La organización recordó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la «necesidad urgente» de dotar al sector de un nuevo marco regulatorio que le permita seguir adelante con su actividad más allá del 31 de diciembre de 2012, fecha en la que vence el Real Decreto 661/2007.

«Si la nueva normativa no sale adelante antes de las elecciones del 20 de noviembre, la incertidumbre regulatoria podría alargarse otro año más, con la consiguiente destrucción de riqueza y empleo y el riesgo de que no se cumplan los objetivos del Plan de Energías Renovables 2011-20», subrayó la asociación eólica.

Por ello, AEE pidió al Gobierno un «ejercicio de responsabilidad para evitar una parálisis mayor en un sector que da empleo a más de 30.000 personas, supone un 0,34% del PIB y exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros y ahorra importaciones de combustibles fósiles por 1.500 millones de euros al año». De hecho, el sector perdió 10.000 puestos de trabajo en los dos últimos años.

Además, la organización pidió que el Gobierno encuentre «urgentemente» una solución y habilite prórrogas que permitan realizar los 1.400 megavatios inscritos en el registro de preasignación que tienen problemas de ser construidos antes del 31 de diciembre por razones no imputables a los promotores, «como son el incumplimiento de la planificación de la red de transporte, el retraso en líneas de distribución o dificultades administrativas».

Junto a esto, la patronal subrayó que como los promotores no conocen ni la retribución ni la regulación que se aplicará a partir de 2013 no están realizando pedidos de aerogeneradores, lo que paraliza la actividad de los fabricantes.

El pasado 1 de agosto, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, señaló entre los temas pendientes antes del fin de esta legislatura el nuevo marco normativo para la eólica.