No parecía especialmente apenado el Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, por la forma en que el Senado había derogado la cuarta parte del Real Decreto Ley 6/2009. Quién sabe si ese sistema de vasos comunicantes que son las sedes parlamentarias no ha servido para que se produzca una reforma legislativa “sotto voce”. Porque en principio parece que era una iniciativa de Convergencia i Unió (CiU), aunque no se sabe si al final los partidos políticos se unieron a ella por convicción política, por no perder en una votación o por cálculo de mayorías parlamentarias. En un tipo de akelarre de esas características (en una ley que trata de sociedades inmobiliarias que acaba en la modificación de una normativa de energías renovables), se acaba por no saber quién fue el impulsor o con qué motivo se propagó este acuerdo tan “ad libitum” (ese tipo de estratagemas y las enmiendas transaccionales son un arte y un primor en el circo parlamentario, nunca mejor dicho).

El hecho es que, a través de un mecanismo particularmente curioso, se ha producido la aprobación de una Ley que nada tiene que ver con la energía, ni con las renovables, de forma que se coloca de rondón una disposición que vuelve a dar un vuelco en el mecanismo de ordenación de entrada de los proyectos a la retribución renovable y devuelve competencias a las Comunidades Autónomas, que habían visto en el sector energético una fuente de ingresos e influencia.

En todo caso, debería causarnos oprobio a todos y una sensación de fracaso el hecho de que una normativa de la importancia como un Real Decreto Ley, equivalente a una ley salvo en su proceso de promulgación, tenga una duración tan corta (es casi no nata en su aplicación) y, en segundo lugar, que la normativa renovable sea sustituida como los escaparates, por temporadas. De hecho, supone, con menos de seis meses, la cuasi rehabilitación del Real Decreto 661/2007, aunque con matices.

Sobre las reacciones, cabe destacar que, por una parte, la única que ha quedado a salvo del cambio ha sido la energía solar fotovoltaica, que ya estaba bajo el influjo del Real Decreto 1578/2008. En todo caso, la energía solar fotovoltaica lleva su propio proceso de reordenación con su registro de preasignación y sus cupos. Por otra parte, la primera en salir al paso con especial virulencia ha sido la tecnología termosolar, cuyos volúmenes de inversión son enormes y que ha amenazado con reclamar al Estado por su responsabilidad patrimonial por los proyectos en riesgo. No menos afectados están tecnologías como la eólica que tiene abierto su proceso de negociación y ha optado por la prudencia.

Hay que contextualizar nuevamente la medida aprobada por el Senado. Era un secreto a voces que el Real Decreto Ley 6/2009 había provocado un nuevo aluvión de proyectos, que superaba con mucho en cada una de las tecnologías lo previsto en los volúmenes previstos para cada tecnología. De forma que el efecto llamada había colapsado al Ministerio de Industria y, dos, desorbitaría las primas subsiguientes derivadas del Registro de Preasignación, tan efectivo para desmontar la burbuja fotovoltaica. El problema es que se ha encontrado con otras estructuras sectoriales y empresariales y otros mecanismos asociados, con respecto a la energía solar fotovoltaica y el modelo en que se inspiró. Ahora, una vez establecidos compromisos y financiación y con la certeza de un marco retributivo, se vuelve por la vía regulatoria al título de la obra de Jardiel Poncela “Cuatro corazones con freno y marcha atrás”.

En todo caso, el Registro de Preasignación del Real Decreto Ley 6/2009 era otro ejemplo de regulación parcial, poco pensada e improvisada. De hecho, casi se puede tener una plantilla, un modelo de crítica para estas medidas: evidenciar la torpeza de la regulación anterior y regular nuevamente una nueva torpeza adicional, que también provoca consecuencias nocivas para los agentes y para la confianza necesaria para la inversión.

Errores pasados no garantizan aciertos futuros.

Más allá de lo que supone la medida: la derogación del registro de preasignación y todo lo que acarreaba a su paso. Hay que recordar (y este medio así lo recogió) que del Real Decreto Ley 6/2009 lo más discutible era precisamente eso, la forma de implantar el Registro de Preasignación, cuestión que se realizó de espaldas a los sectores renovables. A veces, no hace falta irrogarse como profetas para comprender que las advertencias pasadas sobre regulaciones improvisadas, con en el futuro se vuelven profecías autocumplidas. Pero, ¿quién piensa en el mañana desde el punto de vista regulatorio?

Quedan como cuestiones especialmente peligrosas e inflamables la inseguridad jurídica y regulatoria, que se están poniendo nuevamente de relieve en el sector energético y particularmente el sector renovable. La sensación es de «carpe diem normativo»: a ver quién la cuela en cada una de las etapas regulatorias y retributivas cada vez más fútiles en que se está convirtiendo el episódico momento sectorial en que vivimos. Cualquier ley, desde la ley de las SOCIMI, a la Ley del aborto puede cambiar un Real Decreto Ley, una Ley o lo que se ponga por delante, cuyo contenido completo, era urgente y se requería, por tanto, alterar los mecanismos legislativos habituales (algo lógico con la resolución del déficit tarifario pero menos lógico con una solución que ha evidenciado todas sus costuras).

La reflexión debería ser obligada, primero sobre el futuro de las energías renovables, la capacidad de nuestra economía de integrarlas, la necesidad de estabilizar el marco regultorio, la conformación sectorial (general y por tecnologías) y el papel y disfunciones de los agentes y mecanismos retributivos. Una reflexión con mayor seriedad, rigor y visión de permanencia, necesaria para los mecanismos de inversión asociados.

Por cierto, empiezan a crecer los rumores de que la tan cacareada Ley de Economía Sostenible (que absorbería la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables) puede ser, nuevamente, Real Decreto ley. ¿A nadie le da pudor?

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inicia un periplo que lo llevará por varias instancias internaciones, entre ellas la ONU y el G-20 en su reunión de Pittsburg. Según hemos podido conocer por la fuentes más o menos oficiosas y oficiales, Zapatero va a volver a defender la lucha contra el cambio climático como un vector político. Por su parte, el flamante recién reelegido presidente de la Unión Europea, José Manuel Durão Barroso también ha insistido en esta cuestión en un artículo publicado hoy titulado “Un mundo al borde del abismo”.

Esta claro que esta retórica ha calado entre la clase política. Y esta retórica viene acompañada de evidencias en el mundo científico sobre el cambio climático. Sigue existiendo un grupo de ‘negacionistas’ del mismo, en la medida que refutar una cosa y la contraria en un mundo wiki es relativamente fácil. Y porque el presente continuo de la comunicación política y de los intelectuales de cada uno de los regímenes o a régimen operan cada uno a su manera. La sociedad sobreinformada es lo que tiene.

El problema aparece cuando esas grandes expresiones de compromiso de lucha contra el cambio climático se tienen que traducir en políticas reales. Es decir, cuando más allá de la retórica de mitin para convencidos y pabellón polideportivo hay que ir a tomar medidas y gestionar la realidad de la “cosa pública”. En algunos momentos se ha intentado plantear la posible contradicción entre la política medioambiental y el crecimiento económico y más en época de crisis, donde existen incentivos a que las economías hagan la “vista gorda” con todas esas cuestiones. Y en el tema de las emisiones de CO2 esa prosodia empieza a ser poco o menos convincente.

España está registrando una contención en sus emisiones de GEI (carbono fundamentalmente) en la medida que la crisis económica ha frenado el desboque con respecto a los objetivos que se nos había planteado a nuestra economía (otra cosa y muy cuestionable es cómo se llegó al acuerdo de estos objetivos). Pero, medidas como el Plan Nacional de Asignaciones y su distribución por tecnologías en el caso del sector eléctrico, la detracción de derechos de emisión para reducir la factura tarifaria, etc…, han venido a poner en entredicho la coherencia de la política medioambiental y su vinculación con la energía.

Ahora entramos en otra doble contradicción. La primera se deriva de la oposición entre nuclear y renovables articulada en el marco de la comunicación política empleada para justificar el cierre de Garoña. La segunda aparece también en estos momentos con una crisis de demanda eléctrica galopante, con los mecanismos que están encima de la mesa, además de la presión del Ejecutivo para que se consuma más carbón nacional para la producción de energía eléctrica.

Evidentemente consumir más carbón en las centrales térmicas implica saltar los puntos de una política medioambiental. En primer lugar, porque aumentar la producción vía carbón expulsará sin remedio a tecnologías menos emisoras. En segundo lugar, cualquier propuesta en línea con el “regalo de los derechos de emisión” al carbón (es decir, que no se internalice este coste en sus precios) tendría que considerarse per sé como argumento herético. En tercer lugar, la articulación de incentivos tiene un doble problema: la posible consideración de ayuda de Estado y su traslación, en términos de precios, a la tarifa eléctrica. Es decir que lo pague al final el consumidor. Todo un sudoku difícil y complejo, con un agravante, y es que en la Unión Europea nos están viendo.

Por otra parte, la presión de los poderosos sectoriales está llevando a que, habiendo cumplido las eléctricas con las previsiones de compra en términos de toneladas adquiridas, mas las almacenadas a rebosar, sea insuficiente, dado que los precios de producción no son competitivos en el mercado eléctrico. Por tanto, la solución a la vista es de esas que se traducen en un “sistema alambicado de subsidios cruzados”, cuya solución es satanizar a las empresas eléctricas. Incentivo en la generación, que resulte neutro en el precio y que expulse tecnologías no contaminantes, con el fin de mantener los márgenes en el carbón nacional a costa de reducir el de las eléctricas (cuyo margen se ha reducido por la caída de la demanda, con muchas instalaciones que no recuperan los costes a los precios actuales).

Además, hay que tener en cuenta las minas que tienen las propias eléctricas, explotaciones dentro y fuera del país, de forma que se elucubra con la posibilidad de que exista un ejercicio de tensión de las empresas, cuando han aguardado a acumular todo el carbón posible y el precio de la electricidad en el mercado está por los suelos y la demanda eléctrica (cantidad) también. Algún día habrá que estudiar o entrar a analizar quién ha sido el/los responsable/s e instigadores de la teoría de que las eléctricas tengan que ser más que empresas (como el Barça, que es más que un club) o bien que no tengan que funcionar como empresas orientadas a los resultados y la inversión o que sus propietarios no exijan rentabilidad de sus activos, dicho con todo respeto para el que piensa que la crisis la tiene que soportar otro. Incluso, fruto de esta teoría, surge el pensamiento retroprogresivo, que supone que las empresas no tengan que actuar en un mercado bien regulado (ni mucho ni poco), pero libre, y se busque un intervencionismo que recuerda a las teorías de la función de la empresa en el falangismo. Todo está conectado.

Nadie habla de continuar reconvirtiendo la industria del carbón o cómo bajar los precios del carbón, incluso sin subvenciones, u otros mecanismos como la reserva estratégica recién creada e insuficiente (algo que recuerda al extinto SENPA agrario). Es decir, nadie se plantea una actuación estratégica de medio plazo, la asunción de mecanismos de ajuste en los precios del carbón nacional y, por ende, la articulación de la política social y de desarrollo regional coherente con esa problemática. Todo ello, con un efecto muy perverso en cómo configurar el debate sobre el futuro del mix de generación español, incluyendo la partida abierta sobre las renovables, la nuclear, qué hacemos con los nuevos ciclos combinados (incluido El Musel) y los objetivos para 2020.

Mientras, el Presidente sigue llevando en su maletín discursos sobre liderar el cambio climático en el exterior y ardores de orgullo renovable. Veremos.

Muchos frentes son previsibles en la batalla jurídica derivada del cierre de Garoña; algunos ya se han manifestado y otros apurarán hasta el 3 de octubre, momento en que los plazos jurídicos vencen. La primera en avisar ha sido la Junta de Castilla y León, quien ya ha acordado presentar recurso ante la Audiencia Nacional. Según se recogía en los medios de comunicación la semana pasada, la Junta alegaría el grave perjuicio económico que ocasiona la medida, que además considera injustificada, injustificable y arbitraria. Además, la medida, a juicio de esta administración regional, adolece de grandes defectos al no contar con las Administraciones concernidas, en este caso, el trámite de audiencia tras la emisión del Informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Paso por paso, los argumentos de la Junta son de mucho peso. En primer lugar, el perjuicio económico y de empleo. El perjuicio económico no sólo tiene que ver con el que lógicamente y legítimamente reclama la Junta. Tiene que ver con el efecto a medio plazo en la tarifa eléctrica de la eventual salida de parte de la producción nuclear, el aumento de la dependencia energética exterior, la sustitución por tecnologías emisoras, contaminantes y más caras. Es decir, de estropicio en el equilibrio de pesos relativos de las tecnologías en el mix de generación, algo que era calificado como modélico y equilibrado y que pasa a descompensarse. Los intentos baldíos de enfrentar renovables a nuclear (es el mix que proponen la Unión Europea y los EEUU) y la defensa en términos de políticos, más que jurídicos y energéticos hacen el resto.

De hecho, conscientes de que esta decisión causa notable perjuicio económico, la maquinaria propagandística y de comunicación política se apresuró a anunciar un plan para la zona que incluía un nuevo Parador Nacional (¿?), un paliativo leve para la destrucción de tejido productivo directo e indirecto y del que nunca más se supo. Al Plan ya se le denomina Plan Fantasma, lo cual ya es indicativo de la convicción que refleja el Gobierno y de lo pronto que se le pasan las actuaciones orquestadas en el plano del márketing. Parece que la comunicación política se topa con sus peores enemigos: la improvisación y el oportunismo.

El segundo argumento tiene que ver con la idea de arbitrariedad e injustificación. Justificación y excusa son cosas diferentes, tengámoslo claro. Cuando se utiliza la lectura integrista del programa electoral socialista en las pasadas elecciones que indicie el cierre de Garoña, estamos hablando de excusa. Y también hablamos de excusas, cuando hablamos del Informe de la Fundación Ideas (del que ya nadie habla, por cierto) en su debilidad económica y su argumentación urgente y apresurada, agónica y agonística. Por tanto, teníamos que haber visto cómo se procuraba dar cuartelillo a la decisión con el Informe de la Fundación Ideas que el intelectual socialista, Jesús Caldera, dirigió o encargó. Por otra parte, hay que tener en cuenta la debilidad de los argumentos dictados de índole político de la Orden Ministerial que sigue, en términos económicos, jurídicos y de derecho administrativo. Además el grado de la norma (una Orden Ministerial) da idea de su fácil revocabilidad, por ello el acento en la palabra irreversible.

Por tanto, la arbitrariedad es palmaria, en la medida que se trata de una decisión presidencial-presidencialista al margen de la legislación, los procedimientos y las instituciones. Y, posiblemente, Zapatero se quemó especialmente en ese empeño personal de hacerla personalista y que se viera. Recordemos múltiples intervenciones en medios de comunicación, con mensajes felinos, en un principio, y algunos no tanto, como el bochornoso espectáculo en «Las mañanas de Cuatro», con afirmaciones erróneas y tergiversaciones de grano gordo.

Pero lo más grave, finalmente, es la resultante de todo: el importante deterioro institucional, la corrosión de los mecanismos de decisión política, el estropicio realizado con un órgano regulador como el Consejo de Seguridad Nuclear. El intervencionismo entiende poco de independencia y mucho de arbitrariedad. A veces la política de partido se apunta a considerar que la política momentánea todo lo puede, por encima del Estado de Derecho y de la gestión de los asuntos públicos.

En círculos jurídicos especializados se aventura poca suerte a la orden de cierre de Garoña. Por otra parte, Nuclenor ha concertado al Uría Menéndez la estrategia jurídica en una batalla que se anticipa sin cuartel. En juego está que la planta opere hasta 2019 (tal y como permite el Consejo de Seguridad Nuclear) e indemnizaciones que incluyen el lucro cesante y que podrían ser de mareo. Y, el pasado sábado, Mariano Rajoy, en su encuentro con los alcaldes, hizo suya la posición de Garoña, con una breve pero eficaz crítica a la decisión de Zapatero. La batalla jurídica ha comenzado y al Gobierno, en pendiente de bajada, con muchos frentes abiertos, empiezan a caérsele los brazos.

Esta semana la Comisión Nacional de Energía (CNE) estudiará la fijación de las tarifas de acceso a las redes (también denominados “peajes”), cuestión que empieza a tener mayor interés y relevancia en la medida que su determinación permitirá, en mayor o menor medida, abrir el camino al desarrollo de la actividad de comercialización en la electricidad. La primera cuestión a reseñar es, ciertamente, la muy incipiente actividad de comercialización que casi no tiene presencia hoy en la ofertas a las que pueden acogerse los consumidores. Unido a este hecho, en el escenario de crisis económica, se blanden sables políticos (de distinto signo) con la “subida de la luz”, dado que nadie es partidario de dar una mala noticia, por mucho que fuera esperable o reconocible, con independencia de que esta crisis de demanda pueda hacer mucho más suave este cáliz. Pero este cáliz existe y, al menos, se ha decidido abordar con la mayor ortodoxia posible, por lo que hemos visto hasta este momento.

La carencia de una oferta desde la actividad de comercialización tiene su lógica plena en la medida en que aún no se conoce la metodología que finalmente se adoptará para el cálculo de las tarifas de último recurso, pendiente del resultado de las subastas Cesur y, en definitiva, no se conoce el grado de aditividad final que realmente tendrán dichas tarifas. Consecuentemente, es complicado encontrar ofertas para los consumidores si no se conocen todos los términos de la tarifa y, hasta el momento, quedan por despejar un número importante de incógnitas. Evidentemente, es complicado encontrar las ofertas, porque más difícil es formularlas.

Por otra parte, hay que recordar que hasta hace bien poco, se estaba cuestionando de manera estéril el proceso de liberalización, lo que ha dado lugar a que no se tenga conciencia de la importancia que la comercialización puede tener en la continuidad de las reformas del mercado eléctrico, de forma que se consiga una mayor competencia y mejores precios finales para los consumidores. Lo que, en todo caso no cabe, es la introducción de dudas “existenciales”, de suspicacias que, en realidad, parten de no concebir o estar de acuerdo con la liberalización, de no comprender la actividad de comercialización en un mercado competitivo o de pretender que el modelo tarifario sea lo mismo que hemos tenido hasta el momento, pero bautizado de otra manera. Es decir, violentar el proceso, por el planteamiento retroprogresivo de “El Gatopardo”: que todo cambie para que todo permanezca igual, configurando un intervencionismo en precios que impida la competencia y no la potencie.

Si unimos a este estado de cosas, la constatación del escaso grado de conocimiento por parte de la población del problema del déficit tarifario y de la insuficiencia de la tarifa actual para atender todos sus componentes, podemos fijar un escenario poco halagüeño para la comprensión de que las tarifas de último recurso tendrán que subir, mecanismos demagógicos aparte. Un excipiente propicio para mensajes protectores o estatalistas.

Por otra parte, si se dan los pasos regulatorios adecuados, se debe acelerar el hecho de conformar una oferta de comercialización por parte de los operadores que active este mercado. Por tanto, antes hay que pasar el trago del equilibrio de las tarifas con respecto a sus costes, asignatura pendiente, para el que hay calendario y mecanismos de amortiguación, como el “bono social” para cuatro millones de consumidores. En ese escenario, debe ser comprensible una evolución al alza de las tarifas eléctricas (no olvidemos que hasta este momento se han mantenido por debajo de sus costes por motivos políticos) a la par que se desarrolla este mercado.

En todo caso, todo parte de actuar con credibilidad, determinación y convicción en el mercado de la comercialización en el medio plazo. Seguramente es una actividad hasta el momento poco “comprendida”, pero muy necesaria para cerrar el modelo de liberalización en el sector eléctrico. Por eso, es razonable elevar progresivamente las tarifas de acceso y contemplar los márgenes que precisa la actividad de comercialización para que puedan existir ofertas flotantes, como es la prima de riesgo existente en este mercado. Y que, finalmente, después de todo este proceso la subida de la luz deje de ser potestad gubernativa, argumento de política partidista, es decir, que todos entendamos un poco más el funcionamiento de un mercado liberalizado (en generación y distribución), bien regulado y supervisado. Y nos centraremos en cómo hacer un mix energético que resulte sostenible económicamente y medioambientalmente, sin trampas, ni ”gaps” con la realidad. Lo importante es explicarlo bien.