Tarifas fariseas

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Ayer recibíamos los medios de comunicación, la convocatoria de un apagón contra el cambio climático. Los ciudadanos votantes, concienciados por un problema en el que se ha puesto un acento de evidente rédito electoral (para quien lo emplea bien, veáse Rajoy, en caso contrario) . El Ministerio de Industria se esfuerza, en la época de devaneos tarifarios porque la ciudadanía no desarrolle sus propias conclusiones al respecto y sus conexiones neuronales, que en definitiva son de lógica de primer orden: Cuanto más se consume, más efecto sobre el medio ambiente, cuánto más barata la energía, más se consume. Sencillas lecciones de economía lo suficientemente disimuladas, para que al ‘buenismo imperante’ se le pueda meter mano, en términos desaprensivos, cuando se apela a su conciencia solidaria. En cambio, la habilidad consiste en señalar a al ciudadano votante que también es consumidor, y, por tanto, tiene bolsillo, por se le puede ‘robar’ la cartera intelectual con argumentos ‘demagógicos’. Todo mediante la desconexión de argumentos, que es la forma de justificar cualquiera de las dos cosas.

La última ocurrencia es la justificación, asaz oportunista, de la no subida de tarifas para salvaguardar a los ciudadanos de la tan temida inflación, disparada ayer, por encima del 3,6%. Acabáramos. Gracias a que salió el INE con su dato y el Ministerio de Industria, actuó con prontitud. Así, las explicaciones oportunistas difundidas ayer por el Ministerio de Industria a cuenta de la propuesta remitida por los servicios técnicos de la Comisión Nacional de Energía, de elevar en un 30 % la tarifa eléctrica, deja un trasfondo de dudosa credibilidad en referencia a las explicaciones del departamento de Joan Clos e Ignasi Nieto. Deberíamos recordar aquí todos los argumentos, desde el de la responsabilidad política al de la instalación de los nuevos contadores (que por cierto, se difieren en diez años) que ha empleado el Ministerio de Industria por hacer pervivir una situación, ya insostenible desde el punto de vista económico: déficit tarifario, mensajes a los consumidores apoyando el uso ineficiente (el derroche de la energía). Este año la tarifa subirá para un número importante de usuarios por debajo de la inflación, es decir tendremos una evolución de la tarifa real negativa, en el mundo ilusorio de no trasladar costes a los consumidores.

Si lo han podido comprobar, en cada momento en que se deben producir las modificaciones tarifarias, asistimos a ejercicios de funambulismo argumental por parte del Industria, en concreto y del Gobierno en general. Cuando no es la Vicepresidenta desde Moncloa quien aborta abruptamente (diciembre 2006), es el presidente que ‘inspira’ al Ministro Joan Clos (junio 2007). Cuando no es utilizando justificaciones inverosímiles (octubre 2007), se envía un informe (de los servicios de la Comisión Nacional de Energía) y se organiza una ‘escena del sofá’ para que el Ministerio de Industria salga en defensa del sufrido consumidor. (por cierto, ¿qué dice el Ministerio de Economía a todo esto? ¿sigue callado? ¿tiene bastante con el IPC en su estado actual?). ¿Es que no puede haber una ‘no subida’ normal?

Lo que tenemos que pensar en serio, una vez transcurridos los ‘minutos de la basura’, en argot deportivo, estos últimos meses que quedan de legislatura, es qué va a pasar tras las elecciones del nueve de marzo. Quedan ya pocas justificaciones verosímiles para quedarse con una diferencia creciente entre la tarifa y los costes. Después de las elecciones, ¿alguien tendrá capacidad política para abordar este problema consecuencia de meter la cabeza debajo de la tierra o esto seguirá ‘sine die’?. Ah, e imagínense el panorama, las tarifas inmovilizadas, a las eléctricas se les reducen los pagos por garantía de potencia con un nuevo mecanismo y a Red Eléctrica se le sube la retribución de sus activos, como ya anunciamos y viene reclamando Luis Atienza (también se paga de esta tarifa congelada). El mejor de los mundos posibles. Como ven, no a todo el mundo se le reduce la ‘tarifa’.

Por eso, lo razonable es pedir que lleguen hasta las últimas consecuencias. Aconsejarles que eviten este espectáculo, este ir y venir de versiones a través de los medios de comunicación, que lo que probablemente buscan es lacerar el papel del regulador independiente (poli malo, la ortodoxia) y al Gobierno a través de su brazo ejecutor el Ministerio de Industria (poli bueno y oportunista). Sugerirles que continúen creando e incentivando el déficit tarifario en el suministro de electricidad y llevando al futuro el problema. Pero también, que amplíen su radio de acción de política ‘responsable’: que no permitan que las empresas petroleras suban los carburantes conforme vaya el precio del petróleo elevándose en el mercado. Adminístrenoslo. Intervengan, por favor. Ya tendríamos déficit petrolero, otro más. Y, ¿porqué no?. Y lo mismo, con la leche, y con el pollo, y con… Todos los demás consumidores también tienen derecho y es que a lo bueno, uno se acostumbra.

Mientras, política de gestos, apagamos la luz, por si sirve de algo

Una sentencia contra las arbitrariedades regulatorias

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Arbitrariedad: Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho (Diccionario Español de la Real Academia de la Lengua)

La reciente sentencia del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1556/2005, en el que se fijaban unas cantidades para unas partidas de gastos englobadas bajo el epígrafe ‘Plan de Acción 2005-2007 sobre ahorro y eficiencia energética”. La forma de aparecer estas partidas, eran fórmulas para crear mecanismos novedosos para detraer 173,5 millones de euros de la tarifa. El Tribunal Supremo también ha definido los límites al gobierno para fijar los precios de la electricidad, de forma que no se incluyan en la tarifa otros costes que los expresamente señalados por la ley.

Obviamente, el Tribunal Supremo recuerda al Gobierno que no se puede regular abandonando el marco jurídico del sistema eléctrico, incurriendo en “arbitrariedades regulatorias”. Así la sentencia advierte de las indudables, aunque imprevisibles consecuencias económicas y sobre el funcionamiento del sistema que se derivarían de entender que el Gobierno dispone de discrecionalidad para imputar a la tarifa otros costes que los expresamente señalados por la Ley. Es la primera vez que el Tribunal Supremo llega tan lejos en el ámbito de la tarifa eléctrica, pero también es cierto, que cada vez más se estira más su utilización regulatoria.

Se trata por tanto de una arbitrariedad regulatoria, en este caso interceptada por los tribunales. Las arbitrariedades regulatorias, consisten, en general en la instrumentación de la creatividad jurídica del Secretario General de turno, en su interinaje, para ‘apañar’ un problema puntual y, por ello, es preciso someterlas sin excepción a las sospechas y suspicacias.

Las arbitrariedades regulatorias van, en primer lugar, contra la seguridad jurídica, contra el comportamiento que los agentes económicos deben de tener de la regulación y más en unos servicios y suministros tan complejos con inversiones a largo plazo. En este sentido, la actuación del Ministerio de Industria con respecto a la tarifa eléctrica no es una cuestión que se puede tratar (antes cada año y ahora cada tres meses) como las antiguas Leyes de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado. De forma que todo cambie de manera sorpresiva y voluble: ahora quitamos este concepto, ahora lo alargamos, ahora lo definimos de otra manera, ahora se nos olvida, después se financia, ahora lo cambiamos en la corrección de errores, y así sucesivamente. De todas estas prácticas, encontrarán ustedes ejemplos recientes, por conceptos.

Comportamientos paradójicos

Pero lo que es peor, esta actuación evidencia los comportamientos paradójicos del Ministerio de Industria. Por un lado, se pretende sofocar el déficit tarifario con medidas de dudosa legalidad y por otro, se crean nuevos conceptos que aumentan los costes que deben soportar los clientes. Por otro lado, se trata de ‘regatear’ la retribución de las primas de las energías renovables, la garantía de potencia en las inversiones en generación, o contar con un marco razonable de retribución de la distribución, pero la hilaridad regulatoria crea fórmulas de este tipo. Es una especie de presión fiscal disfrazada, para no llamar a algo un impuesto, porque lo que revela la sentencia es que un concepto como el cuestionado debería haber sido tratado por la vía de los Presupuestos Generales del Estado.

Los ‘tics’, que reflejan estas pretensiones son: que la tarifa eléctrica es un fondo público en lugar del precio por el suministro energético, y por tanto se trata como un predio en el que el pastoreo a los agentes es posible. ¿Se imaginan ustedes que el año que viene la tarifa incluye un recargo para pagar la sustitución de las bombillas de alto consumo por las de bajo consumo? ¿O que la tarifa eléctrica financie un fondo para el que le cortan la luz porque suben los tipos de interés y no paga la hipoteca?

Otra de las consecuencias de esta sentencia, es que hay moraleja. Al final la ley llega y llegará. Si hace un tiempo con motivo de la utilización indiscriminada del Decreto Ley, el Tribunal Constitucional revocó la reforma laboral del ultimo gobierno Aznar, ahora esta sentencia vuelve a poner las cosas en su sitio (qué lástima que deba ser vía judicial, después de t tanto tiempo, como se reordenen desaguisados regulatorios). Hemos asistido a ejemplos en los que el Ministerio de Industria y la Secretaria General de Energía, suele saltarse las críticas de los órganos reguladores independientes, orilla las recomendaciones del Consejo de Estado, estudia vías para retorcer la legislación europea, pero le estando más de la cuenta quitarse de encima la acción de los Tribunales de Justicia y los órganos de vigilancia europeos.

Lo importante es que cunda el ejemplo, más importante que las consecuencias económicas (es una partida relativamente pequeña) es el escarmiento. Y que no se tenga que llegar a estos extremos, que desde el Ministerio de Industria se incorpore a su quehacer regulatorio, la seguridad y estabilidad regulatoria como valor positivo de la acción para todos.

La diplomacia exterior energética, bajo cero

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La reciente crisis del avión español en el Chad, las azafatas liberadas por Sarkozy y su finalización con moraleja, es otro ejemplo de la carencia ‘trágica de esta legislatura, consistente en la ausencia de una política exterior organizada, coherente y pensada. Es notorio el esfuerzo por el liderazgo que quiere transmitir Sarkozy vía gestos, y por otra parte la capacidad de influencia del mandatario francés, cuya actividad se precipitó sobre las empresas españolas en el proyecto Gassi Touil. Parece que el nuevo inquilino del Palacio del Eliseo no deja ocasión para meternos el dedo en el ojo, una vez conocido el flanco débil político de esta ultima legislatura: la política exterior.

Frente a ello, presentamos en el balance exterior, una política calificable de pintoresca y errática (por cierto, desde hace más de cuatro años), gregaria, con un esfuerzo puramente de voluntarismo y ‘buenismo’ internacional de nuestro país, de ideologización de la política exterior o de actuaciones más o menos ‘naïf’, ‘obvias’ y oportunistas e inoportunas a la vez, casi enfocadas al ‘consumo interno’ más que a las relaciones internacionales multilaterales.

El hecho es que en el ámbito energético, esta carencia trágica también ha tenido numerosas muestras y ejemplos. Las relaciones con Argelia a cuenta del gas, han sido una sucesión de hechos que han mostrado una política exterior con múltiples actores y sin una estrategia negociadora clara (¡ay, las estrategias!). De una posición unitaria y rocosa representada por el entonces Ministro Chakib Jelil, a la multiplicidad de interlocutores de nuestra Administración y sus ‘negociados’: Economía, Asuntos Exteriores, Energía, Comercio Exterior y la Oficina Económica del Gobierno, ¡cinco!. También, otro eje se ha situado con motivo de la composición accionarial del Medgaz, dónde Sonatrach ha campado a sus anchas y la defensa de la posición de Gas Natural, ha sido muy tenue.

Si hacemos un recuento, en este gran apartado, las cosas más o menos son muy claras: previsible subida de precios del gas, participación mayoritaria de Sonatrach en Medgaz, situación no sustanciada en referencia a la posición de Gas Natural en este proyecto, ruptura de los contratos con Repsol y Gas Natural en Gassi Touil con pocas perspectivas diplomáticas de resolución, libertad plena para la comercialización de gas en España para la argelina. Todo ello sólo en un añito.

En la Unión Europea

En la Unión Europea, y con respecto a las operaciones corporativas se ha instalado el recelo a las actuaciones arbitrarias españolas, erosionando el perfil europeísta y liberal en el que se había trabajado durante muchos años. Tras el ‘sabotaje’ a la operación de E.ON (una empresa privada con una participación inferior al 3% de empresas públicas en su propiedad), llega por contraposición, y sin la barra libre para Enel, que cuenta con un 30 % de capital en manos del sector público italiano. A cambio de toda esta situación, los riesgos latentes de fragmentación de Endesa, el enrarecimiento de nuestra posición a nivel europeo y el deterioro de las relaciones con Alemania.

También en el terreno de la Unión Europea, la negociación de la Directiva Marco sobre Comercio de Derechos de Certificados de garantía de origen de energías renovables, ha puesto al descubierto lo endeble de la política energética exterior. Proceso en el que hay que agradecer la firme y tajante postura alemana, dadas las similitudes por potencia instalada en este tipo de tecnologías de nuestros dos países, en la defensa de intereses semejantes de estas industrias. El esfuerzo inversor y público realizado en estas energías estaba en riesgo y, los mecanismos para conseguir el cumplimiento de los objetivos energéticos y medioambientales, también puesto que el régimen de comercio de estos derechos los podría hacer llegar a parar a otros Estados.

El caso es que todas las costuras de nuestra política exterior energética, saltan por los aires y se aprecian en esta ocasión. Por enumerar unos cuantos hechos que evidencian el deterioro del nivel público e institucional este proceso podemos destacar que la defensa de las posiciones españolas se ha articulado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) y no directamente por la Secretaria General de Energía que sólo se incorporó al final. Por otra parte, el desconocimiento de la Oficina de Representación de España en la Unión Europea de las propuestas y posiciones de nuestro país, revela la descoordinación entre las instancias diplomáticas y las de la Administración en este campo (una cuestión que en privado denuncias los delegados institucionales y expertos españoles representantes en materia energética). En consecuencia, se sigue sin poner el suficiente peso político en todos estos procesos, con reacciones de ultimo momento y una apreciable lentitud de reflejos.

Conexión con Francia

Otro ejemplo es la conexión eléctrica con Francia, que tras cuatro años de legislatura se resuelve, sin plazos, con el nombramiento del ex comisario Mario Monti, como coordinador (o mejor dicho como mediador entre dos Estados miembros, otro punto de fricción con Francia). Todo ello, en el marco de complejos intereses energéticos que, desde el punto de vista estratégico, se podrían aprovechar mejor, como, por ejemplo, la capacidad de nuestro país de ser ‘hub’ en las conexiones gasistas con Francia y Argelia. De Venezuela, Bolivia y Argentina, mejor ni hablamos porque la amistad internacional, no le ha sentado nada bien a las empresas españolas.

Podemos poner un ejemplo reciente, pero en caso contrario. Como contrapunto, también Sarkozy ha puesto otra vez el dedo en las llagas para conseguir la localización de centrales de generación en el Norte de Africa. Otro ejemplo, y otra vez francés, de política exterior alineada con la visión e intereses empresariales y estratégicos. En este caso, energéticos.

Ya se quejó Carlos Solchaga en un Comité Federal del PSOE sobre la ausencia de una política exterior empresarial racional, como recogió Energía Diario en su momento. ¿Así nos preparamos para el multilateralismo?

Regular o ‘tunear’

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Sin ánimo de academicismos, la regulación es un proceso mediante el cual se ordena un sector determinado tanto sus condiciones de funcionamiento, la ordenación de su mercado, la forma en que los agentes participan en el mismo, en la definición de las condiciones de oferta, demanda, precios, entre otras cuestiones. Sus exigencias en términos de marco de actuación, limitaciones, autorizaciones, niveles de inversión, forma en que se controlan sus actividades o se sancionan las desviaciones de las mismas, etc…En general, desde el punto de vista económico y de los agentes que operan en un sector o mercado regulado, se entiende que la ‘estabilidad’ regulatoria es un bien en si mismo, una garantía para todos aquellos que deciden participar en un sector, a través de la inversión en el mismo.

En este contexto, y con esta definición aproximativa, es en la que hay que situar la situación que estamos viviendo con la política regulatoria en el sector energético. Un sector en el que las inversiones se realizan a largo plazo, las instalaciones fruto de las mismas, perduran en el tiempo y la dinámica de sus mercados obedece a decisiones tomadas tiempo atrás. Es por tanto, una necesidad desde el punto de vista regulatorio, inversor y de mercado, la existencia de seguridad y estabilidad jurídica, de forma que todos los agentes entiendan las reglas del juego, las acepten, no incurran en un proceso de litigiosidad insoportable, permitan un funcionamiento normalizado en los sectores económicos y las señales que se transmitan a los mercados financieros sean nítidas y recnocibles. En este sentido, la regulación requiere, al menos,de dos criterios o características, casi una, consecuencia de otra: el primero es la fijación de unas reglas del juego, claras y estables. El segundo es que su desarrollo sea consecuente, armónico, coherente con las políticas públicas, en este caso, las energéticas y medio ambientales (caso de que existan).

Lo que pasa es que en nuestro caso, estamos viviendo lo contrario, una sucesión de hechos regulatorios, en muchos casos sorpresivos como denuncian los propios agentes, con reglas del juego, que o bien no son estables, no son claras para las empresas y los agentes que operan en el sistema o permiten la arbitrariedad en su aplicación. Del mismo modo, también nos encontramos, con novedades regulatorias que no se compadecen con los mensajes y registros políticos. Un ejemplo fue la revisión del R.D. 436/2004 que en las sucesivas versiones, además de ser contradictorio con lo que decía el Presidente del Gobierno en tribunas políticas europeas, incorporaba matizaciones redaccionales, huecos regulatorios para molturar a los agentes. En muchos casos, se trata de respuestas impelidas por problemas y monstruos acuciantes: el crecimiento del déficit tarifario, sobre el cual sólo hay una voluntad más que una política de control de rentas, más que una política energética global. En otros casos, la regulación para premiar a los “buenos” o castigar a los “malos” (en términos empresariales), en función de que se alineen más o menos con el ejercicio de negociación de lotes y retribuciones. Y si no, la pieza clave es la batalla política en torno a las tarifas eléctricas, a la par que se habla de eficiencia energética y del temor por el aumento del endeudamiento de las familias del país.

Otro ejemplo muy reciente, más concreto en ciernes, es el caso de la energía solar fotovoltaica. En menos de medio año, hemos asistido a cuatro diferentes cambios legislativos. En primer lugar la reforma del R.D. 436/2004, que culminó en el R.D. 661/2007, ampliando además los límites de discrecionalidad futura aplicables a este tipo de tecnologías. En segundo lugar, la modificación vía corrección de errores que se introdujo a lo contenido en este real decreto y, posteriormente, la remodificación de la corrección de errores, vía corrección de errores. Y, finalmente, la previsible promulgación del decreto actualmente en fase de estudio sobre energía fotovoltaica, a la vista del enorme, ‘imprevisible’ flujo de inversiones que se han derivado hacia esta tecnología, y que puede desbordar las cantidades previstas de apoyo económico a las renovalbes y que caiga en manos de los ‘especuladores’.

Igualmente, la liquidación 2006 sigue pendiente de que se fijen los criterios para la detracción de los derechos de emisión que repartió el Plan Nacional de Asignaciones, de forma que encima de la mesa hay soluciones imaginativas como que se detraigan de tecnologías no emisoras de gases efecto invernadero. Evidentemente, para eso no hace falta una política medio ambiental o el desarrollo de la retórica medioambientalista, para ciudadanos incautos en vísperas de elecciones. Una política la medioambientalista, que gracias a la evolución del clima en 2007, ofrece tenues resultados, y que parece más inspirada en las rogativas que en las realidades. Del mismo modo, en la liquidación 2006 también entra en juego la instrumentación de las operaciones bilateralizadas que impuso el R.D. 3/2006, para intentar sofocar el déficit tarifario, es otro elemento de ajuste para los agentes. (¿Qué sector económico no tiene sus cuentas cerradas en noviembre del año siguiente y vive de los ajustes contables y las provisiones?)

Como nada se escapa a este proceder, en el caso de lo que se denominan activos regulados, este equipo Ministerial, se “estrenó” con la modificación de la retribución de los activos de transporte. Una modificación que produjo que Red Eléctrica y Enagás se adentrasen en unas fuertes turbulencias en las bolsas, a principios de año. O, cuestiones como la modificación de la garantía de potencia, la gestión de la demanda (grandes consumidores), la retribución de Red Eléctrica o de la distribución, están sometidos a acciones puntuales y no a una perspectiva de funcionamiento global del mercado eléctrico. Tampoco desde el punto de vista societario, parece que las cosas están excesivamente claras: véase el comportamiento diferente con E.ON que con Enel-Acciona, o la política de rotura de presas con Sonatrach.

En consecuencia, la actuación deja de ser regulatoria para ‘tunear’ el sector energético, para hacerle ajustes ‘aquí’ y ‘allá’. Con el fin de conseguir resolver cuestiones puntuales, sin comprobar, ni calcular su efecto económico (la Comisión Nacional de Energía ha expresado ya su queja por esta práctica que procede de Industria, además de comprobar sus efectos, veáse nuevamente el caso de la fotovoltaica y su idas y vueltas), o con el fin de obtener resultados más o menos discrecionales que sirvan en una negociación, en un modelo circo de tres pistas.

La consecuencia más grave de todo este ‘tuneo’ es el deterioro de la función del mercado eléctrico como mecanismo transparente, la ausencia de una visión global de los mercados energéticos en nuestro país. La resolución de los problemas de fondo que tiene el modelo, para incluso amplificarlos. El medio y largo plazo.

¿Por qué TSO? ¿Por qué monopolista? ¿Por qué único?

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El incidente del apagón de Barcelona y el recientemente presentado ‘tercer paquete regulatorio europeo’ en materia energética han puesto otra vez sobre la mesa la cuestión del transporte de electricidad y su organización en el marco del sistema eléctrico español. Sirva como otro prolegómeno, relativamente más lejano, aunque no tanto, la introducción en el proceso legislativo que dio lugar a la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, de la figura de transportista único. Una cuestión negociada desde el Ministerio de Industria y que pasó sin conocimiento ni concurso por parte de la sociedad ni los reguladores. De hecho, la Comisión Nacional de Energía, expresó públicamente un pronunciamiento, apresurado, ‘in extremis’, que lamentablemente fue publicado en su ‘web’ después de la propia aprobación de la propia Ley.

La actividad del transporte consiste en trasladar la energía eléctrica a través de grandes corredores desde los puntos dónde se genera (centrales eléctricas) a puntos más cercanos al consumo. La red de transporte se conecta a la red de distribución a través de los transformadores. La cuestión estriba en si es posible la existencia de más de un transportista (que debe ser exclusivo en un ámbito geográfico concreto, pero no tiene por que ser único en todo el país). O si la red de transporte tiene que contar con una clasificación meramente técnica (en función de la tensión) o debe atender a su función (esta última clasificación permitiría que determinadas líneas en las grandes ciudades utilizadas en la red de reparto fuesen titularidad de las distribuidoras, que en definitiva son las que se relacionan con esos consumidores, y no Red Eléctrica, que no conoce la figura del cliente). Y, finalmente, la unión de la figura del transportista con la figura del operador de sistema consagra el papel de Red Eléctrica, como TSO (Transmisión System Operador) y cierra el círculo perfecto de la capacidad ‘omnimoda’ de actuación en el sistema eléctrico.

Por otra parte, las empresas distribuidoras han puesto de manifiesto los graves problemas de coordinación en el ámbito de la distribución en las grandes ciudades cuando colisionan las redes de distribución y transporte con Red Eléctrica. Véase el caso del apagón de Barcelona. Muchos expertos reconocen, incluso cercanos a Red Eléctrica, el error de que la compañía presidida por el ex Ministro Luis Atienza, participe en la gestión de la distribución eléctrica en las grandes ciudades, es decir, que debe quedarse su misión a la entrada de los centros urbanos. En el mismo sentido, hay que destacar un conjunto de problemas asociados a las redes de transporte en España: el déficit de inversión en redes de alta tensión (con consecuencias para la alta velocidad y para el suministro en Levante, o para núcleos con alta concentración de centrales generadoras que imponen restricciones muy serias para evacuar la energía procedente de las plantas instaladas).

Pero no solo eso, el transportista único, empresa privada con sueldos y blindajes privados y actuación pública, monopolio en ‘do mayor, impositor de regulación, definidor de costes, “croupier” de esta partida, se ha irrogado capacidades para limitar y obstaculizar el acceso a la red, de determinadas tecnologías. Lo pueden contar perfectamente los operadores eólicos en lo que se refieren a los Planes de Operación. Y, por si fuera poco, actuando como operador de sistema, Red Eléctrica realiza operaciones contra otra empresa privada, en este caso Iberdrola, para intentar achacarle la responsabilidad del déficit tarifario del ejercicio 2006 por su actuación en las casaciones de energía bilateralizadas.

Por todo ello, extremos de comportamientos monopolísticos y de confusión de naturaleza pública y privada, los expertos y la Unión Europea (no sabemos si conocen tanto de nuestra realidad), proponen un modelo en el que el operador de sistema sea independiente del operador de transporte (ISO, Independent System operador), haciendo realidad un modelo plena de separación de actividades, para que cada uno de los agentes, haga lo que debe, de la mejor manera.

Red Eléctrica de España debe dedicarse a las redes, a invertir, a garantizar que cumple con lo que está exigiendo el mercado y el crecimiento de la generación y del consumo. El crecimiento económico, demográfico y social de nuestro país, no puede permitirse comportamientos monopolíticos, ni transportistas únicos, ni TSO, ni definiciones técnicas de las redes, porque no resuelven la realidad.

Si además, se confirman los rumores de que el Gobierno (Ministerio de Industria, Secretaria General de Energía), tiene previsto promover la elevación de su retribución, el mensaje es perfecto.

En tiempos de congelación de tarifas, de reducción de la garantía de potencia, castiguemos a las empresas que han invertido en generación y premiemos a quien no ha invertido en redes de alta tensión al mismo ritmo o han sido declaradas responsables del apagón.

Desde el punto de vista metodológico, la conclusión está clara y confirma todas las teorías económicas sobre el equilibrio en mercados monopolísticos. Siempre sale más caro. Y también las teorías de la burocracia y de la elección colectiva. Siempre sale más caro y son expansionistas en su propio interés.

De los topillos a la tuneladora

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La reaparición de Luis Atienza tras el incidente de Barcelona, retando a la Comisión Nacional de Energía a que demuestre la responsabilidad de Red Eléctrica de España en el apagón, tiene resonancias mediáticas muy importantes que hay que revisar desde el punto de vista del continente, del contenido y de lo que supone como gesto.

En primer lugar, en lo que se refiere al contenido, esta intervención refleja el nerviosismo con respecto a una decisión muy evidente por parte del regulador que preside Maite Costa. Y eso, teniendo en cuenta los cuidados exquisitos que tomó la presidenta de la Comisión a la hora de presentar la decisión sin vencedores ni vencidos, procurando ‘no hacer sangre’, incluso sin substraerse en ocasiones a promediar la crítica entre Endesa y Red Eléctrica. Lo que es palmario es que los números son los números, y el 98,5 contra 1,5 del partido ha escocido enormemente en Red Eléctrica.

Una segunda lectura -en cuestión de formas- puede ser que se trate de un modo de condicionar al Consejo de la Comisión Nacional de Energía de cara a la segunda parte de este debate, en torno a las medidas, técnicas, jurídicas y regulatorias que se comprometieron para antes del 31 de octubre. Unas medidas que deberían ser claras y repensar la regulación del modelo del transportista monopolista, único y trino (en lenguaje panteísta) que van ‘abarrenando’ Red Eléctrica de España y el Ministerio de Industria.

Por otro lado, también en cuestión de formas, era difícil esperar una reacción tan frontal de alguien como Luis Atienza, por todos conocido y bien reconocido como hombre afable. Ningún presidente de una empresa privada del sector eléctrico había proferido retos de semejante calibre contra los órganos de regulación y la Administración Autonómica. Sólo se puede entender en el acoso paralelo por su condición de ex ministro y por el conocimiento y difusión pública de sus condiciones salariales y de sus blindajes en caso de que se produzca su salida del transportista monopolista único y el comportamiento de condicionamiento público regulatorio de esta compañía, que en realidad es privada. El organismo regulador debe salir reforzado de este tipo de retos públicos en su independencia y en su papel, sin que en ningún momento se puedan sentir amedrentados.

Y, en tercer lugar, hemos de abordar lo que se denomina ‘disonancia cognitiva’, es decir lo que refleja con sus palabras y su ‘talante’ (dada su buena relación, conocida, con el presidente del Gobierno). Sorpresa por la contestación de un organismo que teóricamente ‘debe ser amigo’ (el fuego ‘amigo’ tan peligroso en estos últimos tiempos para este Gobierno). Sorpresa, en la medida en que la capacidad de acción política que mantenía la compañía no se había encontrado con tantas dificultades como en esta ocasión. Es decir, dificultades tan poco controlables. Red Eléctrica y su presidente han ido cultivando una capacidad de influencia y de suplantación de los reguladores, principalmente en el Ministerio de Industria, que ha sido denunciada públicamente en los medios por distintos expertos (y ha concitado la propia crítica de UNESA), tanto el déficit de inversión en las redes de los últimos ejercicios, como su influencia para convertirse en transportista único en el último momento del trámite parlamentario de la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, los condicionamientos en el acceso a la red, la actuación coordinada contra otras empresas realizado informes para el Ministerio, los problemas de relación con las distribuidoras en las grandes ciudades, etc…

Por ello, lo que reflejan esas declaraciones tan abruptas y extemporáneas de Luis Atienza es ese lamento del que se siente con poder y está cuestionado. Es la dinámica cambio-resistencia. Si hace un tiempo habíamos hablado de que la liberalización del mercado eléctrico fue trufada de “topillos regulatorios” que introducían problemas en el funcionamiento del mercado hasta hacerlo inviable y desactivaban el comportamiento de un mercado liberalizado para convertirlo en un mercado intervenido (como dice el Secretario General de Energía para las industrias fotovoltaica un ‘marco legal estable’, en un lenguaje tradicionalista para este sector), habría que señalar a Red Eléctrica como la ‘tuneladora’ regulatoria, por su capacidad, tamaño y potencia, capaz de influir en la administración energética, de condicionar la regulación y a los agentes públicos hasta el punto de que lideren su defensa y se vean obligados a defender sus posiciones.

¿Doctor Clos, supongo?

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Una anécdota mundialmente conocida es la del encuentro entre los exploradores Stanley y Livingstone en Africa. En Octubre de 1971, Henry Morton Stanley, norteamericano nacido en Gales y enviado por un periódico, para encontrar a Livingstone en viaje de exploración por Africa. Al parecer, Stanley al encontrarse con él dado por perdido explorador, exclamó, ¿Doctor Livingstone, supongo? Algo que ejemplifica muy bien la situación con la cuestión de las tarifas eléctricas, que viene atravesando un rosario de sucedidos desde el momento en que se anunció que habría un calendario para establecer las mismas inferior al anual. A finales del año pasado con la fijación de tarifas 2007, ya asistimos a una ceremonia de la confusión con la campaña previa para anunciar la subida de tarifas y, por otra, la entrada en escena abruptamente de Moncloa abortando cualquier posible elevación de precios y prolongando ese artificio de contabilidad creativa que es el déficit tarifario.

Un poco de historia sobre los cambios tarifarios del ultimo año

La situación no está hoy mejor que hace casi un año. La primera revisión de 2007, producida después de las elecciones municipales estancó las tarifas para los usuarios domésticos y subió las tarifas empresariales. Posteriormente, la revisión, que a partir de ese momento iba a ser trimestral, en el mes de octubre ya optó por dejarlas invariables, como hemos informado recientemente, contra el criterio de expertos y del Consejo de la CNE. Lo que pasa es que vivimos la campaña electoral más larga de la historia democrática de nuestro país. Recientemente, se ha conocido que los Presupuestos Generales del Estado 2008 recogen una subida de tarifas. Ese es el desarrollo más o menos episódico de lo que ha pasado en torno a esta cuestión, que ya ha tomado los elementos mitómanos del pollo o de butano para el Gobierno y su intervención en el control de precios.

Tarifas y encuestas electorales

Ahora parece que los resultados de las ultimas encuestas de intención de voto publicadas parece que han tenido su correspondencias con la previsión de subida de tarifas eléctricas para 2008: El Ministro Clos, cuyo tratamiento como galeno también es el de doctor, señala que no subirá las tarifas eléctricas, por lo tanto, que quedarán congeladas, y el déficit tarifario ex ante o ex post, mantenido y expuesto a las rogativas por una buena climatologia, la evolución del dólar, los precios del gas y del petróleo. Si se reduce, es el Gobierno. Si aumenta, es el petróleo. En paralelo, cada cierto tiempo se conocen informes (casi todos del entorno del Ministerio de Industria o de la Comisión Nacional de Energía) en que se señala y cuantifica la diferencia entre la tarifa eléctrica que paga el consumidor y sus costes reales. Por tanto las coincidencias entre estos dos tipos de mensajes, no pueden hacer sino introducir desorientación, confusión y comportamientos psicológicamente disonantes entre nuestros protagonistas, expuestos a la lógica económica y al conflicto político simultáneamente.

18 días en la CNE para publicar el informe sobre (contra) las tarifas de Industria

Por su parte, la Comisión Nacional de Energía, tardó dieciocho días en publicar en su web el durísimo dictamen del Consejo de Administración de este organismo sobre la modificación de las tarifas para el último trimestre. El lunes, por fín fue publciado. En éste informe que consideraba ‘no ajustada a derecho’ la ‘colada’ del cambio de la regulación por capacidad (garantía de potencia), introducida bajo la máxima regulatoria de ‘entre col y col, una lechuga’, por lo que pedía que se enviase de forma separada esta regulación. Una demora así es una manera de desactivar cualquier posible crítica. Algún habrá que tratar, y valorar las responsabilidades, de como se ha aprobado una normativa sin que el órgano regulador haya emitido informe sobre la misma, dado que se ha introducido como un subterfugio y el regulador lo denuncia.

El déficit tarifario puede entrar en agonía

En definitiva, mientras el Doctor Clos y el Ministerio de Industria, va abordando delante de los medios de comunicación el tema de las tarifas como pueden, el panorama para los consumidores y para la economía española en esta cuestión debe seguir siendo preocupante. Seguirán consumiendo más por no saber los precios ciertos (cada vez más lejanos a la realidad), pagándolo más tarde (cada vez más años, cada vez más tiempo, en una especie de póliza de crédito colectiva tomada pero no elegida). Consecuentemente, cada vez más intereses y gastos financieros dentro de la tarifa, con el telón de fondo de una época de una incertidumbre y endurecimiento en las condiciones crediticias y alzas en los tipos de interés.

Sería necesario encontrarse un poco.

Hoy es el día de la responsabilidad

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Cuando todo el asunto en torno al apagón de Barcelona haya terminado, todos -ciudadanos, medios de comunicación, instituciones- deberíamos haber ganado algo y aprendido de un incidente de la gravedad y magnitud como el que se desató el 23 de julio en la Ciudad Condal. Deberíamos ganar confianza en las instituciones y órganos de regulación y, a la vez, la seguridad de nuestra sociedad de que se aborda con seriedad, rigor, sin cicaterismo, buscando conocer la realidad, con objetividad, como un bien común, compartido y necesario ante situaciones excepcionales como ésta.

El primer paso es que se conozca una versión fiel y objetiva de los hechos, no deliberadamente simplificada, no edulcorada para proporcionar una visión forzadamente equilibrada de las responsabilidades del incidente entre las dos empresas en liza, en la que, o bien no haya damnificados o, por el contrario, lo sean ‘todos por igual’ precipitándolos a la práctica del ‘caldo gordo’ y el oscurantismo. Sería una forma de no determinar quién ha hecho algo y quién no ha hecho algo, cuando se requiere la certera precisión del cirujano en una situación de estas características. Con los mejores técnicos y expertos y la investigación más profunda, rigurosa e independiente.

En segundo lugar, que se fijen las sanciones en proporción al impacto causado sobre los usuarios, a la duración en el tiempo de las distintas incidencias, en proporción directa a las responsabilidades causantes del apagón y sus consecuencias directas e indirectas. Con rigor y severidad, con criterios ponderados y razonables, con ejemplaridad. Pero con las sanciones y las indemnizaciones a los usuarios, que por muy cuantiosas que sean no reflejan el trastorno en una ciudad y hasta qué punto se ha puesto en entredicho el funcionamiento de los sistemas, y hasta el cuestionamiento al modelo de transportista monopolista único recientemente estrenado.

Queda una responsabilidad tan importante o más que todas las anteriores: la de que razonablemente, lo que sucedió el 23 de agosto, no vuelva a pasar. Y, en esa responsabilidad, de por medio están inversiones, cambios regulatorios y la voluntad política de abordarlos, sin secuestrarse en el fango de la tecnocracia. Por lo tanto, se trata de abordarlos con el sentido y el objetivo de corregir y resolver los problemas que han devenido en las causas cercanas y ocultas de este incidente, inversoras, regulatorias, de mantenimiento, de comportamiento de los agentes y de la supervisión seguida.

Los señores consejeros tienen ante sí la responsabilidad de dar una respuesta que no deje dudas, clara, convincente, contundente, transparente, sin atisbo de componenda, con todas las garantías, hacia los 350.000 ciudadanos afectados directamente y también hacia los ciudadanos barceloneses y catalanes en general, que piden explicaciones, respuestas, reacciones, confianza, seguridad futura. Gestionar la indignación, la expectación y la credibilidad política y social está en juego. Que se abran las ventanas, se levanten las alfombras y que el resultado de este importante Consejo de la CNE sea límpido como el cristal. Si no, una justicia parcial sería una injusticia. Detrás está la gente.

Ya es hora de abolir el Consejo de la CNE

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La Secretaria General de Energía y el Ministerio de Industria vienen oficiando desde que el tándem Clos-Nieto está al frente una dinámica de confrontación permanente con el Consejo de la CNE, que se basa en desdeñar las decisiones que no son del interés de sus titulares ministeriales. Este es el ejemplo claro de las decisiones sobre las OPAS de E.ON, la reforma de la regulación de las renovables, los derechos de voto de ACS en Iberdrola, las limitaciones al control de Endesa por parte de Enel en su condición de semipública o los posicionamientos del Consejo frente a sus propuestas de tarifas. Paradójicamente, es algo que hay ido en sentido contrario a la relación entre Red Eléctrica de España (REE) y el Ministerio de Industria, que se ha intensificado y cada día tiene más atribuciones regulatorias y de ordenación de la energía, de ahí su conversión en ‘transportista monopolista único’, y sus nuevos papeles en las cuestiones que regula Industria. De hecho, la reforma de la garantía de potencia incluía en el proyecto once referencias a las ‘nuevas potestades’ de REE, empresa ‘privada’ que ejerce de regulador ‘in pectore’.

En el caso de la Orden Ministerial de revisión de tarifas el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, fue especialmente duro con el pseudoargumento de la ‘responsabilidad electoral’ (queríamos decir política, ¡que lapsus, por Dios!) que esgrimían la Memoria de Orden Ministerial para justificar sus contradicciones. Al mismo tiempo, la Comisión le devolvió íntegramente la reforma de la garantía de potencia, debido a que consideraba que debía abordarse como una pieza regulatoria separada, debido a su importancia. Además, incluía, como indicábamos, once referencias a Red Eléctrica, que afortunadamente, como se recoge en la crónica de Carmen Monforte en Cinco Días, se han suavizado. Ha habido clemencia.

Fea costumbre esta de intentar cambiar la regulación de una cosa ‘a propósito de otra’ y querer que además el órgano de regulación se autoamordace, ante una práctica poco transparente y, en todo caso, nada recomendable. Que la revisión de tarifas del tercer trimestre incluya un cambio completo en la regulación de la garantía de potencia es equivalente a esa viciada costumbre de las famosas leyes de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado (pero sin rango de ley, ‘of course’) y que el Presidente del Gobierno prometió eliminar. En el sector es público y notorio los desdenes de Ignasi Nieto al Consejo de la Comisión Nacional de Energía, para sumirlo en el mayor de los oprobios (en paralelo a entregarle funciones burocráticas, estadísticas y de control que encomendar a alguien). No sabemos que opina su mentora Maite Costa al respecto, pero evidentemente su pupilo está cavando una fosa dónde precipitar al Consejo al completo. Tampoco sabemos que opina el Presidente del Gobierno antel a política del MInisterio, José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró este año que se iba a potenciar la independencia (no el ‘laboreo’) de los órganos reguladores.

En todo caso, no es hora de recordar el papel de los órganos supervisores y de regulación en una sociedad avanzada. Esa ortodoxia es de todos conocida y ya es inútil recordarla. Que acabe la pantomima, como reunir a un Consejo para decisiones que siempre se solventan por el principio de Autoridad administrativa, que acaben las estériles reuniones de los consejeros. Por eso, siendo prácticos, lo único que hace falta es que el Secretario General de Energía y el Ministerio de Industria, se decidan definitivamente a abolir la Comisión Nacional de Energía. A renacionalizar sus servicios técnicos y que se integren en la ‘estructura militar integrada’ del Ministerio. A traspasarle los papeles al operador de sistema y transporte unificado y sus virreyes. Y que lo hagan por Decreto Ley. Viva Red Eléctrica.

La liquidación 2006 vive arriba

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Como en la película de Billy Wilder “La tentación vive arriba”, pero sin Marilyn Monroe elevando sus faldas en las rejillas del metro, hablaremos del estado de la liquidación del año 2006 en el sector eléctrico, que vive arriba en la cabeza de alguien. Resulta complicado encontrar un sector económico cuyas empresas no conozcan a estas alturas del año 2007 sus resultados definitivos del año 2006. Este tipo de situaciones se han venido produciendo desde hace años en aquellas actividades donde existían motivos razonables para estimar los ingresos, por la existencia de un diferimiento contable entre el momento en que se producen los mismos y cuando se tienen bases ciertas para su contabilización. En este sentido, el diferimiento se produce cuando los ingresos se producen (se ‘devengan’, en lenguaje técnico) en un momento dado y, más adelante, se dispone de información para conocer los mismos de manera exacta.

Para abordar este problema, la ‘ingenieria contable’ ha desarrollado una serie de mecanismos y cuentas en los balances de las empresas (dado que las empresas tienen una serie de compromisos fiscales, societarios y registrales legalmente establecidos) para introducir esos ajustes y resolver esta situación de cara a estas obligaciones. Sin entrar en la mecánica contable de cada uno, es a lo que se denomina ‘ajustes por periodificación’, ‘ingresos y pagos anticipados’, ‘provisiones’, entre otras figuras contables al uso para resolver este problema. En este sentido, las empresas eléctricas habrán tenido que utilizar instrumentos de este tipo para calcular su resultado ‘estimatorio’ del 2006.

El hecho es que en estos momentos del ejercicio 2007, superados tres trimestres y dos revisiones tarifarias fallidas, las empresas del sector eléctrico no cuentan con la liquidación de sus ingresos del año pasado. Todo ello con cuestiones muy peliagudas abiertas: la figura de las operaciones bilateralizadas, incorporadas en el artículo 1 del R.D.L. 3/2006 (compras de energía que se producen entre generadoras y distribuidoras del mismo grupo empresarial), y el precio definitivo que se fija para valorar estas transacciones, es una de las cuestiones más polémicas. En paralelo, y relacionado directamente con esta cuestión, el informe que Industria solicita a Red Eléctrica sobre la ‘influencia’ de Iberdrola en el montante global del déficit tarifario del 2006, por la actuación en este proceso de casación ofertas de su distribuidora. Otra cuestión que se cuela en los intersticios del proceso de liquidación 2006 y que envenena, aún más si cabe, esta situación.

Otra de las cuestiones tiene que ver con la minoración de los ingresos de las eléctricas derivados de los derechos de emisión de carbono asignados gratuitamente a las empresas, en virtud del Plan Nacional de Asignaciones. El hecho es que Ignasi Nieto, Secretario General de Energía, tiene tres propuestas encima de la mesa. La inicial que remitió a la Comisión Nacional de Energía, la propuesta del Consejo de Administración del organismo y la que propone uno de los consejeros de la Comisión, Luis Albentosa, en un voto particular. La utilización de un criterio u otro manda mensajes diferentes a los agentes económicos sobre la coherencia entre la política energética y la política medioambiental (ahora que se organizan las ruedas de prensa ‘a pachas’). Pero al mismo tiempo, tiene consecuencias (económicas) para unas empresas u otras, más o menos deseables desde el Ministerio de Industria.

En conjunto, con todas estas cuestiones abiertas (demasiadas para un hombre solo), parece que se ha situado en un cierto limbo la determinación final de los ingresos del ejercicio 2006, no se sabe si a la espera de que pasen las elecciones ¡del 2008!, para evitar una fuerte (y nueva) polémica en el sector o porque se intente un ejercicio de negociación por ‘packs’, en un deseo de volver a los ‘viejos tiempos’ (una liquidación no puede ser una negociación). En todo caso, no es razonable para los agentes económicos, el indeterminismo regulatorio, que los criterios de liquidación de cada ejercicio se fijen nueve meses después de su finalización y que desde la última liquidación de la CNE hayan pasado seis meses sin que esta cuestión, clave e indicativa de la verdadera acción en materia de transparencia y seguridad jurídica en el sector, se resuelva.

Dicen que peor que una mala noticia es una incertidumbre. Caminamos hacia la inseguridad jurídica. Una tentación.