La subida de la luz reabre el debate sobre el mercado y la factura eléctrica

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EFE.- El crecimiento ininterrumpido del precio de la luz en los últimos cuatro meses y los altos precios fijados en el mercado mayorista han vuelto a reabrir el debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica.

En agosto el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva y alcanzó su precio más alto en todo el año, al encarecerse un 12% respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 8,05 euros más que en la factura que un año antes. No parece que septiembre vaya a ser mejor pues, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 11 días de septiembre el coste del recibo es un 16,7% más caro que un año antes.

En agosto el recibo de la luz para el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el Gobierno, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, alcanzó los 75,21 euros, frente a los 67,16 euros de hace un año y los 73,1 euros a los que llegó en julio pasado.

A pesar de que al comenzar 2018 las circunstancias meteorológicas fueron más favorables para la producción de energía hidráulica y eólica (fuentes de generación más baratas) que en 2017, marcado por la escasez de lluvia y viento, tan sólo en los primeros meses de este año la factura eléctrica bajó, para empezar en mayo a encadenar subidas. La actual subida, según expertos del sector, se debe al encarecimiento de los derechos de emisiones de carbono, cuyo precio se triplicó entre mayo y agosto frente a 2017, y de los precios del gas y el carbón, que se emplean para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado y las térmicas.

En agosto el precio medio en el mercado mayorista fue de 64,33 euros, el más alto en un mes este año, y en septiembre se ha situado varios días por encima de los 70, alcanzando un máximo diario de 75,39 euros este miércoles 12. Las subidas del CO2 y del gas han elevado en 21 euros/MWh el coste del ciclo combinado y en 12 euros/MWh el del carbón, unas subidas que se han unido en los últimos meses a la menor producción hidráulica y eólica en verano, que obliga a usar más el respaldo térmico.

Un 35% de la factura

El incremento de los precios en el pool, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al PVPC al suponer un 35% del total de su factura, de la que el resto son peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En España hay 11 millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW), mientras que más de 16 millones (cerca del 60% del total de los consumidores eléctricos) tienen contratos en el mercado libre. Estos, a diferencia de los acogidos a la PVPC, tienen garantizado el precio de la electricidad durante al menos un año y, por tanto, son ajenos a las variaciones de su valor en el pool.

Generadores y comercializadores fijan en este mercado el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente y funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra. Las compañías eléctricas afirman que no se están beneficiando de estas últimas subidas y recuerdan que la mayor parte de la factura regulada no lo constituye el coste de la electricidad, sino los peajes y los impuestos.

El grupo de expertos que hizo el informe de cara a la elaboración de la de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya planteó trasladar los costes actuales de la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado, financiándolos con nuevos impuestos medioambientales. Según sus cálculos, con esas medidas la luz bajaría un 6,8% pero subirían el gasóleo (un 28,6%), la gasolina (1,8%) y el gas natural (5,8%). El recibo de la luz soporta ahora un 21% de IVA y el impuesto especial de electricidad, del 5%, a lo que hay que sumar los peajes, que el gobierno del PP mantuvo congelados durante 4 años.

El Gobierno no hará «una barbaridad» con el cierre del carbón y nucleares en 2028 sin analizar el escenario climático

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno tiene «claros» sus compromisos pero también sabe qué es «lo mejor» para la economía, por lo que «no va a hacer una barbaridad» en cuanto a las fechas de cierre de las centrales térmicas de carbón y apuntó que la fecha de 2028 para el fin de la energía nuclear en España “dependerá de los escenarios climáticos”.

La ministra ha culpado al anterior Gobierno de falta de anticipación y de «irresponsabilidad» porque no se ha encontrado «nada» respecto al futuro del carbón, ni escenarios planteados ni sobre los sectores afectados. «No había nada. No sabemos los escenarios que se manejaban; una cosa de absoluta irresponsabilidad», ha apostillado la ministra, que ha añadido que las fechas de cierre del carbón «no han sido acompañadas» del proceso previo necesario, al tiempo que recordó que en los próximos 18 meses las principales centrales nucleares deberán presentar su solicitud de renovación de permiso o de cierre.

«Tenemos un problema antipático y nos encontramos que el calendario avanza y no se ha solucionado el problema», ha explicado la ministra, quien asegura que «me hace gracia el concepto de transición acelerada del que se nos acusa», pues «precisamente por no ser acelerados estamos donde estamos». En su opinión, se tenía que haber hecho esa evaluación con suficiente capacidad de anticipación y «este es un Gobierno que tiene claro sus compromisos internacionales y sus desafíos, pero también que quiere lo mejor para los ciudadanos».

En cuanto al carbón, subrayó que el actual marco estratégico se verá reflejado en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero ha asegurado que la «segunda prioridad» es la del empleo nuevo en un mundo en auge pero en el que se debe hacer un «acompañamiento solidario» del empleo «en retiro».

Ribera entiende que se generen «tensiones» en las zonas donde se destruye empleo y precisamente es el carbón «el primer caso en el que esto se materializa», pero ha dejado entrever que la cuestión no es nueva sino que se debe a una falta de anticipación de la que responsabiliza no solo al anterior Ejecutivo sino también a consejeros de comunidades autónomas, patronales y sindicatos, que firmaron los planes y acuerdos anteriores. Ahora defiende que es «prioridad» del presidente del Gobierno apostar por «identificar oportunidades en cada uno de estos espacios» y acometer un plan de desarrollo local. «Si no hacemos esto, es normal que a la gente le preocupe su futuro inmediato», ha comentado.

En materia de energía nuclear, preguntada por la fecha de cierre final del parque nuclear español en 2028, la ministra tampoco encontró «ni un papel» sobre la cuestión, ni un plan nacional de residuos con el que acompañar las decisiones que permitan «transitar por sendas sólidas». Por ello, no ha descartado que 2028 sea la fecha definitiva, de acuerdo con el programa del PSOE del que forma parte y que señala el cierre de las centrales nucleares cuando estas cumplan 40 años de vida tecnológica.

Eso sí, Ribera ha dejado entrever que esa fecha dependerá de la planificación energética y de los estudios sobre las distintas sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero así como del futuro Plan Nacional de Residuos que ahora debe elaborar el Gobierno. «Habrá que evaluar la combinación de las distintas sendas por lo que será mejor tener ese debate cuando tengamos los escenarios y el análisis de las distintas herramientas», ha concluido.

El futuro según las compañías

Por su parte, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, considera viable cerrar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años, mientras que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ve dificultades «técnicas» para parar cualquiera antes de 2027-2028. Santamaría, ha manifestado que es posible cerrar las centrales nucleares españolas cuando cumplan los 40 años de vida para los que fueron diseñadas (6 centrales en total que suman 8 reactores y que cerrarían entre 2020 y 2028) «sin gran afección». Añadió que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) será la que tendrá que liderar el estudio y el análisis de cómo proceder al cierre, pero ella cree que es «viable».

El consejero delegado de Endesa ha manifestado que cualquier sustitución de la energía nuclear tendrá que conllevar un sistema que garantice una «potencia firme» (actualmente la potencia nuclear aporta 7.700 megavatios). Además, ha señalado que se debería tener hecho un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, después de paralizarse la construcción del de Villar de Cañas (Cuenca), con capacidad para manejar 70 contenedores anuales, y ha señalado que hasta que no haya uno puede haber dificultades técnicas para parar cualquier central antes de 2027-28.

En cuanto al cierre de las centrales térmicas, Santamaría ha dicho que estas instalaciones tienen ya un papel limitado y no están «alineadas» con las políticas medioambientales de la Unión Europea. Ha recordado que Iberdrola pidió hace un año la autorización para cerrar sus 2 últimas centrales de carbón en el mundo, Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), y ha afirmado que es viable clausurar las que hay en España manteniendo la garantía de suministro eléctrico. Ha admitido que estos cierres tendrán impacto en el tejido industrial y el empleo, por lo que habrá que mitigar esos efectos con ayudas europeas como las que ya utilizan países como Polonia y Alemania para crear alternativas en comarcas afectadas por la transición energética.

José Bogas opina también que el carbón cerrará, pues al final la legislación y el coste de las emisiones de CO2 harán que no tenga encaje en el mix eléctrico (combinación de diferentes fuentes de energía que cubren el suministro). También el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, considera que «el carbón está encaminado a llegar a su fin de vida», aunque ha dicho que ese final tiene que ser justo.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado que la partida de la descarbonización se juega en Asia, y ha destacado que el que haya gas natural a bajo precio será lo que reduzca el consumo de carbón en ese continente, donde las proyecciones de crecimiento del consumo eléctrico son muy grandes. En el mismo sentido, la consejera delegada de Engie, Loreto Ordóñez, destacó que su compañía ha desinvertido en la generación con carbón, aunque admitió que la ecuación económica carbón-gas no funciona porque el coste marginal de producir con carbón sigue siendo más barato.

El Gobierno supedita la construcción del ATC nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) al nuevo Plan de Residuos Radiactivos

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EFE / Europa Press.- El Gobierno tomará una decisión sobre el proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en 2019, cuando acometa la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) de 2006, pendiente desde 2011. Así lo ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una comparecencia en el Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo tras la paralización de las obras del almacén nuclear.

Para Ribera, «tenemos un plan caducado y se ha estado planificando un ATC tomando como referencia una situación que no se corresponde con la actual, en la que las magnitudes que se manejan no se ajustan a las necesidades y con una falta de previsión en el horizonte temporal». El Gobierno solicitó en julio al CSN que dejara en suspenso la emisión del informe sobre la autorización de las obras del ATC «para analizar con detalle» la situación del mismo.

Ribera anticipó entonces que el Ejecutivo tomaría una decisión cuando supiera cuándo, qué y en qué condiciones se deben almacenar esos residuos, una cuestión en la que ha insistido al reconocer que «no sabemos de cuántos residuos hablamos y cuánto cuesta gestionarlos», por lo que «no podemos hacer una estimación razonable de los costes que puede suponer mantener o cerrar las centrales», ha reiterado Ribera, que ve necesario un «análisis profundo» de estos aspectos para tomar decisiones en esta materia y no «mantener la incertidumbre«. Asimismo, ha recordado que el PGRR de 2006 contempla un escenario de residuos producidos por centrales operadas hasta un máximo de 40 años, y, sin embargo, el Gobierno anterior «tomó decisiones para alargar su vida».

Por tanto, «lo responsable es abordar de manera prioritaria su actualización antes de embarcarnos en la continuación de un proyecto multimillonario, respecto del que ahora no tenemos aún datos reales sobre el que fundamentarlo», señaló la ministra. Para Ribera, es prioritario «introducir la coherencia y la transparencia» sobre la viabilidad de esta instalación, por lo que «estudiaremos en profundidad las inversiones realizadas hasta la fecha y su coste antes de tomar una decisión definitiva». «Sólo hemos pedido tiempo», ha matizado, porque «estas prioridades no deben abordarse por la puerta de atrás, sino de forma transparente y con un análisis profundo de los escenarios financiero, económico y de seguridad«, ha insistido.

En este sentido, ha recordado que, al no haberse actualizado el PGRR, no se han incorporado los requisitos en materia de seguridad establecidos por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, con mayores exigencias para garantizar la gestión responsable y segura de los residuos nucleares. Y ello ha conducido a España a enfrentar un procedimiento de infracción muy avanzado a nivel comunitario por incumplir la obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares. La ministra ha reconocido que, debido a los retrasos con el almacén nuclear, ha sido necesario dar más capacidad de almacenamiento de residuos a las centrales. «Aún tenemos margen, pero no para sustituir al ATC«, señaló.

Ribera ha explicado que la decisión de su departamento de paralizar la construcción del ATC se debe a la falta de «escucha y de consenso» existente entre las partes implicadas en este proyecto, cuestionando la idoneidad de la localización decidida para el almacén, es decir, Villar de Cañas. «La capacidad de escucha y consenso es mejorable», ha señalado Ribera, quien ha recordado que la propia Cámara baja, como las Cortes de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo de dicha autonomía, mostraron su rechazo a esta iniciativa, a pesar del cual, la construcción del ATC continuó adelante.

La ministra recriminó, además, que este rechazo se «intentó superar» con la «instrumentalización» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, según ha indicado, puso en riesgo «su legitimidad» en la toma de decisiones. Para Ribera, estas medidas no son sólo «una cuestión técnica» sino que, «requiere la participación y el consenso» de todos los actores para «anteponer el interés general» a «cualquier otra cuestión». Así, ha adelantado que su departamento pretende «escuchar» a todas las partes, englobando a «técnicos, las Cortes generales, las Cortes de Castilla-La Mancha, Gobierno de Castilla-La Mancha y ciudadanos», antes de continuar. «No podemos despreciarlos. No hay posicionamiento ideológico al respecto. Sólo rigor y el cumplimiento de las demandas legislativas desde los diferentes sectores», ha apuntado.

En este sentido, Ribera ha insistido en su intención de mantener los canales de comunicación abiertos sobre este tema con todos los actores, a pesar de que, grupos parlamentarios como PNV, Ciudadanos o PP, le han reprochado que la decisión de paralizar la construcción del almacén les llegada a través de los medios. «Nos consta que envió la solicitud de paralización en 5 de julio y llegó al CSN el día 6 de julio. Usted vino a comparecer el 11 de julio a esta Cámara y no mencionó el asunto», le ha recriminado la portavoz del PP, María Jesús Bonilla.

El Grupo Mixto ha calificado el proyecto de desfasado, ha asegurado que necesita de un análisis más exhaustivo en puntos claves como el factor sísmico que atañe a Villar de Cañas y ha urgido a la ministra a planificar un calendario de cierre de nucleares. Para el PNV, el PGRR está «obsoleto» y hay que actualizarlo. Asimismo, preguntó a Ribera si el Gobierno descarta por completo la existencia de un ATC. La portavoz vasca Idoia Sagastizabal reconoció que le «hubiera gustado que, antes de tomar esta decisión se la hubiera consultado» a los grupos porque, según indicó, se trata de una medida que pone encima de la mesa el debate en materia energética y nuclear.

La representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, por su parte, ha descrito la situación como «un silencio absoluto» en cuanto a la comunicación del Ministerio con el Congreso. Además, ha calificado el proyecto del ATC como «una manipulación del bipartidismo en las instituciones para marear la perdiz con el almacenamiento de residuos«. También le ha preguntado a la ministra sobre el coste que supone enviar anualmente los residuos radiactivos a Francia.

«El relato del ATC debería sonrojar a una sociedad y a su sistema político en particular que ve como estas decisiones en España tardan decenios», ha señalado en este sentido el portavoz de Transición Ecológica de ERC, Joan Capdevila. A su juicio, en el país se piensa localmente en materia energética, pero «no hay asomo de actuar, ni localmente ni globalmente». Tanto la diputada naranja como el independentista, han reclamado a la ministra un calendario sobre este proyecto, sin éxito.

Precisamente, en materia de plazos, ha pedido también explicaciones el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien le ha pedido «un plan de cierre progresivo de las centrales» y un «plan de transición energética» para llegar «a un modelo 100% renovable«. «Es urgente», subraya, para señalar que el objetivo es que las plantas «no tengan que cerrarse por accidente o por cuestiones que nadie desea, sino de una forma organizada». Finalmente, ha pedido que las partidas para el ATC incluidas en los Presupuestos Generales del Estado se destinen a empleo verde

El Gobierno y las compañías ven conveniente desligar la tarifa regulada PVPC del precio de cada hora del mercado eléctrico

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EFE / Europa Press.- El precio de la luz en el mercado mayorista sigue en niveles más elevados de lo habitual. En este sentido, el Gobierno y las compañías eléctricas ven conveniente iniciar una reflexión sobre la formación de precios, pero de manera «pensada«.

Entre los factores que están detrás de la subida de los precios en el mercado mayorista destaca el encarecimiento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y del gas natural y el carbón en los mercados internacionales. En concreto, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: entre mayo y agosto de 2017 era de 5,1 euros por tonelada y en el mismo periodo del presente año ha sido de 16,3 euros. También ha contribuido a estos elevados precios una reducción de la participación de la energía eólica, una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento y un incremento de la demanda, motivada por las altas temperaturas estivales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un foro organizado por Cinco Días, ha negado, no obstante, que se estén alcanzando estos días máximos históricos en los precios de la subasta eléctrica con los 74,58 euros/MWh registrados, ya que en el pasado reciente los hubo más altos, como los que se registraron en enero de 2017, en plena ola de frío. Ese mes se registró un precio medio diario máximo de 91,88 euros/MWh, cifra por debajo de los 103,76 euros de media diaria que hubo el 11 de enero de 2002. En este sentido, el Gobierno está trabajando en las políticas necesarias que permitan una evolución “racional” de los precios de la electricidad.

Las perspectivas sobre la evolución de los precios tanto de materias primas para generación de electricidad (gas y carbón) y de derechos de emisión de CO2 indican que podrían seguir subiendo según la ministra, que comparecerá el próximo 19 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Ribera ha avanzado que hay que adoptar medidas para asegurarse de que esos incrementos no incidan ni en la economía ni en los sectores sociales más vulnerables y, en este sentido, subrayó que la atención a los 4,6 millones de personas que están en situación de pobreza energética “debe ser prioritaria”, aunque paralelamente se inicie una «reflexión más profunda» sobre los componentes que hacen aumentar la factura eléctrica.

En este contexto, Ribera aseguró que el Ejecutivo está trabajando sobre un paquete de medidas para ver cómo puede operar en el corto plazo sobre cada uno de los componentes de la factura, algunos «muy alejados» de su capacidad de acción. «Hay que generar consensos en cada uno de los bloques de los operadores. Hay componentes fiscales, de coste regulado, de mercado… Estamos trabajando en ello y el Gobierno presentará su reflexión el 19 de septiembre en el Congreso», apuntó. Así, Ribera comparecerá para explicar el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto a agosto del 2017.

De este modo, para la responsable de la cartera para la Transición Ecológica está «bien» que se refleje el hecho de que generar energía de manera «sucia» es caro. «No podemos permitirnos el lujo de que en este proceso de cambio a un sistema enteramente limpio se vean afectados los colectivos con menos recursos», subrayó. El precio de la luz en el pool supone en torno al 35% de la factura para los consumidores con tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) (unos 11 millones de usuarios frente a los más de 16 millones que hay en el mercado libre), mientras que el 65% restante depende de los peajes que fija el Gobierno y de los impuestos.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, asegura que no está habiendo ningún «abuso» por parte de las compañías eléctricas, que no se están beneficiando de esta subida. «Lo que está ocurriendo en el mercado mayorista es una consecuencia del CO2», indicó Bogas, que ha manifestado que ya les gustaría a las compañías que los precios de los derechos de emisión y de las materias primas como el gas y el carbón «fueran más baratos«.

No obstante, ha apuntado que podría plantearse la revisión del mecanismo por el que se fija el PVPC, mientras que la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, ha manifestado que no es razonable que la tarifa PVPC sea «un espejo de los precios del mercado mayorista», ya que es la que usan los consumidores con menor poder adquisitivo, que necesitan tener más certidumbre, y ha apostado por un modelo que evite que las volatilidades del mercado les afecten. Eso sí, ha reivindicado que las reformas en el sistema de fijación de precios deben hacerse de manera pensada y «no guiadas por la presión y las noticias» de la prensa.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia el «elevadísimo» y «desproporcionado» encarecimiento energético habido en los últimos dos años y ha instado a implantar medidas que abaraten este gasto como, por ejemplo, el autoabastecimiento energético. La organización ha puesto ejemplos prácticos como el de una pequeña cafetería donde contratan 9,9 kilovatios y consumen 37.000 kilovatios anuales. En esta situación, el precio aumenta de los 4.900 euros en 2016 a 6.500 euros en 2017 y llegará a una factura de 8.450 euros en 2018, un aumento del 72,45% en dos años.

Además, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, avanza que el precio de los mercados futuros no indica mejoría sobre la situación actual y se ha mostrado pesimista. Desde UPTA proponen a los autónomos vigilar que las facturas sean correctas, revisar que el contrato es el adecuado para las necesidades tanto en consumo como en precios, buscar alternativas en el mercado y comparar las ofertas, evaluar si las necesidades de consumo actuales responden a criterios de negocio y estudiar posibles inversiones que reduzcan el consumo.

Unidos Podemos también pide explicaciones

Mientras el grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una pregunta para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante el incremento de los precios de la electricidad, el diputado de Unidos Podemos-En Comú, Joan Mena, ha registrado un escrito en el Congreso en el que pide explicaciones al Gobierno sobre lo que denomina un «aumento desmesurado» del recibo de la luz, que cifra en un 12,4% más en agosto respecto a agosto del 2017, lo que supone la cuarta factura eléctrica más alta de la historia en España.

También denuncia situaciones de desatención a los usuarios y de falta de mantenimiento de las instalaciones por parte de las empresas eléctricas. Unidos Podemos, cuyas respuestas por parte del Ejecutivo las recibirá por escrito, ha calificado de «lamentables» las averías eléctricas durante el verano y se ha referido en concreto a la sufrida en el barrio de Torre-romeu de Sabadell (Barcelona). La formación que lidera Pablo Iglesias ha preguntado al Gobierno sobre los mecanismos que tiene previstos para garantizar el reconocimiento de estas averías por parte de Endesa, la compañía suministradora en este barrio barcelonés.

Ciudadanos pregunta al Gobierno qué medidas va a adoptar ante la subida de la luz y Fenie también exige soluciones

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EFE / Europa Press.- Mientras la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie) insta al Gobierno a ofrecer soluciones ante las «incesantes» subidas del precio de la electricidad, al haber alcanzado esta semana su máximo anual, Ciudadanos ha registrado una pregunta parlamentaria para saber qué medidas planea llevar a cabo el Gobierno ante este incremento y si considera prioritario acometer una reforma de la fiscalidad de la factura eléctrica y una auditoría de la misma para eliminar las cargas ajenas al suministro.

En este sentido, el escrito registrado por la diputada Melisa Rodríguez y los diputados José Luis Martínez y Antonio Cantó también solicita al Ejecutivo que concrete si estaría de acuerdo con erradicar el uso de la factura de la luz como «herramienta recaudatoria» donde “lo que menos importancia tiene es el consumo eléctrico”. Además, también pide conocer si para el Gobierno sigue siendo prioritario el cierre de algunas centrales que no emiten CO2 mientras mantiene otras tecnologías más contaminantes y pide que se expliquen las medidas planteadas para avanzar en la instalación de potencia renovable.

Durante los últimos días, a comienzos del mes de septiembre, el precio del mercado mayorista de electricidad ha vuelto a registrar continuas subidas alcanzando niveles récord, superando el máximo del año en dos días consecutivos. El martes día 4, el pool alcanzó los 71,31 euros MWh, y el precio de la electricidad alcanzó los 74,58 euros MWh para el miércoles día 5. En este contexto, Ciudadanos critica la “dependencia del petróleo de la economía española, el escaso desfase entre el crecimiento económico y las emisiones contaminantes que se ha podido consolidar esta década, y los “escasos” niveles de producción renovable en verano en relación con las posibilidades que ofrece España.

Asimismo, subraya que el mercado marginalista, la coyuntura internacional, los costes de los derechos de emisión de CO2 o la subida del petróleo motivan “buena parte” de este ascenso en el precio de la luz. Por ello, Ciudadanos destaca la importancia de contar con tecnologías no emisoras de CO2 en dicho mercado con el fin de contener los precios máximos marcados por los combustibles fósiles y agrega que la reforma del sistema marginalista sólo puede venir de la mano de una reforma a nivel europeo y no de forma unilateral por parte de un Estado.

Fenie exige soluciones a Sánchez

Por su parte, Fenie ha calificado de «insólita» la coyuntura de precios de la electricidad que se está alcanzando en septiembre después de que, según resaltó un análisis de Facua, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y en la cuarta factura más alta de la historia. De hecho, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció que comparecerá el 19 de septiembre en el Congreso para explicar las circunstancias que están determinando el incremento del precio de la factura de la luz y para abordar cambios «estructurales» y reformas «sustantivas» que permitan una evolución racional de los precios y garanticen la protección de los colectivos más vulnerables.

En este sentido, Fenie ha expresado que espera que Ribera proponga en su intervención medidas que consigan beneficiar al usuario final ya que considera que el sistema de abastecimiento eléctrico debe estar al servicio del consumidor al tratarse de un bien de primera necesidad. Asimismo, ha mostrado su apoyo al autoconsumo que, según Fenie, es parte “indispensable” de la solución, y confía en que las premisas del Gobierno sobre su favorable regulación sean materializadas pronto.

Facua ve “alarmante” la situación

De parte de los consumidores, Facua ha reclamado al Gobierno que actúe con urgencia ante el «alarmante» precio de la electricidad en la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), que alcanzó el miércoles su record de 2018 con una media de 18,02 céntimos por kilovatio/hora (kWh), que resulta de aplicar a los 14,1647 euros del precio de la energía el 27,19% de impuestos indirectos. La asociación de consumidores advierte de que este precio es un 23,8% más caro que el del mismo día de 2017, cuando el kWh se situó en 14,55 céntimos.

Por ello, la asociación ha solicitado una reunión con la ministra Teresa Ribera para exponerle sus reivindicaciones ante las «desproporcionadas» tarifas eléctricas. Entre ellas, Facua reclama que el Gobierno amplíe la definición de «consumidor vulnerable», al que la normativa comunitaria permite proteger con tarifas bonificadas. La asociación considera que el actual modelo de bono social resulta «incoherente e injusto, ya que por un lado acota sobremanera el número de beneficiarios estableciendo niveles de renta excesivamente bajos, y por otro permite que cualquier familia numerosa, por muy elevados que sean sus ingresos, pueda beneficiarse de él”.

Asimismo, apunta al modelo de subasta en el que se establecen las tarifas en el pool como principal responsable de la «injustificada» carestía del recibo de la luz ya que, en su opinión, “se trata de un sistema opaco que favorece la especulación”: una subasta basada en un precio marginal que viene determinado por la última oferta en ser aceptada, es decir, la más elevada.

Además, Facua denuncia que el modelo tarifario implantado durante el Gobierno de Mariano Rajoy «no sólo ha facilitado a las compañías nuevas subidas injustificadas sino también un «auténtico caos» para los usuarios ya que ahora no pueden conocer con antelación qué tarifas se les aplicarán y sus recibos pueden llegar a incluir hasta 744 precios distintos por la energía consumida, uno por cada hora incluida en la facturación. Facua viene denunciando que las tarifas eléctricas vulneran la legislación en materia de protección de los consumidores ya que, en su opinión, la aplicación de una tarifa distinta cada hora es contraria a la obligación que tienen las empresas de facilitar a los usuarios información sobre sus precios con la antelación necesaria.

El precio mayorista se relaja

Para el jueves, el precio de la electricidad en el mercado mayorista cedió un 4,7%, 3,54 euros hasta fijarse en 71,04 euros por megavatio hora (MWh), una caída que rompe con los dos máximos anuales consecutivos pero que representa el tercer valor más alto en 2018. Según explican expertos del sector, el precio del mercado eléctrico se ha incrementado debido, principalmente, a la subida del gas natural y el carbón en los mercados internacionales y al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. De hecho, el precio del CO2 se ha multiplicado por más de tres: si entre mayo y agosto de este año estaba en 16,3 euros por tonelada, en 2017 se situaba en 5,1 euros por tonelada.

También hay que tener en cuenta la menor aportación de la generación hidráulica y eólica, lo que obliga a recurrir más a las centrales de gas y carbón, cuya producción de electricidad es más cara. Otro factor a tener en cuenta es la ola de calor que tuvo lugar en Europa en agosto. Estos factores, señalan los expertos, no sólo están afectando a España sino también a países como Alemania, Francia e Italia, que están experimentando subidas de precio similares. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo.

CCOO lamenta que Vestas persista en su estrategia de «querer engañar a todos» mientras surgen críticas sobre las subvenciones recibidas

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EFE.- La Unión del Pueblo Leonés (UPL) califica de fraude de ley el uso de las subvenciones por parte de Vestas, y culpa a PP y PSOE del «fiasco» del cierre de la planta de Villadangos del Páramo (León). Asimismo, el sindicato CCOO ha denunciado que el resultado del encuentro que mantuvo la ministra Teresa Ribera con Vestas se limita a que la empresa continúa con su estrategia planificada desde hace mucho tiempo de dilatar y «engañar a todas las partes«.

«No es de recibo que ahora deseen potenciar las otras dos plantas con que cuentan en España y seguir adelante con el cierre de Villadangos del Páramo (León)», ha denunciado el sindicato. A su juicio, todo apunta a una «clara estrategia de negociación e intento de chantaje al Gobierno de España, más aún cuando la dirección de Vestas ha querido reunirse por separado con los Ejecutivos central y de Castilla y León». «No estamos de acuerdo con esa posición, ya que parece que el frente común de ambos gobiernos los desea dividir y, de hecho, ya se ha realizado una posición política de quien tiene la culpa», apuntó el secretario provincial de la Federación de Industria, Ángel Manuel Santos González.

Deslocalizar la planta a Asia

CCOO ha recalcado que no está de acuerdo con lo sucedido y ha insistido en que hay que utilizar todos los instrumentos que posee el Gobierno para «anclar una industria de este calado y dimensión en una población tan castigada como es la de la provincia de León». «Dicen que se van, pero están abiertos a una posible venta de la fábrica, con subrogación de la plantilla, cuestión que nos genera muchas dudas», ha advertido CCOO, que avisa que ahora ya sólo se cree en los hechos. «Basta ya de buenas palabras, y que se apliquen en actuar en beneficio de la plantilla y la continuidad de la factoría», reprocha Santos González, que añadió que la plantilla está totalmente decepcionada.

Desde que Vestas anunciara su intención de cerrar su fábrica leonesa para deslocalizar la producción a China o India, prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta en su haber con la carta de la empresa en la que les comunica el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La mesa de negociación del ERE ya ha sido compuesta por los mismos integrantes del Comité de empresa de Vestas, según indicó el presidente del propio Comité, Juan Francisco García Cabezas. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados mantendrán levantado el campamento, instalado ante la factoría, hasta que consigan una solución.

UPL critica las subvenciones otorgadas

La UPL considera que «ha quedado perfectamente demostrada la absoluta inoperancia e inutilidad negociadora y ejecutiva de la Junta de Castilla y León que, salvo simples manifestaciones, no ha adoptado medida alguna para salvar la actividad y los puestos de trabajo de Vestas». UPL añade que el Gobierno de la nación «tampoco ha conseguido mayores logros por lo que, al final, tanto PP como PSOE son también corresponsables de un cierre del que la primera responsabilidad cae en la empresa Vestas, que con desprecio absoluto al drama humano y a las millonarias subvenciones autonómicas y estatales recibidas, deciden el cierre».

«Este desprecio de la empresa, materializado en que en su momento reciben las subvenciones para el montaje de la planta, para actividad de la misma, y la conservación de los puestos de trabajo, acaba incumpliendo precisamente los objetivos de las mismas, siendo también la responsabilidad de la Junta y del Estado», recalca la formación leonesista. Señala que, si bien pudieran estar prescritas las acciones para exigir a la empresa su devolución, lo que es evidente es que la norma existente no ha servido para su objetivo y ha propiciado «un auténtico fraude de ley en la utilización de las mismas».

Por todo ello, UPL exige a la Junta «que se deje de afirmaciones rutilantes cara a la galería, y adopte las medidas oportunas para exigir a la empresa todas sus responsabilidades». «Si esto hubiera acaecido en cualquiera de las provincias castellanas, no dudamos que hubieran buscado otro tipo de soluciones», precisa UPL, que subraya que el Gobierno de la nación deberá también buscar soluciones efectivas y no meros intentos que no han dado resultado alguno.

En último lugar, UPL pone de manifiesto la «incongruencia» de apostar por una transición energética justa, cerrando térmicas, finiquitando y descarbonizando lo poco que queda de la minería, y a la vez cerrar empresas de renovables como la de Vestas. De hecho, el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, ha pedido en persona al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que exija a Pedro Sánchez explicaciones sobre lo que los socialistas denominan «transición justa» y si esto se traduce en «descarbonizar» o «acabar también con la eólica». «A León se le exige que se acabe con lo poco que le queda del carbón y nos dejan solos ante los problemas de las energías limpias», ha aseverado sobre Vestas.

El ataque a las renovables

Por su parte, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha criticado la política energética de España como causa de la salida de Vestas de la provincia y pide minimizar el impacto del cierre de la planta de Villadangos. En este sentido, FELE expresa su «respeto» ante esta decisión empresarial de la compañía danesa, que responde «a un procedimiento enmarcado en las leyes nacionales y europeas». También expresa su respeto «a los accionistas de la compañía, a la libertad de empresa y la economía de mercado».

En este contexto «de respeto mutuo», FELE solicita a los agentes implicados que se minimicen al máximo posible los daños que conlleva este cierre, tanto para los trabajadores como para la economía y el empleo de León. También insta a llevar a cabo una política que favorezca la recolocación de todos sus trabajadores y reducir así el grave impacto de esta decisión. La patronal leonesa pone de manifiesto que las descalificaciones, amenazas y represalias de los representantes políticos no son la manera más adecuada de actuar. Además, advierte de que esta actitud afectaría a futuras inversiones de otros agentes económicos.»Este tipo de situaciones requieren templanza, sosiego, responsabilidad y que se mantengan alejadas de intereses electorales o populismos políticos oportunistas», recalca.

La patronal leonesa reitera la «inquietud» y «preocupación» ante «una política energética que no ha sido la más adecuada y ha frenando el desarrollo de las renovables y propiciado la deslocalización de empresas«. Recuerda que, en su día, se acogieron a una normativa favorable para implantarse y posteriormente, debido a los continuos cambios regulatorios en España, se ha frenado el desarrollo del sector en los últimos años. De cara al futuro, FELE reclama una planificación energética basada en el consenso de todos los partidos políticos que permita alcanzar los objetivos fijados por la Unión Europea.

CCOO y el Gobierno socialista de Asturias acusan a Ribera de poner «en jaque» a la industria con sus «devaneos»

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha reclamado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no debe definir una senda de descarbonización «que fuerce una nueva reconversión» en Asturias, dado que afectaría a la viabilidad futura de la industria regional. Más duro se mostró el sindicato CCOO, que ha asegurado que los «devaneos» del Gobierno en política energética están poniendo «en jaque» a la industria y ha acusado al Ejecutivo de cometer «errores estratégicos».

El sindicato ha criticado la «vehemencia» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha anticipado medidas “sin tener en cuenta” cuál será su impacto en un sector básico para la economía como es la industria y que “se ha equivocado” al hablar del carbón y al referirse al diesel. «Teresa Ribera ignora que su desconocimiento de la realidad industrial tendrá consecuencias en las personas, en las empresas y en regiones enteras», ha afirmado CCOO de Industria. En este sentido, el sindicato reclama al Gobierno «cordura, sensibilidad, flexibilidad y voluntad» para conseguir un consenso entre las partes afectadas.

CCOO ha tachado de «irresponsabilidad temeraria» la «política antidiesel» del Gobierno, cuando, ha apuntado, no existen razones técnicas que la justifiquen. Así, ha insistido en que no se justifica la subida de impuestos al carburante diésel por cuestiones medioambientales y que no comparte que, para proceder al cambio energético, haya que prescindir del carbón sin tener presente el impacto que puede conllevar para la actividad económica, social y medioambiental. Por ello, ha defendido que los objetivos que se propongan para limitar las emisiones estén acompañados de medidas industriales, financieras, educativas y sociales y que se maneje «con inteligencia» la transición.

Por otro lado, ha agregado que tanto el paquete de movilidad como el de transición energética que ha avanzado el nuevo Gobierno no tienen en cuenta cuáles serán las consecuencias de su implantación e ignoran a algunas tecnologías. «Consideramos que, antes de tomar una decisión que pueda perjudicar de forma irreversible estas expectativas, es preciso facilitar los instrumentos y las soluciones necesarias para que el resultado no suponga un proceso traumático para las personas, las empresas y las regiones», insistió.

Asturias, preocupada por su industria

Por su parte, el presidente de Asturias ha rechazado una descarbonización que «suponga el fin de las centrales térmicas de carbón entre 2020 y 2025 con el empleo y la logística a ellas asociado» y que afecte también al precio de la electricidad. En este sentido, ha reiterado que en un sector regulado como el eléctrico «no parece sensato que las empresas tengan libertad de decisión para proceder al cierre de instalaciones de generación» y es al Gobierno de España «al que le corresponde decidirlo como regulador». «No deben ser las compañías eléctricas las que interpreten el interés general, y menos aún las que regulen el sector a través del Gobierno», ha puesto de manifiesto.

Transición Ecológica también pierde empleos en León: Ribera no consigue evitar el cierre de Vestas y culpa al anterior Gobierno

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Redacción / EFE.- Los trabajadores de las cuencas mineras no están solos. A ellos ya se les pueden sumar los más de 300 trabajadores de la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo (León), una provincia a la que los tiempos de cambio que corren en el sector energético amenazan con agravar el mal de la despoblación que ya padece desde hace décadas.

Una provincia que se vacía como vacíos suenan los anuncios del Gobierno de que se abre una línea de negociación permanente con Vestas durante los próximos días «al más alto nivel» con el fin de trabajar en la búsqueda de alternativas industriales para la comarca leonesa tras el anuncio de cierre de la factoría del grupo danés. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Vestas ha manifestado su compromiso de seguir invirtiendo en las plantas de Viveiro (Lugo) y Daimiel (Ciudad Real) para convertirlas en referentes de producción para Europa. Un compromiso que no esconde el fracaso del Ministerio para la Transición Ecológica: donde antes había 2 factorías, ahora solo habrá 2.

Además, y tras la reunión mantenida por el Gobierno con representantes del fabricante de aerogeneradores, ambos departamentos han criticado la política energética del anterior Gobierno y han subrayado que «es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León». Asimismo, han insistido en que ante el anuncio de cierre de la planta de la empresa en León se trabajará para minimizar el impacto en la zona con alternativas industriales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo un encuentro con representantes de Vestas al que ha acudido también el secretario general de Industria, Raül Blanco, y el director general de Industria, Galo Gutiérrez. El encuentro, según indicaron ambos Ministerios, forma parte del proceso de reuniones que el Ejecutivo mantiene con la empresa desde que se conoció su decisión de abandonar la provincia leonesa.

Según han expresado, en el marco de la reunión Vestas ha valorado el proceso de transición energética iniciado por el Ejecutivo. De hecho, antes de finales de año el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá listos el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En ambos, han explicado, se establece la senda para la transición hacia un sistema energético más limpio que vendrá acompañado por un «rápido» incremento de la generación mediante las renovables, entre ellas, la eólica, y el desarrollo de unas reglas del mercado «previsibles y estables«.

En este sentido, el Gobierno ha recordado que el sector de las renovables tiene perspectivas positivas en España y que este «cambio de rumbo» tiene como objetivo dar cumplimiento con los acuerdos internacionales firmados por España en la lucha contra el cambio climático. Esta política, han señalado ambos Ministerios, contrasta con la liderada por el anterior Gobierno «que no apostó por el desarrollo de energías renovables ni anticipó la necesaria transición hacia un nuevo modelo». «Es en este anterior contexto en el que se enmarca la decisión del cierre de la planta de Vestas en León», han asegurado ambos departamentos.

Piden formar una comisión negociadora

Por su parte, ya antes de la reunión con el Gobierno, la multinacional danesa Vestas decidió posponer la entrada en vigor de su ERE de extinción para su planta de Villadangos aunque paralelamente comenzó a pedir a sus empleados que constituyan la comisión negociadora de este ERE. Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, que denunció que la multinacional «vetó» a la Junta en esa reunión, «quizá» por ser «demasiado beligerantes».

Asimismo, la consejera ha explicado que Vestas aún no ha contestado a la petición formal de reunión que la semana pasada los Ejecutivos nacional y autonómico trasladaron con carácter de urgencia a la sede de la empresa en Dinamarca, por lo que Del Olmo ha insistido en que aún esperan una respuesta por parte del consejo de administración de Vestas.

Por ello, la consejera ha aseverado que «seguirán peleando» a «todos los niveles» para impedir que la multinacional lleve su planta a China o Rusia, pues esto es un «problema» que concierne a toda Europa, pues «no tiene ningún sentido» que la Unión Europea permita estas deslocalizaciones y luego tenga que importar estas mercancías de países que no cumplen los mismos requisitos laborales y de emisiones que en la Unión Europea. Finalmente, si la empresa decidiera quedarse, Del Olmo admitió que la Junta extendería la «alfombra roja», aunque de cerrar, Vestas quedaría «proscrita» de «Castilla y León, de España y de la Unión Europea», amenazó.

Izquierda Unida contra las multinacionales

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión, ha afirmado que parte de la culpa de la situación por la que atraviesan los trabajadores de Vestas, en León, se debe a que «España ha puesto la política energética en manos de multinacionales con capital extranjero». A su juicio, eso provoca una «falta de sensibilidad con la tierra» que es lo que motiva que empresas como Vestas opten por la deslocalización de su producción a países como India o China «basándose únicamente en criterios económicos» y «cargándose a unos empleados que han demostrado ser capaces».

El dirigente de Izquierda Unida ha visitado el campamento que los trabajadores instalaron hace casi una semana a las puertas de la multinacional danesa en el polígono de Villadangos del Páramo. Sarrión ha calificado de «heroica» la actitud de estos trabajadores, de quienes ha dicho que son un ejemplo «de lucha por la defensa de sus derechos y su dignidad». Además, ha avanzado que Izquierda Unida llevará esta situación tanto al Congreso como al Senado y también al Parlamento Europeo para tratar de darle una solución a un conflicto del que dependen 370 empleos directos y más de 2.000 indirectos.

El petróleo se aprecia un 10% en las últimas semanas por la volatilidad que existe en el mercado de suministro

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Europa Press / EFE.- El precio del petróleo se ha incrementado en torno al 10% desde el pasado 15 de agosto por la volatilidad que existe en el mercado de suministro, recuperando el terreno perdido desde julio, cuando se situó en máximos del año.

Concretamente, el precio del barril de Brent, de referencia para Europa, cerró sesión en 78,15 dólares por barril frente a los 70,66 dólares unitarios a los que llegó a negociarse hace dos semanas. De su lado, el barril Texas, de referencia para Estados Unidos, cotiza a un precio ligeramente superior a los 71 dólares por barril. El 15 de agosto, cuando empezó la recuperación de los precios, se vendía a un precio de 64,84 dólares. «El mercado petrolero se está ajustando después de un corto periodo de tiempo a finales de junio y principios de julio en el que había exceso de oferta», explicó el analista de UBS Giovanni Staunovo.

La falta de oferta en el mercado petrolero se debe a que en varias regiones del mundo el bombeo de crudo decaiga. «Con arreglo a los datos de los cargueros, la caída en las exportaciones de petróleo iraní ya es visible en previsión de las sanciones de Estados Unidos, que entran en vigor en noviembre», ha añadido Staunovo. «Irán está teniendo dificultades para encontrar cargueros que estén dispuestos a transportar su petróleo, ya que las compañías temen perder acceso al sistema financiero de Estados Unidos», ha subrayado el analista, que indicó que, en septiembre, las exportaciones de Irán podrían reducirse en un millón de barriles diarios con respecto a abril.

Sin embargo, la efectividad de las sanciones impuestas por el Ejecutivo de Donald Trump no está clara para el banco suizo Julius Baer. El analista de la entidad Norbert Rücker ha adelantado que lo «más posible» es que China reduzca el impacto del embargo. El experto en petróleo de DWS, Marco Scherer, añade que las exportaciones de crudo iraní cerraron el mes de agosto en torno a 2,2 y 2,3 millones de barriles diarios. «Hace un par de meses, el país rondaba los tres millones por día», ha puntualizado Scherer.

De su lado, el analista de Wisdom Tree, Nitesh Sha, ha asegurado que la menor oferta del oro negro también se debe a los bajos niveles de producción en Venezuela. «La OPEP en conjunto todavía está produciendo menos crudo que su cuota grupal», ha afirmado Sha. De hecho, según apunta un informe elaborado por Bank of America Merrill Lynch, la producción del cártel petrolero se mantuvo estable en julio en comparación con junio por la «volatilidad». Por ejemplo, en Venezuela el bombeo de crudo cayó en 770.000 barriles diarios, hasta 1,26 millones de barriles diarios.

En conjunto con los retos en el seno de la OPEP, en Estados Unidos también se afronta un descenso de la producción. «El crecimiento de la industria del fracking ha experimentado algunas limitaciones que afectan principalmente a la gran Cuenca Pérmica de Texas», ha añadido Scherer. A principios de agosto, la Asociación Internacional de la Energía (AIE) rebajó sus expectativas de crecimiento de suministro en Estados Unidos en 2018 en 130.000 barriles diarios, hasta 10,7 millones de barriles por jornada.

De acuerdo con los riesgos de abastecimiento de la demanda mundial de crudo, el banco suizo Julius Baer prevé que el precio unitario del crudo podría escalar hasta los 90 dólares por barril, una cifra que no toca desde el último trimestre de 2014, cuando estaba en plena caída desde sus máximos históricos. En cambio, el director corporativo de riesgos de Solunion, Enrique Cuadra, estima que el precio del crudo se «estabilizará» entre los 70 y los 75 dólares por barril en el primer semestre de 2019, principalmente por la «más que previsible» subida de producción de la OPEP para compensar las exportaciones de Irán.

Ribera dilata 20 días las explicaciones en el Congreso por la subida en el precio de la luz

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 19 de septiembre para explicar las circunstancias que están determinando el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto al mismo mes del año pasado y ha registrado su nivel mensual más alto desde enero de 2017. El Ministerio promete abordar “cambios estructurales” necesarios para acometer esta situación.

Ante la subida de los precios de la electricidad, el Gobierno ha asegurado estar trabajando en políticas que permitan una “evolución racional de los precios, en un futuro con un incremento de las energías renovables, prestando al mismo tiempo especial atención a los consumidores más vulnerables”, según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica. El departamento ha señalado que la coyuntura actual es consecuencia de un modelo energético y de funcionamiento de mercado “caracterizado por la volatilidad de precios y la desprotección a los colectivos más vulnerables”. Por ello, asegura que está preparando “reformas sustantivas” que faciliten la transición energética, al tiempo que “garantiza la protección de estos colectivos”.

Para trasladar al Congreso su intención de abordar «con valentía» los cambios estructurales que considera como necesarios para acometer esta situación, Ribera comparecerá el 19 de septiembre en comisión parlamentaria. En su comparecencia, Ribera abordará este encarecimiento en el precio de la luz y aprovechará también para tratar el estado actual del bono social eléctrico y la pobreza energética, según indicaron fuentes ministeriales. La ministra tiene también previsto acudir a la Cámara Baja la próxima semana, el día 6 de septiembre, para explicar la paralización del almacén de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas.

El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en agosto los 64,3 euros por megavatio/hora, un 35,5% más que en el mismo mes de 2017 (47,46 euros) y es su nivel mensual más alto desde los 71,4 euros registrados en enero de 2017, mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a tocar los registros más elevados desde diciembre de 2013, superando en algunos momentos de puntas la cota de los 100 euros por MWh.

Así, a lo largo de agosto se han llegado a registrar los diez precios diarios del pool más altos en lo que va de 2018, superando el pasado 29 de agosto los 70 euros por MWh. El Ministerio considera que la evolución de los precios en los últimos meses se debe al “incremento muy significativo de los costes de los combustibles y los derechos emisión de CO2 en los mercados internacionales; a una reducción de la participación de la energía eólica; a una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento, y al incremento de la demanda por las altas temperaturas estivales”.

Situación similar a nivel europeo

Asimismo, el Ministerio subraya que desde el pasado junio se está realizando un seguimiento «exhaustivo» de la situación, y para ello se está recabando información periódica del Operador del Mercado Ibérico (OMIE) y se mantiene contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en virtud de sus funciones de supervisión como garante de la transparencia y la competencia en el mercado. No obstante, subraya que esta evolución de precios crecientes no es «una situación aislada al sistema español», siendo similar en los principales mercados europeos, que están viéndose también afectados por los costes de combustibles y derechos de emisión de CO2.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018, por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supondrá un aumento de casi el 3% con respecto al pasado mes de julio en el recibo de electricidad de este mes de agosto de los consumidores, encadenando así su cuarto mes al alza. Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este agosto en el recibo es de un 12% y en lo que va de año es un 0,89% más caro que en el mismo periodo de 2017.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación durante este verano por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una “situación coyuntural”, y aseguró estar preocupada por si había “algo más” detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un “análisis del comportamiento” para “garantizar que el mercado funciona correctamente“, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ofreció su “colaboración”.

En los últimos meses, el Gobierno señala que ha mantenido a nivel europeo importantes encuentros para enfocar cuestiones sobre la energía, como el del pasado 27 de julio, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, participaron en la cumbre sobre Interconexiones junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, donde abordaron proyectos para que la Península Ibérica deje de ser una «isla energética» en la Unión Europea.

Además, el secretario de Estado de Energía se reunió en agosto con su homólogo portugués, Jorge Seguro, para tratar el alza de los precios de la electricidad en ambos países, «una situación que preocupa y ocupa a los Gobiernos de España y Portugal». Ambos países acordaron hacer un seguimiento e intentar coordinar medidas para paliar, en lo posible, los altos precios del mercado mayorista que redundan directamente en las facturas que deben abonar los consumidores.