APPA asegura que la «moratoria» renovable no resuelve el déficit de tarifa y que «paralizará el sector»

APPA señaló que aunque «la paralización no es retroactiva ni afecta a las plantas que ya han sido inscritas en los registros de preasignación», el real decreto ley 1/2012 supone «la paralización legal del desarrollo de las energías renovables en España» y tendrá «graves consecuencias en un sector que, en los últimos dos años, perdió 20.000 empleos».

La medida «paraliza el sector» y «destruye» un «tejido empresarial pujante», que se mostró como «el que más empleos genera por megavatio producido». Por este motivo, APPA aseguró que la norma «es un grave golpe a las posibilidades de recuperación económica» del país.

Junto a esto, recordó que en los últimos años las renovables incrementaron su presencia en la economía española y superaron a sectores tradicionales como el textil o la pesca, al tiempo que ofrecieron un balance netamente exportador.

En este contexto, sumado a los objetivos vinculantes comprometidos con Bruselas y al grave problema nacional de dependencia energética, hacía prever, a juicio de la asociación, un apoyo del Gobierno al sector. Por este motivo, «esta moratoria supone una sorpresa», afirmó APPA.

La asociación consideró necesaria una revisión «completa» del sistema energético. Para su presidente, José María González Vélez, «el análisis de las distintas tecnologías y del modelo energético actual no se salda con una moratoria renovable», ya que los «problemas profundos» del modelo «no han sido producidos por las energías que ahora se paralizan».

Entre estos problemas, Gónzalez Vélez citó el exceso de potencia, la dependencia energética excesiva, el déficit tarifario o las subastas «inflacionistas» de electricidad.

«Si esta moratoria es una antesala a una revisión profunda y justa de nuestro sistema eléctrico, podemos entenderla. Lo que no tendría sentido es aplicar una paralización temporal de los modelos de apoyo a las renovables y obviar graves problemas de nuestro sistema como los beneficios extraordinarios de algunas tecnologías ya amortizadas, los pagos por capacidad, los costosísimos apoyos al carbón nacional o las subastas Cesur inflacionistas«, añadió.

El presidente de APPA también consideró que el Gobierno «debe preocuparse» por las razones que llevaron a que, en un solo año, el precio del mercado eléctrico haya aumentado un 33% y haya alcanzado los 60,09 euros por megavatios hora (MWh) en 2011.