Mientras Montoro se irrogó la capacidad de fijar impuestos y crear figuras fiscales, cualquiera que sea el objeto tributario y el tipo de gravamen, Soria señaló que la energía le compete a su departamento y, en concreto, a la cartera que dirige. La respuesta de Montoro consistió, por tanto, en echar combustible con su réplica a Soria.

El ministro de Hacienda hizo una defensa excesivamente esquemática de la retribución actual de las renovables en la línea demagógico-justicialista, mientras que Soria planteó revisar esa retribución cuyo coste por unidad de producción no es precisamente proporcional o lineal, apoyado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que acuña el concepto de rentabilidad razonable.

Además, Montoro defendió tasas discriminatorias a la hidráulica y nuclear que obtienen al precio resultante del mercado mayorista, porque dichas tecnologías están supuestamente amortizadas, aunque se olvidó estudiar la contabilidad financiera que soporta esta aseveración tan frecuente, aunque inexacta. Dicha intoxicación alcanza a la Comisión Europea que, sin tampoco mucho escrutinio, la incorpora en un informe que se airea por mor de su oportunidad.

Así, el ministro de Hacienda recogió perfecta y completamente el argumento de gravar especialmente estas dos tecnologías, aunque su gravamen conlleve posibles efectos sobre la seguridad de suministro eléctrico al peligrar su viabilidad, abriendo hueco para las tecnologías más onerosas. Y, todo ello, sucede por el hecho de asumir los criterios retroprogresivos que han sido defendidos indisimuladamente por el mundo termosolar: propuesta de Hacienda de fijar un impuesto a tecnologías de mercado para subsidiar las primas de las tecnologías mejor retribuidas por unidad de producción y nada de recorte. Que continúe la fiesta del crecimiento de los costes regulados (los que se fijan políticamente) de otra forma, aunque sea a costa de desequilibrar el funcionamiento general del sector eléctrico (¿será por eso por lo que Soria señaló que este asunto es de su responsabilidad?). Montoro, confiado y suficiente, además tiene la segunda llave, la de que estas partidas se atenderían a través de los presupuestos tras la reforma fiscal energética. Por tanto juega, en teoría, con dos instrumentos y una ventaja.

Sorprendente encontronazo que pone en evidencia las tensiones internas del Ejecutivo, y la propia debilidad política de Cristóbal Montoro, señalado con el dedo por sus relaciones con el mundo de los negocios y, más concretamente, a través de Ricardo Martínez Rico, hermano de su jefe de Gabinete actual y ex socio del despacho del que fuera titular el ministro, Equipo Económico (Montoro y Asociados), firma que se gestó como despacho de relaciones públicas y lobby. En la actualidad, Martinez Rico mantiene una suculenta retribución por asistir al Consejo de Administración de Abengoa, una firma con intereses especialmente relevantes en la tecnología termosolar y a la que no se le ha resistido ningún Plan de Energías Renovables.

Ante estas circunstancias, el ministro de Hacienda niega lacónicamente el conflicto de intereses existente de facto, mediante el argumento leguyelo de que los ministerios sectoriales son los que tienen los intereses y el ministro de Hacienda quien los grava. Por eso, su departamento reclama reservarse qué impuestos fijar y cómo a la generación, aunque su visión de la neutralidad fiscal (en aplicación de la teoría de la hacienda pública) con la propuesta de las tasas diferenciales a las energías que concurren a mercado se desmorona. El ministro, en todo caso, ya sabe que decir no a si hay conflicto de intereses es un sí de facto.

Soria juega fuerte

Por todo ello, el de ayer fue un directo encontronazo, sin ambages, a través de las declaraciones en los medios de comunicación entre los titulares de las dos carteras. La intervención de José Manuel Soria fue mucho más explícita que de costumbre, por más que el carácter desabrido de Cristóbal Montoro y su uso indiscriminado de argumentaciones demagógicas y de simplificación política procedentes del colectivo retroprogresivo, apelando a la «igualdad» entre tecnologías (¿?) ya se haya vuelto en su contra, hasta quemarse en el incendio.

Conclusiones para lo próximo, para lo venidero y para lo que concierne a esta reforma: el Gobierno tiene en su seno un fuerte conflicto de intereses en la reforma del sector energético de cara a la fijación de nuevas figuras impositivas que tarde o temprano iba a transparentarse. La reforma debe hacerse casi de forma inminente, y la fecha tope es la revisión tarifaria del cuarto trimestre. La reforma que finalmente resulte debe comprender el funcionamiento del sector energético y eléctrico para garantizar un suministro económica y medioambientalmente eficiente y garantizado, sin intoxicarse de otras valoraciones, es decir, garantizar el mercado y un modelo. Es una cuestión que compete al Gobierno, a Industria, a Economía y a Hacienda, en este orden. Montoro debería inhibirse en el debate de esta cuestión por motivos morales y cuasi legales.

Como medio país este verano, el Ejecutivo está en llamas. Hemos llegado a la temperatura a la que arden los gobiernos. Es necesario sofocar el incendio con racionalidad.

El discurso del presidente Rajoy, no dista mucho de sus intervenciones anteriores, sólo que su repetición y esquematicidad, presenta rasgos inequívocos de fatiga de materiales. Su argumentación simple, consistente en hacer una constante alusión al «deber» y a la defensa de su acción política como la «única posible», está orientada a promover planteamientos muy esféricos y cerrados, paternales, sin resquicios, que no permiten un espacio, ni siquiera para la matización.

Son discursos a la par que defensivos, jansenitas, casi calvinistas. Todo ello, en clara alusión a los recortes y gestión de los asuntos relativos a la economía española como el proceso de reordenación del sector financiero, de las cajas de ahorro, o la posibilidad y modalidades de los rescates que formulan desde las autoridades económicas y la Unión Europea.

En esa intervención, dentro de la sucesión de medidas esgrimidas por Rajoy, el presidente no incluyó el problema del déficit tarifario, que tantos ríos de tinta ha generado en los últimos meses a cuenta de las polémicas por las medidas orientadas a su absorción y contención. Y, por tanto, tampoco aludió a las controversias en torno a la forma de resolución conocidas del mismo, que han abocado a que la decisión acabe en su escritorio tras un nada indisimulado conflicto entre Industria, por un lado y la Oficina Económica del Presidente y el Ministerio de Hacienda, por otro.

Lo que parece claro es que seguramente no hay un único enfoque posible, pese a esa retórica unificadora del Presidente. Y, siempre cuando hay variedad o diversidad de enfoques, es posible que el resultado de los mismos sea hacerlo bien o hacerlo mal, o que produzca unas consecuencias u otras, o si en la formulación de la misma se cuenta con una visión global o no de sus efectos en la economía española, en la credibilidad de sus instituciones y mercados, de los sectores energéticos, de visión del suministro eléctrico y de los agentes económicos, en este caso, de las empresas y sus accionistas, así como de los mecanismos de financiación.

Además, por otra parte, han pasado ya varias revisiones tarifarias en el año y el problema del déficit tarifario como descompensación entre los costes del suministro eléctrico, de los precios y la tarifa, ha quedado virgen, es decir, sigue sin abordarse con medidas que atajen su crecimiento y que garanticen su absorción. De hecho, sigue la preocupación por la forma en que van aumentando su montante por diferentes vías que inciden en el crecimiento de los costes regulados incluidos en las tarifas de acceso, principalmente por la vía de entrada en funcionamiento de instalaciones con primas autorizadas. Déficit que además cada vez resulta más dificultoso de financiar.

El hecho, es que la reforma de la fiscalidad energética para abordar el déficit tarifario sigue estando de candente actualidad todo el mes de agosto, como se puede comprobar en los medios de comunicación. Y, sobre todo, a la luz de que el Ejecutivo ha dejado, continuando con la metáfora quirúrgica que empleábamos hace unos días, el paciente abierto en canal en el quirófano. El problema del déficit tarifario sigue, por tanto, en la mesa de operaciones, con el bisturí en manos de los galenos, los cirujanos alrededor y con posiciones encontradas de cómo abordar la intervención y qué órganos hay que extirpar, calibrando el estropicio final.

El Ejecutivo, por tanto, se ha ido estos quince-veinte días de vacaciones, sin resolver el problema del déficit tarifario, y a la vez, sin dar a conocer formalmente la hoja de ruta medianamente razonable y creíble. Se ha ido transparentando las fisuras muy importantes en el seno del Ejecutivo a cuenta de la primera fórmula conocida mediante el procedimiento de la filtración: impuesto a la generación en régimen general, impuestos especiales diferenciados a tecnologías hidráulica y nuclear, céntimo verde y reajuste de los componentes de las tarifas de acceso sin concretar. A la par, también se han evidenciado relaciones peligrosas pasadas y presentes, que contaminan fuertemente la solución propuesta inicialmente por el Ministerio de Hacienda y la Oficina Económica del Presidente (que curiosamente, ahora, en un ejercicio de prestidigitación, dicha solución es presentada en los medios de comunicación como procedente ¡del Ministerio de Industria!, desentendiéndose sus padrastros, dado que sus padres intelectuales son retroprogresivos).

Dicha solución, sometida a fuerte escrutinio y cuestionada por su enfoque ideológico y sus muy deficientes bases económico financieras de partida, suponía arrasar el mercado de generación y colocar al régimen general en pérdidas directas, con el fin de efectuar trasferencias de ingresos entre tecnologías por la vía intermedia de los instrumentos fiscales propuestos y con afectación a la seguridad de suministro, dado que habría instalaciones inviables.

Parece que las fuertes distorsiones y consecuencias de este modelo, conocidas, públicas y publicadas, ha dejado el paso a otra alternativa con impuesto homogéneo a la generación, revisión de la retribución renovable en orden a la búsqueda de rentabilidades razonables, céntimo verde, subastas de derechos de emisión, alargamiento del período de absorción del déficit, salida de los componentes indebidos del coste del suministro (es decir asunción en los Presupuestos Generales del Estado) y reajuste de los componentes de la tarifa con descenso de las tarifas de acceso.

Como expresa Jordi Dolader en el especial de energía del diario El Economista, las soluciones al problema del déficit tarifario son más globales, tienen que ver con el cumplimiento y garantía de unos principios que nunca deberían haberse abandonado (Elegibilidad, Aditividad, Suficiencia, Gradualidad, Reciprocidad, Separación de Actividades,….), que a su vez se ven enmarcados en la actual coyuntura, de demanda, consumo y capacidad de generación, modelo de tarifas y costes del suministro. Esta formulación, completamente razonable, en realidad, influye en muchos más elementos como la planificación energética, el funcionamiento del mercado o la conformación y credibilidad de los órganos reguladores independientes.

Dolader, en definitiva, reclama una política energética creíble y definida. Reclama modelo, mercado e instituciones independientes, para contar con un enfoque conjunto, económica y medioambientalmente sostenible para la actividad de suministro de energía eléctrica, además de resolver el problema acumulado, grave, gravísimo y genuino de nuestro país del déficit tarifario y los incentivos políticos a su engrosamiento. Por eso, aquí y ahora, es urgente e importante, abordar de una forma global el problema del déficit tarifario y la regulación por remiendos dirigida a generar jugosos subsidios y escabullirlos en las tarifas hasta que no se ha reventado y hecho imposible seguir con este comportamiento. Por eso Rajoy necesita otro discurso menos vertical y único.

A estos efectos, en primer lugar hay que revisar las tarifas de acceso, y consecuentemente, el sistema de precios y tarifas eléctricas, de forma que se actúe de forma contundente a la hora de absorber el montante déficit tarifario y, a la vez, frenar su crecimiento, hasta ahora sin control debido, fundamentalmente, al galopante incremento de los costes regulados en estos últimos años.

En todo caso, parece que todo este tiempo de prolongación en la solución ha servido para que se adquiera mayor conciencia del papel de este crecimiento de los costes regulados y de los mecanismos que han ido cebando su crecimiento. En realidad, el conocimiento explicito y público de estos mecanismos incrementalistas ha servido de freno para los planes iniciales promovidos por la Oficina Económica del Presidente y por el Ministerio de Hacienda, que han visto como en los últimos días se han evidenciado todas las costuras de la misma, sus bases de partida y sus pretensiones. Además, la mayor difusión del problema del déficit tarifario, su origen y sus características y que se haya puesto blanco sobre negro las consecuencias de la reforma ideada inicialmente han transparentado los efectos en términos de ruptura de mercado, pérdida de eficiencia y afectación de la garantía de suministro, al poner en la picota el régimen general.

A la par, todo eso, y que el Ministerio de Industria haya empezado a mover ficha conforme se iba debilitando el propio Montoro (y asociados) y, que ya, el propio Mariano Rajoy sea conocedor por distintas vías del riesgo de la eventual trapisonda que se estaba preparando, han complicado mucho los planes iniciales.

Por otra parte, las últimas declaraciones de José Manuel Soria, apuntando a que «no hay ninguna tecnología que estará fuera del ajuste» y por otra parte, la atención desde la Unión Europea a esta reforma respecto a la necesidad de «homogeneizar» el esfuerzo por parte de los distintos sectores de generación eléctrica, apuntan a la búsqueda de los mecanismos menos discriminatorios posibles y, que a la vez, cuenten con capacidad recaudatoria efectiva. En todo caso, hay que estar atentos al mayor nivel de exigencia que Industria está ejerciendo sobre Hacienda y Economía de cara a la reforma y como se formule definitivamente.

En ese sentido, y con todos estos criterios y admoniciones, cada vez es menos justificable la existencia de los famosos impuestos o tasas de inspiración retroprogresiva a las tecnologías nuclear e hidráulica, sin justificación de un objeto tributario concreto, económico o ambiental, salvo postulados ideológicos más o menos velados o intereses redistributivos entre tecnologías. Por eso, la propuesta que va cobrando mayor entidad es la fijación de una tasa homogénea a la generación de electricidad aplicada a los ingresos totales percibidos, sin distinción de tecnologías, que además no genere distorsiones en el mercado mayorista. Es quizá, con toda probabilidad, la solución más limpia.

Por otra parte, esa homogeneidad no se queda ahí. Es preciso que todos los que participan en el suministro eléctrico, financien el déficit tarifario mientras que éste se esté produciendo, (en el hipotético caso de que se prolongue su pervivencia eso sí, siempre de forma transitoria, acotada y creíble). Algo que además, contribuiría a que los distintos sectores energéticos participasen de una manera equivalente, equilibrada y constructiva a no acrecentar el problema y absorberlo. Hasta ahora, solo se financia a través de los balances de las empresas de generación en régimen general. Ni los perceptores de primas, ni el transporte, ni la distribución, hasta el momento, participaban en este proceso de financiación, hasta su totalización o compensación.

Quizá estos apuntes puedan servir para concretar esta idea de homogeneidad en las alternativas y soluciones que se están barajando para resolver el problema del déficit tarifario. Y, también, para comprender que era necesaria una solución de equilibrio real con visión global del sector, del suministro y del mercado, sin distorsiones y con criterios económicos y de eficiencia.

Ayer, el ministro de Industria, Energía y aTurismo, José Manuel Soria, afirmó en la Cadena Cope que era el Ministerio de Hacienda, junto con la Oficina Económica del Presidente, (aunque a Soria se le olvidara mencionar a ésta última) quienes estaban pilotando la fase final de la propuesta fiscal conducente a la absorción del déficit tarifario, ya que por parte de Industria «estaba prácticamente ultimada», dijo.

Sin embago, y según fuentes solventes, este medio ha podido saber que se está marginando completamente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en todo lo referente a la reforma energética. Algo que está produciendo un fuerte malestar en el ministerio que dirige Soria que, por otra parte, recibe el desdén y la dejación con la que ha seguido el problema y las alternativas de solución del déficit tarifario.

Las mismas fuentes señalan que no es seguro que esta semana sea cuando el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley con estos mecanismos fiscales que, posteriormente, deba ser remitido al Parlamento, pero viendo el panorama y que la reforma tenía que haber sido aprobada el pasado 29 de junio, cualquier cosa puede suceder. En cualquier caso, Soria volvió a reiterar ayer que estará lista «muy pronto».

Tal y como se ha ido avanzando, la reforma se basaría en la fijación de un impuesto general a la generación de electricidad, la determinación de impuestos específicos añadidos a la generación hidráulica y nuclear (dos tecnologías no emisoras de carbono), así como un grupo de tributos y tasas variables a las tecnologías renovables en régimen especial. La aplicación de dichos impuestos, con las cifras de la contabilidad financiera auditada, sitúa al régimen general en pérdidas y, asimismo, dinamita el mercado mayorista de generación, además de cobrarse la energía nuclear y la inversión futura en estas tecnologías, con resultado de grave afectación a la seguridad de suministro.

Al parecer, las estimaciones que utiliza tanto el Ministerio de Hacienda como la Oficina Económica del Presidente a la hora de calcular los montantes de la recaudación que se obtendría de estas nuevas figuras impositivas específicas en estas tecnologías proceden del grupo retroprogresivo.

De hecho, este colectivo ha sido auspiciado por el lobby termosolar que, según todas las evidencias, dirige esta reforma, con el grupo Abengoa a la cabeza y que, por otra parte, ha auspiciado y promovido estas posiciones ideológicas de indudable valor para este fin, dando cobertura empresarial a estos modelos.

En esta cruzada por defender la potencia concedida a los proyectos termosolares con fuertes subsidios, la empresa sevillana ha sabido granjearse, además, el apoyo de asociaciones fotovoltaicas y el acceso a ciertas instancias europeas, merced al oficio del exministro José Borrell, hombre muy cercano a Cristina Narbona y, por ende, a Jorge Fabra, ex Consejero de la CNE y uno de los defensores de la propuesta de cambiar impuestos por primas y exponente del colectivo retroprogresivo, contrario a la liberalización, al mercado y a las Directivas Europeas.

Este colectivo retroprogresivo ha mantenido una fijación ideológica contra las tecnologías hidráulica y nuclear que viene de muchos años atrás. Este grupo, tradicionalmente contrario a las renovables, ha encontrado en determinadas tecnologías el mejor ariete contra el régimen general y su tradicional enfrentamiento contra las empresas del sector eléctrico.

El objetivo de este colectivo era sacar del mercado mayorista a estas tecnologías, con el fin de acabar con el mismo como mecanismo eficiente de fijación de precios, algo que ha permitido a España contar con los precios más bajos de Europa en generación, con independencia del proceso desmedido de crecimiento de los costes regulados en forma de primas por las tecnologías fotovoltaica y termosolar. No obstante, una de las fórmulas que promueve este colectivo es idéntica a la que maneja el Ejecutivo: la fijación de tasas discrecionales en estas tecnologías, bajo el supuesto de que estarían completamente amortizadas, sin utilizar para justificarlo, los datos de la contabilidad financiera y de costes.

El siguiente paso en este flujo es conseguir que estos impuestos se empleen para enjugar el oneroso sistema de primas a las tecnologías más caras para el consumidor. Por tanto, unas tecnologías subsidiarían a otras vía impuestos y se produciría un trasvase de «rentas supuestas» entre tecnologías acabando con la tensión competitiva de los mercados, en pos de una redistribución entre empresas obligada e impositiva.

De hecho, estos son los supuestos de los que parten Hacienda y Moncloa a la hora de determinar este impuesto, gracias a la campaña mediática y demagógica operada en esta línea.

Y es que, según ha podido saber Energía Diario, tanto Hacienda como Moncloa tienen en su poder «papeles» en los que se eliminan amortizaciones, inversiones y gastos de mantenimiento conforme a la normativa contable y financiera a que están obligadas las empresas. Se trata de «papeles» elaborados en origen por los partidarios de introducir fuertes mecanismos fiscales a las tecnologías hidráulica, nuclear y eólica y que, como se ha venido denunciando reiteradamente, desechan la contabilidad financiera, amortizaciones e inversiones auditadas contablemente, partiendo los modelos de simulación que elaboran los representantes retroprogresivos del sector eléctrico, contrarios al mercado mayorista.

Todo queda en casa

Volviendo al papel de Abengoa en la reforma energética, habría que destacar a un hombre clave en esta operación. Se trata de Ricardo Martínez Rico, que fue jefe del Gabinete de Cristóbal Montoro y exsecretario de Estado de Presupuestos y que también ha sido socio del ministro de Hacienda en la firma del despacho de lobby y relaciones institucionales «Montoro y Asociados«.

En la actualidad, Martínez Rico ha pasado de estar presente en el Consejo de una filial del tercer nivel dentro del holding Abengoa, al Consejo de la matriz, con una retribución de 300.000 euros, según publicó el diario El Economista. Una paga extraordinariamente alta para las cifras que se manejan en consejos de empresas semejantes.

Y tampoco habría que olvidar que su hermano Felipe es el actual jefe de Gabinete de Montoro en esta etapa como ministro de Hacienda.

Por tanto, las conclusiones son varias. Uno: la pregunta es, ¿en manos de quién estamos, que la ideología y los prejuicios no les permite ni siquiera aceptar la contabilidad financiera, de forma que una información auditada no estropee una simulación interesada? Dos: esta reforma, así expuesta, puede cargarse el mercado eléctrico, afectando a los precios, a la seguridad de suministro y a la inversión, únicamente por los intereses particulares de una tecnología costosa para el conjunto del país. Así, los intereses generales del suministro para empresas y ciudadanos se supeditan a los intereses empresariales de los representantes de una tecnología concreta. Tres: España sigue siendo un país invadido por los negocios particulares y sus capicúas entre empresa y política.

Y mientras, José Manuel Soria, entre viaje y viaje, a Rusia y a Canarias, repartiendo abrazos. Los mineros poniendo en jaque a Marti Scharfhausen y haciéndole rabiar. Y Rajoy con otro quebradero de cabeza.