Como veníamos anticipando, la propuesta de Real Decreto para impulsar a todo trapo la quema de carbón nacional (y bautizado con el ingenioso nombre de gestión de restricciones por garantía de suministro, en tiempos de abundancia) podía toparse con la posición contraria de las autoridades europeas, en el caso de enterarse de la jugada. Y así ha sido.

En España, fruto de estos años en que las ayudas comunitarias han llegado regular y religiosamente, se ha cultivado una idea particularmente peligrosa: existe una burocracia comunitaria enorme. Pero, a pesar de esa imagen, Europa es mucho más eficiente de lo que parece y tiene mecanismos y antenas mucho más orientadas de lo que se podría suponer a primera vista.

En el caso del carbón nacional, el Gobierno e Industria ya lo han comprobado en sus propias carnes y al parecer el primer encuentro con la propuesta de Real Decreto encima de la mesa ha tenido una oposición frontal en las autoridades comunitarias de competencia y energía. Según fuentes solventes, este encuentro se produjo en días pasados y el jefe de la delegación española fue Antonio Hernández, Director General de Energía y Minas.

El resultado de esta aproximación ha sembrado la preocupación, además de sentar como un jarro de agua fría, en el Ministerio de Industria, que recibió el encargo desde instancias políticas más elevadas. Sobre todo porque el propio Miguel Sebastián ha dejado grados de autonomía muy importantes al área energética en este campo, a sabiendas de que su encaje en la legislación comunitaria es, literalmente, imposible (aunque pronuncie esas declaraciones sobre el carbón en que parece exonerarlo como tecnología de sus consecuencias medioambientales, ¡qué formula tan saducea!). En suma, y en la práctica, se trata de un marrón de difícil digestión para el área energética.

Partamos del hecho de que Europa no es partidaria de subvencionar por subvencionar (al modo latino tan en boga). En concreto, en este sector carbonífero español, la posición europea es que las subvenciones sirvan para compensar la diferencia de competitividad con el carbón importado. Ahora, de ninguna de las maneras, estos mecanismos económicos deben estar dirigidos a conseguir una doble financiación garantizada para el reducto minero español, toda vez que estas subvenciones se perciben tanto en tiempos de precios altos del carbón importado como en tiempos donde este precio cae y además la competencia con otras tecnologías agudiza la percepción de su ineficiencia. Un intento de estas características ya se realizó mientras que Ignasi Nieto fue Secretario General de Energía, y de forma discreta y cuca, fue retirado de los ojos de la Unión Europea. Por tanto, se impone una auditoría de las cantidades percibidas y su correlación con la evolución de los precios del carbón en el mercado internacional.

Hay que recordar el camino recorrido. A la vista de los problemas de competitividad de las minas, de la acumulación de stocks de carbón autóctono (la propuesta de real decreto es un procedimiento para intentar gestionar estos stocks, más que otra cosa), en Rodiezmo, sindicatos y empresas mineras reclamaron al Presidente Zapatero más ayudas para el sector. Asesorados por no se sabe quién, la feliz idea es que sea con cargo al sector eléctrico. Para hacer eso, se decide intervenir el mercado eléctrico, seccionarlo, atentar al modelo de liberalización, crear un eufemismo regulatorio sin parangón (las restricciones por garantía de suministro) y la reparación controlada de los efectos sobre las tecnologías (indemnizaciones tasadas) para intentar aminorar el efecto. Todo ello con el retruécano de convertir el carbón autóctono como combustible estratégico, por lo cual no hay que guardarlo sino quemarlo a todo trapo, en otra contradicción in terminis. A la que le unimos el efecto sobre las emisiones de carbono y el efecto invernadero, otra contradicción en tiempos de Copenhague y de un aparatoso discurso sin convicción alguna.

La suma se ha convertido en un desmán de proporciones económicas incalculables, que del sector minero español, cruza al eléctrico, pasa por el medioambiente y acaba en la tarifa que pagan los ciudadanos. Es decir, en la factura que llega a cada uno. Todo ello, por una incompetencia e incapacidad continuada para concluir la reconversión del sector, abordar en serio el desarrollo regional, acabar con un «modus vivendi» anómalo y atajar el clientelismo que siempre surge en rededor de las subvenciones.

Por otra parte, en nuestro país la bola no para de crecer, los pronunciamientos de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y la batalla campal que se prepara en el terreno de la generación eléctrica dejan sin descanso a Industria. Más de 1.200 millones de euros estima la CNC de costes, cuyo puente hacia la tarifa y el consumidor energético es casi directo (por cierto, las asociaciones de consumidores, salvo los grandes consumidores, no han dicho esta boca es mía, seguramente tranquilizados por una acción intervencionista en precios eléctricos).

El efecto bola de nieve se precipita sobre este proyecto, que tiene todos los visos de tener que ser retirado y reelaborado, por lo que es posible que hasta la primavera no se tengan noticias del mismo.

En todo caso, y más allá de la prosodia que necesita refrenarse, cuánto hay que agradecer el hecho de pertenecer a la Unión Europea en la medida que se ponen frenos y racionalidad a la actuación política, que sin política, o estrategia energética, sucumbe al ejercicio de las presiones.

La publicación del calendario para el desembalsamiento de los proyectos de energías renovables, presentado al amparo del Real Decreto Ley 6/2009 y difundido como mecanismo para «pacificar» el sector renovable, puede resultar un nuevo cierre en falso en el sector. Sobre todo porque probablemente lo abordado con esta calendarización es solamente una cara del problema, y de parte del mismo: únicamente la cuestión momentánea de la promoción de proyectos y sus consecuencias en términos de problemas inquietantes para el sector industrial, impelido razonablemente por la caída de demanda. Problema que se ve descompensado con el medio plazo y por la necesidad de comprender que la integración de todas estas decisiones y de las energías debe contar, además, con la perspectiva industrial, con su integración en el sector eléctrico, en el mercado energético y en el mix de generación.

Sin duda, además todo lo que está sucediendo en el sector energético no son, en ningún caso, hechos aislados, sino que están interrelacionados entre si, y el anuncio de que hay que cambiar la política de primas a las renovables, la gestión de los «stocks» de carbón, el déficit tarifario y los costes de la termosolar, no son decisiones independientes. Ni mucho menos. Por eso, la decisión seguramente debería ser más global, configurando una política energética coherente y sostenible de verdad (una demanda acuciante) por mucho que se quieran presentar intencionadamente como cuestiones diferentes, sujetas cada una a agentes y demandas diferenciadas.

Por ello, es importante, en este caso, el medio plazo, que lamentablemente siempre va en relación con la estabilidad regulatoria, sectorial y, por tanto, inversora, contra el presente perpetuo de la decisión política, cada vez más conducida por la rabiosa actualidad y por decisiones anteriores que condicionan el futuro.

De hecho, no se puede entender esta decisión, sin antes hacer un pequeño itinerario por el final previsto en el R.D. 661/2007. Este Real Decreto preveía un período de un año para finalizar los proyectos en curso a partir de la llegada al 85 % de los niveles de consecución de los objetivos para cada tecnología. Por ello, no está de más señalar la necesidad de la calidad regulatoria y de su gestión efectiva porque, de hecho, este plazo excesivo e indiscriminado por tecnologías del R.D. 661/2007 fue el que provocó la burbuja fotovoltaica de hace un año (y que tanto escandalizó cuando se produjo), al igual que esta nueva actuación regulatoria (el Registro de Preasignación del R.D.-L 6/2009) ha desbordado los volúmenes y primas de la solar térmica en un plis-plas. Un poco de detenimiento no vendría nada mal.

Por su parte, de forma sorpresiva en el Real Decreto Ley 6/2009, se introdujo un mecanismo sustitutivo del anterior que consistía en un plazo de presentación de los proyectos que entraran con fecha antes del 7 de mayo y cumplieran ciertos requisitos gozarían de la retribución del R.D. 661/2007. Todo ello con el interés presunto de evitar las avalanchas que se produjeron en transiciones normativas semejantes anteriores (como decíamos, en el caso fotovoltaico fue paradigmático). Objetivo, controlar la entrada. Consecuencia, que se ha convertido realmente en una espita.

Hay que recordar que los cambios de retribución futuros en las renovables siempre incorporan una expectativa de reducción, dado que el regulador busca conseguir que las mejoras en las tecnologías se traduzcan en reducción de las primas. Luego, el criterio para un inversor es siempre antes, mejor que después.

Por tanto, ante esa expectativa, con este Real Decreto Ley se ha conseguido generar un nuevo «efecto llamada» imprevisible en su administración por Industria. Según informaciones a las que ha tenido acceso Energía Diario, se habrían producido solicitudes de más de 4.000 MW de energía termosolar y de14.000 MW en el caso de la tecnología eólica. La decisión final ha recortado mucho más respecto a la entrada, a la eólica que ha visto autorizados proyectos por un volumen total de 6.000 MW hasta 2012, mientras que la tecnología termosolar, que irrumpe en el panorama de generación español con cierto estrépito y con mucha fuerza, consigue 2.300 MW en total hasta 2013.

En términos acumulados, la eólica se situará en el entorno de los 23.000 MW instalados, con respecto al objetivo de 20.155 MW (algo menos del 15 % por encima), al final el modelo retributivo del R.D. 661/2007. Mientras, la termosolar se sitúa en el 460 % del objetivo de Plan de Energías Renovables (PER), lo cual no deja indiferente a nadie por su impacto en la tarifa, sobre todo por la diferencia de primas que percibe uno y otro: mientras el sector eólico está en el entorno de los 30-38 €/MW, la tecnología termosolar está en el entorno de los 270 €/MWh. Para entendernos: 1.300 MW de solar térmica salen por lo mismo que 20.000 MW eólicos.

Sucintamente, el Ministerio de Industria ha justificado esta desviación concreta con el argumento de la generación de empleo. A nadie se le escapa la presión de la patronal termosolar y de dos Comunidades Autónomas, que se transparentó en toda su crudeza con el intento de abolición del Real Decreto Ley 6/2009 en aquel episodio parlamentario tan rocambolesco, enmienda va, enmienda viene. Además se ha querido presentar meramente como un conflicto empresarial (empresas que invierten en una tecnología o en otra), en una controversia sin diferencias, ni matizaciones, pero en realidad, no equivalente, ni inocua una decisión sobre otra.

En todo caso, hacia delante se trasladan muchas preguntas. ¿Cómo se va asumir este sobrecoste y cuáles son las consecuencias futuras del mismo, incluso para las propias energías renovables? ¿Cómo puede ser que el ritmo de aumento de la potencia eólica, estimado en 2.000 MW anuales, se haya reducido a 1.700 MW, siendo la tecnología más competitiva, menos costosa y más cercana a su nivelación con el mercado, sobre todo dada su importancia de cara a los objetivos de 2020 en términos de aportación en el mix energético? ¿Implica esto que los objetivos finales para 2020 se reducen para esta tecnología? ¿Y globalmente? ¿Cómo se ha administrado el criterio de diferimiento temporal en esta calendarización por tecnologías, proyectos, fecha de proyectos, etc…? ¿Qué se va a hacer con los proyectos que forman parte de la derrama, los situados en cola de espera? ¿Qué se va a hacer con proyectos en marcha que no tenían resueltos los trámites de un Decreto y de otro, y que no han entrado en estos cupos anuales? Por otra parte, además de los legítimos intereses promotores, ¿cómo encaja en la factura eléctrica y en la planificación energética? ¿Nos lleva a ajustes más duros en los nuevos desarrollos reglamentarios retributivos posteriores? ¿Cómo se distribuye este «sacrificio»? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para contar con el desarrollo normativo posterior que proporcione la verdadera seguridad jurídica a los proyectos y, lo que es más amplio, al futuro sectorial?

¡Esto no ha hecho más que empezar!

La gravedad de las actuaciones difundidas sobre la visita de los investigadores de la CNC a la sede de la patronal eléctrica Unesa merece un comentario, como poco. O mejor dicho, dos: uno de contexto y, probablemente, otro para este caso concreto. No hay sector de la economía española que no haya recibido la visita de la Comisión Nacional de Competencia en los últimos tiempos y siempre acompañada de su retransmisión en directo y una política de campanario. Mientras, asistimos a un momento de nuestra historia reciente en el que desde las instancias políticas se está más en contra de la liberalización de los mercados y de la puesta en funcionamiento de reformas estructurales. Son comportamientos paradójicos que pueden tener más cosas en común de lo que parece.

Así, podemos percibir que se ha desatado una suerte de furor y de utilización de la función coercitiva de este organismo sin que parezca que nadie le pueda poner freno, aunque ya, desde el punto de vista judicial, ha recibido un severo varapalo por la tendencia a penetrar en un sector y buscar todos los correos electrónicos a ver si sus operadores pactan entre si para seguir una misma senda. Con esa concreción tan abierta se escribe la sospecha en el estilo ese en el que la policía de tráfico paraba hasta encontrar alguna infracción. Por tanto, habrá que plantearse el porqué de esta hiperactividad, de esta ansiedad, de este protagonismo perseguido y perseguidor.

Además, en esta ejecutoria de difusión de las investigaciones, resulta más importante el hecho de narrar minuto a minuto lo que se está sospechando y los pasos a dar, proporcionando la sombra de la duda sobre el investigado y no sobre el investigador, por muy indiscriminada que sea su actuación y haya motivos para dudar de su proceder, que destaca más que los resultados de las propias investigaciones, así como su rigor, su solidez y solvencia, su equilibrio desde el punto de vista procedimental o su capacidad de resistir el embate de la justicia. Y, claro, narrarlo paso a paso proporciona dosis de publicidad propia y penas de telediario como ha ocurrido con los imputados de la trama Pretoria.

En este marco, parece que esta hiperactividad de la CNC es más un hostigamiento hacia lo empresarial, en la medida que empieza a cundir en determinados ámbitos de la política y la Administración una especie de cacería coincidente con la ruptura del diálogo social en junio. Lo empresarial, fruto de un cierto chavismo político español de nuevo cuño, alimentado por los viejos intervencionistas latentes, ha entrado en nuestro país, merced a la forma de hacer política que estamos viviendo, al buenismo social, a las tapaderas de la crisis por la vía del gasto público y a los escándalos económico-políticos, en el terreno de lo políticamente proscrito.

De esta fijación de la CNC, el sector energético se está llevando una de las peores partes, porque el regulador parece instalado en “sacar las patas” por alto, siendo el martillo neumático del sector. Da igual que se trate del sector petrolero o del eléctrico. Da igual la conformación de los mercados españoles y la calidad de las empresas españolas, pese a la regulación que, precisamente en muchas ocasiones, no está orientada hacia la competencia. Da igual la homologación que hacen en el exterior, el grado de avance en nuestra liberalización o lo que opinen organismos internacionales como la AIE, sobre lo mismo que critica la CNC. Por eso, conocemos ahora la segunda fase de una investigación a las eléctricas cuyas justificaciones esgrimidas son, cuanto menos, tenues y confusas con otros procedimientos.

Por ejemplo, si hablamos del sector eléctrico, la estructura empresarial de este sector ha variado sustancialmente y, como reconocen todos los organismos internacionales, nos encontramos ante un sector plenamente competitivo. Tenemos unos precios eléctricos que están entre los más bajos de toda Europa (y habrá que preguntarse por qué ha pasado esto y por qué el interés de no contarlo por parte de las autoridades políticas, ni las autoridades de competencia). En los últimos años, tras la liberalización, la dinámica de mercado eléctrico ha generado inversión, incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas, las renovables y toda esta nueva capacidad ha dado seguridad de suministro, cuando hace años se estuvo en el precipicio de la insuficiencia energética. Se han incorporado nuevos operadores entrantes españoles y extranjeros y se ha producido un cambio de propiedad en las empresas españolas. Todo ello, hasta que la inseguridad jurídica y la regulación discrecional empezó a asomar la patita y empezaron las sombras del intervencionismo.

En efecto, el hecho más grave que ha ocurrido en la ordenación del sector energético español desde el punto de vista competitivo, con toda claridad, es que las tarifas eléctricas sean insuficientes con respecto a los costes totales, es decir, que sean aditivas y permitan la creación de ofertas competitivas entre los operadores de comercialización. Así, por ejemplo, las Tarifas de Último Recurso estaban orientadas a no crecer en exceso y dosificar el déficit tarifario a tres años (aunque ahora venga el Plan Protección Plus del Carbón Nacional a estropear estos planes con la propuesta de Real Decreto para aumentar la cantidad de energía que se genera mediante la quema de carbón autóctono). De hecho, desde más de una instancia política se ha reclamado que las Tarifas de Último Recurso tengan ese “doble valor social y de generación de mercado”, evidenciando en la petición una forma de entender las empresas y los mercados latino-intervencionista.

Sobre todo porque evidencia una cierta esquizofrenia del regulador respecto a lo que finalmente traslada de las Directivas europeas al Boletín Oficial del Estado, en especial en el caso del tema tarifario, que sigue siendo el último resquicio de intervención de precios de un suministro en nuestro país. Y porque no hay voluntad ni capacidad política de hacer efectivo este principio. Por eso, lo paradójico es que sobre todo esto (sumado a las actuaciones que suponen generar restricciones técnicas por insuficiencia de infraestructuras de transporte), la CNC viene a decir poco o nada. Como también actuó en contra de la competencia en los mercados energéticos (creando un monopolio en el aprovisionamiento del gas) en el caso de la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, cosa que merece un recuerdo permanente a este equipo.

Por tanto, el diagnóstico del sector en términos de competencia parece que no está siendo lo suficiente «fino» en lo energético y la actuación es más bien de grano gordo. Y otro de los problemas relativos a la competencia en los que está inmerso el sector energético es que la mayor parte de los responsables de dirigir (por decir algo) la política de competencia son de marcado carácter intervencionista. Algo así como poner a la zorra a cuidar a las gallinas.

No sabemos todavía si este proceso masivo, indiscriminado y de amplio espectro tiene que ver más con la intensa actividad antiempresarial de la CNC, que con su vocación promercado y proliberalización. Tampoco sabemos si todo esto tendrá que ver con la necesidad que expresa Luis Berenguer de domeñar a los reguladores sectoriales como son la CNE y la CMT y ponerlos bajo su pupilaje. El hecho es que con esta actuación tan atrabiliaria, seguramente, en el corto/medio plazo actúen en contra del organismo que representa y de la cuestión que se trata de defender y promover: la competencia.

Porque, con la refundación de la CNC se había comenzado un proceso relativamente esperanzador para mejorar el abordaje institucional de la competencia en los mercados, no las lecturas interesadas o las capturas del rábano por las hojas. Hoy, este proceso está totalmente malogrado y caído en el descrédito, por la participación en una campaña generalizada de satanización y demonización de todo lo empresarial, cuyas consecuencias devastadoras pagaremos en el futuro, dado que hemos retrocedido años en la consideración de la actividad empresarial como motor necesario de la sociedad.

De hecho, ya nadie reconoce que esta es la forma de proteger, promover y defender la competencia y que la actuación de esta CNC no es equiparable con la de otros órganos con las mismas competencias a nivel internacional. Es también genuina en su ejecutoria. Con esta hiperactividad y esta forma de interpretar la acción punitiva contra las empresas y los mercados, y de actuar selectivamente a los guiños, entramos por otro camino a la deslegitimación institucional y en la evidencia de la pobreza de las instituciones que dirigen nuestros sectores económicos.

Así no se defiende la competencia, ni los mercados. Así se les extermina.

Tal y como se recoge en los medios de comunicación de hoy y del fin de semana, el Ministerio de Industria dispara las ayudas al carbón nacional con la materialización de la propuesta en forma de Real Decreto que se venía larvando desde hace varias semanas y de la que ha venido informando Energía Diario. La propuesta busca aumentar sustancialmente la producción de energía eléctrica mediante la quema de carbón nacional. El mecanismo elegido será que esta energía tenga carácter preferente frente a cualquier otra fuente de energía y el objetivo es que entre el 10 y el 15 % de la energía que se produzca en España proceda del carbón nacional. La medida es una consecuencia de la crisis de demanda eléctrica que se viene registrando unida a la crisis de competitividad del carbón nacional, que además debe mezclarse con carbón importado para poder ser utilizado.

El coste directo de la medida se estima en 200 millones de euros, pero hay costes ocultos que no se incluyen en la propuesta, entre otros los que se derivan de la pérdida de eficiencia energética (el carbón nacional es menos competitivo que el carbón importado y la producción de electricidad con carbón es menos eficiente que con otras fuentes, como el gas), las compensaciones por lucro cesante de otras tecnologías (pagos por capacidad a otras tecnologías como fuel y gas por no producir) y los costes en términos de derechos de emisión de carbono. A esto hay que añadir las cantidades que el Gobierno destina anualmente al Plan del Carbón. En total, hasta 2012 se estima que el coste total puede alcanzar los 4.700 millones de euros a cargo, fundamentalmente, de la tarifa.

El efecto tarifa

La medida tendrá un fuerte efecto sobre la tarifa eléctrica, de forma que si se podía aprovechar estos momentos de caída en la demanda para absorber el déficit pasado, el plan falla con todo el equipo. De hecho, según lo publicado, el precio garantizado al carbón estaría un 60 % por encima del que actualmente se está casando en el mercado, algo que tendrán que pagar los consumidores y que reduce el colchón que el modelo de transición a la liberalización plena diseñado en el Real Decreto Ley 6/2009 había dejado. Además se garantiza un crecimiento del 2% en el precio por MWh.

El argumento utilizado para promulgar esta mayor protección es que “el carbón nacional es estratégico” y busca apelar a la seguridad de suministro. La primera teoría sobre la estrategia señala que, si esto es así, lo razonable sería preservar el carbón nacional para momentos en que los precios de la energía y de los combustibles se elevaran de forma que amortiguara el efecto sobre los precios de la energía en ese momento. La segunda teoría (más mundana) es que lo estratégico es seguir produciendo carbón aunque no sea competitivo, aunque haya caído la demanda y los problemas en materia de garantía de suministro no sean tales. De hecho, en esa errática acción política ya se ha incurrido en la contradicción de justificar el cierre de la central nuclear de Garoña (por orden del Presidente y siendo una tecnología no contaminante) por exceso de oferta y el Plan Protección Plus del Carbón Nacional del Presidente del Gobierno por problemas de garantía de suministro. Todo ello, además, en evidente y manifiesta contradicción con el discurso de apoyo a las energías renovables que exhibe públicamente el Presidente.

Porque todos los dedos apuntan como responsable de la medida al propio Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya presencia en la localidad leonesa de Rodiezmo concitó a los responsables de la minería para salvar los problemas de la caída de la demanda, con una reclamación de 300 millones de euros adicionales en este año para el Plan del Carbón. A cambio de esta petición directa y por obra de la teoría de que “paguen” las empresas, la medida se transformó en una intervención en el mercado eléctrico cuyos costes se elevan a 4.700 millones de euros en tres años. Una multiplicación de costes que suma pagos por incapacidad de competir, por capacidad (para las tecnologías que dejan de producir), por más contaminación y por incapacidad política de gestionar y reformar un sector no competitivo. Solución a todo, en este Plan Zapatero Protección Plus al Carbón Nacional que acaba de llegar a la CNE: vuelta a la prosodia de la solidaridad. Eso es estratégico, al menos para las elecciones.