Una de las cuestiones predichas o anticipadas con el nombramiento de Cristóbal Montoro Romero como ministro de Hacienda era su vinculación al mundo de los negocios en la pasada etapa parlamentaria como responsable económico de los populares. De hecho, en el seno del Partido Popular ha existido una fuerte y constante inquietud relacionada con las peligrosas relaciones latentes en el despacho Montoro y Asociados. Muchos de sus representantes, en privado, así lo reconocían, aunque su estrella ascendente parecía darle cobertura. Este hecho se ha convertido en una cuestión más delicada si cabe en la actualidad, ante la necesidad de hacer fuertes ajustes sectoriales y empresariales, donde hay fuertes daños que distribuir.

El pasado reciente del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vuelve y empieza a perfilarle con los pies de barro, cobrándole factura en algunas de las cuestiones que toca. De hecho, se ha desatado una fuerte controversia entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda a cuenta de la reforma del sector eléctrico con la fijación de nuevos impuestos a la generación, a las tecnologías renovables y el ‘carbon tax’, figuras impositivas previstas para absorber el déficit tarifario.

De hecho, previo al viaje a Rusia de José Manuel Soria, se anticipaba que el impulso a la reforma se trasladaría al día 27 de julio, mientras que ayer a última hora parecía confirmarse que sería aprobada en el Consejo de Ministros de hoy, “por motivos del calendario de las normas fiscales incluidas en dicho proyecto”. Hacienda apretaba esta semana el acelerador para ‘colocar’ el proyecto inicial, casi sin cambios. Algo que tampoco ha sentado bien en Industria.

Pero es más, la fijación de impuestos a la generación en régimen general, a la vez que discriminatorios y devastadores a las tecnologías de generación hidráulica y nuclear, junto con el trato suave a la generación termosolar han despertado todas las sospechas. Eso y el hecho de que esta tecnología va escapándose milagrosamente de todos los recortes que se van anunciando.

La reforma recoge los postulados ideológicos del colectivo retroprogresivo: impuestos a tecnologías hidráulica y nuclear para financiar el jugoso sistema de primas con daños menores para esta tecnología. El proyecto, de hecho, parece casi elaborado a pies juntillas con estos criterios, pese a que esta demanda se atribuye al Camarada Álvaro ‘Kicillof’ Nadal, director de la Oficina Económica del Presidente, quien fuera en su momento segundo de Montoro en labores parlamentarias durante la anterior legislatura.

Por otra parte, este colectivo ideológico del sector energético ha sido “acogido” por Abengoa, la empresa con más intereses en la termosolar y, también, por la principal asociación que representa los intereses de esta industria, que además ha fomentado la conformación de una rótula de intereses entre termosolar y fotovoltaica, las tecnologías que obtienen mayores subsidios del actual sistema de primas. La industria fotovoltaica, con otros problemas fundamentalmente derivados del sistema de financiación y de promoción de los proyectos, está también necesitada de aliados con capacidad de llegada.

Por su parte, Industria es consciente de que al proyecto de reforma fiscal se le ha ido la mano en las figuras impositivas que se ensañan con el régimen general (atención ciclos combinados), en los impuestos específicos a la nuclear e hidráulica y en la tasa a la energía eólica, la que menos primas percibe y menos participa en el mercado. Industria entiende que la propuesta tiene los referentes perdidos con efectos más que peligrosos en las tecnologías más eficientes y base del mix de generación, pudiendo afectar a la seguridad de suministro, a la eficiencia de nuestro mercado mayorista que tiene uno de los precios más bajos de Europa en los mercados mayoristas. Desde el departamento que dirige José Manuel Soria se atisba el riesgo para el suministro en la medida en que la generación en régimen general entraría en pérdidas y cuenta con la advertencia firme del cierre de las instalaciones nucleares y de ciclos combinados que entrarían en pérdidas. Luces rojas. Se empieza a jugar en serio.

El hecho es que la difusión en el momento más delicado de las relaciones entre Ricardo Martínez Rico, uno de los “asociados” del actual ministro de Hacienda en Montoro y Asociados, su despacho de relaciones públicas, con la industria termosolar publicadas en Vozpópuli y el diario El Economista hoy, además de ser objeto de debate en el programa El Gato al Agua de Intereconomía, han hecho mucho daño, abriendo un boquete de proporciones enormes en el proyecto de ley y provocando un fuerte malestar en el Gobierno. Ricardo Martínez Rico fue jefe de gabinete de Montoro en su anterior etapa de Gobierno y secretario de Estado de Presupuestos con el mismo. Su relación con Montoro y los 300.000 euros por las funciones de asesoramiento como consejero de la propia Abengoa están siendo escrutados en un momento muy inoportuno.

De hecho, parece que, por segunda vez, el proyecto de reforma se para ‘in extremis’ y que ahora será el propio Rajoy el que tendrá que intervenir.

Ayer conocíamos las cifras de la evolución del déficit tarifario eléctrico y de la evolución anual del mismo. Nuevamente, la CNE, con la liquidación al mes de mayo arrojaba un déficit tarifario desbocado de 2.553 millones de euros, creciendo un 28% en un mes, y superando los 1.500 millones de euros previstos para el ejercicio.

Dentro de lo que son los distintos capítulos que integra el coste del suministro, el mayor impacto es el de la evolución de los costes regulados. Y, dentro de ellos, la evolución de las primas a las renovables que alcanzaron hasta mayo los 3.873 millones de euros (incluyendo la cogeneración), con un crecimiento del 25% en términos interanuales y un 29,1% más que en abril. Sólo en el mes de mayo la factura fue de 879,4 millones de euros, de los que casi el 40% (347 millones de euros) correspondió a la fotovoltaica, que cubrió apenas el 4% de la demanda eléctrica en mayo.

Estas noticias, nos llegan en el momento en que está abierto el modelo u hoja de ruta para la resolución del problema del déficit tarifario eléctrico que parte de la fijación de tributos, tasas e ingresos fiscales, a cambio de detraer determinados costes del suministro (aún por ver cuáles son), y más en concreto, de determinados costes regulados. La fórmula fiscal, además, fija tributos a la generación de régimen general en mercado y, en concreto, un tributo específico a las tecnologías nuclear e hidráulica que destroza el mercado y afecta a estas instalaciones sobre manera, acabando con la rentabilidad del régimen general.

Además, de los sectores renovables el más penalizado por las tasas es el eólico, cuyo grado de maduración y participación en el mercado es mucho mayor y el volumen de primas que percibe mucho menor. Junto a esto, además, está la fuerte controversia levantada al respecto entre los distintos subsectores que participan en el coste del suministro. Son noticia, deberían hacer reflexionar nuevamente sobre los componentes del coste del suministro y la evolución de los mismos.

Y, en medio de ello, la batalla de los sectores fotovoltaico y termosolar, señala que la fijación de estos impuestos que rebajan la rentabilidad de las instalaciones, tal y como está concebida inicialmente, significaría el fin de un «modelo», tal y como se recoge en la crónica del diario El País de hoy.

Resumamos lo que ha sido este «modelo» desde el punto de vista económico para los no iniciados. De forma macro, el «modelo» se basaba en la inclusión de estos subsidios procedentes de la tarifa dentro del coste del suministro como parte exponencialmente creciente de los costes regulados, cuya decisión provenía de dos elementos, precio (primas) y cantidad (potencia instalada y, su consecuencia ,en términos de producción generada). En lo que se refiere a la cantidad, había mecanismos de cebado de las decisiones, se instrumentaba por tres vías: el aprovechamiento de la conciencia ecologista del buenismo poco matizado, el interés de las Comunidades Autónomas en los ingresos derivados del proceso concesional y, además, la provisión de crédito para convertir esta actividad en un negocio financiero con rentabilidades garantizadas de dos dígitos, cuya distribución de la generosa plusvalía era muy apetecible por todos los participantes.

Todo ello, financiado contra la tarifa eléctrica y conforme se articulaba su crecimiento, se promovía una asimétrica situación. Así, en la factura eléctrica se incorporaban costes ajenos al suministro de electricidad, que sufragaba el consumidor (si a esto le añadíamos la no traslación a precios de dichos costes, el problema está servido en forma de déficit tarifario y de una confrontación inaudita entre tecnologías de generación).

Además, el «modelo» estaba revestido de virtudes beatíficas: se trata de energías verdes, limpias, inacabables, no contaminantes y además, es un modelo de capitalismo popular distribuido, drenando el ahorro de familias y particulares a este desarrollo, de forma que se promovía de forma semejante a lo inmobiliario. Por tanto, se podía alimentar la tentación española que sospecha de todo lo «empresarial», proyectando la idea de que es nefando y que la lógica del beneficio y del mercado (muy por debajo de esos dos dígitos) es perjudicial, si además se podía añadir componentes demagógicos contra las tecnologías más eficientes y contra el mercado.

Mientras, quienes obtenían estas rentabilidades de dos dígitos se presentaban como unos benefactores, altruistas cruzados en la defensa del medioambiente, de forma que podían estar a favor ¡hasta de congelar las tarifas y, por tanto, de culpar al resto del sistema eléctrico del encarecimiento de la luz!. Por su parte, el esfuerzo masivo y general, para contar con un sistema eléctrico eficiente y no contaminante, y con rentabilidades mucho menores, eran penalizados por los partidarios de la distribución discrecional de las subvenciones. Paradójico.

Y, en esas tesituras nos encontramos con retroprogresivos que acatan sin chistar, incluso defienden, las rentabilidades de dos dígitos, con tal de esquilmar la parte más empresarial y competitiva del sistema eléctrico para rebanar los supuestos márgenes que se producen en el mercado para seguir cebando ese «modelo». De ahí, la gran paradoja de que, a su juicio sea preciso dañar tecnologías como la hidráulica, la nuclear o la eólica, a favor de que los efectos se suavicen para los inversionistas de rentabilidades de dos dígitos en otras tecnologías.

Y, en todo ello, hay una diferencia clave entre un negocio financiero y una empresa, entendida como conjunto de medios humanos, materiales, tecnológicos y financieros orientados a que de forma organizada provean de bienes, servicios y suministros a una comunidad frente a los negocios puramente financieros y de explotación de la plusvalía generada por actividades sin riesgo empresarial, basadas simplemente en ponerse a esperar sus rentas fijas reguladas. Sorpresivamente, tenemos a media clase económica más centrada en los negocios que en lo empresarial, de forma que la atribución de la plusvalía es más importante que la actividad, lo cual, debería preocuparnos.

En esta lógica, es en la que hay que inscribir la propuesta tributaria y la reforma planteada por Industria, como respuesta a estas presiones, a la falta de conciencia empresarial de nuestra clase política dirigente y a la ausencia de una formulación en serio de un sistema eléctrico eficiente, económica y medioambientalmente sostenible, con un exceso de capacidad sin precedentes. En realidad, la propuesta conocida es una fórmula de conciliar un supuesto modo de intentar resolver el problema, a partir de atender las presiones que recibe (con la salvaguarda de la aversión a lo empresarial y a varias tecnologías) y, por tanto, de venderlo con esta pátina a la opinión pública de forma burda (equilibrado, progresivo y verde, cuando no es ninguna de las tres). En esa trampa, cae el Ministerio de Industria.

La propuesta de cambio de «modelo», es decir del fin del modelo actual, tal y como lo entendemos, es más que lógica, necesaria. ¿No es razonable cambiar la naturaleza de estos subsidios encubiertos en la tarifa para que sean subvenciones y se empleen de una forma mucho más eficiente y rentable socialmente? ¿No es más razonable que el usuario pague el coste real del suministro y se decida a través del Parlamento en los Presupuestos Generales del Estado el volumen dedicado a subvenciones a las tecnologías renovables, en función de la demanda cubierta, de la investigación o del desarrollo de las distintas tecnologías? ¿No es razonable, con este exceso de capacidad, plantearse si es necesario, parar o no el derroche social y de recursos, en nueva capacidad ociosa? ¿No es razonable que el Parlamento decida a quién da o quien recibe estas subvenciones? ¿No es razonable distinguir tecnologías renovables para analizar cuáles deben formar parte del mix por su maduración y cuáles tienen una trayectoria más incipiente, dejándolo a efectos de investigación o piloto?. En todo caso, no se trata de renunciar a todo el desarrollo renovable, sino de racionalizarlo en función del bien común. A lo mejor tampoco está mal que este «modelo» se acabe, tal y como lo entendemos hoy y se resuelvan sus excesos, ¿no?

Las noticias relativas a la probable «reforma energética» que el Gobierno aprobará para poner fin al problema del desequilibrio entre tarifa y el coste del suministro eléctrico, ofrece varias lecturas una vez anticipados y conocidos los términos de la misma, así como la distribución de las distintas figuras tributarias que introduce. Si en el ámbito sanitario, cuando se efectuó la introducción del copago, un medio de comunicación hablaba de pago, copago y repago, aquí hablamos de tasa, ecotasa y retasa.

Esta reforma se tratará de insertar en el conjunto de medidas integradas en el paquete que el Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros, que ayer anticipó el presidente Mariano Rajoy, y que será tratada hoy por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y será tramitada, posteriormente, como Proyecto de Ley.

Dicha reforma se materializa en un conjunto de impuestos y tasas que reconfiguran la imposición en torno a la generación de la electricidad (más allá de la denominada fiscalidad verde o ecológica, dada la utilización de esta terminología en puridad, y conociendo las figuras tributarias que implementa, lo que sería una falsedad aunque se utilice como argumento de comunicación política).

La idea es que la recaudación por estos tributos irá, en todo o en parte, a enjugar la diferencia entre la tarifa eléctrica y el coste del suministro (y, por tanto, evitará la generación de nuevo déficit tarifario) por la vía de que parte de los costes integrados en la tarifa eléctrica, como costes de acceso, pasen a los Presupuestos Generales del Estado y que éstos se compensen supuestamente con estos nuevos ingresos tributarios. Algo que todavía está por ver, hasta conocer los nuevos PGE y los costes que finalmente se trasladan a las cuentas públicas. Esta parte todavía no se conoce.

La reforma, esencialmente, incorpora tres figuras tributarias diferentes. Una primera, que es un impuesto general por facturación del 4% para el régimen ordinario. Por otra parte, existirá otro impuesto de facturación al resto de tecnologías no gestionables, no lineal, fijado en términos de un porcentaje diferente para cada tecnología. También se produce la fijación de una tasa por la emisión de carbono a los hidrocarburos líquidos y gaseosos de 4 céntimos de media, aproximadamente (el céntimo verde).

Y, finalmente, parece que el Gobierno asumirá las tesis de los colectivos retroprogresivos de la energía, fijando tasas especiales por unidad de generación a las tecnologías hidráulica y nuclear que concurren en el mercado eléctrico. Dichos colectivos, para defender esta figura tributaria, vienen aludiendo a la existencia de supuestos «windfall profits», por la supuesta diferencia entre los costes (desprecian los estados contables, las amortizaciones y costes reales) y los ingresos de las mismas derivados de los precios obtenidos en el mercado de generación (¿?), para justificar la aplicación de tasas a las mismas que reviertan al jugoso sistema de primas y, a la vez, acabar con el mercado de la electricidad español, uno de los más eficientes de Europa. El Gobierno, de esta forma, se carga los beneficios que suponen en los precios medios derivados de los excesos de capacidad, en aras de financiar las subvenciones a sectores que se han beneficiado del proceso de crecimiento del déficit y no han participado en su financiación.

Estas figuras tributarias específicas a estas dos tecnologías son una solución política económicamente y medioambientalmente poco justificable para la fijación de estas tasas, dado que estas tecnologías no son emisoras de CO2, y atiende a la demanda de una decisión de corte peronista, que da cobertura a la persecución existente hacia las mismas, motivada por posiciones ideológicas que se aprovechan del puro desconocimiento de lo que significan los beneficios del funcionamiento de un mercado eléctrico de generación que promueva la eficiencia a través de las tensiones competitivas.

Todo ello con independencia de que el Gobierno, al resolver esta cuestión unilateralmente, ha tirado la toalla de hacer una reforma en serio. La «reforma» supone abandonar la necesidad de abordar un diagnóstico correcto del problema del coste del suministro, de su crecimiento y de efectuar un proceso de negociación y diálogo del Ejecutivo con los sectores interesados. Es el reconocimiento de incapacidad político-gestora para abordar un modelo energético consistente, eficiente y competitivo que sea, a la vez, sostenible económica y medioambientalmente. Se trata, además, de una solución sorpresiva y que, además, aprovecha el clima de opinión generado con las medidas recientes y de la cultura antiempresarial española para promover una reforma muy perniciosa para nuestro sistema económico, en general, para las empresas y para el sector.

El desenlace acaba con la idea de la reforma no discriminatoria que vende Soria (es fuertemente discriminatorio, mucho y discrecionalmente, dado que en el régimen general se introduce un gravamen adicional a dos tecnologías, con una nueva doble imposición, por la mera posición ideológica de suponer excedentes presuntos). La reforma, además, puede provocar severos problemas en el seno de la Unión Europea para el Gobierno español por destrozar el mercado de generación, una solución nada neutral y fuertemente intervencionista. Además, la replicación de figuras tributarias por unidad de generación tiene un efecto de traslación fiscal a los precios que es evidente, siendo mucho más razonable, en la generación, (y con mayor capacidad recaudatoria en un momento de caída de demanda) la aplicación de un tributo lineal y proporcional por los ingresos finales totales. Otro de los problemas, y quizá el clave, son los elementos distributivos que ha decidido el Gobierno imponer en los gravámenes para absorber el déficit, que evidencian los compromisos del Ejecutivo, la respuesta política del mismo, para que recaiga fundamentalmente en el sector eléctrico y perjudicar a las empresas. Y, finalmente, anticipa una enorme litigiosidad, incluso en las esferas europeas.

¿Qué se apuestan a que en esta solución, los «asesores energéticos del PSOE», Narbona y Jorge Fabra, están de acuerdo?

¡Una barbaridad!

La marcha minera llega a Madrid tras conseguir adhesiones de las localidades que ha atravesado desde sus puntos de partida, como era de esperar. Se trata de un relato épico, básicamente articulado sobre la base de una escaleta de actuaciones estándar que se activan conforme los patronos de las minas ven peligrar el esquema de subvenciones que complementa los ingresos de la venta obligatoria de carbón nacional para la generación eléctrica. Esquema de subvenciones generoso, que además se ve acrecentado por la protección social reforzada de la Seguridad Social a este régimen especial y por las ayudas comarcales para el «desarrollo regional» y que se rebañan para otros fines, porque sólo hay que ver el «desarrollo regional» en el que se emplean y sus resultados, así como el desarrollo de alternativas económicas.

La escaleta es la de siempre: anuncio de reducción de subvenciones por parte de la Autoridad Competente, corte en el pago de las nóminas, movilizaciones en las cuencas mineras, búsqueda de adhesiones entre los alcaldes y autoridades locales, algún herido de diversa consideración en los primeros escarceos (la sangre y su escándalo, algunos que pasaban por allí), diputados y senadores díscolos de los partidos nacionales más o menos cercanos al establishment de la zona, incidentes y disturbios. Siguiente paso en la escalada: marcha minera hasta Madrid. Fotografía de rigor de los líderes sindicales y de Cayo Lara, que no pueden faltar a la cita de esta foto. La ideología pasa por una serie de ceremonias obligatorias, entre las que está la defensa de una actividad que no percibió el momento en que empezó a ser dañina para sí misma.

Los trabajadores mineros aparecen, en este contexto, como escudos humanos de empresas que acaparan las subvenciones. Acampada y ahí, generalmente, ha terminado la cosa, porque los sucesivos Ejecutivos en esa fase se quedaban pillados, incapaces de soportar la presión del Paseo de la Castellana con tiendas de campaña apostadas junto al Ministerio de Industria delante del despacho del ministro, evitando que al mirar por la ventana observaran cómo sus habitantes temporales hacen sus necesidades y lavan las camisetas en medio del Madrid de oficinas y rascacielos. Y, esto prometía ser así hasta 2018, cuando se cumpliese el calendario de extinción de las ayudas al sector según la Unión Europea, por lo que conforme nos fuésemos acercando a esa fecha la presión se redoblaría.

Diferencias. Una, el gobierno, este Gobierno, está más firme que otros ejecutivos en el pasado en esta misma fase en la que nos encontramos, como se puede observar por las declaraciones de sus responsables y también por los primeros signos de apertura a la negociación de los mineros.

Segunda diferencia: la aquiescencia de la sociedad española, salvada la parte emotiva y el recuerdo de Víctor Manuel, en su conjunto es menor, a la vista de que la reclamación en torno a la conservación de estos privilegios por parte de las empresas del sector frente a toda una sociedad que también está sufriendo los embates de la crisis tiene muchas más matizaciones que antaño (sin contar con que cada vez se conoce más que el precio de la electricidad también subirá, en parte, por estas ayudas). ¿Los cinco millones de parados se solucionan con una marcha?

Tercera diferencia: los integrantes de la marcha minera están cada vez menos vinculados con la propia actividad en la mina, de forma que se trata del colectivo más «outsider» de quienes disfrutan de una serie de derechos, con respecto incluso a los propios habitantes de sus comarcas.

Y, la cuarta diferencia y la más importante: en otras reconversiones sectoriales pasadas existía la voluntad y la posibilidad expresada por las propias organizaciones y representaciones sindicales de buscar alternativas a la actividad que se cierra o que no es rentable. Había un sentido de consciencia, de responsabilidad y de futuro. En esta ya no. No hay espacio para la alternativa, dado que supondría la desaparición de una distribución del poder local. Una retórica cerrada en sí misma. Ha pasado, únicamente, a ser la defensa de la subvención por la subvención. Y, claro, de los que la reciben.

«El presente sólo se forma del pasado, y lo que se encuentra en el efecto estaba ya en la causa». Henri Bergson (1859-1941)

La sentencia del Tribunal Supremo respecto a la retroactividad de las medidas que modificaban el esquema retributivo de las plantas fotovoltaicas (con limitación de horas primadas a cambio de ampliación del plazo sujeto a las mismas) es una noticia que puede calificarse de un jarro de agua fría con respecto a los intereses del sector fotovoltaico en vísperas de la próxima reforma del sistema eléctrico (que, por otra parte y con toda seguridad, estará incluso más finamente hilada desde el punto de vista jurídico). El Tribunal Supremo avala las tesis de la rentabilidad razonable y de la posibilidad de que existan determinados tipos de retroactividad «razonable». Veamos.

Hay que reconocer que el desarrollo del sector fotovoltaico en España se ha producido de una forma enormemente disfuncional, habiendo sido cebado por encima de lo previsto, por causas ajenas a los interesados, forma que se basa en actuaciones de la Administración fijando condiciones retributivas, de capacidad y procedimientos de gestión y administración descontrolados. Eran los tiempos de las burbujas y, durante ellas, la finura brilló por su ausencia y, por otro lado, la vista gorda también favoreció su inflado.

Enumeremos. Condiciones retributivas exageradas que, en lenguaje políticamente correcto, promovían el desarrollo de estas tecnologías, incluso en condiciones de descenso de la demanda de electricidad. Por una parte, un modelo de autorizaciones endiablado, en el que estaban presentes numerosos agentes diferentes y que, por otra parte, era enormemente lucrativo para los distintos participantes en la cadena de valor y de favores de los distintos Entes. Repotenciaciones en la sombra por distintas vías para exprimir las condiciones ventajosas, para hacer sacrosanta la prima como inamovible, algunas con enorme picaresca (generación de electricidad por motores de gasoil incluida).

Además, la forma en que se promocionaba y comercializaba este tipo de instalaciones de generación, junto a esta retribución rentista, acompañada de la dilución de su plusvalía en los rodales más cercanos de las Administraciones autonómicas y la necesidad de apalancamiento (posibilitado por la liquidez y la rentabilidad) han dejado un problema endiablado con enorme riesgo financiero, ya que no están presentes en España «empresas propiamente dichas» a efectos de negociación directa (si el Ejecutivo estuviera en disposición y con capacidad de hacerlo) y, por otro lado, en el sector están presentes grandes fondos internacionales con las pensiones de países como Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Por tanto, cualquier ajuste, aunque sea fino en la retribución o en la rentabilidad final (razonable o no), se encuentra con perjudicados (ahí está el arbitraje abierto actualmente en Ginebra) en el último eslabón de la cadena. Y, el volumen alcanzado del problema es de dimensiones importantes, como se han encargado de difundir en estos días las asociaciones sectoriales y los propios fondos de inversión afectados.

Legalmente, el concepto de «retroactividad» no es un concepto tan sencillo como parece o incluso, tal y como se difunde en las simplificaciones para los medios de comunicación. Es un concepto que proviene del derecho tributario y, en el que, además del límite de la rentabilidad razonable (interpretada por el Tribunal Supremo y, en este caso, diluida por los costes de autorización e incrementada por las repotenciaciones a retribuciones más altas) expertos jurídicos señalan la diferencia entre retroactividad propia e impropia. Si bien la retroactividad propia jurídicamente es inadmisible, la impropia es posible jurídicamente.

Así un ejemplo de retroactividad impropia (por ejemplo, la fijación de una tasa a una actividad que se estaba desarrollando) suele ser admisible en el derecho constitucional, dado que si no, los Gobiernos se quedarían atados para siempre de pies y manos hasta que el infinito se quede sin estrellas (otra cosa es la posibilidad de negociación o no previa a su aplicación). De ahí, que la modificación que planteaba el equipo anterior al frente del Ministerio de Industria en su momento consistía en la no afectación de primas devengadas en el pasado, pero sí relativas al cambio de condiciones a futuro. Retroactividad Sebastián, ahora considerada retroactividad razonable.

Si, además, el Ministerio de Industria, a la hora de fijar las condiciones retributivas sectoriales, manejaba informes internos de criterios de rentabilidad en torno al 7% ó el 8% para las tecnologías fotovoltaicas, con un número de horas determinado, el cambio tecnológico y las repotenciaciones (y el despistaje en su control y supervisión) derivaron en que ésta creciera por encima de esta cifra. Por ello, la prima bruta «a pelo», y a todas horas de producción, era el bastión a conservar, como algo inmutable en virtud de una visión particular del concepto de irretroactividad (¿qué es irretroactivo, la rentabilidad teórica o la prima fija?).

Y, claro, todo este escenario y su actual desenlace impacta en el debate sobre la propuesta de tasas a las renovables para resolver los problemas del déficit y de la insuficiencia tarifaria derivada del crecimiento de los costes regulados en la factura eléctrica. Dicha propuesta ha desatado, lógicamente, un enorme nerviosismo en el sector. Tasa que iría dirigida, en el fondo, a diferenciar los excesos retributivos detectados por tecnología, por retribución a la que se acogía y según momento de entrada en operación de cada instalación con respecto a la cuantificación de ese exceso. Por eso, con esta sentencia, cobra mayor verisimilitud su implantación.