El anunciado nombramiento de Fabrizio Hernández como Secretario de Estado de Energía resuelve la situación de interinidad que se había planteado tras la dimisión de Pedro Marín y que había cobrado tintes de sainete inacabable. De hecho, hay que valorar el que la filtración de su nombre se haya producido con la plana mayor de Industria y la Secretaria de Estado en viaje a Rusia.

En otro orden de cosas, Industria también ha tenido que reaccionar a la ofensiva del Ministerio de Economía y Hacienda que ya había iniciado sus propias maniobras de zapa, sin llegar a la militarización del área de energía de Industria: cuestiones como el déficit tarifario creciente, la titulización del déficit o los acuerdos para determinadas tecnologías en régimen especial habían puesto al Ministerio de Industria y su Secretaría de Estado bajo observación.

Por otra parte, hay que saludar que el Ministro de Industria haya decidido acudir al sector privado para echar mano de un experto con prestigio y solvencia a nivel internacional (Fabrizio Hernández, reconocido como experto en mercados gasistas, trabaja en una consultora internacional, Nera Economic Consulting).

Por ello, hay que reconocer que el nombramiento de Fabrizio Hernández es una solución imaginativa que rompe con muchos límites y endogamias sectoriales. Con este nombramiento ganan en el sector de la energía, los mercados, la liberalización y, obviamente, pierden todos los colectivos que entienden el sector energético como campo de juego para la intervención: el colectivo de los retroprogresivos con sus diferentes variantes, incluyendo el grupúsculo de sedicentes. Consecuentemente, hay que saludar y agradecer la iniciativa de Miguel Sebastián con este nombramiento y la aceptación por parte de Hernández.

La agenda que espera a Fabrizio Hernández no es sencilla, todos los problemas que hay abiertos en el sector energético hoy son complejos y, probablemente, requieren que se pongan todos encima de la mesa: titulización, déficit galopante, decreto del carbón, problemas para las tecnologías térmicas por la reducción del mercado, impacto de los costes regulados de las tarifas, régimen especial en plena provisionalidad, retribución de la distribución, mix energético, déficit institucional en el sector…

Y, en el plano de las habilidades, también Hernández tendrá que poner a prueba sus competencias profesionales, sus intangibles, su ‘savoir faire’: conocimiento, restablecimiento y normalización de las relaciones sectoriales, persuasión y necesidad de resilencia, resistencia y liderazgo necesario para vencer los atavismos y corrientes ocultas, el peso de cierta tradición, así como identificar poderes disimulados y reguladores en la sombra. Y, al mismo tiempo, plantear y aplicar con determinación las medidas que requiere esta situación con capacidad política, ante la sociedad, ante el propio Ministro de Industria y ante el Gobierno. Ahí es nada.

Es algo parecido a esos chistes de «tengo una noticia buena y otra mala». La buena es que ya hay candidato firme a Secretario de Estado, la mala es que no lo puede decir. Y, todo ello, sucede tras el vapuleo que el diario El País en el artículo La secretaría maldita (medio por otra parte habitualmente contumaz con Miguel Sebastián) le profirió ayer y que, en el fondo, se ponía al frente de la manifestación de quienes opinan (opinamos) que la situación de la Secretaría de Estado de Energía en estas dos legislaturas ha entrado en barrena, sin olvidar las vinculaciones entre este medio y el Vicepresidente Primero.

De hecho, cada vez parece más justificada una «intervención» exterior en el área de energía del Ministerio de Industria (léase, principalmente de la Vicepresidencia Económica que, lentamente, va recuperando el cuadro de mando de la administración y quien, según otras fuentes, tiene el encargo de cerrar el Pacto de Estado de la Energía).

Por otra parte, cabe hacerse la cuenta de la propia situación de incomodidad para el propio Gobierno (con un nuevo ejecutivo que buscaba mayor coordinación y que todos sus Ministros fueran portavoces). ¿Qué pensará Alfredo Pérez Rubalcaba de que se anuncie la existencia de un Secretario de Estado con el otro de cuerpo presente, en candidatura exterior y con mil frentes abiertos en el ámbito interior? ¿Cómo se aireó tanto la renuncia del propio Pedro Marín, hasta hacer insostenible su permanencia?

Queda, por tanto, un conjunto de dudas, más o menos razonables, o más o menos irracionales como, por ejemplo, si este proceso de promoción de la candidatura de Pedro Marín a director general del IRENA es procedente o hay cosas más urgentes en el sector energético.

En todo caso, una buena noticia sería que alguien estuviese centrado y ocupándose de lo importante. Si el candidato «in pectore», anunciado por Sebastián, está informado o no, y las consecuencias de un posible fracaso de la candidatura. O si el nombrado ha pasado ya el cribaje de Economía. Y, por otra parte, señalar que el Ministro de Industria, sobre el que existe el consenso de que su peso político va menguando y cuya separación de la propia estructura orgánica del Ministerio, evidencia que requiere a su alrededor de más oficio.

De todas formas parece que hay que seguir atentos a las noticias que surgen de Industria en torno al nombre del nuevo Secretario de Estado de Energía y si, además, cumple los requisitos para estar a la altura de la situación sectorial, de los problemas y su abordaje conjunto y global. Esa sería una buena noticia. Por eso, a lo mejor lo filtran en Wikileaks.

En teoría, la regulación de las energías renovables en la medida que incorpora unos incentivos económicos a su producción (mediante primas, una forma de «subvención» que se sufraga con la factura que pagan los consumidores), tendría que incorporar un radar que captase las señales de que la retribución asignada es excesiva. El hecho es que el radar, sobre todo en determinados sectores, dejó de funcionar hace tiempo lo que, junto a la demora en abordar el problema, el entramado y la resistencia institucional, ha conformado un problema de dimensiones notables. Más de 6.300 millones de euros soportan la tarifa eléctrica por este concepto.

El hecho de que existan ganancias de eficiencia producidas por la evolución de las tecnologías debería verse contrarrestado por un modelo de primas que se fuera ajustando a estas nuevas realidades. Discutir esto puede parecer que es políticamente incorrecto o que cuestiona el modelo de negocio de una industria, la renovable, que empezó siendo «friendly» y que ha acabado absorbida por los procesos de acumulación de plusvalía y sus escándalos. Solo hay que comprobar los tibios pronunciamientos (además de etéreos e inexpresivos) que se han hecho en órganos reguladores a la hora de cuestionar la rentabilidad de los modelos retributivos (ver el último dictamen de la CNE, tan laxo, frente a lo peleonas que son sus facciones con los precios de mercado fuera de su pantalla amiga).

Ese es el problema de fondo que trata de abordar el conjunto de medidas conocidas (la propuesta de Real Decreto que regulará la retribución de la energía solar fotovoltaica y el anuncio de nuevos acuerdos recompuestos con los sectores de la termosolar y el eólico, que se aprobarán a principios de diciembre, tras el revolcón en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos). De todas formas, la situación de cada sector no es equiparable, entre otras cosas, por los siguientes elementos: el importe unitario de las primas que recibe, el ajuste a lo previsto en su desarrollo, las ganancias de eficiencia de cada una de las tecnologías que permiten mayores reducciones retributivas, la configuración de cada sector por su atomización y cadena de valor, su modelo financiero, los procesos inspectores, fraude, así como sus fuentes y beneficiarios. Además, no hay que olvidarse de la irrupción de forma sorpresiva, y abundante en términos de cantidad, de la energía termosolar en el mix energético, por decisión del Ministerio de Industria, con sustanciosas primas y saltándose los «puntos» de las costuras previstas del Plan de Energías Renovables.

En todo caso, la integración de todas las energías de generación eléctrica (de régimen general o especial), tendría que haber sido entendida, en todo momento, desde el punto de vista económico, tarifario y de objetivos medioambientales en el marco del conjunto del sector eléctrico, del sistema económico y de la sociedad, algo que no parece tenerse en cuenta en las necesidades particulares que se aprecian en todo este proceso.

Partamos del hecho de que, según lo que se conoce en este conjunto de propuestas, afortunadamente el Gobierno no ha traspasado unas coordenadas que en algunos momentos ha intentado bordear, como es el caso de no adentrarse en el peligroso terreno de la retroactividad que sumiría al sector en un proceso de impredecibles consecuencias en materia de seguridad jurídica (ya hay un torrente de despachos de abogados en marcha con el sector fotovoltaico). Por otra parte, en este contexto, el proceso inspector y de control de las garantías para el acceso a la retribución, sigue sin ofrecer de forma transparente resultados que permitan dimensionar el problema del fraude fotovoltaico, la repotenciación y la permisividad de las Comunidades Autónomas al respecto.

Lo conocido en el primer decreto aprobado (criticado con diferente intensidad por las asociaciones sectoriales y con anuncio de impugnación por parte de ASIF y de la Plataforma Legal Fotovoltaica), habla de una disminución de primas a la energía fotovoltaica que oscila, dependiendo de las instalaciones, entre el 5% y el 45% y que se aplicará a partir del primer proceso de apertura del registro de preasignación tras la aprobación del Real Decreto. De facto, sabremos si de verdad es una «moratoria fotovoltaica» como se viene asegurando, o hay proyectos de esta tecnología dispuestos a entrar a esa retribución, que por otra parte, serán de los agentes más competitivos y que más hayan podado la cadena de valor de los mismos. El hecho es que hasta el momento había «colas» en el Ministerio de Industria, de proyectos fotovoltaicos, como signo y síntoma de que la retribución seguía siendo muy apetecible, habiéndose presentado como un molesto problema de gestión de ventanillas.

Las preguntas, por tanto, que cabe hacerse tras este goteo de información son: ¿Es suficiente o tímido el ahorro planteado con estas medidas y estos acuerdos? ¿Se contempla dentro del marco económico tarifario y del sistema eléctrico? ¿Son estables estas soluciones o son provisionales y perentorias, dado el número importante de normas que se van solapando desde el R.D. 436/2004, R.D. 661/2007, R.D. 1578/2008? Y es que, la caducidad de los modelos regulatorios de las energías renovables es cada vez menor y cada vez más volátil y no solo por el deterioro palpable de la calidad regulatoria y sus enmiendas. En el pasado, se decía que cada Secretario General de Energía tenía que elaborar su propio Real Decreto sobre el sector eléctrico, ahora podemos añadir que, cada vez duran menos los decretos relativos a la retribución de las energías renovables y que cada uno de los últimos responsables de la energía hace su propio Real Decreto al respecto.

El hecho es que el radar dejó de funcionar, se había gripado y estaban pasando los coches a toda pastilla.

El pasado viernes, en su programa «Herrera en la Onda» de Onda Cero, el periodista Carlos Herrera, probablemente uno de los conductores más genuinos y personales de los programas de mañana de la radio española, además de divertido, ocurrente, bien informado y esa misma noche, Premio Ondas, hacía un comentario referido a la demanda de apoyo del PSOE al PP para «arrimar el hombro» en lo que se refiere a un supuesto «tarifazo eléctrico», dando un cierto cuartelillo a la negativa del Partido Popular (por otra parte entendible, dentro de la lógica política, aunque el partido fuera el autor del actual modelo de liberalización y primera persona del singular en lo que respecta a las primeras decisiones de déficit tarifario, y que luego siguieron sucesivos gobiernos).

Lo que es cierto es que «tarifazo» es una expresión contundente, aunque no especialmente afortunada, que fue acompañada de varias imprecisiones, algunas de trazo más grueso, con tintas más cargadas, que pueden alterar el contenido, el mensaje y la propia intención que Herrera manifiesta en su opinión editorial, tradicionalmente liberal en lo económico.

En todo caso, hay que agradecer que Herrera se atreva a intervenir respecto de un tema de estas características, complejo y a la vez poco simpático, y a poner el foco, si es posible, en el sector eléctrico, aunque precise de mayor matización. Herrera, en general, proporciona una visión liberal de la economía, la sociedad, la política (algo que es infrecuente en nuestro país), cuenta además, en su equipo con un grupo importante de diversos y solventes colaboradores y, entre ellos, para las cuestiones de economía el doctor Carlos Rodríguez Braun que, además de liberal, resulta encantador y es «cantador».

Como acabamos de decir, hay que agradecer, al cuatro veces premiado con el Ondas, que se atreva a hablar de la liberalización eléctrica. Herrera habla de oído y no se puede sustraer a una cultura muy enraizada respecto a la electricidad como precio intervenido. El periodista almeriense afirmó en su programa que el Gobierno buscaba dejar a aquellos que no podían pagar una peseta más en una Tarifa de Último Recurso (TUR) y que el resto de consumidores se verían expuestos a un tarifazo, debido a la liberalización de la electricidad. Además, Herrera también señaló que las empresas eléctricas tenían un agujero de 20.000 millones de euros y, finalmente, hizo culpable a la inversión en las renovables «cuyo resultado se verá dentro de 20 años pero que, ahora, llenan de chatarra los campos».

Es pertinente efectuar alguna aclaración y evitar algún «adanismo» en torno a estas opiniones y comentarios. La primera, el tarifazo realmente no existe con la liberalización de los precios eléctricos, más bien todo lo contrario. El hecho es que lo que al parecer está en los planes del Gobierno es sacar de la tarifa de la electricidad, que es un precio público intervenido a los consumidores para que puedan contratar su suministro con una comercializadora de electricidad en un mercado libre. En definitiva, los consumidores pasan de la tarifa reguladai al mercado en un régimen de precios libres.

Otra cosa es que la tarifa actual, pública y regulada, esté falseada para que no se pague el coste completo del suministro y el exceso oculto que no se paga, se fracciona al futuro en forma de déficit tarifario, es decir, de deuda (en un país que se aficionó mucho a la deuda). O lo que es lo mismo, a los consumidores se les «engaña» con la tarifa pública, lo que genera un sentir social perjudicial contra ese proceso de liberalización. Lo cual, es demoníaco porque de ahí viene el «adanismo» de que las subidas del precio de la luz nunca son posibles debido al engaño existente en la tarifa actual. El hecho es que mantener los precios anormalmente bajos hace que los consumidores también aumenten su consumo de electricidad al no tener el dato fiable que cualquier agente necesita para tomar sus decisiones: el precio. En todo caso, la simplificación «que algo suba es malo y que algo baje es bueno» en este caso requiere matizaciones.

En segundo lugar, la tarifa de último recurso es la tarifa que tienen los consumidores que no eligen a un comercializador (porque el Gobierno no les deja). Y es diferente de la tarifa social, que lo que contiene es una «bonificación» de la que se hacen cargo las empresas eléctricas a aquellos consumidores que tienen unas características en su consumo y renta y así lo solicitan (fundamentalmente se congela la evolución de la subida de precios de las tarifas reguladas desde el año pasado).

Tercero, cuando se habla del agujero de las empresas eléctricas (por las propias connotaciones que tiene la palabra agujero junto con tranformarse en una justificación de la ‘subida de precios’), entendemos que Herrera se refiere a la deuda que tienen en sus balances derivada del déficit tarifario y cuya financiación parece que ha entrado en la recta final de su primera titulización. Una deuda, motivada por decisiones políticas de intervención de los precios: la electricidad no podía subir más allá del IPC, cuando la demanda crecía, al igualque los precios de los combustibles fósiles y bajaba por las sequías el uso de la energía hidráulica. Solución: pan y circo y tarifas públicas intervenidas. El exceso con respecto a lo que cuesta la electricidad realmente se ha configurado como un préstamo de las empresas eléctricas a la sociedad y distorsiona el mercado y el papel de los agentes.

El hecho es que las subidas de precios de la electricidad que tenemos que afrontar como sociedad, ahora se producen porque el Gobierno no fue liberal antes. Y, lo que pasa es que afirmaciones de este tipo pueden llevar a posiciones contrarias al discurso liberal que suele mantener el propio Herrera.

Cuarto, y con respecto a las energías renovables, es indudable, que tienen un papel en el mix de generación que es relevante para combatir las consecuencias del cambio climático (sin meternos en procesos discursivos negacionistas) y responder a la evolución de nuestros compromisos medioambientales con la Unión Europea. No son chatarra. Por ejemplo, el sector eólico es casi el 20% de la generación de nuestro país y ha generado desarrollos tecnológicos y un sector muy relevante, siendo un sector maduro que se aproxima a la paridad de mercado.

Eso no quiere decir que en el sector de las renovables, en su diseño retributivo, al final no haya sido una «hidra» insoportable de forma económica en el sistema eléctrico, que no se hayan cometido excesos enormes en la fijación de primas, como en el caso de la fotovoltaica, cupos con volúmenes anormalmente altos en determinadas tecnologías, riego del ungüento de las subvenciones con beneficios y procesos asociados que traspasan el fraude y la cadena de favores. O, por ejemplo, la irrupción voluminosa e imprevista de tecnologías en el mix renovable con primas generosas como la termosolar que, en sí, tampoco es una energía cien por cien renovable y que se paga en la factura eléctrica. Y, en esto, hay que plantearse, echar seguramente un frenazo y racionalizar. En todo ello, habría que analizar los intereses que hay involucrados, inclusive de los gobiernos autonómicos y hasta qué punto nos lo podemos permitir. El hecho es que, en el fondo, Herrera plantea el problema de un mix de generación económicamente y medioambientalmente sostenible, trastabillado por el «fru fru» de las ayudas públicas que se pagan en la tarifa, y sobre eso, sí que es necesario un debate global, no por partes.

En todo caso, oír y escuchar a Carlos Herrera es un ejercicio saludable para la inteligencia y el pulso de la política, la sociedad y la economía. Sólo es preciso estar más en la onda en el caso de la electricidad.

Así, la decisión de las autoridades judiciales españolas y comunitarias de dejar en suspenso el decreto del carbón nacional ha puesto en jaque a las autoridades españolas provocando una verdadera riada: el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmando que las empresas habrían llegado demasiado lejos ( y apelando a un diálogo que en los momentos de su elaboración no se propició); un secretario de Estado con la carta de dimisión en el maletín; Industria y Moncloa de los nervios, con mensajes amenazantes sotto vocce derivados de su contrariedad; y otras instancias, como la Junta de Castilla y León, que, directamente, se echan al monte con declaraciones de grueso calibre por parte de sus responsables (que hablan directamente de hostilidades que no se olvidarán) y medidas, como la imposición de una tasa a la generación de electricidad, en represalia a las empresas eléctricas por haber efectuado la reclamación de sus derechos ante las instancias judiciales. Todo ello acompañado de tres elementos indisolubles, demagogia antiempresas y sector energético, voracidad fiscal y ambiente preelectoral. Un excipiente propicio que ha unido a Herrera con Zapatero.

En este caso, lo de menos, es meditar mínimamente sobre lo que quiere decir una medida así, en la idea de la ruptura del mercado interior español o el efecto que supone en los costes de generación y su traslación a la factura eléctrica. Lo más importante, lo relevante, es como se ha transparentado que desde el poder político se puede organizar una «vendetta» para amedrentar la reclamación de derechos legítimos de las empresas y, por tanto, utilizando los poderes públicos, tomarse la justicia por su mano en actuaciones que pueden no estar sujetas a derecho, en la medida que están cuestionadas judicialmente. Todo vale.

Como punto de partida, el sistema propuesto para apoyar al sector carbonífero español era una verdadera chapuza, una artimaña para hacer equivalente una directriz política a una restricción técnica, un ejercicio de travestismo regulatorio para el dopaje artificial de una tecnología, que genera distorsiones entre los demás sectores, manipulando el mercado eléctrico, con efectos sobre la factura de la luz y el medio ambiente.

La instrumentación empleada, evidentemente, sólo puede venir de quien administra las restricciones técnicas, en este caso el operador de sistema, radicado en REE. De hecho, desde los sectores más cercanos al carbón se están estudiando alternativas para instrumentar este apoyo a esta fuente autóctona. Con poca reflexión los responsables políticos de la decisión se han amarrado a esta solución, de una forma en exceso fantasiosa, tratando de defender lo indefendible.

Tampoco cabe la tradicional vía de la utilización de los colectivos mineros y su afectación de los puestos de trabajo, toda vez que las ayudas (actuales) al sector son extremadamente generosas y abundantes y suponen una inyección de más de 180.000 euros por minero empleado. A los españoles es necesario explicarles cuál es el coste de mantener la industria del carbón nacional, el montante de las ayudas, su distribución, administración y su utilización (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos,…), dado el importante volumen que acumulan y los resultados que ofrecen, toda vez que debe ir dirigido al desarrollo regional de las comarcas mineras de cara a la desaparición de esta actividad en 2013, puesto que los fondos llegan, pero no se utilizan para la filosofía a la que están pensados, en una suerte de fiar a la prolongación de la actividad.

Por eso, en lugar de hacer un ejercicio de autocrítica, de depuración, de gestión, de reforma, se ha optado por sacar las patas por alto, ejerciendo un uso del poder de la Administración más cercano a los Kirchner y Chávez que al de una país occidental en que sus ciudadanos reclaman sus derechos y su administración, por mala praxis y por extralimitarse, sufre un revés judicial. La consecuencia es un ejercicio de revanchismo legal que afecta a la libertad de los ciudadanos, empresas y personas, para reclamar sus derechos ante la justicia.

Hubo un tiempo en el sector energético en que las batallas dialécticas se libraban entre procarboníferos y anticarboníferos. Actualmente también se libra entre los partidarios del mercado y de la liberalización en el sector eléctrico, frente a los retroprogresivos, cuyos postulados ponen en cuestión permanente la competencia. Y, finalmente, podemos acabar en una lucha entre los que creen en un Estado de Derecho o los que piensan que la política y los intereses electorales y partidistas, todo lo pueden y los ciudadanos, las empresas y los mercados, se deben plegar totalmente a sus designios para que nadie les amargue una foto electoral o les exonere de la responsabilidad reformista necesaria.

Por tanto, moraleja, cuidado con reclamar sus derechos ante la Administración, no sea que ganen. Y entonces lleguen las ‘ostialidades’.