políticas complacientes de subvenciones y de las ayudas en nuestro país y de sus catastróficos resultados, por la indolencia de quienes participan en ello.

Al mismo tiempo, como se puede ver en los medios de comunicación, se están produciendo graves problemas de orden público, rayanos en el terrorismo, que deben ser investigados y perseguidos con la mayor ejemplaridad de la ley, tanto en ejecutores, como auspiciadores e instigadores, máxime cuando se están poniendo en peligro vidas humanas por actuaciones inconscientes, irresponsables y vicarias de intereses escondidos de oligarquías locales.

En términos de análisis del mismo, que el conflicto no tenga lógica económica, política o social, no quiere decir que no tenga una lógica intrínseca, endiablada en el trasfondo de los comportamientos que subyacen tras un conflicto artificialmente virulento, incendiado por el comportamiento, casi automático de quienes lo operan, lo alientan y ejecutan. Eso y la conjunción de «la épica del duro trabajo de la mina», proporcionan una coartada, una adhesión y comprensión social, que serían difíciles de sostener si se explicase blanco sobre negro y con números el escarnio del Erario Público y la utilización que se hace de los propios mineros por parte de intereses que despliegan sus tentáculos hasta llegar a la política desde hace muchos años.

Desde el punto de vista económico, alguien debería ocuparse de «juntar las piezas». Quiere decirse, de hacer el cálculo de integrar, sumar, adicionar todos los recursos económicos que van a parar a esa actividad, a esas empresas, a esas comarcas, con la coartada de la ayuda al carbón nacional. Estas son: los costes del Plan del Carbón con sus subvenciones directas a las empresas en estos últimos años, la obligatoriedad de la quema de carbón nacional para la generación de electricidad (garantizando un nivel de producción de las explotaciones mineras y, por tanto, la venta de este combustible fósil y los ingresos de estas empresas), y, por otro lado, las ayudas a los municipios y comarcas a efectos de reindustrialización y desarrollo de las mismas. Añadamos a eso, lo que el propio sistema de Seguridad Social aporta en términos de jubilaciones anticipadas. Todo es poco para mantener un esquema protector de intereses y de poder, que es vox populi en las propias comarcas.

Desde el punto de vista social y de desarrollo regional, habría que plantearse en qué o en quién se han materializado esos fondos, dónde están, qué tipo de redes clientelares se han ido tejiendo gracias a la discrecionalidad, gestión y administración de dichos fondos, y qué papel tienen los cabecillas e instigadores de estas revueltas de las cuencas mineras en su gestión. Pero es más: tanto es así, que los protagonistas actuales de todos estos incidentes y de esta agitación ya tienen una muy tenue relación con los propios mineros que trabajan actualmente en el sector.

Desde el punto de vista social, además, se da una curiosa y particular unidad vertical entre patronales y sindicatos que en cualquier otro sector sería impropia incluso de la «lucha obrera». Incluso cuando aparecen los mecanismos de suspensión del pago de las nóminas por parte de las empresas, se desata una reacción instantánea con reacción inmediata. Todo tiene un cierto aire de representación orquestada. Cada vez que hay amenaza en el volumen de subvenciones que se esparcen, se cierra la nómina. Y, eso que, si se suman todos los recursos anteriores y se dividen por el número de trabajadores del sector, saldría el bochorno de comprobar los resultados exorbitantes del coste del mantenimiento de cada puesto de trabajo, incluidas las canonjías por su mantenimiento.

Los gobiernos sucesivos no han querido o sabido hincarle el diente al problema, en la medida en que la capacidad política, gestora y económica de los diferentes responsables ha dejado mucho que desear, sobre todo cuando la economía española se permitía el lujo de que sus representantes pudieran dedicarse a dar abrazos. Bajo la pátina de la conmiseración social y el relato de la épica, se está asistiendo a que un volumen importante de fondos se vaya por un sumidero. La alarmante falta de capacidad gestora, económica y de negociación seria, evidencia la ausencia de pericia en los asuntos públicos desde hace muchos años, de forma que sigue instalada en los atavismos. Los tiempos han cambiado, todo empieza a ser más duro y parece que el Gobierno resiste.

Y las preguntas son, ¿cómo es posible que nadie esté interesado en que se levanten esas alfombras y aflore el destino de estos fondos y sus sobrecostes? ¿Por qué se abusa de los pobres y esforzados mineros? ¿Por qué se ha abandonado el discurso, incluso el de las nuevas actividades? ¿Cuál es la razón de que estas comarcas permanezcan en la miseria, pese a la inyección de fondos realizada desde distintas instancias y mecanismos? ¿Cómo es posible que el nuevo sur sean muchas comarcas mineras por la indiferencia al latrocinio que tienen las autoridades con las estructuras caciquiles que mantienen esquemas medievales de poder?

Por otra parte, necesitamos una clase política y de gobierno que profundice en serio en este problema. Que tenga capacidad para airear cuál ha sido el destino que han tenido estos fondos multimillonarios y valorar dónde se han rebañado los mismos e imponer la racionalidad económica y social de un proceso ordenado de cierre de la actividad, con un esquema social y protector directo, eficaz, con buena administración, evaluación de su destino y resultado, eficiente en sus costes, sin intermediarios, transparente y fiscalizado que cumpla la finalidad de estos recursos y de cambiar la estructura productiva de estas comarcas.

Si no, la minería acabará siendo un pozo sin fondo y seguirá en la sima de los sectores económicos que llevan al pasado.

Rescates, hombres de negro y déficit tarifario

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Seguramente, dentro de lo que se puede considerar una buena noticia para nuestra economía, es algo que nos debe llevar a la reflexión de que cualquier decisión que se tome a partir de este momento y en los años venideros más próximos, debe también ser certera, para evitar cualquier retroceso. Por tanto, y aunque las necesidades o condiciones fijadas en el rescate sean más o menos explícitas, se acrecienta la necesidad de que las personas que pilotan la economía española respondan al símil de ser un equipo de cirujanos de precisión. Hay que reconocer que hombres de negro, haberlos haylos y de muchas formas estarán presentes en la ejecutoria de nuestras autoridades económicas.

El éxito del Ejecutivo en esta cuestión del rescate, cuya mácula sólo se le puede advertir en el terreno de lo comunicacional (la necesidad de acudir al eufemismo y a la bravuconada evidencian un miedo cerval que se traslada en forma de un enfoque catastrófico), aleja la necesidad de un pacto explícito «a la alemana» entre las dos principales fuerzas políticas, aunque bien es cierto que en lo básico los dos partidos políticos principales han estado en su papel a la altura de las circunstancias. No obstante, la descomposición del Gobierno y del propio partido del gobierno empiezan a sugerir que los comportamientos pueden entrar en una tercera fase más impredecible.

¿Cómo afecta todo esto al sector energético y principalmente al modelo de resolución del problema del déficit tarifario? En varias cuestiones, como podemos ver siguiendo el modelo del aleteo de una mariposa en Nueva York y sus efectos en Tokio. La primera consecuencia tiene que ver con algo que ya ha empezado a cobrar forma, que es la posibilidad de la fijación del «céntimo verde» sobre el consumo de hidrocarburos, algo que parece ser uno de los ejes de la reforma que podría aparecer en los últimos días de junio coincidiendo con la revisión tarifaria del tercer trimestre y de algunos recortes más en los costes de suministro.

Por otra parte, se puede percibir que este «céntimo» empieza a tomar forma real, en la medida en que las reacciones a esta medida (más que un globo sonda) también son más formales y empiezan a anunciar que es más que una posibilidad, como se puede comprobar por la posición de la propia Asociación de Operadores de Petróleo a las informaciones aparecidas durante la semana pasada, incidiendo en el crecimiento del 20% de los precios de los hidrocarburos fruto de la elevación del petróleo en los mercados internacionales de los meses pasados y el efecto hipotético que tendría sobre el consumo de hidrocarburos en familias y empresas.

En sentido paralelo, desde el punto de vista político, tendría un momento más o menos oportuno para su aplicación, si tenemos en cuenta la evolución próxima de los precios del petróleo (los analistas prevén una caída de hasta el 9% en los precios de las gasolinas). Además, las diferencias de imposición en la Unión Europea en los hidrocarburos también se alinean con la naturaleza de un instrumento que podría estar encajado con la política de solución al problema del déficit tarifario, además de abordar la diferente adecuación y participación de los sectores a las políticas medioambientales de nuestro país y sus costes. Si, además, se puede responsabilizar a los «hombres de negro» de una elevación de la tributación indirecta, IVA incluido (posibilidad ya no desmentida), esta medida puede ser planteada e integrada dentro de un paquete de elevación impositiva al consumo por motivos europeos. Sería razonable que se aproveche la ocasión para racionalizar con criterios rigurosos, fiscales y de hacienda pública la imposición a la energía, toda vez que esta no será la única medida en términos fiscales, tributarios o de gravamen que se instrumente.

La segunda cuestión radica en el efecto que pudiera producirse en la colocación del déficit tarifario a la luz de la evolución favorable de las condiciones de financiación de la economía española tras este rescate o línea de crédito bancario. Aquí tenemos dos consecuencias, en principio, a comprobar. Un primer efecto sería el hecho de que se amortigüe la escalada de la prima de riesgo y se abarate esta financiación, de forma que los elementos que penalizan la misma en términos de coste se suavicen. Pero, un segundo efecto tendrá que ver con las posibilidades de colocación de la titulización del déficit tarifario tras el rescate bancario.

La tercera cuestión, no menos importante, tiene que ver con la correlación o complicidad de las dos principales fuerzas políticas (sin llegar al consenso, eso sí), como se ha podido apreciar en tres cuestiones, las dos primeras principales: el rescate financiero, la elección del nuevo gobernador del Banco de España y subgobernador (con sus sombras) y, por razones de calendario, el apoyo a la selección española de fútbol y al tenista manacorí, Rafael Nadal.

Habrá que seguir la dinámica política para ver el alcance de esta normalización en lo energético.

Nueve meses

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«El tiempo que no es ningún tonto«, como solía decir el humorista Tono, viene agolpando los problemas de índole económico-financiera de nuestro país en la carpeta del Ejecutivo, cuya respuesta a la hora de abordarlos sigue el esquema de relación solipsista y de relaciones entre las áreas del Ejecutivo, además de postergarlos por otras coyunturas mucho más urgentes y perentorias desde el punto de vista de la financiación de nuestra economía, de la evolución de la prima de riesgo y de la solvencia y liquidez de nuestro sistema financiero.

El problema del déficit tarifario eléctrico, en el que orbitan varias áreas del Gobierno (Industria, Economía, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente, la Oficina Económica del Presidente y la Vicepresidencia del Gobierno) está aparcado desde la entrada del gobierno popular, con independencia de las acciones tomadas que, a la vista de cómo se están comportando las magnitudes (4.000 millones de euros de déficit adicional para este año, tal y como reconocen CNE y Secretaría de Estado), se tornan claramente insuficientes en el corto plazo.

De hecho, y tomando como ejemplo la congelación de nueva potencia renovable, aunque se han cerrado supuestamente los registros de preasignación para inversión e inclusión de nueva potencia con primas (evidentemente, con cargo a la tarifa), siguen aumentando esta parte del coste del suministro, además de que se arbitran vías que justifiquen la excepción para la inclusión de nuevos proyectos que, no estando inscritos, estaban supuestamente iniciados.

El hecho es que nos encontramos con que es inminente la revisión tarifaria para el tercer trimestre, con ya nueve meses transcurridos del año acumulando déficit, incluyendo la ‘regalina’ de los costes extrapenisulares de los Presupuestos Generales del Estado dentro del coste del suministro eléctrico. Y, mientras, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, asume sin chistar la gamberrada de Hacienda, encaja, como puede, las presiones diplomáticas y financieras del desarrollo renovable en España, mantiene un modelo de comunicación «rigodón» con los sectores energéticos, entrega los trastos a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y carece de un modelo medianamente explicable, debatible, comunicable e inteligible relativo a cómo resolver el mayor problema que aborda su departamento.

De ahí que, José Manuel Soria, en la mayor parte de sus intervenciones públicas (que son muchas, por otra parte), no pase de generalidades y argumentos banales y buenistas al respecto del déficit tarifario que pueden llevar, en primer lugar, al nerviosismo entre los agentes sectoriales que ven cómo la resolución se conduce a caminos abruptos, inesperados, con el problema desmadrado y abordado de forma sorpresiva y, con toda probabilidad, perpetrable con una chapuza poco pensada (véase, por ejemplo, la crisis de Bankia, que ha dejado más de un cadáver en el camino, con serio deterioro del ministro Luis de Guindos); en segundo lugar, a una irritación respecto de los modos y maneras del Ministro de Industria, de la Secretaría de Estado en particular y del Gobierno, en general; y en tercer lugar, a la melancolía, de cómo un problema gestor y económico se convertirá en un problema gestionado por la política politizada.

El problema del déficit tarifario, con síntomas de congelación tras seis meses pasados y tres meses que corren con la revisión tarifaria inminente, en total nueve meses, corre el riesgo de ser abordado «ad libitum», con un proceso de descongelación que rompa la cadena de frío, resuelto por hechos consumados y con mucha y peligrosa precipitación.

Nueve meses son muchos meses para esta indefinición e imprecisión en que se mueve el Ejecutivo, para esta opacidad, para esta falta de diálogo y de negociación directa, económica y gestora. Demasiados meses para mantener tanto tiempo la ausencia de un plan predecible que resuelva el problema del déficit tarifario y la insuficiencia de la tarifa para asumir los costes del suministro, con el consiguiente deterioro de la situación tanto a nivel financiero como empresarial.

Mientras, el Gobierno prepara el terreno con mecanismos de fortificación y parapetado, ante posibles operaciones societarias derivadas de la evolución de las cotizaciones bursátiles de las empresas y el efecto de la política energético-económica o su ausencia.

Siguiendo el símil, nueve meses que no son un estado interesante, sino una situación muy embarazosa, con un embarazo de riesgo.

La «evasión» de Hacienda en el déficit tarifario

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Evidentemente, en la actualidad, es un hecho informativo que se carece de una narración y de un modelo de hoja de ruta, del origen del problema (causas políticas y decisiones en materia de energía) y de un enfoque económico y gestor de su solución acorde con las condiciones de demanda y oferta en el mercado eléctrico. Más o menos, tal y como se ha conformado el panorama mediático español, se difunden propuestas para quemarlas, gracias al justicialismo peronista imperante sobre todo cuando se habla de los precios de la electricidad (que irá acrecentándose conforme siga el deterioro del Ejecutivo y disminuya la capacidad de aplicar medidas dolorosas), de forma que, para cada solución hay varios problemas.

El hecho es que lo conocido pasa, además de por otras decisiones de recorte de inversiones, retribuciones reguladas, etc…, por idear una tasa a la generación más o menos selectiva por tecnologías, cuyas teorías presentan muchas variantes. La primera consiste en aplicar los supuestos retroprogresivos de laminación del mercado de la electricidad, asumiendo argumentos falsos relativos a la amortización total de determinadas tecnologías (nuclear e hidráulica). Contra lo que pudiera parecer, esta alternativa ha sido largamente labrada por estos colectivos y, de hecho, algunos miembros del Ejecutivo y el responsable de la Oficina Económica del Presidente son cercanos a la misma. Además, una cierta connivencia con un acuerdo político de amplio espectro podría facilitarla.

Otro segundo enfoque es el que consiste en aplicar una tasa generalizada y homogénea por unidad de generación (MWh). Y, un tercer enfoque, cuestionado por las presiones diplomáticas, de las entidades y países que han financiado el desarrollo renovable español, sería incorporar una tasa a la generación renovable, cuya desviación entre la retribución prevista y su rentabilidad real por primas y por cantidades se ha visto desmandada por la dejación de la actuación de las Administraciones Públicas. En todo caso, dichas tasas o impuestos tienen un efecto de traslación final a precios de la energía o de pérdida de valor de las empresas, según como se articule el tributo correspondiente (sea un impuesto indirecto a las instalaciones, un gravamen a la generación por unidad de producción o un incremento “discriminatorio” o “no neutral” en el impuesto de sociedades).

Pero desde el punto de vista hacendístico hay más cuestiones en el alero y no parece que el departamento que dirige Cristóbal Montoro se sienta impelido en el problema. Primero, el traslado de determinadas partidas presupuestarias dirigidas a asumir los costes del suministro extrapeninsular con sus peculiaridades, exigencias, necesidades y requerimientos derivados de su complejidad. Dicho coste se trasladó de los Presupuestos Generales del Estado al coste del suministro, es decir, a la tarifa, en el primer real decreto ley del año y allí se ha quedado en los Presupuestos de 2012. Por tanto, la política presupuestaria de ingresos y gastos también afecta e impacta al déficit tarifario por un tipo de decisiones políticas de nuevo cuño, que acentúan el carácter político del déficit (de controlar los precios vía política para no generar desasosiego social a endosar déficit público, transformándolo en déficit tarifario y trasladarlo a las empresas como financiadores). Y, esto es así, quizá por el hecho de que el propio Montoro es partidario de una solución indolora socialmente, a costa de las empresas y del sector energético español.

Otra cuestión, muy relevante desde el punto de vista de lo presupuestario, y que puede participar en la solución del déficit tarifario, es el modelo de compensación de los derechos de emisión y su aplicación al coste del suministro eléctrico. Y, finalmente, otra de las soluciones barajadas, también de índole fiscal y que se ha puesto encima de la mesa, es el denominado “céntimo verde” a los hidrocarburos para compensar los esfuerzos por la reducción de emisiones operado en la generación de energía con cargo a la tarifa eléctrica y coste del suministro. En todo caso, al respecto no parece que exista una claridad en el debate y en las propuestas, ni en la política a aplicar, dado que requeriría mayor grado de coordinación entre áreas del Gobierno que la que evidencia el Ejecutivo.

En definitiva, se trata también de contar con un modelo de fiscalidad y de participación de los Presupuestos Generales del Estado que no se evada de un problema que ha sido generado por actuaciones de política económica, de política energética y de política fiscal que han incidido, vía intervención, en el engrosamiento del déficit tarifario. La pregunta en este estado de cosas es a qué se debe la inhibición del Ministerio de Hacienda en este problema, incluso el sabotaje ejercido sobre el Ministerio de Industria, con determinadas actuaciones como la traslación de los costes extrapeninsulares a la tarifa eléctrica (algo que debería hacer que el propio ministro, el canario, José Manuel Soria, estuviera que bufara).

En tiempos de dudosa amnistía fiscal, tenemos un modelo nuevo de evasión en el Ministerio de Hacienda. Y consiste en ponerse de perfil en problemas en los que ha participado.

Soria, Scharfhausen, el déficit tarifario y atrapa un millón

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En todo caso, en estas informaciones no hubo grandes sorpresas, ni concreciones en las propuestas, en la medida en que en el escenario del rumor, las informaciones que se proveen son muy ambiguas, abiertas y dibujadas a tientas, de forma que abren todo un abanico de impactos, permitiendo una cosa y la contraria.

De hecho, hasta que no se conozcan la realidad de las medidas y los números concretos no llegaremos a nada de la materialización respecto a lo virtual de su efecto futuro: extensión de la liberalización de la tarifa hasta potencias contratadas superiores a 5 kW, imposición de tasas a la generación (ambiguamente explicadas), formato indiscriminado o selectivo por tecnologías, según criterios e ideologías, con su traslación inevitable en segunda instancia a precios, reducción de ingresos regulados (incluidos pagos por capacidad, etc…). La mayor parte de las propuestas conocidas estaban centradas en el futuro déficit tarifario, pero no abordan cómo desembalsar el déficit acumulado.

De lo conocido resulta paradójico, en todo caso, la exoneración del Ministerio de Hacienda de todo el plan, después de la gamberrada de trasladar los costes del suministro eléctrico extrapeninsular desde los Presupuestos Generales del Estado a la tarifa, desde el déficit público al déficit tarifario con poco rubor (Industria, según la propia comparecencia de Marti Scharfhausen, considera esto una decisión «ad divinis»).

Lo que parece claro es que ya hay consciencia de que el déficit es un problema que no se puede arreglar sin dolor, sin damnificados y de que sus volúmenes son de vértigo, de forma que, en conjunto, el déficit supera la inyección de capital de Bankia que reclama Goirigozarri. Hasta el propio Scharfhausen, devenido en responsabilidad y consciencia, señaló a finales de la semana en unas declaraciones la gravedad del problema, en la medida en que está subido en un tigre desbocado y de difícil sujeción.

Por otra parte, para añadir, se multiplican las presiones desde los inversores financieros internacionales en el sector de las energías renovables, de cara a que la solución a este problema garantice los ingresos de estas tecnologías y resulten indemnes de su participación en el «Atrapa un millón» particular de la forma en que se resuelva el problema del déficit tarifario.

A la vez, la Comisión Europea tercia en el problema e incorpora unas recomendaciones particularmente oportunistas al respecto en un Documento de Trabajo en defensa de las primas y de aumento de la capacidad de generación subvencionada a la par que reclama la resolución del problema del déficit y se preocupa por su impacto sobre los precios (¿?) de la electricidad. Y, por su parte, el ministro ya conoce las presiones diplomáticas de primera mano y siente cómo se van dando nuevas vueltas a la cerradura de los grados de libertad para la solución, así como la frialdad de la soledad ante este problema, convertida en una sensación gélida.

Y, para incorporar más personajes en el proscenio, Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, sigue en la cocina de La Moncloa, trasteando con el problema incorporando el problema a la idea de la grosscoalition que alimenta la realidad política española. Y, queda el horizonte de los efectos que las soluciones que se pongan en práctica afecten al valor de las empresas españolas y a sus accionistas. Un frente nada desdeñable para Industria y para la Secretaría de Estado de Energía.

Marti Scharfhausen se ha preocupado.

El déficit tarifario, un problema más gordo que Bankia

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Los problemas recientes en el sector financiero español están dejando, lógicamente, en el segundo plano de la actualidad otros problemas de la economía española, como la caída de las exportaciones o el problema del déficit tarifario eléctrico. Si el reflotamiento de Bankia (recién cuestionado por el Banco Central Europeo) implicaría una inyección de 19.000 millones de euros, el déficit tarifario español va camino de los 24.000 millones de euros y su resolución necesariamente va a entrañar medidas de mayor calado y alcance que las decididas hasta el momento por el ejecutivo popular. En términos del quien fuera editorialista del diario El País, Manuel Azcárate, gobernar es elegir damnificados, y parece que este es el caso del sector eléctrico y de la resolución del problema del déficit.

Parece que se van esbozando las propuestas que está barajando el Ejecutivo y, en todo caso, se van filtrando o enviando globos sonda respecto de lo que pueden ser los ejes de la reforma del sector eléctrico, existiendo la confirmación de que su piloto fundamental es La Moncloa y, en concreto, la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, con Álvaro Nadal al frente. Por otra parte, de cara a valorar la evolución de este problema y de las propuestas políticas para su resolución, hay que tener en cuenta el período de amplia negociación abierto en su encuentro de la final de Copa entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, y en el que, al parecer, se dieron por fin sus teléfonos móviles.

Pasamos ahora a enunciar cuáles son los ejes de esta reforma, algunos ya conocidos públicamente, y otros que incorporamos, junto con matizaciones confirmadas por fuentes solventes a Energía Diario:

– En primer lugar, la extensión del modelo de liberalización de la tarifa hasta consumidores con potencias contratada menores. Es decir, la posibilidad de acceso a la TUR se quedaría para consumidores con potencia contratada hasta los 5 kW en lugar de los 10 kW, como hasta ahora. A la par, se mantendría un modelo de ‘bono social’ que compensase a determinados consumidores del embalsamiento de los precios de todos estos años. Una medida que permitiría la actualización de los precios de un mayor número de consumidores, a la par que fomentaría la competencia sectorial. Existe controversia política en los sectores menos liberales del Partido Popular con respecto a esta medida, dado que existe una amplia base política en su seno (los convencidos de que la economía no existe y que todo se reduce a un conjunto de decisiones políticas), que consideran que los precios del suministro eléctrico deben ser intervenidos estatalmente.

– Impuestos y tasas a la generación (peaje a la generación). Tema espinoso, en el que el Gobierno está entre dos frentes: por un lado, retroprogresivos que buscan torpedear el mercado con impuestos selectivos a las tecnologías hidráulica y nuclear en el Régimen General alterando la contabilidad financiera de las empresas, asegurando que son tecnologías amortizadas pese a los estados financieros, y, por otro lado, quienes proponen tasas indiscriminadas a la generación con independencia de la tecnología de que se trate. Aquí también existe un conflicto ideológico-político, puesto que en el propio Partido Popular hay representantes abducidos por los enunciados de los colectivos retroprogresivos de la energía.

– Impuestos y tasas a la generación renovable, que compensen los excesos retributivos en determinadas tecnologías derivados de la dejación en la administración pública de los precios y cantidades autorizadas de puesta en explotación de estas tecnologías y que, a la vez, garanticen el marco retributivo de los ingresos en un modelo de seguridad jurídica. En todo caso, el problema de los impuestos y tasas a la generación estriba en su traslación a los precios, además de la maraña fiscal autonómica asociada a la electricidad, incluyendo la tolerancia con los concursos autonómicos de potencia renovable.

– Y, finalmente, reducción más jugosa y drástica de los costes regulados en la actividad de transporte (la distribución ya se vio afectada en la última revisión tarifaria), vía financiera, legal y por la modificación de la Planificación Energética (quizá uno de los mecanismos y documentos más esotéricos en el sector energético, tanto en su elaboración, como en su seguimiento y su utilidad) que afectaría fundamentalmente a los ingresos de Red Eléctrica de España. En los costes regulados, también está en el alambre en esta propuesta la pervivencia de los pagos por capacidad (garantía de potencia).

Capítulo aparte, y exclusivo, merece el papel que el Ministerio de Hacienda debería tener en el plan para la resolución del déficit tarifario dado que, en la actualidad, Montoro no forma parte de las propuestas y soluciones conocidas (y debería serlo), sino parte del problema al haber trasladado los costes de los sistemas extrapeninsulres a la tarifa.

En todo caso, parece que todas estas medidas podrían reequilibrar de una forma u otra los costes del suministro hacia el futuro. Y, la pregunta es, ¿y con el déficit tarifario acumulado de más de 24.000 millones de euros, más que los 19.000 que costará Bankia, qué hacemos?