Seguidamente, el lunes, por su parte, el rotativo económico Cinco Días publicaba una entrevista con Dominique de Riberolles (Consejero Delegado de CEPSA) que se mostraba contrario a que los aumentos que se prevén en los denominados impuestos especiales se destinaran a cubrir la (importante) parte del león de la factura de las primas a las renovables y su contribución (muy relevante) al engrosamiento del déficit tarifario.

Si tenemos en cuenta que el consumo de gasolinas y gasóleos es fuertemente inelástico (la subida de precios en una proporción no se traduce en una caída de demanda: los usuarios siguen consumiendo igual) y que el Ministerio de Economía y Hacienda ya estudia la subida de esta fiscalidad indirecta, gracias a los márgenes que tiene de equiparación con Europa, parece inevitable que ésta se produzca. Otra cosa es que el Ejecutivo piense que las subidas de impuestos que hay en la cocina se usen con fines alternativos o tengan ese interés. Por tanto, y a la vista de sus declaraciones, no parece que Riberolles se muestre en contra de una elevación de los impuestos que gravan los combustibles, sino de que esas subidas (o creación de nuevas tasas) se destinen a pagar las primas de las renovables.

Como todos los impuestos, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, las accisas o impuestos especiales tienen el destino que los poderes públicos establecen en función de las políticas que un Ejecutivo quiere desarrollar. Y, la capacidad de los ciudadanos y agentes económicos para señalar a qué fines se destinan (defensa, infraestructuras, educación, la difusión de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual o la promoción del flamenco) es limitada.

¿Por qué esa oposición a que los impuestos especiales a las gasolinas participen del esfuerzo para el cumplimiento de los objetivos medioambientales del país? Nada puede explicar que el Ejecutivo reduzca sus grados de libertad en la solución del déficit tarifario (y su composición) o que presente una propuesta global que contemple la apelación a la fiscalidad. Porque, además, no abordarlo así alimenta la teoría del cuanto peor, mejor, en el caso del déficit tarifario, a través de la indolencia ante todos los fenómenos que se están produciendo en torno a la factura eléctrica y energética.

Una posición contraria expresada en esos términos y con tanta determinación, alimenta una posición de retranqueo fiscal contra las renovables y, a la vez, es coincidente con las posiciones más texanas contra estas energías, con el añadido de que el transporte sigue sin estar sujeto a integrar los costes de sus emisiones, merced a declaraciones bienintencionadas sobre eficiencia, mejoras, … casi zen, además de no haber efectuado una transformación tan relevante como otros sectores energéticos, tanto desde el punto de vista retributivo, como tecnológico, o industrial para conseguir mayores eficiencias.

El Gobierno, por su parte, debe controlar la utilización eficiente desde el punto de vista medioambiental y económico de las primas a estas energías y su inclusión en el sistema eléctrico, de forma que todos los sectores energéticos contribuyan de alguna manera al cumplimiento de los objetivos de nuestro país en energías limpias (el famoso 20-20-20). El coste en la factura del denominado régimen especial en 2009 ascendió a 6.200 millones de euros.

A la vista de los datos que conocíamos la semana pasada, esto no se está haciendo y hay graves problemas abiertos, como la repotenciación de la fotovoltaica que pone en jaque la sostenibilidad del sistema de primas y de la tarifa eléctrica. 1.700 millones de euros de posible fraude y una situación desbordada.

No cabe, por tanto, la estrategia de la avestruz, ni permitir el peloteo intersectorial. Es hora de pedir rigor, determinación y abordar este problema por partes, pero con visión de conjunto.

El revuelo ocasionado por la supuesta subida de tarifas eléctricas en estos últimos días tiene un barniz interesado y exagerado, en la medida que la elevación del precio de suministro propuesta sólo recoge el aumento del precio de la energía, pero no recoge el aumento de los costes que deben cubrir las tarifas de acceso o peajes.

El precio del suministro de la energía está compuesto por dos partes, el precio de la energía y las tarifas acceso (peajes). Es preciso tener en cuenta que, en la actualidad, lo que genera el déficit tarifario son las tarifas de acceso y la insuficiencia de las mismas para cubrir todos los costes que en ellas se incurren. Por tanto, era necesario elevar este componente de la tarifa eléctrica para no generar más déficit, de forma que se paguen las tarifas de acceso necesarias para ser suficientes y equilibrar su evolución y, al menos, no superar los límites de déficit tarifario establecidos legalmente.

Esto implica que, con esta propuesta encima de la mesa, el déficit tarifario seguirá aumentando en 2010 muy por encima de lo permitido. De hecho, se duplicará. Es preciso recordar que el Real Decreto Ley 6/2009 establecía como límite de crecimiento para el déficit tarifario un montante máximo de 3.000 millones de euros. La previsión con las liquidaciones conocidas del año es llegar a los 5.523 millones de euros, casi el doble de lo legalmente fijado por esta ley.

En este sentido, según los datos conocidos, la propuesta de modificación de tarifas presentada por el Gobierno a la CNE para la revisión del mes de octubre, no permite reducir el déficit tarifario acumulado durante el ejercicio. Industria, por tanto, no aprovecha los bajos precios del mercado de generación y renuncia a aplicar subidas de tarifa que consigan amortiguar el déficit acumulado este mismo año o el año pasado.

Así, la propuesta de modificación de tarifas que hoy estudiará el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía remitida por Industria realmente no produce una elevación de las tarifas. Se limita exclusivamente a absorber la elevación del precio de la energía en el mercado de generación y mantiene estables las denominadas tarifas de acceso (de las que se debería incorporar una partida para reducir el déficit tarifario acumulado). La consecuencia es que el déficit tarifario este año aumentará en 2.523 millones de euros por encima de lo previsto (y de lo que establecía como límite máximo el R.D. Ley 6/2009), alcanzando un total de 5.500 millones de euros.

Del mismo modo, durante el ejercicio 2009 este déficit acumulado también creció por encima de lo previsto, ya que se elevó a 1.022 millones de euros, según las empresas eléctricas (el Gobierno reconoce únicamente 293 millones). Una discrepancia que, por otra parte, ha vuelto a levantar las alarmas en torno a la forma de tratamiento de las partidas que lo componen.

Las consecuencias políticas, sociales y mediáticas de esta decisión, no se han hecho esperar. Por una parte, las empresas eléctricas han anunciado que denunciarán al Gobierno por prevaricación (el delito de prevaricación consiste en el hecho de que la Administración actúe contra una ley a sabiendas de que un comportamiento es contrario a la misma). Las empresas consideran que, el hecho de no aumentar las tarifas de acceso sobrepasando el límite de déficit fijado por el Real Decreto Ley 6/2009 para este año y el pasado, tiene todos los visos de incurrir en esta práctica ilegal.

Por otra parte, los consumidores, a través de sus asociaciones (que han señalado que el precio de la electricidad ha subido un 30 % en los últimos años) también han expresado su disconformidad con esta no subida de tarifas, dado que la tarifa eléctrica mantiene el carácter de precio intervenido. Mientras, los consumidores industriales se benefician de este clima de agitación.

Y, finalmente, esta publicación apuesta porque el colectivo de retroprogresivos de la energía, negacionista además del déficit tarifario, se apresurará a aportar sus «soluciones creativas», antimercado, antiliberalización para la erradicación del déficit tarifario. Se trataría de los mecanismos expropiatorios que circulan en la CNE desde el Informe de Costes y Precios y que de vez en cuando se deslizan por la mesa de operaciones de su Consejo: vuelta a los costes reconocidos, discriminación de precios discrecional por tecnologías, impuestos a determinados tipos de tecnologías, promover la remoción legal de la liquidación de los CTC’s, y todo en ese plan.

Además, en medio de todo, una cierta estrategia de hostigamiento en torno al problema: Industria, con el déficit desbocado, con el revuelo mediático de la impotencia en torno a la subida/no subida de tarifas y la demagogia política alrededor bramando, incluyendo la retirada del Partido Popular de un supuesto pacto energético basado en la idea de congelar la energía, como en la crisis del 73 con Franco. El mejor de los mundos posibles.

El revuelo ocasionado por la supuesta subida de tarifas eléctricas en estos últimos días tiene un barniz interesado y exagerado, en la medida que la elevación del precio de suministro propuesta sólo recoge el aumento del precio de la energía, pero no recoge el aumento de los costes que deben cubrir las tarifas de acceso o peajes.

El precio del suministro de la energía está compuesto por dos partes, el precio de la energía y las tarifas acceso (peajes). Es preciso tener en cuenta que, en la actualidad, lo que genera el déficit tarifario son las tarifas de acceso y la insuficiencia de las mismas para cubrir todos los costes que en ellas se incurren. Por tanto, era necesario elevar este componente de la tarifa eléctrica para no generar más déficit, de forma que se paguen las tarifas de acceso necesarias para ser suficientes y equilibrar su evolución y, al menos, no superar los límites de déficit tarifario establecidos legalmente.

Esto implica que, con esta propuesta encima de la mesa, el déficit tarifario seguirá aumentando en 2010 muy por encima de lo permitido. De hecho, se duplicará. Es preciso recordar que el Real Decreto Ley 6/2009 establecía como límite de crecimiento para el déficit tarifario un montante máximo de 3.000 millones de euros. La previsión con las liquidaciones conocidas del año es llegar a los 5.523 millones de euros, casi el doble de lo legalmente fijado por esta ley.

En este sentido, según los datos conocidos, la propuesta de modificación de tarifas presentada por el Gobierno a la CNE para la revisión del mes de octubre, no permite reducir el déficit tarifario acumulado durante el ejercicio. Industria, por tanto, no aprovecha los bajos precios del mercado de generación y renuncia a aplicar subidas de tarifa que consigan amortiguar el déficit acumulado este mismo año o el año pasado.

Así, la propuesta de modificación de tarifas que hoy estudiará el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía remitida por Industria realmente no produce una elevación de las tarifas. Se limita exclusivamente a absorber la elevación del precio de la energía en el mercado de generación y mantiene estables las denominadas tarifas de acceso (de las que se debería incorporar una partida para reducir el déficit tarifario acumulado). La consecuencia es que el déficit tarifario este año aumentará en 2.523 millones de euros por encima de lo previsto (y de lo que establecía como límite máximo el R.D. Ley 6/2009), alcanzando un total de 5.500 millones de euros.

Del mismo modo, durante el ejercicio 2009 este déficit acumulado también creció por encima de lo previsto, ya que se elevó a 1.022 millones de euros, según las empresas eléctricas (el Gobierno reconoce únicamente 293 millones). Una discrepancia que, por otra parte, ha vuelto a levantar las alarmas en torno a la forma de tratamiento de las partidas que lo componen.

Las consecuencias políticas, sociales y mediáticas de esta decisión, no se han hecho esperar. Por una parte, las empresas eléctricas han anunciado que denunciarán al Gobierno por prevaricación (el delito de prevaricación consiste en el hecho de que la Administración actúe contra una ley a sabiendas de que un comportamiento es contrario a la misma). Las empresas consideran que, el hecho de no aumentar las tarifas de acceso sobrepasando el límite de déficit fijado por el Real Decreto Ley 6/2009 para este año y el pasado, tiene todos los visos de incurrir en esta práctica ilegal.

Por otra parte, los consumidores, a través de sus asociaciones (que han señalado que el precio de la electricidad ha subido un 30 % en los últimos años) también han expresado su disconformidad con esta no subida de tarifas, dado que la tarifa eléctrica mantiene el carácter de precio intervenido. Mientras, los consumidores industriales se benefician de este clima de agitación.

Y, finalmente, esta publicación apuesta porque el colectivo de retroprogresivos de la energía, negacionista además del déficit tarifario, se apresurará a aportar sus «soluciones creativas», antimercado, antiliberalización para la erradicación del déficit tarifario. Se trataría de los mecanismos expropiatorios que circulan en la CNE desde el Informe de Costes y Precios y que de vez en cuando se deslizan por la mesa de operaciones de su Consejo: vuelta a los costes reconocidos, discriminación de precios discrecional por tecnologías, impuestos a determinados tipos de tecnologías, promover la remoción legal de la liquidación de los CTC’s, y todo en ese plan.

Además, en medio de todo, una cierta estrategia de hostigamiento en torno al problema: Industria, con el déficit desbocado, con el revuelo mediático de la impotencia en torno a la subida/no subida de tarifas y la demagogia política alrededor bramando, incluyendo la retirada del Partido Popular de un supuesto pacto energético basado en la idea de congelar la energía, como en la crisis del 73 con Franco. El mejor de los mundos posibles.

La noticia del pacto entre Gobierno y Partido Popular para aplazar la subida de la tarifa de la luz del próximo julio sólo puede ser entendida en clave puramente política y nunca económica, en un acuerdo que trastorna la solución que el Real Decreto Ley 6/2009 había establecido al déficit tarifario. Por su parte, los mercados y analistas financieros recibieron esta noticia, sin ningún género de dudas, de manera negativa (al igual que el día anterior) empeorando las perspectivas y valores del sector eléctrico, con tendencia a la baja en sus cotizaciones. (¿Cómo puede ser que los mercados reciban mal la noticia de un «acuerdo» político?) Recordemos que el déficit tarifario es la insuficiencia de la tarifa para sufragar sus costes y que, en su formación, han participado gobiernos de los dos signos políticos, al limitar las subidas de la electricidad a porcentajes asumibles o asimilables al IPC.

Evidentemente, esta decisión pone de manifiesto muchas cuestiones. La primera es la falta de convicción en los modelos y mecanismos de mercado, y en su defecto, la capacidad de la política española para el enjuague. Además, también evidencia la ausencia (ya confirmada) de política energética en el partido del gobierno y también en el partido de la oposición, hoy denominado el «Partido Popular Obrero» o «Partido Populista Obrero Español«, esforzado en no presentar ningún ajuste ni esfuerzo a la sociedad española, tras excesos en los que todos los partidos han participado. Un Partido Popular que no entiende ni siquiera la liberalización que él mismo diseñó, así como el concepto de mercado eléctrico, ni las medidas que tomó. Por eso ha venido el «ppinazo al sector eléctrico», que evidencia la vuelta a las fórmulas del franquismo que aplazaron la asunción de los costes de la energía en la crisis del 73 por parte de la sociedad y del aparato productivo. Luego vendrán los que intentan negar la ley de la gravitación universal, diciendo que qué es eso de que manden los mercados y no la política… ¡Habrase visto!

En el actual contexto político, con un gobierno débil y apesadumbrado por la cantidad de malas noticias de este último mes, encontramos la tendencia a entender la energía como un precio político, el hecho de no entender el papel de la empresa en sistema económico y los mercados y la poca voluntad de Moncloa de hacer algo un poquito doloroso. Y seguramente, en el lado contrario una oposición aquejada de los mismos males anteriores (el frame se lo coloca el Gobierno, sólo hay que ver el seguidismo del portavoz económico del PP en la rueda de prensa con el Ministro de Industria), impelida de hacer méritos ante el electorado como conseguidora de rebajas al ajuste aplazado. Un día, probablemente, tendrán que explicar a sus socios europeos un programa económico basado en ningún ajuste, bajada de impuestos, no a la subida del IVA, no a la bajada de las pensiones, no a la bajada de los sueldos de los funcionarios, no a los recortes y propuestas de rebajas de gasto público incidentales en bisutería de la estructura de la Administración.

En común, han preferido promover una medida que deteriora la confianza y la seguridad, primero en la política española, pero después en la economía, las empresas, los mercados, la certidumbre en la regulación y la perspectiva financiera. Estas decisiones, profundamente demagógicas, son a la vez profundamente irresponsables y por todas ellas también estamos en vigilancia exterior, incluido el primer partido de la oposición. Volvemos a las andadas en cuanto hay un pequeño respiro.

Pero también evidencia el progresivo arrinconamiento del sector eléctrico en lo que se refiere a la vida política y los asuntos públicos. Ha llegado la «tormenta perfecta». Este acuerdo, este Pacto, puede ser la piedra de toque. Con un problema de sobreinversión a sus espaldas, probablemente su concurso en aumentar la potencia instalada no será necesario en los próximos años. Horadado por el Caballo de Troya de los nuevos entrantes (con más predicamento en Moncloa e Industria que las empresas tradicionales), han perdido también la perspectiva de un modelo de mercado competitivo, para, en ocasiones, ansiar nuevos paradigmas, una especie de nuevo modelo de vuelta al Marco Legal Estable, en plan acomodaticio, a la medida de cada mix de generación. A la carta. Una ensoñación que no permitía ver el objetivo más general perseguido desde instancias políticas: reducir la factura y, si era posible, realizar procesos de expropiación encubierta de derechos pasados o revisionismos generalizados inexplicables. Es decir que de ese debate había atisbos claros de que no se iba a salir bien.

Hemos podido comprobar además una fuerte campaña del sector productivo para reclamar energía barata, sea como sea, y la respuesta con la espada de Damocles de la titulización del déficit encima siempre, han sido muy tibias desde el sector. En ese sentido, desde el punto de vista institucional, del Ejecutivo, de la política y del colectivo retroprogresivo de la energía, con presencia en determinados nódulos de decisión y centros de poder donde siguen agazapados, se ha asistido con delectación morbosa a este proceso de encapsulamiento sectorial y al deterioro de su reputación social.

Hoy asistimos, paradójicamente, a una fase de precios muy baratos de la energía en nuestro país, que por mor del aplazamiento de la deuda pasada y de lo que incluye la tarifa, se ha convertido en un verdadero boomerang ingestionable políticamente por el sector, que anda en plena tribulación interna.

El sector debería hacer una reflexión en profundidad de lo sucedido, con mucha mayor perspectiva, con un examen severo de su propia responsabilidad por acción o dejación. Una reflexión que incluye el por qué no haber sabido salir del complejo de sector más político que regulado y de asumir el marco demagógico con argumentos políticos y no empresariales a conveniencia. Más allá del coyunturalismo y del cortoplacismo de responder a las urgencias, de visiones parciales interesadas, o de responder al juego de ser políticamente correcto con los reguladores/supervisores, además de soportar el fastuoso y grave incendio derivado de este Pacto.

Con estos mimbres, los adalides del consenso por lo político, no por lo económico, a la búlgara, es con los que parte el presunto «Pacto de Estado» por la energía que se anunció ayer y que sugiere una revisión e indefinición del modelo. Temblad.