Atentos a la crisis económica, al creciente malestar social y su trascendencia en términos de opinión pública, con su correlato en las encuestas, cualquier cuestión que suponga un alza en los precios de un bien o servicio es objeto de polémica per sé, como cauce para la resistencia.

Pero, si detrás de ese «objeto de polémica» existe una decisión o un comportamiento político (como, por ejemplo, una subida de impuestos, llámese IVA o el necesario céntimo verde), o una sospecha conspiratoria (el informe de la Comisión Nacional de Competencia sobre la evolución de los precios de los carburantes), la mecha puede cobrar un alcance inesperado.

Una comprensión nihilista de la realidad vendría a decir que todo lo que signifique una subida de un bien o servicio es malo en estos momentos, lo que lleva aparejado que introducir matizaciones cuando se producen estos fenómenos de alza de precios (inevitables en muchos casos) es más difícil por el carácter cada vez más esquematizado y simplificado de la comunicación política. Pero, la realidad es más rica y requiere más puntos de vista.

En este caso, el Gobierno, con el Impuesto sobre el Valor Añadido recién elevado, encarecido el denominado «coste de la vida» y con la revisión de la moratoria fiscal del biodiésel en ciernes, se encuentra con un problema de coste de los carburantes. El Gobierno podía endosar, con esta polémica, parte de los resultados de políticas pasadas cuyos vencimientos llegan ahora.

Y, para ello, en el caso de los carburantes obtiene una ayuda inestimable y esencial de la Comisión Nacional de Competencia para alimentar esta polémica, al recoger de forma muy gráfica en las conclusiones de su informe sobre el precio de los combustibles la ya acuñada teoría y metáfora del «cohete y la pluma». Los carburantes suben en España para el consumidor como un cohete y bajan como una pluma, dice la CNC. Conclusión que el propio ministro de Economía hizo suya para caldear más el ambiente, al respecto, si cabe. Algo turbio, sinuosamente y crípticamente se insinúa: un espectro sobre una actividad económica fuertemente gravada. Oro (negro), desde el punto de vista de la comunicación política para un gobierno necesitado de una vis social y, casi por sinónimo sociológico en España, de un comportamiento antiempresarial. Mejor no se le podía poner ni siquiera a Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque la CNC no pasó de ser muy manierista en lo descriptivo, hasta el momento no se había insinuado la posibilidad de medidas para «corregir» problemas de competencia. De hecho, la propia Comisión Nacional de Competencia tiene entre sus funciones y servicios la posibilidad, capacidad y habilitación para proponer medidas al respecto, más allá de encontrar una metáfora más o menos con gancho que coloca un mensaje político.

Y, claro, todo ello más allá de las medidas que se han enunciado a posteriori desde la Administración (liberalización del establecimiento de gasolineras, modificación de los contratos de abanderamiento, distribución en grandes superficies…), medidas cuyo tono es casi como una admonición o una amenaza al sector sobre este problema, cuando el Gobierno se ha encontrado con la patata caliente encima de la mesa. Patata, la de los precios de los carburantes que, por otra parte, todos los ministros de Industria han tenido encima de su escritorio en sus mandatos sucesivos desde que el franquismo decidió aplazar la traslación de la crisis energética de 1973 a nuestro país.

En todo caso, lo que ha pasado en el último año no es eso, lo que promueve una idea falaz de la realidad. Por ejemplo, no hemos estado ante una bajada en los precios reales del petróleo. Hemos asistido el año pasado, como conocíamos ayer, al precio más alto del petróleo en términos reales (precio y tipo de cambio) desde hace más de un siglo. La entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones de refino en España (hasta ahora también un cuello de botella en los costes), deben dar la posibilidad de empezar a contener los precios del carburante. Y, al mismo tiempo, la fiscalidad ha continuado creciendo. Admitiendo las diferencias de márgenes (discutidos por parte de las empresas, que piden, razonablemente, homogeneizar las definiciones de los mismos) en España, que enuncia el Ministerio de Industria, nos situamos en una diferencia del 1,5%, con lo cual el supuesto margen de mejora es menor que el de escándalo.

Ahora se echa de menos un buen debate limpio, con un buen diagnóstico, sin intereses políticos politizados, sin añagazas y, si cabe, una propuesta de medidas más meditada y realista.

En primer lugar, el Gobierno advirtió a las empresas petrolíferas de que iba a actuar con respecto a sus «márgenes», en la medida en que, a su juicio, se consideran «excesivos». La fijación de un gravamen específico a los márgenes, la liberalización del suministro de carburantes en vías rápidas o la eliminación del abanderamiento de estaciones de servicio son las medidas que se han enunciado como posibles propuestas que el Ministerio de Industria podría aplicar.

En torno a esta problemática, con el fuerte crecimiento de los precios de los carburantes y como telón de fondo de la evolución de los impuestos (alza del IVA, previsible desaparición de la exención fiscal al biodiésel y fijación del céntimo verde), el Ejecutivo se decide hacer fuerte en dos cuestiones.

Por una parte, el Informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en cuya presentación su presidente hizo una metáfora en la cual se decía que el precio de los combustibles subía como un cohete y bajaba como una pluma. Dicha metáfora fue repetida, recientemente, por el ministro de Guindos, hasta el punto de que se le ha atribuido a él. De Guindos, con su posición y su histrionismo, es capaz de añadir tintes más dramáticos y atribuirse la autoría de la figura literaria. Dicho sea de paso, De Guindos siempre ha mantenido una posición fuertemente crítica con el sector petrolero español en su anterior etapa en el Ministerio. Por otra parte, el Ejecutivo señala haber identificado una diferencia de márgenes con respecto a la media europea a favor de las petroleras españolas de un punto y medio, diferencia que las petroleras señalan como «no comparable».

En segundo lugar, desde el Ejecutivo se acusó a las empresas eléctricas de «irresponsables» por no presentar dentro de plazo la solicitud de ampliación del período de operación de la central nuclear de Santa María de Garoña, otrora defendida por los populares frente a la decisión del expresidente Zapatero de cerrarla por motivos puramente políticos. Y, ahora, vuelven a aparecer motivos puramente políticos, que no aceptan los argumentos técnicos económicos en torno al futuro de esta Central.

Entonces, el Gobierno y el ministro de Industria se hicieron los sorprendidos, en la medida en que tras conocerse el primer proyecto de medidas fiscales para la absorción del déficit tarifario, que incluía la fijación de un impuesto que hacía inviables las instalaciones nucleares, su efecto sobre la Central de Garoña, a la vista de sus inversiones y de las nuevas figuras tributarias previstas, hiciera, con los números delante, inviable la instalación. La política, que todo lo ve en términos dialécticos, no acaba de creerse los resultados y que la advertencia de las empresas titulares enviada por carta al Gobierno de las consecuencias que entrañaba dicha posición, se hiciera realidad. Frente a las posibilidades de ampliar el plazo solicitado por las empresas, Industria se cerró en banda. La inseguridad jurídica y regulatoria creada por el conocimiento del proyecto se ha cobrado la presentación de la solicitud de ampliación de operación de la Central de Santa María de Garoña y, a juicio del Gobierno, su futuro.

Para añadir mayores niveles de polémica, el susodicho impuesto a las tecnologías nucleares había sido calculado sobre la cuenta de rentabilidad elaborada literalmente por una empresa con intereses termosolares, con acceso conocido al ministro de Hacienda, tal y como había publicado en el digital Voz Pópuli, sin que se haya desmentido esta versión.

Todo sucede muy deprisa y la situación se enfanga. Los medios más conspicuos especulaban con ser una bravata o sobre la imposibilidad de la advertencia de materializar las consecuencias de una inviabilidad sobrevenida en esta instalación, por supuestas motivaciones políticas, o por la defensa de la misma como «estandarte». Pero lo que parece claro es que han sido los números, la inseguridad jurídica y regulatoria y los comportamientos ajenos al diálogo los que han derivado en este disparate.

Lecturas políticas. El Gobierno ha optado por la vía cínica de la política politizada, con un enfrentamiento que aprovecha los resabios sociológicos y políticos frente a las empresas por su facilidad de demonización en un país sin conciencia empresarial. En definitiva, adopta un comportamiento intervencionista y coactivo, sin que se comprenda el modelo empresarial, económico, financiero, de mercado y de liberalización de los sectores energéticos que pretende aplicar.

¿Qué quiere decir esto? Que parece que triunfa la vía Montoro en el modelo fiscal de resolución del problema del déficit tarifario. Que, en efecto, por tanto, el Gobierno colocará, finalmente, el impuesto específico a las tecnologías hidráulica y nuclear. Que modificará el mix de generación español empeorándolo en su diversificación. Que, vía estos impuestos, romperá el mercado eléctrico y sus elementos de competitividad que lo han hecho uno de los más competitivos de Europa, vaciándolo. Que encarecerá el coste del suministro por la vía de drenar el mercado con menos oferta de tecnologías y, por otra parte, hará desaparecer paulatinamente la energía nuclear y la hidráulica con el procedimiento diseñado por el colectivo retroprogresivo de hacerlas inviables vía impuestos diseñados a tal efecto. Que beneficiará a las tecnologías más subsidiadas, vía Presupuestos y vía tarifas, conforme a sus pretensiones.

El Ejecutivo ha entrado en una dinámica peligrosa, con una confrontación artificial con las empresas buscando el apoyo de la opinión pública con argumentos fáciles. Cuidado con esta deriva, cuyo naufragio o medidas, sumidos en el torbellino, podrían ser imprevisibles. Se necesita oficio y experiencia para resolverlo.

La filtración de que Montoro asumió las posiciones de Abengoa ha abierto una guerra sin cuartel en el Gobierno a cuenta de la publicación en el portal digital Voz Pópuli, publicación que dirige el periodista económico Jesús Cacho, del origen de los documentos utilizados por el Ministerio de Hacienda para la elaboración de la propuesta de medidas fiscales para resolver el problema del déficit tarifario.

De fuerte irritación calificaban ayer fuentes cercanas al Ejecutivo el hecho de la difusión (no desmentida, por otra parte) de que José Manuel Soria reveló al presidente del Gobierno que el Ministerio de Hacienda había hecho suyas, de forma íntegra, textual y sin explicitarlo, las posiciones de Abengoa en el proyecto de ley de medidas fiscales conducentes a la absorción del déficit tarifario y de la diferencia entre la tarifa y el coste del suministro. Toda una bomba de relojería para el Gobierno. Soria habría enseñado a Rajoy el mismo documento presentado con membrete del Ministerio de Hacienda, procedente directamente de Abengoa. El enfrentamiento abierto en el seno del ejecutivo entre Cristóbal Montoro y José Manuel Soria se recrudecía con esta filtración, además de por el hecho de que el canario afeara la reprobable conducta del titular de Hacienda, primero haciendo suyas estas posiciones y luego ocultándolo en el seno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Una reforma pródiga

La propuesta «elaborada» por Hacienda, calificada de muy polémica, establecía un impuesto especial para dos de las tecnologías concurrentes en el mercado liberalizado de generación eléctrica: la hidráulica y la nuclear. Dichos gravámenes recogerían las tesis del colectivo retroprogresivo de la electricidad que ha tenido cobertura en Abengoa y en las ramificaciones de la industria termosolar.

La propuesta, además, mantenía casi intactas las previsiones de ingresos de las tecnologías con mayores niveles de subsidio por MWh de generación (sobre todo la termosolar). Además, la propuesta fiscal, casualmente, apuraba mucho más con la fijación de nuevas figuras tributarias, especialmente a las tecnologías renovables y de régimen especial más cercanas a la paridad con los precios del mercado de generación, como la eólica.

Paradójicamente, en los cálculos que empleaba Hacienda para determinar este impuesto, que en la práctica quebraba el funcionamiento del mercado de generación, no se contemplaban ni los datos contables auditados de las empresas, ni las inversiones, ni gastos de mantenimiento, ni las amortizaciones de estas instalaciones. Se trata de una práctica conocida y usual entre este colectivo como soporte de sus posiciones ideológicas antinucleares y antihidráulica. Dichas posiciones eran compartidas, además, por el Director de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal, colaborador del propio Montoro en su etapa parlamentaria al frente del área económica en la oposición.

Las informaciones conocidas hasta el momento provocaron fuertes suspicacias y casi transparentaban que Abengoa habría influido fuertemente en todo el proceso por su capacidad de acceso al Ejecutivo, vía Cristóbal Montoro y sus relaciones. Dichas informaciones estaban pendientes de publicación a la espera de su confirmación oficial por varios medios de comunicación, incluido Energía Diario, pero la noticia de ayer fue un salto cualitativo, tanto en lo metodológico como en el escándalo, al revelarse el origen de los «papeles» que empleaba Hacienda y confirmar su autoría.

Dicho impuesto supondría en la práctica, además de una distorsión del mercado de generación, comprometer la viabilidad de las instalaciones de generación afectadas. Así, tal y como se conocía hoy, Nuclenor ha aplazado la solicitud de ampliación de la operación de la central de Santa María de Garoña hasta que no se despeje la incertidumbre regulatoria en torno a estas medidas. Los efectos de esta normativa pueden ser devastadores para el sector eléctrico y para la seguridad de suministro, con un alcance mucho mayor que salvaguardar unos MW futuros de generación termosolar, cuya campaña para evitar una moratoria había llegado muy lejos.

La fuerte asimetría de la reforma y el hecho de que el coste de garantizar unos cuantos megavatios fuertemente subsidiados por esta vía comprometa la política energética y de suministro, ha situado sobre alerta al ministro de Industria, José Manuel Soria, que se ha implicado personalmente y a fondo en esta cuestión. Hoy mismo, en varios medios de comunicación, volvía a enfatizar el problema del déficit tarifario, su gravedad y su necesidad de control y ajuste.

Por otra parte, dichas fuentes lamentaban que se hubieran transparentado «estas deliberaciones» (por la revelación de la influencia de Abengoa y el origen de los documentos) dentro del Ejecutivo. En esta agria polémica, en días pasados, Montoro se irrogó la capacidad de su cartera para la fijación de impuestos, figuras tributarias y fiscales, mientras que el titular de Industria, Soria, reclamó su responsabilidad en la política energética. Una fuerte brecha y un problema de cohesión en el Ejecutivo, que no está, ni mucho menos, cerrado.

El hecho es que, hoy, Rajoy tiene encima de la mesa un problema gravísimo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fuertemente cuestionado debido a su relación con su exsocio, Ricardo Martínez Rico (hermano, por otra parte, de su actual jefe de gabinete). Martínez Rico hoy está presente en el Consejo de Administración de Abengoa, con una retribución de 300.000 euros, muy elevada para este tipo de posiciones (el expresidente José María Aznar percibe, después de la última subida de retribuciones, 120.000 euros del magnate Rupert Murdoch por su presencia en los Consejos de Administración de sus empresas).

Fuentes políticas revelan la debilidad actual del ministro de Hacienda dentro del Ejecutivo, dado que el propio Rajoy siempre estuvo receloso de contar con él, por sus relaciones empresariales peligrosas pasadas al frente de la consultora Equipo Económico. El apoyo de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, su gran valedora, es cada vez más débil, aunque Rajoy le habría encargado que medie junto a Álvaro Nadal (conocido partidario también de las tesis retroprogresivas) en la disputa entre Montoro y Soria.

Para complicar más las cosas al Ejecutivo de Rajoy, y tal como había anticipado Energía Diario, el Partido Socialista Obrero Español, a través de su secretario de Organización, Óscar López, ya ha puesto en el punto de mira de la oposición el proyecto de ley con las figuras fiscales para resolver el grave problema del déficit tarifario que preparaba el Ministerio de Hacienda. El PSOE necesita artillería gruesa y el Gobierno en general, y Montoro en particular, parece que se le está dando.

En la actualidad, es difícil diferenciar el grano de la paja, lo auténtico de lo sucedáneo. Y ese es el caso de la utilización de la palabra «reforma» en lo que se refiere a la economía. Numerosos economistas reivindican, con toda razón, la necesidad de realizar reformas estructurales en nuestra economía para proporcionar mayor competitividad a nuestro país en un mundo globalizado, así como para reducir la grasa acumulada en los años de bonanza y, a la vez, de gran inobservancia sobre los comportamientos eficientes, cuándo no, incluso displicentes, fruto de la percepción fascinante de abundancia. La reforma implica ruptura, cambio de modelo; evidentemente, una mayor liberalización, mayor eficiencia, mayor competencia, mercado y competitividad. Lo contrario no es reforma: es, en realidad, una involución.

En todo caso, el objetivo de Energía Diario no es clarificar el concepto de reforma estructural o determinar metodológicamente la naturaleza de la misma desde el punto de vista económico. Es, simplemente, aclarar que en el caso del sector eléctrico y de las actuaciones que se están evaluando para resolver el gravísimo e imparable problema del déficit tarifario, no estamos hablando de una «reforma» per sé (expresada, de forma ansiosa, casi en un sentido catárquico o rupturista), sino del establecimiento de medidas legales que equilibren el coste del suministro con los precios de la electricidad (la tarifa) en el marco de un modelo coherente, consistente, empresarial y de mercado.

Algo necesario, además, para superar decisiones pasadas que socavaron el modelo por la vía de la modificación y la rectificación. Adulteraciones que son las que nos han llevado a una desviación sobre el funcionamiento del mismo. Y quizá, en este momento de velar las armas y las lanzas entre Industria y Hacienda tras su último encontronazo, profundizar sobre ello puede servir para introducir elementos de reflexión al respecto que permitan no perder la perspectiva.

Es un hecho, según se puede leer, la tendencia a reducir el ámbito de lo que se denomina modelo del sector eléctrico a cuestiones que, estando incluidas, no recogen la totalidad de sus componentes. El sector eléctrico no es, por tanto, únicamente el mix de generación. Es un modelo, un sistema que integra todas sus actividades asociadas de forma separada, la liberalización y desarrollo de las mismas en condiciones de mercado, el modelo empresarial de provisión del suministro y su correlato como modelo económico, así como la necesaria aditividad en el proceso de formación de precios.

Es, en sí, un todo que funciona armónicamente en esas condiciones, que garantiza el proceso de formación de precios, de financiación y de inversión en ausencia de intervenciones y discrecionalidades. O, al menos, así debería de ser. Solo es preciso comprobar cómo los precios de la electricidad en el mercado mayorista en España se sitúan en la misma línea o por debajo de los precios europeos, de forma razonable y coherente con las condiciones propias de nuestro mercado en términos de oferta, demanda y capacidad.

Así, y a cuenta del proyecto de ley que establece las figuras fiscales para tratar de absorber la diferencia entre el coste del suministro y los precios de la electricidad y, a la vez, dirigido a buscar la forma de resolver el déficit tarifario acumulado y pasado, se le ha asociado indebidamente la palabra reforma, incluso por sus propios artífices, alentados, además, por todos aquellos que esperan una ocasión para diseñar algo diferente a una política energética: una política de rentas administrada e intervencionista por tecnologías de generación. El riesgo de incurrir en esta falaz y errónea nominalización es grande en medio de esta vorágine informativa y sus tragaderas. Y sus consecuencias no son tan inocuas como parece, porque el lenguaje no es tampoco inocente y el adanismo no es tolerable.

Recordemos que el origen del déficit tarifario, en realidad, se deriva de un conjunto de decisiones políticas encadenadas y consecutivas: el control de los precios de la electricidad desde la Administración para situarlo secularmente por debajo del coste del suministro. Hecho consumado, muy agravado por otras decisiones añadidas y combinadas que son, si cabe, más imposibles de conciliar: crecimiento vertiginoso de los costes regulados, asunción de costes crecientes impropios y diferentes de los del suministro en la tarifa, desmadre en la ejecución de los Planes de Energías Renovables, política de primas muy descontrolada desde las Administraciones y generadora de redes clientelares a nivel autonómico, etc… Por tanto, en el caso del desfase origen del déficit tarifario, no es necesario reformar el modelo o el mercado, sino corregir y equilibrar los elementos que lo han quebrantado para hacerlo «insuficiente».

En realidad, lo que es preciso en la actualidad es conducir el modelo al equilibrio y eliminar las adulteraciones del mismo, situándolas en su lugar hasta el umbral en que la sociedad decida contribuir a las mismas desde el punto de vista de política fiscal. De esta forma, se trata de corregir, de reconducir, o, mejor, de orientarse al reequilibrio para garantizar los beneficios y la eficiencia que el modelo tiene si no se le introducen perturbaciones. En definitiva, también se trata de sufragar las deudas pasadas y actuar para no contraer más deudas futuras, en un ejercicio de asepsia económica de lo que deben ser los componentes del coste del suministro en un modelo empresarial y de mercado.

Pero es más: lo conocido en el fallido primer proyecto, hasta el momento, no podría ser calificable de «reforma» por tres motivos adicionales. Uno, porque su alcance es únicamente la determinación de medidas tanto en los ingresos y gastos fiscales asociados a la generación de electricidad, a las subastas de derechos de emisión y al céntimo verde (aunque por sus barbaridades y por las propuestas discriminatorias a las tecnologías hidráulica y nuclear provoquen, de paso, volar el mercado y la garantía de suministro).

Segundo, porque su objetivo no es, ni puede ser, ni debe ser, reventar por la vía fiscal el modelo actual de mercado que proporciona gran eficiencia a través de la traslación en la formación de precios de las condiciones de demanda, oferta y capacidad, por la vía de utilizar criterios ideológicos y despreciar la información económica y contable. Y, tercero, por algo mucho más esencial: que, en la actualidad, no se precisa «reformar» el modelo de sector, de suministro eléctrico y de mercado mayorista, sino que se trata de no adulterarlo.

Es cierto que, una vuelta a los principios y a la ortodoxia del modelo puede ser considerada de verdad como un «cambio» de los comportamientos de política energética y regulatorios precedentes, causantes de los problemas actuales (mañana los repasaremos). Pero, hablar de «reforma», en estas condiciones, puede ser más que una sobreactuación, incluso puede resultar el disfrazar de reforma una involución (como se pretende con el fallido primer proyecto conocido, justificado burdamente en términos de comunicación política por Hacienda) o, lo que es peor, un intento solapado de «dar gato por liebre».

Estamos asistiendo al siguiente episodio, tras el encontronazo en el seno del Ejecutivo a cuenta de la reforma energética entre el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el Ministro de Industria, José Manuel Soria. Recordemos que Montoro se irrogó la capacidad de fijación de impuestos y de creación de objetos tributarios, cualquiera que sea el Ministerio o área del Gobierno a quien afecte (en este caso, la generación de electricidad), incluso de forma obstruccionista. Mientras, por su parte, Soria reivindicó la competencia de su departamento en la definición de la política energética y la necesidad de que esta se incardine en la política económica.

Ahora ya ha pasado a un segundo plano la discusión acerca de lo básico, la naturaleza del déficit tarifario y de los costes que lo integran y lo acrecientan, para desplegarse en el terreno fatal de la política politizada. En esta segunda parte, también desplegada en los medios de comunicación, se trata de desviar la atención sobre la grave descoordinación existente en el Ejecutivo y de la agria polémica que ha sacudido al Gobierno merced a este cruce de declaraciones, que ha sacado a la luz el funcionamiento autónomo del equipo que preside Mariano Rajoy.

En realidad, para intentar minimizar los daños y atenuar las influencias alrededor del ministro jienense, se trata de cultivar un excipiente en el que todos los gatos son pardos y así hacer defensa de Cristóbal Montoro, fuertemente señalado por sus relaciones con la empresa Abengoa a través de su despacho de relaciones institucionales que fundó mientras era responsable económico en el Parlamento del Partido Popular en las anteriores legislaturas, Equipo Económico (Montoro y Asociados) y de su exsocio Ricardo Martínez Rico, que además es hermano también de su actual jefe de Gabinete, Felipe Martínez Rico. Una defensa así construida se formula en términos de menesterosidad.

En esa defensa de Montoro, la táctica, en este grave problema económico y energético del déficit tarifario, consiste en definir la acción del Gobierno como una mera gestión de intereses entre distintas empresas y sectores. Y en ese excipiente, todo vale, todo está permitido y todas las respuestas son posibles, porque se trata de una confrontación, y ha de derivar en una decisión sin más trascendencia que la actuación volitiva del Gobierno eligiendo quiénes son beneficiarios y quiénes perjudicados.

Bajo este prisma, cualquier decisión sólo se mide, por tanto, por a quién beneficia y a quién perjudica y, en cosecuencia, por quiénes pueden iniciar un proceso de reclamación en las instancias jurídicas por sus efectos. En ese espacio, por tanto, no cabe plantearse cuál debe ser la política energética, el modelo de mercado, el modelo de suministro eléctrico y el coste que finalmente sufragan ciudadanos, consumidores y empresas por todos los conceptos y por las diferentes vías. El puro reduccionismo del problema a este enfoque causa bochorno por la pérdida de referencias y de perspectiva para abordarlo con sentido de proyecto conjunto de sociedad en el actual marco económico y financiero de nuestro país. Y, en esa trampa falaz es en la que se tratan de disolver y hacer opacos la naturaleza de la cuestión y el origen del crecimiento de los costes regulados.

Pero, en realidad, de lo que se trata es de expandir una cortina de humo bajo diversas formas y diversos argumentos. Uno de ellos, es el hecho de enumerar los ex altos cargos o políticos que están en Consejos de Administración de empresas relacionadas con la energía haciendo equivalente su presencia a las relaciones pasadas de quien invoca la capacidad de creación de figuras fiscales, siendo éste el principal instrumento de la reforma. En la misma línea, podemos incluir la difusión estos días de que unas empresas u otras están aproximándose a algunos altos cargos del Gobierno (Álvaro Nadal), la advertencia de Mario Monti o las aproximaciones de un signo u otro, al propio Presidente. Del mismo modo, expresadas en términos de presiones o tomas de partido, se pueden incluir todas las admoniciones de un signo y de otro por parte de la Comisión Europea respecto del mercado eléctrico y los modelos de afectación de las primas a las renovables. O de la preocupación de las autoridades americanas por las inversiones financieras en instalaciones fotovoltaicas. Es el mismo guión, el mismo cliché el que se despliega como modelo justificativo: la conjugación de intereses y acciones. Es un puzzle difícil, pero sin modelo de suministro y de mercado eléctrico se hace más complejo, evidentemente.

Otra de las estrategias, coadyuvada con la anterior, en la táctica de la expansión de la tinta del calamar, es la utilización de los tópicos y de un lenguaje frentista casi forofista basado en visiones pseudopolíticas, burdas y demagógicas gracias a los tópicos, léase, una supuesta entente: «empresas tradicionales» o «grandes eléctricas» frente al lobby renovable termosolar/fotovoltaico (dado que el sector eólico ha salido también mal parado de la propuesta conocida).

Atengámonos a los hechos. En realidad, en el asunto de la reforma energética, hasta la presentación de la propuesta del Ministerio de Hacienda, la única participación relevante e influyente ha sido la del sector termosolar y su empresa más destacada, recogiendo los postulados retroprogresivos que el ministro (y asociados) ya defendían, casualmente, en su etapa en la oposición. ¿Cómo es posible que la propuesta presentada reproduzca los supuestos retroprogresivos respecto a las tecnologías nuclear e hidráulica (no amortización, no inversión en mantenimiento, etc…) calcando sus estimaciones aventuradas, sin siquiera utilizar la contabilidad financiera? La grosera exposición del «todos son iguales» se califica por sí misma.

Pero es más: con todo esto, el Gobierno ha puesto en bandeja de plata al Partido Socialista, gracias al emponzoñamiento estéril de la reforma energética, un poderoso ariete frente a un ministro de Hacienda cada vez más débil, hermético, cuestionado y encastillado con una visión política meramente construida sin modelo, solo sobre la base de la gestión de intereses, es decir, de la política politizada.

Quizá lo peor es que nos hayamos acostumbrado a ello y que, hasta en los medios de comunicación, parezca normal lo que es disfuncional: afrontar un problema económico, energético y del modelo de suministro eléctrico de este país con una perspectiva de meros intereses y de partidismo acerado. En todo caso, no perdamos de vista, con el humo o la dilución de la tinta del calamar, el papel del ministro de Hacienda en todo y la fuerte contestación interna en su propio partido derivada de su relación pasada con los negocios. Y, todo ello, combinado con todos los factores que ya influyen en su porvenir.